Ecuador vive hoy una de las crisis más profundas y severas de su historia.
La crisis social, económica, cultural y moral ha sumido a la sociedad en una ola de violencia sin precedentes, de la cual hay que encontrar la salida correcta, ya que hay quienes proponen enfrentarla con más violencia, ignorando sus causas y complejidad.
La criminalidad es un complejo fenómeno sistémico que, entre otras factores, surge en contextos de corrupción, exclusión y desigualdades sociales. Frente a la sentida zozobra y miedo generalizado en la ciudadania, crecen de forma diversas expresiones violentistas, autoritarias y militaristas de la sociedad, promovidas a conveniencia y complicidad del gobierno y el poder económico dominante.
El gobierno no presenta planes para superarla, más allá del financiamiento presupuestario y propuestas de reformas jurídicas, y da palos de ciego para enfrentar la violencia delincuencial, mientras importantes recursos humanos y económicos se subutilizan o se prioriza el pago de la deuda externa y se envían a la Reserva Monetaria Internacional, para cumplir los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.
Frente a esta grave situación, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, expresa su profunda preocupación por el alarmante incremento de la violencia criminal e inseguridad en el Ecuador, y particularmente en la ciudad de Guayaquil, y propone entender y atender sus causas.
Estadísticas oficiales, corroboradas por investigaciones del Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Universidad Central, así como en el portal de investigación Plan V, dan cuenta que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, creció a nivel nacional, de 5,8 homicidios/100.000 habitantes, en el 2018, a 14, 6 en el 2021, y en Guayaquil, de 7,5 homicidios en el 2018, a 24 en el 2021, correspondiente en este último caso a un incremento del 220%, datos que revelan la profunda crisis de la seguridad ciudadana y los efectos de la violencia criminal.
Información actualizada al 22 de enero del año en curso, permite constatar que solo en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, el número de personas asesinadas mensualmente creció de 20 en el 2021 a 72 en el 2022, lo cual muestra el nivel de violencia e inseguridad que tiene actualmente esta ciudad. (Carolina Mella, Portal de Noticias Primicias).
Frente a este incremento extraordinario de la violencia criminal, causada por la delincuencia común y el crimen organizado, no bastan las explicaciones oficiales, de que se trataría de «ajustes de cuentas entre bandas por disputas de territorio»; el CDH considera que este escenario es una consecuencia de las debilidades e inconsistencias de las políticas de seguridad ciudadana, que no analizan integralmente las causas de la violencia criminal prevaleciente, siendo la esencial el asidero que encuentra el crimen organizado en la pobreza y en la falta de políticas de desarrollo humano, que determina que los jóvenes encuentren en la violencia una forma no solo para sobrevivir sino también de poder aspirar a oportunidades en una sociedad de la cual han estado excluidos permanentemente.
Para enfrentar tan grave problema, el CDH considera que no solamente es importante el fortalecimiento de las instituciones responsables directas del orden público y la seguridad, como la Policía Nacional, Fiscalía, Función Judicial y el sistema de rehabilitación penitenciaria, sino, sobre todo, tener en cuenta que la raíces de la inseguridad ciudadana y la violencia criminal, están en el deterioro acelerado de la situación económica, el crecimiento de la pobreza y la desigualdad social, la falta de oportunidades de empleo, que agudizan en conjunto la conflictividad social, que explota violentamente a través del crimen.
La acción del gobierno central y del gobierno municipal, se han basado hasta ahora en la imposición del estado de excepción y la militarización de las calles, cuyo fracaso queda en evidencia con las cifras expuestas, al mismo tiempo que se agravan las condiciones de vida y desempleo de la población, sin ofrecerles alternativas dignas.
Paradójicamente, quienes intentan sobrevivir mediante actividades lícitas, como los vendedores informales, son víctimas de persecución y represión violenta de sus actividades, lo que agrava la conflictividad de la ciudad.
Pretender que la violencia criminal se la combate exclusivamente con mayor número de policías y militares en las calles, es no entender las causas complejas y multifactoriales de esta situación, por lo que el CDH hace un llamado urgente a los gobiernos nacional y local a desarrollar de manera simultánea tres ejes: 1) fortalecimiento operativo y de inteligencia de las fuerzas del orden, con énfasis en la detección y desmantelamiento de las redes del narcotráfico, que fortalecen y expanden las redes delictivas, y desarrollar un sistema de rehabilitación integral en el sistema penitenciario; 2) enfrentar una de las causas principales de la violencia delictiva común, mediante el fortalecimiento del desarrollo humano, expresado en el mejoramiento de las condiciones de vida y empleo de los ciudadanos; 3) Desarrollo de la seguridad barrial, enfocada en la recuperación de los espacios públicos y en la organización de la comunidad en los barrios populares, que requiere una corresponsabilidad de los gobiernos locales.
Guayaquil, 31 de enero del 2022.
Directorio del CDH