¿Cómo lograr que una enorme y obvia mentira sea asumida por toda una sociedad? En una conversación razonable y civilizada, nadie en su sano juicio es capaz de sostener que el actual planteamiento de los derechos de autor sea sostenible en plena era digital, o que una industria organizada en torno al concepto del número […]
¿Cómo lograr que una enorme y obvia mentira sea asumida por toda una sociedad? En una conversación razonable y civilizada, nadie en su sano juicio es capaz de sostener que el actual planteamiento de los derechos de autor sea sostenible en plena era digital, o que una industria organizada en torno al concepto del número de copias no tenga que redefinirse en una época en la que las copias carecen de valor añadido porque pueden ser realizadas por absolutamente cualquiera.
Sin embargo, cuando pulsamos la opinión de determinados segmentos de la sociedad, todavía encontramos personas que se sienten «obligados a colaborar» en el sostenimiento de un modelo de negocio inviable, o que sienten que de alguna manera «hacen algo malo» cuando descargan algo de la red, a pesar de que el ordenamiento jurídico español insiste de manera clara en que no es así. ¿En qué pilares se asienta lo que podríamos calificar como una de las más formidables operaciones de intoxicación informativa de nuestra época?
En primer lugar, en un habilísimo uso de los medios de comunicación. Las noticias que hablan de los derechos de autor, que hacen referencia a la «piratería», a las supuestas «condenas» a usuarios o empresas, o que interesada y torticeramente mezclan delitos reales con descargas de materiales de la red perfectamente legales y sin ánimo de lucro mantienen una cadencia constante y machacona, y son enviadas a los medios a través de una amplia variedad de canales. Si pasa un cierto tiempo sin noticias al respecto, se utilizan sucesos anteriores (incluso con más de cinco meses de antigüedad), o directamente se genera una, como sucede con los supuestos «estudios sobre el impacto de la piratería» que periódicamente son enviados a los medios. La idea es generar un clima constante que vaya calando en la mente del ciudadano que lee un periódico o ve un telediario, y que cada muy poco tiempo recibe un bombardeo con un tono siempre manipulado en la misma dirección.
En segundo lugar, y mucho más en «modo siembra», las actuaciones en los colegios: auténticas campañas de adoctrinamiento similares a aquella «formación del espíritu nacional», que pretenden incidir sobre los más jóvenes machacando de manera insistente los conceptos de propiedad intelectual. Un invitado de una sociedad de gestión, a veces acompañado por algún personaje conocido del mundo del espectáculo o la canción, acude al colegio, es presentado por el profesor y, aprovechando la natural candidez infantil, desarrolla paralelismos incidiendo en todas las falacias habituales: comparación de propiedad intelectual y propiedad física, vinculación de la creación cultural con la industria dedicada a la explotación de sus derechos, planteamientos apocalípticos de «se acabará la cultura»… conceptos que no aguantarían ni cinco minutos de discusión son utilizados para deformar mentes infantiles, que tras la sesión «formativa», o mejor, «deformativa», acaban representando felizmente una obra de teatro.
En tercero, la mismísima judicatura: a través de cursillos de verano y seminarios diversos, los jueces reciben «instrucción» de supuestos «expertos en propiedad intelectual» con la excusa de que el rápido avance tecnológico hace precisa la actualización de sus conocimientos, para que puedan estar preparados ante las nuevas formas de delincuencia. No es preciso mencionar que absolutamente todos los ponentes de ese tipo de seminarios sostienen las mismas tesis, y tampoco es preciso explicar cuáles son éstas. En una ocasión, fui invitado por un Vocal del Consejo General del Poder Judicial y lector del blog tristemente fallecido muy poco tiempo después, a impartir una jornada en la Escuela Judicial de Verano sobre «Incidencia de las Nuevas Tecnologías en la Justicia», específicamente dedicada a los temas relacionados con la propiedad intelectual: yo era el único de todas las jornadas con una visión abiertamente contraria a la de las sociedades de gestión de derechos de autor. Huelga decir que la experiencia no volvió a repetirse, y me consta por el feedback recibido que no fue debido a ningún tipo de insatisfacción de los asistentes. A lo largo de varios años impartiendo este tipo de cursos y seminarios, el número de jueces que han pasado por los mismos es muy elevado: en algunos países, se hace verdaderamente difícil conseguir un juez que no sea considerado abiertamente parcial en este tipo de temas.
El último punto, pero no por ello menos importante, es la labor de lobby sobre los diferentes estamentos políticos. Las sociedades de gestión de derechos y las asociaciones que representan a los intereses de la industria de los contenidos llevan a cabo un constante goteo de peticiones sobre los políticos, con los que desarrollan acciones que van desde el adoctrinamiento hasta la amenaza directa de «sacar a los famosos a la calle». En algunos casos, estos lobbies tienen un nivel de influencia sobre el político de turno que llegan incluso a determinar la composición de comisiones o a introducir cláusulas o enmiendas en leyes que pasan directamente a la redacción final, saltándose los procedimientos parlamentarios.
¿Qué determina la evidente eficiencia de esta industria a la hora de influenciar su entorno? Fundamentalmente, su nivel de organización. Toda una infraestructura de recursos bien pagados puesta al servicio «de la causa», de un conjunto de intereses de un grupo pequeño de empresas que, siendo sobre el papel competidores, han vivido muchísimos años en un mercado que no es tal mercado, en el que fijan precios y se reparten ingresos con total impunidad sin que ningún tipo de legislación les toque un pelo de la ropa. Viven literalmente al margen de unas leyes que retuercen y redefinen a su antojo. Al otro lado, una masa de personas que simplemente dedica a la defensa de sus intereses los llamados «ciclos ociosos»: su tiempo libre. En el típico juicio de la RIAA norteamericano se enfrenta normalmente unos abogados carísimos por el lado de la acusación, y uno con mucha menos experiencia, mal pagado o actuando pro-bono por el lado de la defensa, que como mucho en ocasiones cuenta con la asesoría de algún académico brillante o de algunas organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF). Al final, la estrategia de intoxicación masiva se mantiene por una razón evidente: funciona. Y es capaz de prolongar, incluso, la mismísima sinrazón.