La consulta popular de 2025 no solo expresa el rechazo a una política autoritaria, sino también la consolidación de un proyecto oligárquico y plutocrático que reconfigura las relaciones de poder en Ecuador. La influencia creciente de la banca, los grupos económicos y el capital extractivo se articula con las exigencias del FMI y con la agenda de seguridad impuesta en la relación bilateral con Estados Unidos. En este contexto, el desmantelamiento del Estado ha significado una regresión de derechos laborales, flexibilización contractual, debilitamiento sindical y criminalización de la protesta. Los Paros Nacionales de 2019, 2022 y 2025 son la manifestación más visible de un país donde la clase trabajadora exige derechos mientras el Estado actúa como garante de los intereses de las élites.
En 2019, luego de un año de infructuosos intentos de diálogo, el movimiento indígena hizo público un listado de 10 pedidos que motivó la convocatoria a un Paro Nacional. Tras 18 días, las partes firmaron un acuerdo para reducir el precio de los combustibles y detener la actividad petrolera y minera. Foto: Josué Araujo
Los resultados del “No” en la consulta y referéndum celebrados en noviembre de 2025 en Ecuador deben entenderse como el rechazo contra la clase política entera.
Las preguntas formuladas por Moreno, en 2018, Lasso, en 2023, y Noboa, en 2025, no estaban diseñadas para abordar de manera directa los problemas estructurales que alimentan las movilizaciones sociales —pobreza, desfinanciamiento de salud y educación, empleo, y seguridad— sino para reconfigurar reglas institucionales favorables a intereses económicos y de élite.
A lo largo de los tres procesos consultivos nacionales de Ecuador —febrero de 2018, febrero de 2023 y noviembre de 2025— las preguntas giraron alrededor de la institucionalidad:CPCCS, reelección, reducción de legisladores, financiamiento de partidos, Constituyente; y seguridad/geopolítica:extradición, bases militares. Pocas o ninguna pregunta proponía medidas concretas de política social como salud pública, educación, redistribución o empleo. Esto prueba que la agenda plebiscitaria priorizó reglas del juego por sobre soluciones sociales.
Los tres gobiernos acompañaron sus iniciativas con marcos de “seguridad”: imprescriptibilidad (2018), extradición y autonomía fiscal (2023), bases militares y lucha contra Grupos de Delincuencia Organizada, GDO, (2025). Pero las preguntas no ofrecieron políticas sociales integrales que mitiguen las causas profundas de la violencia, el desempleo, la desigualdad, la economía informal. Esto sugiere un uso instrumental de la seguridad para recalibrar el poder formal.
En la práctica, esas consultas funcionaron como instrumentos políticos para redistribuir capacidades de decisión (CPCCS, Asamblea, financiamiento de partidos, Constituyente, facultades penales y extradición, bases militares), mientras poderes externos imponen en Ecuador políticas económicas de austeridad (recortes, reducción del gasto público, eliminación de subsidios, flexibilización laboral como parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional) continuaron sin transformaciones dirigidas a la protección social. Las políticas de ajuste históricamente han beneficiado a élites financieras y exportadoras.
Mientras tanto, la clase trabajadora y defensores de derechos protestan y el Estado responde con represión y criminalización de la protesta social. El Estado de excepción se convierte en la forma permanente de contención de reclamos en los territorios locales. Y los procesos legales pueden ser hasta por el cargo de “terrorismo”.
La ciudadanía ha demostrado que con movilizaciones y en las urnas puede poner límites a reformas de corte neoliberal —incluso neofascista—, asumiendo un rol activo de control al abuso de poder y la interferencia de organismos internacionales en la agenda pública.
A continuación se revisan estos momentos claves de la historia de la democracia contemporánea del Ecuador.
Hechos clave entre 2019 y 2025
El presidente Lenín Moreno, buscando marcar distancia del gobierno de Rafael Correa, convocó el Referéndum y Consulta Popular del 4 de febrero de 2018. Se plantearon siete preguntas para combatir la corrupción y reformar la institucionalidad. El “Sí” ganó en todas las preguntas. Según el CNE, se aprobaron modificaciones para penalizar actos de corrupción, limitar la reelección, reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS, proteger a niños y adolescentes (delitos sexuales imprescriptibles), prohibir la minería metálica en zonas sensibles y derogar la ley de plusvalía, y, en particular, ampliar la zona intangible y proteger al Yasuní de la explotación petrolera.
En 2019, luego de un año de infructuosos intentos de diálogo, el movimiento indígena hizo público un listado de diez pedidos que motivó la convocatoria a un Paro Nacional. El Paro de 2019 comenzó tras la eliminación/ajuste de subsidios a los combustibles en cumplimiento del acuerdo con el FMI y medidas de austeridad; generó protestas y convulsión nacional. Tras 18 días, las partes firmaron un acuerdo para reducir el precio de los combustibles y detener la actividad petrolera y minera.
La gran movilización iniciada el 13 de junio de 2022, también estuvo liderada por el movimiento indígenas (CONAIE) y sectores populares contra las políticas económicas (alza de precios, combustibles) del gobierno de Guillermo Lasso.
Posteriormente, en noviembre de 2022 el presidente Guillermo Lasso convocó al Referéndum constitucional y consulta popular que se realizó el 5 de febrero de 2023. Las ocho preguntas estaban relacionadas a: Extradición, autonomía de la Fiscalía General del Estado, reducción de asambleístas, número de afiliados mínimo para movimientos políticos, eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS, modificar el proceso de designación CPCCS, subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, compensaciones a personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Esta consulta coincidió el mismo día con las elecciones seccionales. Todas las preguntas fueron rechazadas y Lasso sufrió una derrota.
El 12 de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto 126 para eliminar el subsidio al diésel con lo que desató un nuevo proceso de descontento social. Ordenó 18 medidas de compensación por el fin del subsidio al diésel que incluyen la devolución del IVA a adultos mayores, bono ‘Raíces’ para 100.000 campesinos, entrega de 1.200 tractores, 600 motores fuera de borda, plan Nuevo Transporte y pago de deuda histórica de USD 80 millones para los transportistas, y la ampliación del Bono de Desarrollo Humano a 55.000 familias.
El 16 de septiembre, la ciudadanía en la provincia de Azuay se autoconvocó a las calles en manifestación para defender las fuentes de agua en Quimsacocha del proyecto minero Loma Larga de la empresa Dundee Precious Metals, y esta fue una de las mechas que encendió el Paro de 2025: protestas masivas en diferentes puntos del país sobre todo en la provincia de Imbabura; reclamos por seguridad y por las políticas económicas del gobierno de Daniel Noboa.
La convocatoria de referéndum y consulta popular se dio el 16 de noviembre de 2025 en un intento audaz de reforma institucional para “sepultar al correísmo”, como dijeron,y consolidar su poder. Las cuatro preguntas planteadas fueron sobre bases militares extranjeras, financiamiento estatal de partidos, reducción de asambleístas, convocatoria a Constituyente. El “No” ganó en las cuatro preguntas.
La revisión de las preguntas planteadas en las consultas y referéndums por parte del Ejecutivo no atiende las demandas populares que son reclamos evidentes en las consignas de la movilización social: salud, educación, seguridad, pobreza.
Así también lo señaló Jaime Nebot, el líder del Partido Social Cristiano (PSC) al criticar la convocatoria del presidente Noboa: “El hecho de consultar en sí es bueno. Qué se consulta y qué se pregunta es otra cosa. Esta vez preguntan cuatro cosas, algunas muy sencillas, pero que no van a resolver el problema de empleo, de salud, de seguridad y de la falta de obra pública, que no es patrocinio de un Gobierno, sino un tema fallido que se viene arrastrando con muchos Gobiernos”, subrayó.
Factores comunes que conectan las protestas y la consulta popular
En entrevista, el historiador y sociólogo político, Fernando Muñoz-Miño explica que si bien los procesos electorales y los paros nacionales tienen sus propias dinámicas, pueden existir elementos para análisis que conectan las protestas y los llamados a las urnas.
—¿Es posible o no hacer una lectura de los resultados electorales desde el Paro de 2019 como parte de un proceso de resistencia social frente a los embates de la implementación del modelo neoliberal en el Ecuador?
—Efectivamente, hay una relación. Estamos en un periodo bien particular, desde el fin del gobierno de la Revolución Ciudadana con el ascenso de Lenín Moreno en 2017. Llega el cambio después de algo inusitado en la historia ecuatoriana que fue un periodo de estabilidad presidencial cuando un presidente gobernó de manera consecutiva por 10 años. 2017 es un parteaguas porque marca el retroceso del Estado, poniéndose en riesgo el acceso a servicios y garantía de derechos, se empieza a precarizar la vida.
Sobre los resultados, Muñoz-Miño también hace una observación sobre los datos a nivel territorial, donde resalta el voto en apoyo al “Sí” en los cantones de conflicto minero. En Portovelo y Zaruma en la provincia del Oro, cantón Zamora en la provincia de Zamora Chinchipe con economía minera relevante. Destacan también el cantón Carlos Julio Arosemena en la provincia de Napo y Caluma en la provincia de Bolívar donde aún se debe investigar el porqué de la preponderancia del sí. ¿Tiene que ver con la interrelación de rutas de contrabando y tráfico de mercancías?
Entre las tendencias históricas se puede observar el uso del referéndum como herramienta política para legitimar el poder por parte del Ejecutivo. El detonante ha sido el recorte de subsidios a los combustibles y medidas fiscales que tienen un efecto inmediato en costos en el transporte público, las líneas de producción y el costo de la vida. Los ajustes económicos se dieron en el marco de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ocasionaron recortes del presupuesto estatal en salud y educación, despidos masivos para reducir la burocracia. Los ‘paquetazos económicos’ son percibidos por amplios sectores como una agenda neoliberal (austeridad, mayor apertura, presión sobre gasto público).
Cada gobierno ha utilizado también un marco securitista para justificar reformas de fondo y lograr legitimidad en los cambios estructurales que se plantean. En 2018 a través de los imprescriptibilidad de los delitos sexuales; en 2023, con la extradición y fortalecimiento de Fiscalía; y en 2025, con las bases militares extranjeras para garantizar seguridad hemisférica y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
Los temas relacionados a la protección de la naturaleza como el Yasuní o la instalación de bases militares en las Islas Galápagos, se convierten en campo de disputa político-territorial.
A través de los procesos de consulta, el pueblo ecuatoriano logró en 2018 prohibir la minería metálica en áreas sensibles y la ampliación zona intangible Yasuní; en 2023, se protegió el subsistema de protección hídrica y entrega de compensaciones a comunidades afectadas por extractivismo; en 2025, evitando la Constituyente se protegieron los derechos a la naturaleza y consulta previa libre e informada que prevalecen en la Constitución de 2008.
Otro aspecto que analizar es el intento de reformas al sistema político-partidario: en 2018 se consultó sobre la eliminación de reelección indefinida; 2023, sobre requisitos para movimientos políticos + rediseño del CPCCS; y en 2025, sobre el financiamiento estatal de partidos y Constituyente para impulsar un rediseño total de las leyes.
Lecciones que se deben escuchar
En un reciente artículo, la socióloga Alejandra Santillana asegura que la victoria del “no” es del tejido social. En sus argumentos expone: “Muestra que logramos desgastar al gobierno con el paro, con las marchas, con las asambleas y también gracias a las soberbias decisiones de una élite oligarca…”.
Se reconoce al activismo popular y al activismo en redes sociales con contenidos totalmente ciudadanizados que impulsaron la campaña por el No lejos de las tendencias partidistas. Santillana además alerta de la falta de cumplimiento de los resultados en las consultas populares contra la minería y el petróleo (Kimsacocha, Chocó Andino y Yasuní). ¿Cuándo se podrán juntar las banderas y las causas de lucha contra la pobreza, la desigualdad con las modernas como las ambientales o de minorías?, cuestiona la también ambientalista.
A través de la revisión histórica de los tres paros y el llamado a las urnas para consulta, Ecuador evidencia una disminución progresiva de temas en las consultas para garantizar derechos sociales o colectivos para dar paso al predominio de la seguridad y reorganización del poder político.
Actualmente, el acumulado del descontento y la preocupación sobre la falta de seguridad y la guerra interna declarada por el presidente Noboa contra los Grupos de Delincuencia Organizada,GDO, se entrelaza con la percepción de pérdida de soberanía y alimentación de descontento. Esto alimenta narrativas de “venta del país” y pérdida de soberanía.
En los tres paros nacionales, la actoría del movimiento indígena ha sido clave, mayormente representado en la CONAIE. El papel de los sindicatos de trabajadores y transportistas se ha condicionado a acuerdos, y en el caso del gobierno de Noboa, a la entrega de compensaciones económicas para evitar que se plieguen al paro.
Hay que considerar que los paros de 2019, 2022 y 2025 producen memoria colectiva de resistencia, y la agenda de demandas desde 2019 continúa siendo la misma centradas en acceso a servicios básicos y derechos sociales.
El quinto río conformado por la movilización ciudadana en la provincia del Azuay se activa en favor del cuidado de las fuentes hídricas y en rechazo a proyectos mineros. Cuenca, 2025. Foto: Rafael Idrovo
Escenarios prospectivos tras el triunfo del “No”
Los resultados del referéndum y consulta de noviembre de 2025 representan un revés para el gobierno de Daniel Noboa pero no implican su derrota, explica Fernando Muñoz-Miño. Los resultados configuran un nuevo mapa de fuerzas sociales, territoriales y simbólicas que reordenan el campo político ecuatoriano.
Los paros cíclicos y los llamados a las urnas pueden ser muestra de una constante confrontación con el modelo neoliberal, disputa por soberanía, avance del paradigma securitista y resistencia a la pérdida del Estado plurinacional y pluricultural reconocido en la Constitución del 2008.
El Ejecutivo necesita dialogar, enfrentando el posible incremento de la protesta social y un desgaste sostenido del capital político de Noboa. Los primeros anuncios de cambio de gabinete demuestran la radicalización de sus voceros pues, el rechazo a la Constituyente se interpreta también como un alto al discurso del “enemigo interno”.
Tras tres ciclos de paro y tres consultas fallidas para el Ejecutivo, los sectores sociales ganan capacidad de coordinación y discurso. “Se fortalece un imaginario de soberanía, derechos de la naturaleza y defensa de lo público”, explica Alejandra Santillana resaltando el protagonismo del bloque popular conformado por las y los trabajadores y los sectores sociales.
Los liderazgos locales tienen la oportunidad y la necesidad de crecer con una agenda social que busque el cumplimiento de los resultados de las consultas anteriores, la entrega de subsidios, bonos y compensaciones prometidas, y los derechos más básicos.
En varias provincias que fueron hotspots durante los paros sociales, el rechazo al “Sí” fue especialmente fuerte. Por ejemplo, la provincia de Imbabura registró el 68,59 % “No” en la pregunta sobre bases militares; más del 68 % también rechazó la Constituyente. Otras provincias como Bolívar, también registraron mayorías claras de “No” en casi todas las preguntas.
Pero este capítulo aún está por escribirse en la historia del Ecuador. Depende del diálogo, del cumplimiento de acuerdos y del respeto a la voz del pueblo ecuatoriano.
Gabriela Ruiz: Investigadora en prensa, migración, derechos humanos y ambiente. Cronista de carrera en medios independientes. Se especializa en la cobertura de historias en la Amazonía, pueblos originarios y organizaciones sociales. Asesora en comunicación política y relaciones públicas. Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo (2017). Autora de los libros: Ataúd en llamas. Testimonios de escritores en el Guayaquil de la pandemia (2020), Caminar como Mujeres Amazónicas (2022), Días de luto y rabia (2023), Al gobierno pido que me dé un río (2023).
Fuente: https://wambra.ec/ecuador-consulta-se-convirtio-en-plebiscito-contra-el-autoritarismo/