Nuestro llamado al Gobierno nacional, a las fuerzas militares, a las organizaciones de derechos humanos, a las entidades de protección y defensa de la naturaleza a respetar la vida y los territorios de los pueblos y nacionalidades de la frontera norte y no permitir acciones militares indiscriminadas que pudieran afectar gravemente a las poblaciones y sus territorios.
Condenamos el asesinato de los tres periodistas del diario El Comercio: Javier Ortega, Paul Rivas, Efraín Segarra, es un hecho grave sin precedentes en el Ecuador contemporáneo, así como el atentado contra la vida de cuatro militares y el secuestro de una pareja de ecuatorianos, hechos que sacuden a la conciencia y los sentimientos de todo el país. Se deben recuperar los cuerpos de las víctimas y castigar a los responsables, condenamos igualmente al narcotráfico y sus prácticas criminales.
A la par nos parece importante, ante el hecho de pronunciamientos gubernamentales de la implementación de operaciones militares conjuntas entre fuerzas armadas de Ecuador y Colombia en la región de San Lorenzo, operaciones que pudieran contemplar bombardeos en dichas zonas y que pudieran extenderse a lo largo de la frontera norte, plantear una alerta humanitaria.
En las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos se asientan comunidades afrodescendientes e indígenas (Awá, Chachi, Cofán, Siona, Secoya, entre otras) que a lo largo de la historia han arraigado su vida y cultura, y han construido relaciones armónicas entre los seres humanos y la naturaleza.
Nos preocupa profundamente cómo pueden verse amenazadas sus formas de vida, las formas de producción de las comunidades y familias campesinas de la frontera. Organizaciones sociales han reportado desplazamientos, violencia y pérdidas económicas en relación a prácticas de turismo comunitario y producción, lo cual afectará gravemente, en el mediano y largo plazo, a las autonomías campesinas.
Nuestro llamado al gobierno nacional, a las fuerzas militares, a las organizaciones de derechos humanos, a las entidades de protección y defensa de la naturaleza a respetar la vida y los territorios de los pueblos y nacionalidades de la frontera norte y no permitir acciones militares indiscriminadas que pudieran afectar gravemente a las poblaciones y sus territorios.
Las acciones deben avanzar hacia la garantía de los derechos de las personas que habitan en la zona de frontera, robusteciendo la institucionalidad estatal, con acceso a servicios básicos, a educación, salud, justicia social, trabajo, soberanía alimentaria, vialidad, seguridad, y garantizando una vida digna, plena y libre de violencias.
Instituciones Adherentes:
Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, ALDEA.
Asociación Regional de Soberanía Alimentaria del Territorio Kayambi RESAK
Confederación del Pueblo Kayambi
Colectivo Agroecológico del Ecuador
Grupo de Trabajo sobre la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
Fundación Heifer
Fundación de Culturas Indígenas Kawsay
Instituto de Estudios Ecuatorianos IEE
Movimiento Cantonal de Mujeres de Cayambe
Observatorio del Cambio Rural OCARU
Red de Gobiernos Autónomos Descentralizados del Territorio Ancestral Afroecuatoriano Imbabura-Carchi.
Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria del Ecuador SIPAE.
Personas Adherentes:
Geovanna Lasso, Colectivo Agroecológico del Ecuador
Cecilia Ponce, Colectivo Agroecológico del Ecuador
Mencha Barrera, investigadora.
Elizabeth Bravo, Acción Ecológica.
Isabel Salcedo, comunicadora del Observatorio del Cambio Rural.
John Antón Sánchez, profesor Instituto de Altos Estudios Nacionales.
uan Ocles Arce
Juan Montaño Escobar
Esteban Daza, Investigador asociado al Observatorio del Cambio Rural
Myriam Paredes, investigadora FLACSO.
Víctor Julio Charro Morales, presidente de la Red de Desarrollo Comunitario
Documento completo en: Pronunciamiento 19/Abr/18 PDF