Sin lugar a dudas que existen varios elementos a considerar en la respuesta, por ejemplo: sus posiciones políticas, sus mecanismos de decisión o su respeto a los derechos civiles y políticos, pero, en este caso, me atendré a las políticas públicas que el gobierno desarrolla para mejorar las condiciones materiales de vida promoviendo la equidad […]
Un gobierno de derecha hablará de «igualdad sólo ante la ley» y reivindicará las «leyes del mercado» como «mecanismo rector de la vida social». En los hechos, la ley del más fuerte y despiadado. Para ellos, el mecanismo fundamental para distribuir la riqueza es el del «mercado salarial». Por cierto que el salario mínimo en México, de 1982 a 2008, cayó 75 por ciento en términos reales.
Por el contrario, promover la equidad social significa no sólo reconocer la desigualdad social promovida por dichas «leyes del mercado», sino asumir que el «trato de iguales» a los desiguales sólo profundiza la desigualdad y desde ese reconocimiento desarrollar acciones y políticas públicas que tiendan a disminuir las abismales diferencias. En esta lógica, un gobierno de izquierda sería aquel que defiende, crea y materializa derechos sociales. Entendidos estos, en nuestra acotada referencia, como el acceso a recursos o servicios públicos que ofrece, o puede ofrecer, el propio gobierno y que signifiquen la creación de condiciones más equitativas de vida para la población.
Ahora bien, para que estas políticas públicas no sean una dádiva que reclama un intercambio (clientelismo y corporativismo), a las que por lo tanto les conviene mantener la condición de desigualdad, éstas deben, en su universalidad, garantizar su acceso sin condición alguna. Aunque los universos puedan ser acotados por su pertenencia a una población específica, por ejemplo, el apoyo a los adultos mayores, para que sea un derecho social, el acceso tendrá que garantizarse a todos los que cumplan dicha condición.
De políticas públicas recientes, que sí generan condiciones de equidad, podemos señalar algunos ejemplos significativos en la ciudad de México: incrementos salariales superiores a la inflación para sus trabajadores; pensión alimenticia, transporte público, atención médica y medicinas gratuitas para los adultos mayores; becas escolares para madres solteras y sus hijos; becas para discapacitados; libros de texto, útiles y uniformes escolares para todos los estudiantes de educación básica pública; transporte escolar gratuito para actividades académicas o de recreación; centros públicos de cómputo e Internet; acceso gratuito a una creciente oferta cultural; becas para estudiantes de bachillerato, seguro de desempleo, etcétera.
A cada una de ellas la derecha se ha opuesto argumentando que son medidas populistas que «distorsionan el mercado» y, aunque no sustancian el calificativo, han dejado en claro su oposición a cualquier acción concreta que posibilite, al menos, el ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución (incluido el salario remunerador), y por supuesto se horrorizan ante la posibilidad de construir nuevos derechos sociales. Por el contrario, hacer realidad y ampliar los derechos sociales es el deber ser de un gobierno de izquierda.