Hasta ahora Falsimedia (sección Venezuela) se caracterizaba por mentir, difamar, amenazar y escupir desde la más absoluta impunidad. Afortunadamente, la aprobada Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión en Venezuela ha permitido regular no la libertad de expresión, sino la obligación de los entes privados (en este caso los medios de prensa) de respetar […]
Hasta ahora Falsimedia (sección Venezuela) se caracterizaba por mentir, difamar, amenazar y escupir desde la más absoluta impunidad. Afortunadamente, la aprobada Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión en Venezuela ha permitido regular no la libertad de expresión, sino la obligación de los entes privados (en este caso los medios de prensa) de respetar la dignidad y los derechos básicos de los ciudadanos.
En la Venezuela bolivariana la regulación de la libertad de expresión es corresponsabilidad de la sociedad, las instituciones públicas y las privadas. Es decir, no es una obligación restrictiva que limita la información, es un derecho que, ejercido de acuerdo a valores de justicia social, libera a todo un pueblo. Pese a los discursos incendiarios y panfletarios de la oposición progolpista, estos procesos están dotados de plena legitimidad internacional a la hora de establecer regulaciones legales que eviten que los medios cometan delitos de difamación, instigación a la violencia o influyan en la audiencia infantil y adolescente, de acuerdo a intereses y valores incompatibles con los derechos humanos y con la protección integral.
En ese contexto, la pasada semana, el tribunal 10 de Juicio de Caracas condenó a la periodista Patricia Poleo a 6 meses de prisión por la comisión del delito de difamación. Los hechos se remontan al pasado 18 de octubre (2004), cuando Poleo publicó en el diario «El Nuevo País» una fotografía donde mostraba a un soldado agachado frente a un hombre tirado en el suelo. En el pie de foto, un texto indicaba que el soldado era el actual Ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón, y el individuo tumbado una de las víctimas tras la toma del canal 8, durante los acontecimientos sucedidos en Venezuela el 27 de noviembre de 1992.
La publicación de esa fotografía motivó la denuncia del Ministro a Patricia Poleo por difamación. Durante el proceso se produjo una audiencia de conciliación, pero Jesse Chacón decidió ir a juicio. La sentencia final condena a 6 meses a Patricia Poleo, pero debido a diversos atenuantes, le fue concedida la libertad condicional. Igualmente, se le ordena la publicación de la sentencia, en los diarios «El Nuevo País» y «El Nacional» en dos ocasiones y con un intervalo de 7 días.
Concluido el proceso, Jesse Chacón expresó que lo sucedido ratifica el Estado de Derecho al tiempo que recordaba que durante el juicio se trató de vincular el caso con los hechos del 27 de noviembre del 92. «Yo participé en esa acción y fui condenado a 2 años y luego se me sobreseyó la causa. Eso forma parte de la historia venezolana». Su intención -añadió- no era que la periodista fuera a la cárcel sino demostrar que lo publicado era falso.
Patricia Poleo y el respeto a las libertades democráticas
Patricia Poleo es la hija del magnate venezolano Rafael Poleo, propietario del periódico caraqueño «El Nuevo País», y además la directora del citado diario. Padre e hija son una de las fuentes informativas más reiteradas por el grupo Prisa, tanto sobre el fallido golpe de estado de 2002 como sobre aspectos generales de Venezuela.
No en vano, el hacendado fue investido como Primer Notario General del fugaz gobierno fascista en abril de 2002 y el nombre de su heredera apareció en un documento, abandonado en el Palacio presidencial, tras la precipitada huida del golpista Pedro Carmona el Breve. En el papel aparecían los nombres que los facciosos barajaban para los diferentes cargos ministeriales.
Singulares defensores de la libertad y la democracia forman los Poleo, los Polanco, «El Nuevo País» y el ‘viejo’. Unos, desde España, justificando la intentona violenta: «En El País del 17 de noviembre (2002), el corresponsal en Venezuela Juan Jesús Aznárez realiza un ‘meritorio’ esfuerzo para exculpar a la mayoría de los promotores del golpe empresarial-mediático-militar. […] En un artículo titulado Venezuela: por qué fracasó el golpe, con una desvergüenza y una técnica manipuladora insuperables, el insigne periodista introduce motivaciones, justificaciones y actitudes distintas entre los autores del golpe. Una parte de ellos -los responsables del fracaso final que lamenta claramente Aznárez- suplantaron la voluntad de los otros» (1). Los otros (los Poleo) exculpándose tras el fracaso. Una estrategia, curiosamente, nacida a posteriori, porque mientras el golpe estuvo vigente El País lo denominó «rebelión civil» (nunca lo calificó como golpe de estado), Aznárez definió a Carmona como «presidente de una junta cívico-castrense que conducirá a Venezuela hacia unas elecciones a corto plazo» y Patricia Poleo desveló que «en todas las reuniones [de los golpistas] se habló de que la junta que debía asumir la transición debía contar con el componente empresarial, el laboral y el militar».
Nota: (1) El golpe, las imágenes y las palabras. Antonio Maira. En «Periodismo y crimen», varios autores. Hiru 2002.