En este artículo el autor reflexiona sobre la situación de miseria que sufren 19 millones de personas en Brasil como consecuencias de las políticas aporofóbicas del presidente Bolsonaro.
La alimentación es el derecho humano número uno. En Brasil, 19 millones de personas (el 9% de la población) padecen hambre crónica, agravada por la pandemia, el desempleo, el aumento del precio de los alimentos (el más alto desde 2003) y, sobre todo, el desgobierno de Bolsonaro.
La inseguridad alimentaria moderada y severa afectaba al 21,5% de la población en 2004; al 10,3% en 2013; y en 2020 alcanzó el 20,5% (Rede Penssan – Red de Investigación Brasileña sobre Soberanía Alimentaria y Nutricional). En la actualidad, 116 millones de personas en Brasil sufren inseguridad alimentaria, es decir, no saben qué tendrán que comer al día siguiente o no tienen acceso a una dieta que contenga los nutrientes esenciales.
En 2004, la pobreza afectaba al 21,5% de la población brasileña. Diez años después (2014) se redujo al 8,4%. Subió al 11% en la recesión de 2015-2016, y al 16% en el primer semestre de 2021.
Acción Colectiva Comida de Verdad, una red formada por 13 movimientos comprometidos con la promoción de la seguridad alimentaria, identifica 310 iniciativas de sistemas alimentarios inclusivos y sostenibles en Brasil, desde huertos comunitarios hasta cooperativas y campañas de financiación colectiva. De estos 310, el 58,9% se dedican a la comercialización, como las ferias agroecológicas y la distribución de cestas de agricultura familiar. Y el 31% son acciones solidarias destinadas a facilitar el acceso a los alimentos de los grupos vulnerables; y el 7,5% son el resultado de políticas públicas.
Desde el lanzamiento del programa Hambre Cero, en el gobierno de Lula, se propone que los municipios cancelen el IPTU (impuesto sobre la propiedad) de las parcelas y terrenos baldíos que sean cedidos por sus propietarios para el cultivo de huertos comunitarios.
En 1950, según el censo del IBGE (Instituto Brasilero de Geografía y Estadística) -, dos tercios de la población brasileña (64%) vivían en zonas rurales. En el último censo, en 2010, el 84% vivía en ciudades y el 16% en zonas rurales. Esto se traduce en favelas, desempleo, violencia y, sobre todo, en el consumo de alimentos industrializados de escaso valor nutritivo.
El MST (Movimiento de los Sin Tierra) es hoy el mayor productor de arroz orgánico de América Latina, es decir, sin insumos como fertilizantes y pesticidas químicos. De hecho, estos productos se encarecieron durante la pandemia, afectando al precio de los alimentos. En el MST, un paquete de 1 kg de arroz cuesta entre 7 y 8 reales (1,20 $US). En Rio Grande do Sul, el movimiento espera recolectar, para la cosecha de 2022, 300 mil sacas. A principios de 2021, se cosecharon 248 mil sacas, por un valor de 20 millones de reales, y 130 mil aún están en stock, ya que la principal dificultad es vender la producción, ya que el principal comprador es el gobierno, la Conab (Compañía Nacional de Abastecimiento) y el Programa Nacional de Alimentación Escolar. Y en cuanto a los productos de la MST… la Conab no ha realizado ninguna subasta para comprar productos de la agricultura familiar. El gobierno federal tampoco muestra ningún interés en mantener las reservas de regulación.
Brasil es el tercer país del mundo que utiliza pesticidas, por detrás de China y Estados Unidos (datos de FAO). En 2019, se vendieron 620.000 toneladas de pesticidas en Brasil (datos Ibama). De este total, el 38,3% son «muy o muy peligrosos», el 59,3% «peligrosos» y sólo el 2,4% «poco peligrosos».
El gobierno de Bolsonaro ha flexibilizado el registro de agrotóxicos. Desde la ley de 1989, se había evitado aprobar cualquiera que contuviera sustancias que provocaran graves trastornos respiratorios, cáncer, mutaciones genéticas, malformaciones fetales, Parkinson, así como alteraciones hormonales y reproductivas.
El decreto del 7 de octubre de este año (10.833/2021) aprobó el «paquete de veneno». Reduce el plazo de aprobación de los plaguicidas, aumenta la participación del Ministerio de Agricultura y crea «límites de seguridad» para que se aprueben sustancias antes prohibidas. Las entidades que se oponen a la medida dicen que Brasil tiene un gran potencial para producir biodefensivos, pero el gobierno los ignora.
De enero a septiembre de 2021, se liberaron 1.215 plaguicidas en Brasil (Diário Oficial). Entre 2005 y 2015 el ritmo de aprobación fue de unos 140 al año. Este año ya se han publicado 345. De los productos utilizados en Brasil, el 30% tiene sustancias activas prohibidas en los países europeos, como la atrazina, el acefato y el paraquat. Este último herbicida, utilizado en plantaciones de algodón, maíz y soja, fue vetado en 2017, pero se permitió su uso hasta julio de este año. Está prohibida en 37 países. Provoca Parkinson en los agricultores.
Desde 1997, los pesticidas reciben incentivos fiscales del gobierno. Al permitir la exención de hasta el 60% del ICMS (Impuesto a la Importación) sobre el comercio de venenos, los estados dejan de recaudar ¡6.000 millones de reales al año!
Una de las principales fuentes de venenos en los alimentos son los productos ultraprocesados. El gobierno debería regular la publicidad, aumentar los impuestos y obligarles a imprimir etiquetas de advertencia, como con los cigarrillos. A partir de octubre de 2022, los productos con altas concentraciones de sodio, azúcar y grasas saturadas tendrán que mostrar los índices en sus envases.
La dieta in natura es más cara que el consumo de productos ultraprocesados, cuyo mayor coste se deriva del envasado, el transporte y la publicidad. Los productos ultraprocesados se fabrican, no para alimentar, sino para fomentar el consumo excesivo. Los refrescos, por ejemplo, no están pensados para calmar la sed, sino para crear adicción en el consumidor. Favorecen la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Y lo peor: aquí son alentados por el gobierno. Los refrescos fabricados en la Zona Franca de Manaos reciben subvenciones en forma de créditos fiscales.
En septiembre, el Idec (Instituto Brasilero de Defesa do Consumidor), denunció que el 59,3% de los productos ultraprocesados tienen residuos de pesticidas. Entre los 27 productos, más de la mitad contenían residuos de glifosato o glufosinato, dos herbicidas muy utilizados en los cultivos de soja, maíz y algodón. Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el glifosato provoca cáncer. Aparece en bocadillos, panecillos, galletas de agua y sal, galletas rellenas, cereales, pan de trigo y bebidas de soja, artículos muy consumidos por niños y adolescentes.
Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), que controla el nivel de pesticidas en los productos ecológicos, no lo hace cuando se trata de productos industrializados.
El agronegocio reconoce que, en los últimos 30 años, el área de siembra en Brasil ha crecido sólo un 50% y, gracias al uso de pesticidas, ¡la producción de granos aumentó un 360%!
¡Sálvese la bolsa, dañándose la vida!
Frei Betto es asesor de movimientos sociales. Autor de 53 libros, publicados en Brasil y en el extranjero, ganó dos veces el premio Jabuti (1982, con «Batismo de Sangue», y 2005, con «Típicos Tipos»).
Traducción: Correspondencia de Prensa.
Fuente (de la traducción): https://correspondenciadeprensa.com/?p=22771
Fuente (del original): https://www.correiocidadania.com.br/colunistas/frei-betto/14842-combater-a-fome-e-o-veneno-na-alimentacao