Las Constituciones ecuatorianas de 1929, 1945, 1979 y 2008 tienen algunas continuidades históricas que les emparentan. La primera inauguró el constitucionalismo social y fue el resultado de la reacción contra el régimen oligárquico y la hegemonía bancaria privada. La segunda, surgió de «La Gloriosa», revolución nacional contra el gobierno de Arroyo del Río y su […]
Las Constituciones ecuatorianas de 1929, 1945, 1979 y 2008 tienen algunas continuidades históricas que les emparentan. La primera inauguró el constitucionalismo social y fue el resultado de la reacción contra el régimen oligárquico y la hegemonía bancaria privada. La segunda, surgió de «La Gloriosa», revolución nacional contra el gobierno de Arroyo del Río y su identificación con los intereses privados y extranjeros. La tercera, aprobada por referéndum, reflejó la polarización contra las derechas económicas, aspirantes a desmontar el desarrollismo petrolero de la década de los 70. La última, expresó el ascenso de fuerzas ciudadanas contra elites económicas y políticas, responsables de la desinstitucionalización estatal y del derrumbe social ocasionado por el modelo económico empresarial edificado en las dos décadas finales del siglo XX.
Las 4 Constituciones, además de ampliar sucesivamente los derechos sociales y garantizar los laborales, otorgan un rol fundamental al Estado en la economía, de modo que se impongan los intereses nacionales sobre los particulares. Al mismo tiempo progresivamente avanzan en fortalecer las capacidades estatales para la provisión de obras públicas y de servicios fundamentales en educación, salud y seguridad social. La de 1979 estableció cuatro sectores de economía: público, privado, mixto y comunitario o de autogestión, y fijó sectores estratégicos exclusivos del Estado. También fundamentó la redistribución de la riqueza con impuestos directos como el de rentas. Todo ello fue combatido por las cámaras de la producción y las derechas económicas como fórmulas «estatistas» y hasta «comunistas».
La Constitución de 2008 dedica los títulos VI y VII al régimen de desarrollo y al del buen vivir, que fortalecen las capacidades estatales, destruidas antes con el modelo empresarial que, en cambio, fue establecido y garantizado por la «neoliberal» Constitución de 1998.
Las progresistas Constituciones de 1929, 1945, 1979 y 2008 han trazado líneas diametralmente opuestas a los exclusivos intereses privados de las elites empresariales con mayor poder en el país, que en forma tradicional y persistente a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, se han opuesto al intervencionismo estatal, los impuestos directos y las regulaciones sociales y laborales, con cualquier argumento que sirva para aliviar cargas a sus negocios, reducir costos y evadir responsabilidades. Hasta hoy reflejan una mentalidad premoderna y anclada a la vieja visión oligárquica, que ha caracterizado, en general, a las burguesías latinoamericanas.
Los ataques al «modelo correísta» (el de la Constitución de 2008, hay que entender) tienen por base el cuestionamiento histórico a los modelos económicos que valoran el rol del Estado, el papel de la redistribución de la riqueza, las obras y servicios públicos y el cobro de impuestos. En la mira se halla el ímpetu por retornar al caduco modelo empresarial de fines del siglo XX, maquillado con nuevos conceptos considerados «modernos». Ni siquiera se moviliza una visión cercana a la economía social de mercado como la europea, que sirvió para superar el capitalismo salvaje. Con ese tipo de mentalidades, Ecuador poco puede ofrecer para la modernidad económica y, sobre todo, para promover el buen vivir proclamado por la Constitución vigente.
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