Se multiplican en China los llamamientos de las autoridades centrales para que a nivel local se adopten severas medidas a fin de ajustar sus pautas de desarrollo a los estándares que permitan a corto plazo un cambio de modelo, más sostenible y armónico, según el reclamo oficial, reduciendo así el actual nivel de crecimiento (10,9% […]
Se multiplican en China los llamamientos de las autoridades centrales para que a nivel local se adopten severas medidas a fin de ajustar sus pautas de desarrollo a los estándares que permitan a corto plazo un cambio de modelo, más sostenible y armónico, según el reclamo oficial, reduciendo así el actual nivel de crecimiento (10,9% en el primer semestre).
Los líderes chinos vienen alertando de un posible recalentamiento de la economía si no se ajusta el paso entre los poderes central, regional y local, estos últimos cada vez más a su aire en aspectos como el uso de la tierra, la concesión de préstamos bancarios o la selección de proyectos de inversión. Mientras que la población china aumenta un 8% cada año, la superficie cultivable se reduce un 3% anual. De persistir esta tendencia, la seguridad alimenticia y la estabilidad social del país estarían seriamente amenazadas. El 67% de esa reducción se opera en las zonas costeras, las más desarrolladas, donde la presión inmobiliaria es mayor.
Las advertencias sobre los efectos de una política de inversiones incontrolada que podría derivar en una crisis de superproducción han sido destacadas en los últimos días por varias voces de la Comisión Estatal para el Desarrollo de la Reforma, quienes recuerdan que la mitad de las inversiones locales corren por cuenta de las empresas estatales ligadas a los gobiernos locales. El Estado, en suma, parece desoírse a si mismo.
La actual situación es consecuencia de varios lustros de desarrollo acelerado en que las diferentes regiones han interiorizado la necesidad de un crecimiento cada vez más veloz para no quedar a la zaga de las provincias vecinas. Hoy, además, es expresión de las diferentes visiones del proceso de desarrollo chino y del desacuerdo respecto a los compromisos que cada una de ellas debe asumir para asegurar el progreso del conjunto del país. A pesar de las medidas implementadas desde el poder central, lo cierto es que solo el 13% de la inversión externa, por ejemplo, se dirige a las zonas del centro y oeste del país, de modo que los desequilibrios regionales resultan muy difíciles de corregir.
Es esta misma Comisión, heredera de la extinta Comisión de Planificación, la que ha convocado recientemente en la estación balnearia de Beidahe a responsables del centro y de las provincias con el objeto de unificar criterios y políticas para atajar las continuas divergencias prácticas que surgen entre unos y otros y establecer las bases de un compromiso que garantice la aplicación de las políticas centrales en el conjunto del territorio del país. Para China, esta parece ser hoy una de las tareas más urgentes.
Las tensiones centro-periferia no solo abarcan a la dimensión económica. En el fondo, se trata de un problema político que afecta a la orientación general del proceso de reforma. El debate coincide con el proceso de renovación de los comités locales y provinciales del PCCh, quienes, a fin de cuentas, tienen la última palabra en la aplicación de las políticas centrales en todo el país. La reciente modificación de los criterios de selección de los dirigentes ha terciado en la crisis institucional, abriendo la posibilidad de un amplio cambio en el retrato del poder en China, que puede afectar a unos 100.000 puestos dirigentes a todos los niveles y generar muchas resistencias.
La instrucción dictada por la Oficina de Asuntos Generales del Comité Central del PCCh, prohíbe taxativamente la contratación de hijos o parientes en cualquier rama del sector público; impone la regla de un mandato de cinco años, renovable una sola vez; y exige la renovación de aquellos cuadros que han desempeñado cargos de responsabilidad pública a niveles de cantón o prefectura durante diez años. Nadie podrá, por otra parte, ejercer durante más de quince años un mismo cargo, aunque sea en diferente territorio.
La nueva reglamentación se aplica a partir del nivel de distrito hacia arriba, llegando hasta el mismo Comité Central y demás instancias no solo del Partido, sino del Estado y de las organizaciones sociales, obligando a una renovación permanente en los principales puestos. La severidad de sus disposiciones y la falta de miramientos en cuanto a su implementación puede aportar una ligera luz sobre la inmensa gangrena que puede estar afectando las estructuras del partido y del estado y que estaría en el origen de un proceso de descomposición interna, afectado por la fragmentación de las fidelidades y la irrupción del mundo de los negocios en la vertebración de grupos de poder e influencia que se estarían consolidando al margen de la autoridad central del partido.
La escrupulosa observación de estas reglas permitirá, sin duda, influir de forma significativa en la lucha contra la corrupción, el nepotismo y el abuso de poder en todos los escalones de la vida pública china. No obstante, llama la atención el hecho de que la circular emane de un órgano de la estructura central del PCCh que no dispone de autoridad ni para aplicarla en el seno del propio Partido ni mucho menos para convertirla en norma exigible al conjunto de las estructuras del Estado (sería de aplicación también al poder legislativo o al poder judicial, por ejemplo) o a las organizaciones sociales (Federación de Sindicatos o de Mujeres). El universo de dicha directriz echa por tierra, obviamente, cualquier atisbo de vigencia del estado de derecho o de separación Estado-Partido, consignas largamente anunciadas por el Partido en los últimos años, al convertir en norma de obligado cumplimiento para todo el círculo de poder, una circular emanada de una oficina administrativa carente de legitimidad para tal cometido incluso en el limitado marco del propio PCCh. Ello permite abundar, una vez más, en la excepcionalidad de esta medida, probablemente fundamentada también en una no menor excepcionalidad de la situación que pretende atajar y cuyo conocimiento solo puede estar al alcance de sectores muy limitados de la dirigencia china.
De todo ello bien podría deducirse que la lucha contra la corrupción y las tensiones centro-periferia serán los ejes sobre los que pivotará la campaña política que culminará en el próximo Congreso del PCCh, a celebrar a finales de 2007, y para el que diferentes sectores del Partido estarían tomando posiciones con vistas a influir en la orientación general del proceso de reforma, en un nuevo momento clave en el que podrían aflorar divergencias en la cumbre respecto a su ritmo y orientación general. La falta de consenso en la sesión del Parlamento reunido en el pasado mes de marzo acerca de la regulación de la propiedad privada, proyecto equiparado por muchos a la superación de una nueva frontera después de la aprobación de la teoría de la triple representación que permitió la apertura del PCCh a los nuevos empresarios, circunstancias ambas que siguen provocando disgusto en diversos sectores de izquierda del PCCh, bien pudieran indicar la existencia de profundas disensiones.
La aludida instrucción en ningún caso ha podido ser dictada sin la anuencia de Hu Jintao, secretario general del PCCh y jefe del Estado. Más nacionalista y menos liberal que su antecesor, Hu, más atento a la necesidad de promover la justicia social en un país desgarrado por inmensas desigualdades, al propiciar esta recomposición del poder, intentaría reducir el peso de los clanes y alianzas conformadas en los casi tres lustros de mandato de Jiang Zemin, responsable en última instancia de los grandes desequilibrios (primero eficacia, después justicia, decía) que hoy pueblan el proceso de reforma chino.
Jiang, «enterrado» con honores el pasado día 15 de agosto en una sesión especial del Partido para estudiar sus recién publicadas Obras Escogidas, siempre se ha mostrado, por otra parte y a diferencia de Hu, más receptivo a un entendimiento con EEUU.
Hu parece consciente de que en los próximos años se decidirá el futuro de China y su reforma: un gigante económico integrado en las redes de poder mundial controladas por Washington, o una voz singular con capacidad para vertebrar otro discurso y establecer un polo de poder alternativo. No cabe pensar, como en el pasado, que las hipotéticas diferencias en la cumbre se resuelvan a través de un conflicto abierto en el que se involucre al conjunto de la ciudadanía. Con toda probabilidad, a los dirigentes que confluyan en el Congreso de 2007 les corresponderá decidir la orientación final, en función de la correlación de fuerzas entre las diferentes corrientes. De ahí que el proceso electoral interno que vivirá en los próximos meses el PCCh sea tan crucial.
Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China (Casa Asia-Igadi)