El 30 de septiembre de 2010, lo ha dicho el propio Rafael Correa, ha sido el día más difícil de su gobierno y del proceso político abierto a fines del 2006, pues estuvo a puertas de que la intentona golpista tuviera éxito, pero a la vez evidencia fragilidad del régimen y abre interrogantes sobre posibles […]
El 30 de septiembre de 2010, lo ha dicho el propio Rafael Correa, ha sido el día más difícil de su gobierno y del proceso político abierto a fines del 2006, pues estuvo a puertas de que la intentona golpista tuviera éxito, pero a la vez evidencia fragilidad del régimen y abre interrogantes sobre posibles reajustes en su línea estratégica.
Hacia fines de las horas vespertinas de este día el panorama era sombrío: el presidente de la república retenido en el hospital de la policía, desde las 11 de la mañana; la sede del parlamento tomada por la policía nacional; el aeropuerto de Quito cerrado y tomado por la rama aérea de las fuerzas armadas; el canal de televisión estatal rodeado por manifestantes ultraderechistas. Es verdad que las movilizaciones populares de respaldo al Gobierno iban ganando en número y fuerza, pero con lentitud frente a la magnitud de los acontecimientos.
¿Qué había pasado? Pues que un descontento salarial de la policía nacional y de las fuerzas armadas, como consecuencia de la aprobación de la Ley del Servicio Público, que eliminaba bonos especiales, sueldos extras por antigüedad y ampliaba los tiempos para ascensos institucionales, para todos los servidores públicos, incluidos policías y militares, se convirtió en el «caldo de cultivo» para que sectores de ultra – derecha, amplificaran una sublevación nacional.
A lo que se sumó la enorme imprudencia de Correa y su equipo de asesores, de ir personalmente al foco de la sedición, el regimiento Quito No. 1, ubicado en el centro norte de la ciudad, situación que fue aprovechada por los complotados para retenerlo en el hospital del centro policial.
La sincronización de acontecimientos, que incluyeron el control sobre aeropuertos, la toma de instalaciones en el Ministerio de Defensa, y la demora en el pronunciamiento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dan pie para fundamentar la hipótesis de una conspiración concertada que supera los ámbitos a los que tienen acceso militares y policías.
Siempre habrá que tener en cuenta un dato que puede pasar como secundario, pero que tiene trascendencia al preguntarse por ¿quién mas estaba implicado en la intentona?: hasta fines de octubre los grupos banqueros, dueños y accionistas, deben vender sus acciones y propiedad en medios de comunicación. La aplicación de un mandato constitucional lo determina así.
Eso afecta en especial los intereses del primer grupo financiero del país (Banco Pichincha), dueño de la cadena de televisión Teleamazonas y varias revistas; y de un poderoso grupo comercial y banquero (El Juri) dueño de la cadena Telerama.
Los acontecimientos también evidencian la fragilidad del proceso Social y Político que vive el Ecuador, pues el poder de las fuerzas armadas como decisores políticos, se vuelve a mostrar desestabilizador; en la eventualidad de que la rama del ejército de las fuerzas armadas hubiera plegado al intento golpista, quizás el rumbo final hubiera sido distinto.
En defensa salió el respaldo de importantes sectores populares, que con divergencias y todo, en el transcurso del día fueron viendo que estaba en peligro no sólo la estabilidad de Correa, sino las conquistas alcanzadas en el proceso constituyente, y espacios de presencia política real. A las pocas horas en la ciudad de Quito se movilizaron ciudadanos y organizaciones sociales condenando la intentona golpista, respaldando la constitucionalidad, pero también pidiendo avances en cambios profundos. Porque toca decir que en las semanas previas, en el gobierno se acentuaba un viraje estratégico, para privilegiar una alianza con los sectores empresariales, en especial agroindustriales, reflejados en el «Código de la Producción»; mientras se debilitaba sus nexos con los sectores sindicales, en especial la burocracia pública, reflejada en la «Ley de Servicio Público», y la «Ley de Educación Superior».
El gobierno de Correa sobrevive a la intentona, pero pareciera que queda debilitado. En lo inmediato debe enfrentar la depuración de las fuerzas armadas y policiales; en el largo plazo debe resolver: ¿Qué tipo de alianzas sociales le interesa construir?.
Deben reconocer que no alcanza con las adhesiones que puedan generar los bonos de la pobreza, las canastas de víveres y útiles escolares, los programas alimentarios a escuelas y barrios pobres; hay que construir alianzas programáticas con las organizaciones populares y movimientos políticos de la tendencia.
Tiene un norte de gran alcance, los contenidos de la nueva Constitución: hacer de ellos la base para una alianza política que pueda dar garantías al proceso histórico en marcha.
Y enfrentar la enorme asignatura pendiente de Correa: construir un proceso democrático, en el sentido profundo del concepto, no solo la institucionalidad, sino la participación como sujetos políticos de los sectores populares y sus organizaciones, en verdad los únicos capaces de dar fortaleza estratégica. Eso implica avanzar de manera urgente en los cambios profundos.