En el curso de los últimos años han aparecido nuevos actores proveedores de capitales, como es el caso de China, los fondos soberanos y, más recientemente, el Banco del Sur. Los acreedores tradicionales perciben a estos recién llegados como aguafiestas, pero ¿constituyen realmente una alternativa? Desde el año 2004 el importante aumento del precio de […]
En el curso de los últimos años han aparecido nuevos actores proveedores de capitales, como es el caso de China, los fondos soberanos y, más recientemente, el Banco del Sur. Los acreedores tradicionales perciben a estos recién llegados como aguafiestas, pero ¿constituyen realmente una alternativa?
Desde el año 2004 el importante aumento del precio de los productos básicos ha triplicado las reservas de cambio de un gran número de países en desarrollo (PED). En junio de 2008, China sola tenía una reserva de 1,7 billones de dólares y las del conjunto de los PED eran superiores a los 4,8 billones de dólares, o sea, el triple de las de Japón, Europa Occidental y América del Norte juntos. No existe precedente en la historia. Algunos de estos países utilizaron sus reservas en el reembolso anticipado al Banco Mundial, al FMI y al Club de París, para conseguir así una reducción de su dependencia de estas instituciones. Los préstamos del FMI y el Club de Paris, que en 2003 todavía eran de 107.000 millones de dólares, justo antes del comienzo del aumento de los precios de las materias primas, cayeron a 16.000 millones en el año 2007.
China
Los préstamos concedidos por China a los PED constituyen una alternativa menos onerosa y desprovista de las condicionalidades que imponen las instituciones de Bretton Woods. Los países africanos provistos de recursos naturales recurren a China y otros los siguen o esperan conseguir algo de la generosidad china. Sin embargo, esto no es una alternativa para los países del Sur. China invierte en forma masiva en los países que tienen riquezas naturales que a ella le faltan, pero no está dispuesta a compartir el poder que eso le confiere, y las poblaciones no reciben más beneficios que antes de esas exportaciones. Los poderes locales obtienen sus rentas, ya que el dinero fluye sin que ningún prestamista meta su nariz en la gestión de sus Estados. Aunque haya violaciones continúas de los derechos humanos, o el clan en el poder capte esas riquezas financieras, como en el caso de Gabón o Sudán, China nunca rechaza inyectar dinero en ese tipo de países. Tampoco China es proclive a liberar el desarrollo de los países en los que invierte, puesto que son sus propios trabajadores los que toman a cargo esas obras de infraestructuras, y no contratan mano de obra local. Además, exige el pago de las sumas prestadas hasta el último céntimo. Por lo tanto, el endeudamiento externo del país aumenta fuertemente.
El caso de la República Democrática del Congo es esclarecedor sobre este aspecto. En septiembre de 2007, en el momento en que el pueblo congoleño esperaba que el gobierno publicara el informe de la comisión de auditoría de los contratos mineros, que debía denunciar aquellos no conformes a la legislación, el gobierno firmó un contrato de explotación minera con un grupo de empresas chinas con una duración de 30 años. Este contrato se concretó en la creación de una joint-venture, en la que las empresas chinas tienen el 68 % de las acciones y las sociedades congoleñas el 32 % restante . Pero mientras que el gobierno de la RDC ya ha puesto a disposición de la joint-venture yacimientos que tienen por lo menos unos 10,6 millones de toneladas de cobre y 600.000 toneladas de cobalto, China no desbloqueará la financiación hasta que no se hayan realizado los estudios de factibilidad. El reembolso de estas inversiones está previsto que se haga en tres períodos: durante el primero, la totalidad de los beneficios realizados por la joint-venture será afectada al reembolso de las inversiones mineras, incluidos los intereses; durante el segundo período, el 66 % de los beneficios realizados se verá afectado al reembolso, y el 34 % restante se destinará a la retribución de los accionistas; durante el tercer período, la totalidad de los beneficios se distribuirá entre los accionistas, prorrateada de acuerdo a su participación en el capital social. Durante los tres períodos cuya duración no ha sido determinada, la RDC concederá ventajas muy particulares a la joint-venture, que comprenden «la exoneración total de todos los impuestos, aranceles, tasas, cánones directos o indirectos, internos o a la importación y exportación, hechos efectivos en la RDC, y aquellos relativos a las actividades mineras y al desarrollo de las infraestructuras«. Nada será destinado al presupuesto del Estado. En fin, se estafó al pueblo congoleño con la complicidad de las autoridades del país, que organizaron el pillaje puro y simple de las riquezas nacionales, en su propio interés y en beneficio de las empresas chinas. Evidentemente, es la continuación de la nefasta política seguida con anterioridad con las transnacionales occidentales y con la financiación de los acreedores tradicionales, cuya posición es muy frágil después de la aparición de estos nuevos actores.
Notemos también que en Asia del Este, las trece principales economías (la Asociación de Naciones del Sureste Asiático -ASEAN-, China, Japón y Corea del Sur) firmaron los acuerdos de Chiang Mai, que permitirán una colaboración entre los Bancos Centrales de estos países para afrontar en forma conjunta una eventual crisis monetaria y financiera. Y es precisamente a este tipo de acuerdo que se opuso Washington en medio de la crisis asiática de 1997-1998.
Los fondos soberanos
Algunos gobiernos del Sur crearon los fondos soberanos (Sovereign Wealth Funds) para colocar una parte de sus reservas de cambio. Los primeros de estos fondos fueron creados en la segunda mitad del siglo xx por gobiernos que deseaban ahorrar una parte de sus ingresos provenientes de la exportación (petróleo, productos manufacturados). Según su importancia, los principales fondos son: los del emirato de Abu Dhabi, de Kuwait, de China, de Singapur y de Rusia. El volumen del fondo de la Abu Dhabi Investment Agency (ADIA) se calcula que es de unos 875.000 millones de dólares. Libia acaba de anunciar la creación de un fondo de 40.000 millones de dólares. Venezuela, a comienzos de 2007, creó el Fonden (fondo de desarrollo nacional). Argelia y Brasil piensan crear otros fondos similares. En total, estos fondos soberanos disponen de cerca de 3 billones de dólares.
Para el conjunto de los países en desarrollo, estos fondos soberanos constituyen una fuente pública de aportes de capitales para las empresas locales, que compite con la Sociedad Financiera Internacional, agencia del Banco Mundial encargada de conceder préstamos o aportes de capital a las empresas privadas del Sur. Estos fondos soberanos de ciertos PED sirven a sus países para formar parte del capital de empresas de los países más industrializados. En noviembre de 2007, ADIA invirtió 7.600 millones de dólares en el Citigroup, el primer banco del mundo. Entre agosto de 2007 y julio de 2008, los fondos soberanos aportaron más de 90.000 millones de dólares al capital de los grandes organismos financieros privados, que ya estaban muy debilitados por sus azarosas inversiones en el mercado de las deudas hipotecarias en Estados Unidos. Si bien algunos responsables expresaron sus temores teñidos de «patriotismo económico», los patrones y los jefes de Estado occidentales acogieron a menudo esta inyección de capitales con los brazos abiertos. Para obtener un lugar privilegiado en el seno de las grandes sociedades financieras, algunos fondos soberanos hicieron unos esfuerzos financieros considerables. Por ejemplo, Temasek, el fondo de Singapur vio como se esfumaba más de la mitad de la suma suministrada a Merril Lynch en diciembre de 2007, después de una caída del valor de las acciones del 55 % en siete meses. Escaldado por esta experiencia, este fondo se negó a ayudar a la sociedad Bear Stearns, que finalmente fue comprada por el banco JP Morgan con ayuda de la Reserva Federal estadounidense. A fines de julio de 2008, con el propósito de conseguir que Temasek hiciera un nuevo aporte de capital, Merril Lynch se comprometió a pagarle 2.500 millones de dólares de indemnización por la devaluación de sus acciones.
Esta política llevada a cabo por algunos gobiernos de países en desarrollo es diferente de la política seguida en los años posteriores al boom petrolero de 1973. En esa época, los gobiernos del Sur reciclaban los petrodólares prestándolos a los bancos privados del Norte, para endeudarse posteriormente con los mismos bancos. La política actual de los gobiernos que adquieren una parte del capital de las empresas del Norte o del Sur es más sólida, pero no rompe en absoluto con la lógica capitalista dominante. Las inversiones no se ponen al servicio de un proyecto alternativo no capitalista, mientras que potencialmente podrían constituir unos poderosos instrumentos para la instauración de políticas de refuerzo del sector público al romper con el control privado de los grandes medios de producción, al desarrollar una economía solidaria, al redistribuir la riqueza de manera radical, según el principio de justicia e igualdad.
Nuevas iniciativas en Latinoamérica y el Caribe
Numerosas iniciativas regionales perturban a los capitales de los países más industrializados también en Latinoamérica. Pero allí el contexto es diferente. Se trata principalmente de Petrocaribe, del ALBA y del Banco del Sur. Gracias a la creación de Petrocaribe por Venezuela y una quincena de países de la región, Caracas vende su petróleo a un precio inferior al del mercado mundial y firma acuerdos para financiar proyectos destinados a mejorar las capacidades de las refinerías de los países más necesitados de ello. Luego viene el acuerdo del ALBA, lanzado en forma conjunta por Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua. Este acuerdo, basado también en la riqueza petrolera venezolana, funciona parcialmente en forma de trueque: más de 20.000 médicos cubanos aportan servicios médicos gratuitos a la población venezolana a cambio de petróleo para su país. Se han realizado más de 50.000 operaciones de ojos gratuitas a venezolanos en Cuba, en el marco del mismo acuerdo. Pero otros países, sean o no sean miembros del ALBA, obtienen también beneficios. Un banco del ALBA acaba de entrar en actividad en 2008.
Finalmente, en septiembre de 2007, siete países de Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela) crearon juntos el Banco del Sur. Sin embargo, hubo divergencias entre los gobiernos de los países cofundadores que atrasaron la puesta en marcha de la nueva institución. Brasil, que realmente no tiene necesidad de una institución como ésta, ya que dispone de un banco de desarrollo nacional muy importante, el BNDES, se adhirió a regañadientes y busca con Argentina poner el Banco del Sur al servicio de las empresas brasileñas y argentinas, con el objetivo de garantizar los contratos o las inversiones en la región. Pero en agosto de 2008, en el momento que escribimos estas líneas, todavía todo no estaba cerrado, pues se trata de elegir entre dos opciones:1 O bien se pone en marcha un banco que sostendrá un proyecto neodesarrollista (apoyo a la expansión regional de empresas capitalistas, como la argentina Techint, de sociedades brasileñas especializadas en la ingeniería civil, o de Petrobras) que toma como modelo la construcción de la Unión Europea, en la que dominan los intereses del gran capital; o bien se dotan de un instrumento de financiación de políticas económicas, sociales y culturales que rompan con la lógica de la búsqueda del máximo beneficio y den prioridad a la integración económica, social y cultural, por la aplicación de los diferentes pactos que garantizan los derechos civiles, políticos, económicos y culturales.
La creación oficial del Banco del Sur en diciembre de 2007, en Buenos Aires, demostró que los trabajos avanzan, pero hay otros temas que también son objeto de debate entre los gobiernos: ¿todos los países tendrán el mismo peso en las estructuras de decisión? ¿tendrán los funcionarios de la nueva institución derecho a los privilegios y a la impunidad de los que gozan los funcionarios del FMI, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de otras instituciones internacionales? ¿cuáles serán las garantías de transparencia y control?
El Banco del Sur despierta muchas esperanzas, puesto que los pueblos esperan de los gobiernos progresistas que aprovechen la situación histórica favorable para poner en práctica, de una vez por todas, alternativas reales de financiación. Es muy importante que los movimientos sociales de estos países interpelen a sus gobiernos y los presionen para que estén a la altura de las posibilidades históricas,
Entre las nuevas iniciativas también es necesario mencionar las siguientes: la recuperación por parte de Venezuela, Bolivia y Ecuador del control sobre algunos de sus recursos naturales, la salida de Bolivia del CIADI, tribunal del Banco Mundial en materia de inversiones, y el comienzo del debate sobre la creación de un CIADI del Sur.
Aunque estas distintas iniciativas modifican la situación, no cambian realmente las reglas del juego. Los acuerdos firmados entre China y sus socios en el mundo benefician sobre todo a los intereses de Pekín. Los Bancos Centrales de los países signatarios de los acuerdos de Chiang Mai continúan prestando una gran parte de sus reservas de cambio al gobierno de Estados Unidos mediante la compra de los bonos del Tesoro estadounidense. Varios países miembros del Banco del Sur hacen lo mismo, aunque con discreción. Si bien los PED ricos en divisas han reducido su deuda externa, sin embargo no se han librado del endeudamiento, ya que aumentó fuertemente su deuda interior pública. Ésta es ahora tres veces más importante que la deuda externa pública. La deuda externa de las empresas privadas de los países en desarrollo también aumentó mucho. En el transcurso de los años 90, durante todas las grandes crisis financieras, la deuda privada fue socializada y eso produjo un aumento de la deuda pública. Si no se pone en marcha una nueva arquitectura internacional (basada en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en la Carta de los Derechos y Deberes de los Estados), por un número suficiente de gobiernos progresistas del Sur, el Banco Mundial y el FMI podrán sobreponerse a su propia crisis, tratando de obtener todas las ventajas posibles de las futuras crisis exteriores, producidas por una posible caída de los precios de las materias primas combinada a un aumento de los tipos de interés.
Traducción: Griselda Pinero y Raul Quiroz
1 Para una presentación de las etapas en la construcción del Banco del Sur y de los debates que las acompañaron, ver Éric Toussaint, El Banco del Sur y la nueva crisis internacional, El Viejo Topo, Barcelona, 2008, capítulos 1 al 4.