El ministro británico de Economía, Gordon Brown, anunció ayer el acuerdo del Grupo de los Ocho asociación de los países más poderosos más Rusia para condonar el cien por cien de la deuda de 18 de los países más pobres del planeta, la mayoría de ellos africanos. La medida, que tiene una indudable importancia económica […]
El ministro británico de Economía, Gordon Brown, anunció ayer el acuerdo del Grupo de los Ocho asociación de los países más poderosos más Rusia para condonar el cien por cien de la deuda de 18 de los países más pobres del planeta, la mayoría de ellos africanos. La medida, que tiene una indudable importancia económica y política, no tiene precedentes recientes y viene a colmar las reivindicaciones de numerosas ONG que llevan años reclamando medidas semejantes. Además, la condonación se ampliará próximamente a otros nueve países y puede afectar en el futuro a otros once, que han sido víctimas de cruentos conflictos civiles. Brown remarcó a la hora del anuncio que «no es momento para la timidez, sino para la osadía», pero muchos se pueden preguntar las razones por las que hasta ahora no se ha producido esa misma osadía.
El total de la deuda que puede llegar a ser condonada asciende a 55.000 millones de dólares, pero lo que no se especifica por parte de los países ricos es cuándo esperaban cobrarla, dada la absoluta situación de pobreza de todos los países afectados por la medida. Por ello, es legítimo señalar en este momento que la condonación, además de aligerar la situación de esos 18 países y, por ende, de sus poblaciones, puede convertirse en una gigantesca operación de imagen del Grupo de los Ocho, continuamente criticado por sus políticas de expoliación de los recursos e intereses de los países más desfavorecidos.
Sin embargo, aunque así fuera, ésa no sería la circunstancia más preocupante de la operación. Como es habitual en todas las intervenciones en las que participan los organismos de Breton Woods, como el FMI y el Banco Mundial, la anulación de la deuda lleva consigo contrapartidas. Las que se refieren a la implementación de medidas de transparencia y contra la corrupción son entendibles y necesarias. Así como la condición de que el dinero se emplee en educación, sanidad y áreas de interés preferente. No obstante, todas aquellas condiciones que hacen hincapié en la exigencia de instituciones fiscales transparentes y en una estabilidad económica que fomente el sector privado y atraiga inversiones se asemeja demasiado a las recetas neoliberales que imponen los Gobiernos de los países ricos y las transnacionales. Unas recetas que limitan claramente la soberanía de los países y condicionan la adopción de políticas de inversión pública que aseguren un desarrollo sostenible que les pueda sacar de la extrema pobreza en la que se encuentran. –