Si alguien creía que los Estados, tras una profunda crisis alimentada por las políticas neoliberales, volverían al redil keynesiano, se ha equivocado. Los capitalistas exigen recuperar la tasa de ganancia a cualquier precio, y que los títulos que crearon sin respaldo productivo tengan valor. Los Estados centrales saben que su poder mundial descansa en su […]
Si alguien creía que los Estados, tras una profunda crisis alimentada por las políticas neoliberales, volverían al redil keynesiano, se ha equivocado. Los capitalistas exigen recuperar la tasa de ganancia a cualquier precio, y que los títulos que crearon sin respaldo productivo tengan valor. Los Estados centrales saben que su poder mundial descansa en su enorme potencial financiero y en su aparato militar. El Pacto del Euro no es más que la consagración de las políticas neoliberales en la eurozona, a costa del empobrecimiento y el sufrimiento de sus pueblos. Trabajadores y pueblos deben poner el bozal al perro loco que siembra el caos y conduce a la guerra.
Un pacto antidemocrático
El 25 de marzo pasado, los gobiernos de la eurozona y otros seis Estados, firmaron un acuerdo económico para -según el texto-, mejorar la competitividad de sus empresas, facilitar su presencia comercial en los mercados mundiales, y contribuir a un crecimiento más acelerado y sostenible a medio y largo plazo, generando niveles más elevados de ingresos para los ciudadanos y conservando los modelos sociales de bienestar. Las líneas directrices deberán ponerse en marcha en el plazo de un año.
El Pacto del Euro responde a las necesidades del capital europeo y al pacto franco-alemán para dirigir la economía en esa región, y ha sido impuesto por el gobierno de Merkel a los Estados bajo el pretexto de evitar que los mercados hundan a los socios más débiles y a cambio de ayudas económicas. La Comisión Europea, rama ejecutiva de la Unión Europea, será la encargada de hacer cumplir el Pacto, y está capacitada para imponer sanciones económicas a quienes se desvíen de los objetivos marcados, sometiendo a sus directrices la soberanía nacional de los Estados firmantes independientemente de los gobiernos de turno.
No es un texto legislativo, sometido a los trámites parlamentarios en los diferentes Estados firmantes ni en la Eurocámara, y representa un paso más en la marginación de la ciudadanía europea de las decisiones relacionadas con la política económica -que mediatizan el resto de decisiones-, y en la transformación de los ciudadanos europeos en súbditos.
Impulsar la competitividad vinculando salarios y productividad
Según los firmantes del Pacto, el débil crecimiento económico y los ataques de los especuladores, no tienen relación con el modo de producción ni el modelo de acumulación, sino con una estructura laboral ineficiente. Por tanto, para mantener el empleo y las exportaciones, deberán ligarse los costes del trabajo a la evolución de la productividad, bajando los salarios cuando la productividad disminuya.
La productividad es la relación entre la producción obtenida y los recursos utilizados para obtenerla en un tiempo determinado. La introducción de nuevas y más modernas máquinas y tecnología al proceso productivo, logra que los trabajadores produzcan más mercancías y servicios en el mismo tiempo. En la medida en que aumenta la productividad del trabajo no sólo se logra que se produzca más, sino que también se consigue que la clase trabajadora necesite menos tiempo para producir el equivalente a su salario, aumentando la cantidad de valor que se apropian los empresarios. El aumento de la productividad representa, por una parte, mayores inversiones en capital fijo (maquinaria y tecnología) y reducción de los tiempos de producción, y, por otra, menores inversiones en fuerza de trabajo y eliminación de costes de mano de obra (empleo y masa salarial). El resultado es una bajada de los precios de los productos y un aumento de su competitividad en el mercado.
En ningún caso del aumento de la productividad se infiere un aumento del empleo. Al contrario, al disminuir la cantidad de trabajo necesario para la producción de mercancías o servicios, los empresarios tienden a eliminar el empleo sobrante para disminuir costes y aumentar sus beneficios -esa destrucción de empleo es menor cuando los trabajadores aceptan rebajar sus salarios o empeorar sus condiciones de trabajo, como ha sucedido en diversas ramas de la industria en diversos Estados europeos-. No puede ser de otra forma en un sistema donde los medios de producción son propiedad privada y, en consecuencia, el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo que permite aumentar la riqueza social, no está al servicio de disminuir la carga de trabajo sino destinada a aumentar la ganancia de los propietarios.
A pesar del aumento de la productividad en el período 1980-2005, el desempleo en la UE-15 creció respecto al período 1950-1980, debido a la desregulación del mercado laboral(1). El Economic Policy Institute de Washington, en su último informe The State of Working America, señala que el crecimiento de la productividad en España durante el periodo 2007-2009 fue el mayor de los países de la OCDE (5,4% frente a un promedio de -1,1%). Sin embargo, en ese período, España fue el país que destruyó más empleo (-7,2%) y dista mucho de lograr la recuperación económica(2).
Tampoco puede asociarse un aumento de la productividad con mayores salarios. Según datos de Eurostat, el enorme crecimiento de la productividad en Europa durante los últimos 20 años, no ha generado un crecimiento similar de la masa salarial. Los salarios han crecido la mitad que la productividad, cuyo aumento ha ido a engrosar los beneficios empresariales. Mientras las rentas del trabajo han disminuido como porcentaje de la renta nacional -independientemente de los ciclos económicos-, las rentas del capital han logrado un considerable aumento. Según el FMI, en la Unión Europea de los 15, las rentas del trabajo pasaron de representar el 61,6% de la renta nacional en 1992, a un 57,6% en el año 2005. En España el descenso fue mayor, de un 62% a un 54,4% en el mismo periodo(3). Por otra parte, los beneficios empresariales en la eurozona en el período 1999-2005, crecieron un 36% y los costes laborales tan sólo un 18% -en España, los beneficios empresariales aumentaron un 73% y los costes laborales apenas un 3,7%-(4).
Desvincular los salarios del coste de la vida y vincularlos a la productividad, tendrá un mayor efecto en la contención salarial y en la pérdida de poder adquisitivo de las masas asalariadas. Pero esta pérdida de poder adquisitivo reducirá aún más el consumo interno, tirando a la baja de la demanda y de la producción, y ahondando los efectos de la crisis. Si el mercado interno no se estimula -y para ello es preciso que aumenten las inversiones y crezcan los salarios-, el riesgo es entrar en deflación, con graves efectos sobre la carga de la deuda, porque al disminuir los precios se incrementa el valor del dinero y aumenta el volumen de la deuda, tanto para los Estados como para las empresas y particulares.
El aumento de la productividad tampoco implica una reducción de la jornada laboral ni una disminución de la intensidad del trabajo. Estas variables tienen más relación con el poder de negociación de los trabajadores y las políticas económicas por las que optan los Estados. Employment in Europe 2006 -informe de la Comisión Europea-, revela que en el período 2000-2005, se produjo un leve descenso de la jornada de trabajo completa en Europa, pero a cambio aumentó la desregulación de horarios y tipos de jornada. Datos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo(5), admiten que la intensidad del trabajo aumentó durante las dos últimas décadas -acompañando el crecimiento de la productividad-, para estabilizarse a partir de 2008 con el estallido de la crisis. El Pacto del Euro es un revulsivo para un nuevo incremento de la intensidad del trabajo y la flexibilización de la jornada laboral -tras el fracaso en 2008 del intento de prolongarla hasta un máximo de 65 horas semanales-, cediendo a las presiones de Alemania o Reino Unido que apuestan por ampliar las excepciones que permitan su ampliación (industria alemana del automóvil). Y si, como todo indica, se mantiene la tendencia creciente a la subcontratación como vía de abaratamiento de costes, disminuirán aún más los salarios y aumentará la precarización del empleo, la pérdida de calidad del trabajo y la pérdida de derechos laborales.
Vincular salarios a productividad «abarata a los trabajadores», sin garantías de creación de empleo, y la mejora de la competitividad de determinados productos en el exterior se realizará a costa de contraer la demanda interna por la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados. Y dado que el mayor volumen de comercio de los Estados de la eurozona se produce entre ellos mismos, difícilmente aumentará la actividad económica.
Eliminar la negociación colectiva para impulsar el empleo
Según el Pacto, el desempleo está provocado por un mal funcionamiento del mercado laboral. Su corrección exige revisar el nivel de centralización del proceso de negociación de los convenios para evitar los «privilegios» de los trabajadores, favoreciendo la negociación en cada empresa y la negociación individual frente a la negociación nacional, por sector o ramo.
El pensamiento neoliberal explica el paro como resultado de una mayor rigidez del mercado de trabajo. Sin embargo, el desempleo en la Europa de los sesenta, caracterizada por sus fuertes regulaciones laborales, fue inferior al de EEUU donde el mercado de trabajo era menos rígido. En España hay menos rigidez del mercado de trabajo y más flexibilidad para despedir que en otros países de nuestro entorno, y las cifras de paro son más del doble que en la eurozona; e incluso con la misma reglamentación laboral general, Navarra o Euskadi mantienen una tasa de paro 15 puntos inferior a la de Andalucía o Canarias.
Los avances desarrollados en los últimos años en Europa a favor de la negociación por empresa, tampoco han invertido la tendencia al incremento del desempleo. Y tampoco ha dejado de crecer con la pérdida de poder sindical. En las dos últimas décadas, los procesos de descentralización productiva, reorganización y relocalización de la producción, han contribuido a la desorganización y fragmentación de los trabajadores. La mano de obra se ha diversificado y el tamaño medio de las empresas se ha reducido, erosionando la base de las organizaciones sindicales y dando un mayor poder a las empresas en la toma de decisiones sobre recursos humanos y relaciones laborales. Y en efecto, su resultado sobre el empleo se ha dejado sentir, pero negativamente.
Por otra parte, las estadísticas de Eurostat nos revelan que en 2006 las pequeñas y medianas empresas ocupaban al 68% de la mano de obra de la zona euro y que el 30% de los trabajadores eran empleados en microempresas (menos de 10 empleados) -en España estos porcentajes eran en 2008 del 79% y del 39% respectivamente(6)-. Si además se tienen en cuenta las elevadas cifras de paro -que rondan el 10% de la población activa en la eurozona y el 21% en España-, que actúan tirando a la baja la capacidad negociadora de los trabajadores, podrá entenderse la magnitud del retroceso en materia de salarios y condiciones laborales que la descentralización e individualización de la negociación colectiva va a imponer. Y más en el Estado español, donde más del 87% de las PYMES tienen problemas para acceder a un crédito(7).
El guiño de los grandes empresarios y del sector financiero a las PYMES -que estarán en mejor situación para disminuir sus costes laborales en el nuevo marco de negociación-, se desvanece por la disminución del consumo interno que apareja la depresión de los salarios, que va a golpear especialmente a las PYMES por disponer de menores recursos para competir con las grandes empresas y multinacionales, repercutiendo negativamente sobre el empleo.
El nuevo marco de negociación no sólo abarata el trabajo, tiende a diversificar aún más los salarios y a precarizar aún más el empleo -mayor inseguridad y temporalidad-, disminuyendo a la postre su productividad. El problema del paro es político y no se solucionará flexibilizando la contratación o el despido. A mayor desregulación laboral mayor crecimiento del desempleo, como ha podido apreciarse en España, Irlanda o EEUU con el estallido de la crisis de 2007 -en los Estados con mayores regulaciones, el crecimiento del paro ha sido menor, como en Alemania-.
Las raíces del paro arraigan en el sistema. El desempleo es fruto de la competencia creciente entre capitales y la lucha de los capitalistas por aumentar sus ganancias. Para ello tratan de aumentar la rentabilidad productiva invirtiendo cada vez más en capital fijo (introducción de equipos más modernos, nuevas tecnologías, etc.) a expensas del capital variable (mano de obra), con lo que la tasa de empleo tiende a disminuir. A este desempleo estructural se suma un desempleo coyuntural, provocado por las crisis cíclicas propias del sistema, constituyendo los desempleados una masa de fuerza de trabajo de reserva que tira a la baja de salarios, condiciones laborales y prestaciones sociales.
El nivel de empleo en una economía de mercado depende principal y directamente de las expectativas de los empresarios sobre la rentabilidad de las inversiones. La descentralización y desregulación de la negociación colectiva, significan una importante disminución de la intervención de los trabajadores en la vida política y la pérdida de su papel en el sistema de relaciones laborales, y persigue debilitar su poder de negociación para facilitar la rentabilidad de las inversiones de capital a costa de la disminución de salarios, ampliación de la jornada laboral a conveniencia y pérdida de derechos laborales. Por tanto, el empleo no depende del mal funcionamiento del mercado laboral sino de la capacidad de la burguesía para domesticar a los trabajadores y supeditarlos a sus intereses, o del poder de los trabajadores para imponerse a esa burguesía o limitar con su resistencia el efecto de las políticas económicas y fiscales de los Estados.
El Pacto del Euro representa la fusión de los partidos socialdemócratas con la derecha más reaccionaria. La socialdemocracia gobernante en Europa, cuando apoya descentralizar el marco de negociación, debilita la influencia de los trabajadores en las políticas económicas y establece una correlación de fuerzas aún más adversa para éstos. Y cuando promete volver al estado de bienestar, estafa a sus bases sociales, porque nunca una pérdida de poder de los trabajadores se acompañó de un avance de las políticas sociales.
Disminuir las cotizaciones sociales para favorecer el consumo y estimular el empleo
El Pacto exige una bajada de las cotizaciones sociales y una subida del IVA y los impuestos sobre la energía, con el objetivo de estimular el consumo, y dinamizar la producción y el mercado de trabajo.
La desfachatez de la propuesta es evidente. Las cotizaciones sociales deben ser tratadas como una parte del salario, diferido en el caso de las pensiones o indirecto cuando se destinan a sanidad, enseñanza o servicios de protección social. Reducir las cotizaciones sociales y subir el IVA, representa una disminución salarial para los trabajadores y un aumento de los precios, lo que difícilmente puede garantizar un crecimiento del consumo. Y tampoco es previsible que la reducción de las cargas sociales a las empresas impulse sus inversiones si no aumentan sus expectativas de rentabilidad, siendo inútil a la hora de aumentar la contratación. Más bien ese ahorro irá a engrosar su cuenta de beneficios.
Estas políticas se alinean con el principio neoliberal de que una rebaja de las cotizaciones a las empresas estimula el crecimiento económico y el empleo. La experiencia de EEUU en los 8 años de gobierno de Bush, muestra el fracaso de tal política. Un estudio de Richard Berstein, publicado en septiembre de 2010 en Financial Times(8), concluye que fue la década de crecimiento más débil de la inversión no residencial en EEUU desde la segunda guerra mundial. Sin embargo, el que no se lograra el objetivo supuestamente buscado fue lo de menos, porque el objetivo real -reducir los impuestos a los más ricos- se cumplió de pleno. Y lo mismo puede decirse de Alemania, donde los impuestos sobre el capital se redujeron 26 puntos en el período 1995-2009, y el gravamen fiscal de las rentas superiores se redujo 9,5 puntos, sin que se estimulase el consumo doméstico; o de España y Francia, donde la reducción de los impuestos de las rentas superiores alcanzó los 13 puntos, con los mismo resultados(9).
La tendencia de los 20 años previos al estallido de la crisis de 2007 en España, de crecimiento de la imposición indirecta (consumo) sobre la directa (rentas) -en 1986 los impuestos directos representaban el 64% y los indirectos el 32%, pasando esos porcentajes a ser el 51% y 47% en 2006-(10), debería haber colocado el empleo en una situación privilegiada respecto a otros Estados del entorno. Sin embargo, según Eurostat, el paro en España en ese período siempre fue mayor que la media del registrado en la UE-15, a pesar de la enorme burbuja inmobiliaria iniciada en 1997 por el gobierno Aznar -en 2007, según la EPA, la construcción empleaba a 2.880.000 trabajadores, el 14,1% de la población ocupada total-, hasta que la crisis ha vuelto a situar el desempleo en España en el doble que el existente en la zona euro.
En España estas políticas ahondan el modelo fiscal de los últimos 25 años, que ha transformado el IRPF en un impuesto de las rentas del trabajo -actualmente representan un 80% de su base imponible-, mientras mantiene una permisividad obscena ante un empresariado que declara una media de ingresos inferior a la media de los asalariados -creciendo esa diferencia desde 1993-(11), sin que haya repercutido en un mayor empleo. Como tampoco han fomentado el empleo las sucesivas rebajas del Impuesto de Sociedades, el mantenimiento de las Sicav (Sociedades de Inversión de Capital Variable) -que con un patrimonio de más de 26.000 millones de euros en 2010, sólo tributan al 1% en lugar de al 30% del tipo general-, o la supresión en 2008 del Impuesto sobre el Patrimonio en beneficio de los grandes propietarios. Si el gobierno recuperase el impuesto de patrimonio que suprimió en 2008, el Estado ingresaría más de 2.121 millones de euros anuales, una cantidad superior a los 1.500 millones que se ahorrará con la congelación de las pensiones en 2011, y con una menor repercusión social y sobre el consumo interno(12).
Las reducciones fiscales a empresarios y capitales, han ido a engrosar sus beneficios no a estimular el empleo. La banca española obtuvo en 2008 los beneficios más altos de la Unión Europea y de los más altos del mundo(13), siendo considerada en 2010 por el Banco de Pagos Internacionales como la más rentable del mundo. Los consejeros de esos bancos se subieron el «sueldo» un 53% en 2008 o se auto adjudicaron pensiones millonarias, mientras recibían cuantiosas ayudas públicas y el paro iniciaba una carrera desbocada. En 2010 los altos directivos del Ibex 35 -que representa a las mayores empresas-, se subieron el salario casi un 20%, muy por encima del IPC y del incremento de la productividad de sus entidades(14). El Informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa de 2010, subraya que mientras las inversiones de las empresas del Ibex 35 en paraísos fiscales crecían vertiginosamente (en 9 meses de 2010 doblaron las inversiones de 2009), la recaudación por el impuesto de sociedades caía un 55% entre 2007 y 2009(15).
El nuevo incremento en 2010 de los impuestos indirectos -el IVA general pasó del 16% al 18% y el reducido del 7% al 8%-, no parece haber tenido la respuesta deseada en la disminución del elevado fraude fiscal, que se mantiene en cifras similares a 2009 -según diversos expertos supone el 20%-25% del PIB, el doble que la media de la UE-, ni ha dinamizado el mercado de trabajo, manteniéndose el crecimiento del paro.
Otro aspecto es la repercusión que la disminución de las cotizaciones sociales y el aumento del IVA tienen en el desarrollo de las políticas sociales. Dar un mayor peso a los impuestos indirectos, somete los ingresos del Estado a los vaivenes del consumo y dificulta o impide cualquier tipo de planificación, imposibilitando efectuar una redistribución de la renta en perjuicio de los sectores sociales más débiles. Efecto agravado en épocas de crisis, porque la contracción del gasto público se realiza en detrimento fundamentalmente de los gastos con componente social -pensiones, sanidad, enseñanza, dependencia,… -, precisamente cuando más necesarios son para amortiguar los efectos de aquella sobre los más desfavorecidos.
El ataque a las pensiones, que representan un elevado porcentaje del PIB, ya ha comenzado. Los gobiernos europeos han decidido su rebaja y medidas que dificulten y alejen en el tiempo el acceso a una pensión -aumento de la edad de jubilación a los 67 años, aumento de los años de trabajo y nueva contabilidad para definir su cuantía-, favoreciendo la progresiva privatización del sistema de pensiones. Igualmente la Comisión Europea ha propuesto avanzar en los procesos de privatización para disminuir las cargas públicas, recortando en realidad la intervención del Estado y sus políticas sociales para dar acceso al capital privado al enorme volumen de bienes y fondos que representa el gasto público social -un promedio del 30,6% del PIB en la UE-15 y el 24,7% del PIB en España en 2008(16)-. La entrega al mercado de servicios considerados básicos y su transformación en un espacio donde obtener beneficios, no persigue la reactivación económica sino nuevas transferencias de rentas de los trabajadores al capital. Sus consecuencias se dejarán sentir en el aumento de la factura que ciudadanos y familias deberán pagar por prestaciones hasta ahora gratuitas en el momento de uso. Enfermos, ancianos o sectores sociales menos favorecidos, serán los más perjudicados al dejar de recibir la solidaridad del conjunto de la sociedad -representada por la financiación y gestión pública de esos servicios-, que les permita hacer frente a su situación.
Disminuir las cotizaciones sociales y hacer recaer los ingresos del Estado en el consumo, fomenta los aspectos más regresivos fiscales al gravar indiscriminadamente en lugar de hacerlo según el nivel de rentas, impulsando las desigualdades sociales, que aumentarán en cada Estado y entre los Estados. En España la diferencia entre el 20% de la población con mayores rentas y el 20% con menores rentas es la mayor de la UE-15. Medido en unidades de poder de compra, cada español recibe un 40% menos de protección(17). Medidas que aumenten los desequilibrios tirarán al alza las tasas de pobreza.
Controlar el déficit y el endeudamiento para favorecer el crecimiento económico
Para evitar que el gasto supere al crecimiento de la economía, los gobiernos de la eurozona se comprometen a limitar sus presupuestos nacionales y disminuir su techo de endeudamiento, fijando el déficit máximo en el 3% del PIB y una deuda que no superará en ningún caso el 60% del PIB. Para garantizar esos objetivos se contemplan sanciones a los Estados que incumplan los límites y el tutelaje de su deuda pública, al establecerse la apertura de expedientes preventivos a aquellos que comiencen a desviarse de los objetivos marcados -aunque no lleguen a sobrepasar los límites-, y la reducción con un ritmo estricto a los que superen la deuda fijada.
El ex-presidente del Bundesbank y candidato a presidir el mayor banco suizo privado, Axel Weber, apostó en febrero por anclar el control del déficit público en las constituciones, respaldando las posiciones de Alemania y Francia. Este defensor de la flexibilidad laboral pretende el blindaje constitucional de las políticas económicas neoliberales, sin tener en cuenta los cambios que puedan darse en la situación económica o en la correlación de fuerzas en los Estados de la eurozona.
Los gobiernos europeos argumentan que el bajísimo crecimiento económico se debe a la escasez de dinero en el sector privado, consecuencia del excesivo gasto público. Como esta escasez hace subir el precio del dinero -aumentando la inflación y los intereses bancarios-, es preciso disminuir el gasto público. De este modo se alinean de nuevo con otro principio neoliberal, al establecer que el crecimiento económico se logrará mediante la reducción del déficit y del endeudamiento de los Estados, y ladinamente asocian la causa de la actual crisis a un gasto público desmedido, ocultando que la deuda pública no ha estado en el origen de la crisis sino que es el producto de la ayuda a las entidades financieras.
El origen de la crisis se sitúa en la baja rentabilidad de las inversiones de capital y en las políticas desarrolladas para intentar su recuperación: eliminación de las regulaciones estatales y liberalización financiera, desarrollo de políticas anti-inflacionistas sin límite al beneficio empresarial, rebajas de los impuestos directos en beneficio de los capitales, enorme polarización de las rentas, extensión de prácticas especulativas a fin de seguir empujando al alza el valor de las acciones en un clima de inseguridad y volatilidad difíciles de controlar, continuo recorte de los tipos de interés para mantener el consumo privado impulsando el endeudamiento interno, creación de una enorme deuda privada y una burbuja inmobiliaria difícil de digerir, y realización de negocios con deudas, sin tener en cuenta que en último término no se puede distribuir más riqueza que la que se produce.
El estallido, en 2006, de la burbuja inmobiliaria estadounidense y de las hipotecas subprime (concedidas sin seguridad de devolución a personas o entidades que normalmente no tendrían acceso a ellas), provocaron una contracción del crédito y una crisis de liquidez del sistema bancario, que actuaron disminuyendo drásticamente la demanda y la actividad empresarial, y provocando un importante aumento del paro y de la economía sumergida. Los Estados desembolsaron ingentes sumas de dinero público para equilibrar el enorme déficit comercial y recapitalizar los bancos, en un momento que sus ingresos disminuían por la caída de la actividad económica y se disparaban sus gastos en cobertura social por el aumento del paro. De este modo se provocó un abultado endeudamiento público sin que incidiese en la reactivación económica, ahondando la crisis.
En la eurozona, los fondos que los bancos han recibido del Banco Central Europeo a unos intereses muy bajos (1% los dos últimos años) -para sanear sus finanzas, impulsar el crédito y financiar la economía real-, se han empleado en comprar bonos y obligaciones de los Estados (que les proporcionan intereses entre el 5% y el 12%, si bien en Grecia han alcanzado el 25%)(18). La transformación de la banca en acreedora del Estado, la ha situado en una posición de poder. Los ataques especulativos contra la deuda pública, provocan subidas en la prima de riesgo de los Estados y el aumento de los intereses de esa deuda. Mediante este chantaje, el capital impone a los Estados políticas de austeridad, exigiendo la reducción de sus ingresos (disminución de las cotizaciones sociales y rebaja de los impuestos directos), y de sus gastos (control del déficit y del endeudamiento). La deuda privada queda así transferida a unos Estados garantes de los intereses del capital -al no variar las reglas de juego-, recibiendo un golpe mortal el Estado social -que favorece la apropiación privada de servicios básicos-, lo que unido al recorte de salarios y pensiones traslada la deuda privada a la población trabajadora.
Por otra parte, reducir déficit y endeudamiento públicos retrae las inversiones públicas y el consumo, ahondando los efectos de la crisis. Según constatan los datos de Eurostat, las restricciones del gasto público del último trienio están bloqueando la recuperación económica. Irlanda ha sido uno de los países de la eurozona que más ha recortado su déficit, provocando un colapso de su PIB que obligó a aumentar de nuevo su déficit público. En Grecia, la reducción del déficit impuesto por el FMI ha colapsado igualmente su PIB sin resultado alguno. El segundo plan de ayudas amenaza con desarticular su economía y con la quiebra total. Sin embargo en Islandia la población decidió por referéndum no asumir la deuda privada de sus bancos y dejar que éstos fuesen a la quiebra. Su prima de riesgo descendió hasta alcanzar los porcentajes previos a la crisis y su economía está saliendo de la recesión con menor coste social que el provocado por las severas restricciones del gasto público que acompañan a los planes de ajuste.
El caso español es ilustrativo para entender la verdadera finalidad de estas políticas. La deuda pública en España se sitúa en el 60% del PIB, por debajo de Alemania (83,2%, según cifras publicadas por el Banco Central de Alemania el 13/4/2011) o Francia (84,5%, según anunció el Instituto Nacional de Estadística francés el 30/6/2011), y por debajo de la media de la eurozona (80%, según la Comisión Europea). Sin embargo, la prima de riesgo de la deuda española es muy elevada. La causa debe buscarse en la enorme deuda privada acumulada durante los años de crecimiento desequilibrado (1997-2007), que supera el 400% del PIB (la deuda pública representa sólo el 15% del endeudamiento total de España)(19).
A tenor del informe del Banco Internacional de Pagos, de 31 de diciembre de 2009, los acreedores del 62% de la deuda española son bancos alemanes y franceses, si bien su exposición a la deuda pública española apenas llega al 18%. La decisión de centrarse en la solvencia de la deuda pública y exigir austeridad presupuestaria por parte de esos acreedores, persigue garantizar que los bancos alemanes y franceses no pierdan el dinero prestado, en la seguridad de que el Estado socializará la deuda privada en caso de quiebras, aún a costa del hundimiento de la economía española.
A su vez, las políticas monetarias restrictivas de la eurozona han provocado el alza del euro, que en los primeros meses del año se ha apreciado frente al dólar y la libra británica un 10% y un 4% respectivamente(20). La decisión del Banco Central Europeo de subir las tasas de interés en abril y julio -y la tendencia a proseguir con nuevas subidas posteriores-, fortalece aún más la moneda al atraer capital global de los inversionistas que buscan una rentabilidad más alta. El aumento del precio del dinero representa otro mazazo para los Estados periféricos de la eurozona, que verán aumentados los intereses de su deuda y reducido el acceso al crédito para reactivar su economía, al tiempo que verán afectadas sus exportaciones. Los países exportadores pueden contrarrestar un tipo de cambio más alto en períodos de ascenso del volumen de comercio, pero el FMI prevé que el comercio mundial crezca este año un 7,4%, muy por debajo del 12,4% de 2010, provocando una caída de la demanda para la eurozona.
Esta caída de la demanda externa se sumaría a la caída interna -provocada por los bajos salarios y las políticas de austeridad-, reduciendo el crecimiento económico y acentuando la amplia brecha que separa a los Estados del norte de Europa de los Estados más débiles del sur e Irlanda. Silvio Peruzzo, economista del Royal Bank of Scotland, sostenía el pasado abril que si el euro permanece cerca de su actual nivel podría restar el PIB irlandés en un 2,3% el próximo año y un 1,2% el portugués, repercutiendo a la baja también en España. Sin embargo las exportaciones alemanas no dependen tan directamente de los precios como otros países, al centrase en alta tecnología (especialmente en ingeniería mecánica y eléctrica, máquinas de precisión o la calidad de sus automóviles).
La convergencia europea es sacrificada y sustituida por un aumento de las desigualdades entre Estados y pueblos, alimentadas por unas políticas económicas decididas a la medida de la banca alemana y del eje Berlín-París. La fuerte aportación de las exportaciones al PIB en Alemania y el gran crecimiento de las rentas del capital en los últimos años, generó una gran concentración de capital que no se dirigió a mejorar la masa salarial de sus trabajadores aumentando el consumo interno, sino a actividades más lucrativas en el exterior: comprar deuda externa a elevados intereses, invertir en los bancos de los Estados del sur de Europa generando deuda privada, y realizar inversiones especulativas inmobiliarias en esos Estados. El estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis de liquidez bancaria, aumentó los riesgos de impagos de la deuda a la banca alemana. A finales de abril de 2009, una filtración a la prensa de un informe del organismo controlador del sistema financiero alemán, puso de manifiesto el enorme volumen de créditos y valores problemáticos de los bancos alemanes, valorado en 816.000 millones de euros(21). El capital alemán ha optado por la vía de intentar asegurar su cobro mediante el traslado de la deuda privada a los Estados y la imposición a éstos de políticas de austeridad que permitan su devolución.
Por tanto, medidas como prescindir de políticas contra el desempleo y por el aumento del poder adquisitivo de las masas trabajadoras, e imponer la reducción del déficit y la austeridad pública, junto a políticas monetarias restrictivas y subidas de los tipos de interés, no pretenden impulsar el crecimiento económico en la eurozona. Sólo persiguen que los bancos centrales recuperen los fondos invertidos y sus intereses. Y las supuestas ayudas de la UE y del FMI a los Estados periféricos europeos, según el Premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz, no son más que un préstamo para que corran con las deudas y puedan pagar a los bancos centrales.
Y a pesar de las consecuencias que conlleva deprimir la capacidad de gasto y crecimiento en la eurozona para diversos sectores exportadores alemanes, el gobierno alemán sacrifica el crecimiento de su propio país -dependiente de la demanda externa- para asegurar los beneficios de sus grandes bancos. Y los bancos y grandes capitales de los Estados europeos perdedores, aplauden estas políticas porque les ayudan a transferir sus deudas a sus pueblos, condenando a varias generaciones. Esta es la miserable cultura que se impone en la Europa unida del capital.
Regulación financiera para evitar el colapso del sistema
Desde que en la década de los 80, las políticas neoliberales liberalizaron el sistema financiero, imponiendo la desregulación bancaria y la libertad de circulación de capitales, los sistemas establecidos por el propio sistema financiero para controlar los riesgos de los bancos sobre el crédito y en los mercados, han sido un fracaso. Tanto el marco regulatorio del acuerdo de Basilea I en 1988 como el de Basilea II en 2004 -admitido por todos los países-, que pretendían mantener una evaluación e intervención sobre los riesgos del crédito, del mercado y de las operaciones, no evitaron los riesgos de liquidez ni las interesadas actuaciones de las agencias calificadoras. Estas agencias de calificación crediticia nacieron con la finalidad de valorar los distintos activos y su proyección futura, dirigiendo la inversión de capital o la adjudicación de préstamos, siendo una pieza supraestatal esencial para el desarrollo de los mercados financieros y para otorgar préstamos a los Estados. Su carácter real se ha puesto de manifiesto ante el fracaso de sus evaluaciones antes y durante la actual crisis (en connivencia con la banca, llegaron a calificar activos que respaldaban hipotecas basura como triple A, otorgándoles el mismo nivel de riesgo que a los bonos del Tesoro estadounidense), siendo acusadas de información fraudulenta y de favorecer a los clientes que previamente asesoraban.
La gran interconexión de los mercados financieros mundiales, el gran tamaño alcanzado por las firmas del sector financiero y su enorme poder en el mercado, y la falta de control público -que se manifiesta en el hecho de no tener que rendir cuentas ante los Estados o las poblaciones afectados por sus decisiones-, han favorecido la complejidad del entramado financiero y su oscurantismo, así como prácticas de asunción de riesgos excesivos en aras de mantener sus beneficios. Conocedoras de su importancia, no sólo para el sistema financiero sino para la economía en su conjunto, han actuado con la certeza de que en caso de encontrarse con problemas de liquidez, el Estado emprendería las acciones necesarias para evitar su quiebra y rescatarlas, trasladando los costes a la ciudadanía.
Y así ha sido. Los Estados han respondido endeudándose y destinando cientos de miles de millones de dólares y euros en planes de rescate, compra de activos tóxicos y recapitalizaciones, mientras los ciudadanos pagan con embargos, desempleo y empobrecimiento generalizado.
En EEUU, el gobierno Bush intervino en 2008 las dos mayores empresas hipotecarias estadounidenses (Fannie Mae y Freddie Mac). La Agencia Federal Financiera pasó a ejercer su control temporal para evitar el colapso del sistema financiero, a cambio de fuertes desembolsos. Tras la bancarrota de Lehman Brothers, el cuarto banco más grande de los EEUU, la Reserva Federal concedió un elevado préstamo a la aseguradora AIG a cambio de su intervención. Posteriormente pasaron parcialmente a manos del Estado nueve grandes bancos (Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch, State Street y Bank of New York Mellon Corp), mediante la adquisición de acciones por valor de 125 mil millones de dólares con el objetivo de recuperar la confianza y reactivar el crédito. A partir de 2009 el gobierno Obama siguió con estas políticas ante los débiles resultados de los Paquetes de Ayuda, sustituyendo el papel del Estado de prestamista pasivo por el control sobre los bancos intervenidos con la intención de influir en sus decisiones(22). En 2009, el Banco Central Europeo ya había inyectado cerca de 3 billones de euros para la recuperación del sistema financiero en la eurozona, mediante planes de adquisición directa de activos, acciones de rescate, y la recapitalización y reestructuración de bancos y entidades financieras.
Sin embargo, estas intervenciones no han variado la actividad del sector financiero. Pretender reformas en un sistema financiero globalizado exigiría una regulación en su conjunto, un esfuerzo mundial coordinado y que el sistema funcionase como un todo. Pero no existe ninguna autoridad que pueda garantizar su cumplimiento mundialmente, ni es posible regular el sistema financiero si no se acaba previamente con el entramado y las políticas neoliberales.
En España a la recapitalización bancaria se suma la privatización de las Cajas de Ahorro, tras haber sido saneadas con dinero público (más de 11.200 millones de euros). De este modo desaparecen las únicas entidades de crédito sin ánimo de lucro, obligadas por ley a aportar parte de sus beneficios a Obra Social (cultura, deporte, sanidad, conservación de patrimonio, etc.). Su privatización permitirá a la banca apropiarse de los fondos destinados a Obra Social (actualmente entre un 30 y un 40% de los beneficios de las Cajas(23)), y someter el crédito a un mayor racionamiento al exigírsele una mayor rentabilidad. Su privatización, en lugar de su unificación para constituir una gran banca pública -que controlaría aproximadamente el 50% de los depósitos-, representa la pérdida de un instrumento básico para garantizar el crédito en momentos de crisis.
Tampoco sirven estas actuaciones para relanzar la economía, porque aun suponiendo la voluntad real de los gobiernos por establecer regulaciones en el sector financiero, éstas no serán suficientes para superar una crisis que afecta a las propias estructuras de crecimiento de los Estados centrales. El Informe de Estabilidad Financiera del FMI, de octubre de 2010, vaticinaba una recuperación más lenta de lo esperado. Y advertía que «ha aumentado la probabilidad de que se produzca una coincidencia nefasta de contracción del crédito, desaceleración del crecimiento y debilitamiento de los balances bancarios»(24). De ahí la petición del gobierno Obama al Congreso de EEUU para que autorice la elevación del techo de la deuda y evitar la suspensión de pagos del Estado.
A pesar de las advertencias, los gobiernos europeos mantienen sus políticas y concretan el control de los mercados en la exigencia a los Estados de evitar la quiebra de las entidades financieras, por el riesgo de colapso del sistema. Insistir en las mismas políticas económicas que han agudizado la actual crisis y que han fracasado como vía de solución, es dar carta blanca al sector financiero para extender el caos y mantener actividades que sólo engrosan la cuenta de beneficios de los bancos.
La falsa salida keynesiana a la crisis
Las políticas neoliberales europea para salir de esta crisis se orientan al aumento de la tasa de explotación de los trabajadores -bajada de los salarios, aumento de la jornada laboral, aumento de la intensidad del trabajo-, incremento de la productividad, reducción de los impuestos, privatizaciones y reducción del estado social. Su objetivo aumentar la rentabilidad de las inversiones, transformar en beneficios para la gran burguesía la abultada deuda privada y evitar la destrucción de capital, mediante el saqueo de sus propios pueblos. Después, el abismo y la guerra.
Desde una perspectiva keynesiana, son el aumento de los salarios y las políticas expansivas del gasto público las que estimulan la economía mediante el crecimiento del empleo y el aumento de la demanda de bienes y servicios. Y es la devaluación de la moneda el motor que impulsa las exportaciones de productos y bienes, al hacerlos más baratos y competitivos. Tales cambios generarían enormes recursos al Estado, que se invertirían en creación de empleo y en nuevas áreas productivas, impulsando el crecimiento económico -que a su vez disminuiría el déficit y la deuda pública al aumentar la recaudación del Estado-. Políticas a las que puede sumarse la reestructuración del pago de la deuda -sin crecimiento económico es imposible su devolución-, la desincentivación de las actividades financieras especulativas mediante el gravamen de los movimientos de capitales, la refiscalización de las rentas del capital y la redistribución de los ingresos, y un aumento de las inversiones públicas en sanidad, educación e infraestructuras.
Sin duda las políticas keynesianas presentan, en plena crisis, un gran atractivo para los sectores populares y son poco atrayentes para los grandes capitales. Pero no deben ser idealizadas. El keynesianismo fue ideado en el momento de la mayor crisis capitalista hasta entonces, para administrar de forma pragmática el problema de la crisis productiva, el desempleo y la deflación. Las políticas keynesianas plantean una solución a corto plazo para el sistema en las crisis -«en el largo plazo todos estaremos muertos»-, pero no resuelven el problema porque centran las causas de las crisis en el subconsumo, de manera que provocando un aumento del consumo todo queda resuelto. Nada más lejos de la realidad.
Las raíces de las crisis se encuentran en la tendencia al descenso de la tasa de ganancia de los capitales, que provoca una caída de la inversión y una guerra competitiva, donde las empresas y sectores más atrasados quiebran, provocando a su vez un elevado aumento de las tasas de desempleo y una caída de la demanda, que acentúa la crisis de sobreproducción. Como el origen de la crisis se relaciona con la rentabilidad de los capitales, la solución pasa por atacar los salarios y los derechos de los trabajadores y por disminuir los gastos sociales, al tiempo que los capitales se concentran por la desaparición de las empresas menos competitivas.
A finales de la década de los 60, en pleno auge de las políticas keynesianas, la tasa de ganancia cae en EEUU, y se generaliza a la economía mundial en ramas estratégicas en los 70, quedando una elevada masa de capital sin invertir productivamente, originando una recesión productiva, caídas del PIB y de la productividad, altas tasas de desempleo, inflación -que disminuía el poder de compra real de los salarios- y déficit fiscal (estanflación). La aplicación por diferentes gobiernos estadounidenses de políticas keynesianas para salir de la crisis, fue un fracaso. Y la incapacidad de la clase trabajadora para irrumpir con un programa revolucionario, permitió en los 80 la ofensiva neoliberal del capital, apoyada en amplios sectores de las clases medias. Los Estados centrales atacaron los salarios y derechos de los trabajadores y de las capas más empobrecidas de los pueblos, disminuyeron las cotizaciones sociales del capital, se rebajaron los impuestos a los más ricos, se privatizaron las empresas estatales y se atacaron los servicios públicos de carácter social, con la finalidad de restablecer la rentabilidad y fortalecer las posiciones de poder del capital.
Financiarización y especulación se desarrollan para satisfacer las necesidades del sistema en un momento dado. Los Estados centrales han funcionado a base de créditos desde los ochenta, provocando la deuda privada un complejo mecanismo financiero esencial para generar los capitales y activos líquidos, de los que se ha beneficiado el sistema en su conjunto -no hay capitalismo bueno, el productivo, y capitalismo malo, el financiero-. De no haber actuado así, el propio consumo en los Estados centrales habría sido mucho menor y, por tanto, el crecimiento habría sido escaso o incluso negativo desde entonces.
Pero el consumo no puede ser relanzado indefinidamente mediante el crédito -que ha alcanzado un nivel inmanejable-, y menos cuando el endeudamiento ya es muy alto, la burbuja inmobiliaria ha estallado y existen numerosos activos contaminados. La crisis ha vuelto y con más fuerza. Se trata de una crisis diferida en el tiempo, aunque aparentemente parezca que es el colapso especulativo el que acaba por interrumpir la producción. Pero éste no es más que un síntoma. La especulación es un medio para retrasar la crisis, al dar una salida temporal al mercado a la sobreproducción, si bien acaba por precipitarla y aumentar su fuerza. Cuando la crisis estalla, lo hace inicialmente en el ámbito más débil, el especulativo. Y si los trabajadores son incapaces de nuevo de irrumpir con un programa revolucionario, con Keynes o sin Keynes, el capitalismo está más cerca del caos y la guerra, porque no hay ninguna salida a la crisis capitalista que no pase por la destrucción de capital.
No hay salida progresista a la crisis en este modo de producción, de ahí la ilusión de quienes sueñan con volver al estado de bienestar. Bretton Woods, el cenit del keynesianismo, no nació para resolver una crisis capitalista. Es el resultado de una crisis no resuelta en los años 30 y de la destrucción violenta de fuerzas productivas por la vía de la guerra, en un mundo muy diferente del actual. Hoy ni se dan las necesidades de reconstrucción tras una guerra mundial, ni el mundo está dividido en bloques, ni los trabajadores disponen de potentes organizaciones, ni existe un fuerte movimiento anticolonial y de liberación nacional. No habrá nuevo pacto en Europa entre las fuerzas del trabajo y del capital.
La clase trabajadora debe responder a la crisis no con programas reformistas, sino con una estrategia política que ataque la raíz de sus males, la propiedad privada del capital. Si no lo consigue, se impondrá la lógica de la acumulación capitalista, porque las luchas de resistencia -en la medida que no atacan el fondo del problema-, sólo pueden limitar las pérdidas y la degradación extrema de las condiciones de vida, y ese es el límite de las luchas económicas o sindicales sin un enfoque político.
Hoy, en Europa, la correlación de fuerzas es negativa a los trabajadores. No se variará esta correlación sin rearmarse con un discurso de clase, sin desarrollar un programa capaz de aglutinar en un frente común a las fuerzas del trabajo con otros sectores sociales afectados por la crisis, y sin una respuesta conjunta en el ámbito europeo. El desmantelamiento del estado de bienestar y las políticas de los gobiernos para hacer frente a la crisis, abren teóricamente perspectivas de reorganización de la clase trabajadora y de reagrupamiento de los intereses populares, y un espacio nuevo a las luchas sociales.
Hay que levantar un programa solidario por la construcción de la Europa de los trabajadores y los pueblos. Un programa que cuestione el sistema e identifique al capital, a los bancos y grandes compañías, y a los grandes propietarios y rentistas, como los causantes de las crisis. Que sitúe como puntos centrales no pagar la deuda, apostar por un mundo sostenible y un crecimiento de los bienes comunes, orientando la salida de la crisis no en el aumento del consumo sino en la distribución de la riqueza y el impulso de las inversiones en aquellas áreas que mejoren la calidad de vida. Y que exija la democratización y el control de los trabajadores y del pueblo, de todas las instituciones y entidades públicas o privadas cuyas decisiones repercutan en sus vidas.
La exigencia de nacionalización de la Banca no puede alimentar la asunción de sus deudas y su saneamiento. Debe exigirse la creación de una banca pública, sometida al control democrático y social, para sacar el crédito y los seguros de la esfera privada. Deben nacionalizarse los sectores económicos estratégicos, a fin de ponerlos al servicio de la sociedad, garantizar su independencia de los mercados y eludir las maniobras especulativas del capital.
La fiscalidad debe transformarse para garantizar su progresividad y el desarrollo de políticas que aseguren la redistribución de rentas y la creación de la renta básica. Los recursos públicos no deben ir a manos privadas, orientándose a la creación de empleo, al mantenimiento del poder adquisitivo de salarios y pensiones, a fomentar cooperativas y fórmulas de propiedad colectiva, y al sostenimiento de las pequeñas empresas por el importante volumen de empleo que garantizan. La jornada laboral debe ser rebajada y adelantada la edad de jubilación, hasta la erradicación del paro. Los precios deben ser intervenidos y limitados los beneficios empresariales, y debe instaurarse la escala móvil de salarios. Y los poderes públicos deben sacar a la luz las viviendas desocupadas y establecer un control de precios que acabe con la especulación inmobiliaria.
El problema no es el dinero ni el consumo. El problema es político. El problema es en manos de quien está la riqueza. El problema es la propiedad privada de los medios de producción.
Jaime Baquero es miembro de la Comisión de Salud de la FRAVM
Notas
(1) El abandono del keynesianismo por la Unión Europea. V. Navarro. Temas Para El Debate, 22/1/2009.
(2) The State of Working America. Economic Policy Institute. Washington, 2011.
(3) El País, 8/7/2007.
(4) La silenciada causa de la crisis. V. Navarro. Público, 19/3/2009.
(5) IV Encuesta europea sobre condiciones de trabajo, 2005. V Encuesta europea sobre condiciones de trabajo, 2010. Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo.
(6) Memoria de AECA. J. Maroto Acín. Ministerio de Industria.
(7) expansión.com, 27/4/2011.
(8) Non-US groups reaped fruits of Bush tax cuts. Richard Berstein. Financial Times, 14/9/2010.
(9) Las políticas fiscales neoliberales. V. Navarro. 2010.
(10) La supresión del impuesto sobre el patrimonio perjudica la lucha contra el fraude. Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado. 2008.
(11) Informe de la Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria. Gestha. Expansión, 13/8/2009.
(12) El país, 20/5/2010.
(13) ABC, 12/1/2009.
(14) elplural.com, 1/3/2011.
(15) El País 11/2/2011.
(16) El déficit de democracia en España y sus consecuencias económicas y sociales. V. Navarro. 2011.
(17) España a la cola de la Europa social. V. Navarro. Temas para el Debate, nº 140. 2006.
(18) Los bonos griegos superan por primera vez el 25% de interés. Francfort, 27/4/2011 (Télam).
(19) Digamos no al pago de la deuda española. Daniel Gómez-Olivé, investigador del ODG. Diagonal, 4/7/2011.
(20) La apreciación del euro agrava problemas de las economías periféricas. Brian Blackstone. The Wall Street Journal, 14/4/2011.
(21) El supervisor bancario alemán alerta contra la falta de regulación. Rafael Poch. Rebelión, 5/7/2011.
(22) Lecciones de la crisis financiera internacional: el debate sobre la regulación bancaria. Y.C. Aguirre Botero, R.J. Mesa Calleja. Redalyc, 2009.
(23) España busca privatizar parcial o totalmente las Cajas de Ahorro. Oriol Sabata. Tercera Información, 9/7/2010.
(24) El País, 5/10/2010.
http://www.vientosur.info/articulosweb/noticia/index.php?x=4167