En la República de Cuba se ha emprendido un importante proceso para adoptar la nueva Constitución, que fue trabajada desde 2013, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 21 y 22 de julio de 2018 y que ahora se someterá a una consulta popular. Habrá, por tanto, una amplia difusión y discusión del […]
En la República de Cuba se ha emprendido un importante proceso para adoptar la nueva Constitución, que fue trabajada desde 2013, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 21 y 22 de julio de 2018 y que ahora se someterá a una consulta popular. Habrá, por tanto, una amplia difusión y discusión del texto en las organizaciones de base popular, a fin de recabar criterios que permitan hacer ajustes al documento final. Por consiguiente, hay un tiempo en el cual se realiza una verdadera pedagogía constitucional, para que la población se ilustre sobre la ley fundamental que normará el futuro inmediato del país.
Entre tantos elementos que se puede analizar, interesa el relativo al orden económico. La Constitución ratifica el carácter socialista de la Revolución. Y, sobre ese principio rector, el Título II (artículos 20 al 31) trata sobre los «Fundamentos Económicos». Se reconoce seis «formas de propiedad»: 1. Socialista, que es la principal, pertenece a todo el pueblo y está en manos del Estado; 2. Cooperativa: basada en el trabajo colectivo de sus socios; 3. Mixta; 4. De las organizaciones políticas, de masas y sociales; 5. Privada: sobre determinados medios de producción; 6. Personal: sobre bienes que no constituyen medios de producción. Además, el Estado controla la economía, realiza la planificación y regula al mercado «en función de los intereses de la sociedad». Y también se contempla que el Estado «promueve y brinda garantías a la inversión extranjera, como elemento importante para el desarrollo económico del país», observando la soberanía nacional.
En Ecuador, el proceso de retorno al orden constitucional que la dictadura militar del Consejo Supremo de Gobierno (1976-1979) siguió para dejar el poder, incluyó un referendo sobre dos proyectos de Constitución: la de 1945 reformada (la Constitución de ese año era considerada, hasta entonces, la más progresista del país), y la Nueva Constitución. Como nunca antes en la historia, se realizó una amplia campaña de pedagogía constitucional con la población, que aprendió y comprendió los fundamentos y las diferencias entre los dos proyectos. Se comprobó que los ciudadanos podían discutir temas de trascendencia nacional.
Resultó muy progresista y democrático el proyecto de Nueva Constitución. Entre los temas económicos, reconocía el papel regulador del Estado, la planificación, la redistribución de la riqueza mediante el sistema tributario, y cuatro sectores básicos: 1. público; 2. privado; 3. mixto y 4. comunitario o de autogestión. Además, consagraba un régimen de partidos políticos, amplios derechos laborales y sociales, así como el voto a los analfabetos.
Si bien ese proyecto fue «apoyado» verbalmente por la mayoría de partidos políticos, en los hechos fue combatido por empresarios, derechas políticas y sectores identificados con esos intereses, que lo calificaron de «estatista» y «comunista». El industrial León Febres Cordero (aún no era socialcristiano y afirmaba ser liberal ideológico) encabezó la virulenta oposición a los dos proyectos.
Sin embargo, en el referendo realizado el 15 de enero de 1978 triunfó el proyecto de nueva Constitución con el 45% de los votos, y entró a regir el 10 de agosto de 1979, con la presidencia de Jaime Roldós, (1979-1981) contra quien los otrora opositores al proyecto constitucional, levantaron las peores consignas y, desde luego, el ataque de «comunista».
Años más tarde, convertido en presidente del Ecuador, Febres Cordero (1984-1988) burló los preceptos de la Constitución de 1979 e inició la construcción del modelo empresarial de inspiración neoliberal, arruinando las capacidades económicas estatales, un proceso continuado por los gobernantes que le sucedieron, exceptuando relativamente a Rodrigo Borja (1988-1992), quien intentó contrarrestar las tendencias neoliberales que galopaban en toda Latinoamérica y que Sixto Durán Ballén (1992-1996) las retomó como eje del modelo empresarial de su propio gobierno.
Pocos años después, la Constitución de 1998, elaborada bajo la hegemonía de las visiones políticas y económicas de las derechas, dejó atrás el «estatismo» de la Constitución de 1979 y consagró el neoliberalismo, lo cual facilitó la continuidad y afirmación del modelo empresarial por los gobernantes sucedidos hasta 2006, que provocó la mayor concentración de la riqueza en la historia del país, junto con el deterioro sistemático de las condiciones de vida y trabajo de la población, la crisis institucional (7 gobiernos entre 1996-2006), así como los millonarios perjuicios al Estado y la sociedad, por la extendida corrupción privada, el feriado y los «salvatajes» bancarios, y la dolarización (2000) del país.
La reacción contra el modelo empresarial tan grave para Ecuador, explica el nacimiento de un nuevo ciclo consolidado por la nueva Constitución elaborada por la Asamblea Constituyente de Montecristi y aprobada por consulta popular el 28 de septiembre de 2008, con el 63.93% de los votos.
Esta Constitución recuperó las capacidades económicas del Estado, fortaleció amplios derechos laborales, sociales, colectivos y de las distintas nacionalidades, reimplantó la planificación, el papel redistribuidor de los impuestos directos y la regulación del mercado y del capital, con el propósito de favorecer la sociedad del Buen Vivir. Por ello, fue combatida por el mismo tipo de fuerzas que otrora se lanzaron contra el «estatismo» y el «comunismo».
De acuerdo con las izquierdas tradicionales y las dirigencias de los movimientos sociales, el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), al que inicialmente apoyaron, finalmente «traicionó» los principios de la Constitución del Buen Vivir. Para las cámaras de la producción, ese gobierno «destruyó» la economía empresarial. Según las derechas políticas y variados medios de comunicación, el «correísmo» ha sido lo peor que pudo pasarle al país.
Con tan diferenciados auspicios, que hoy van de la mano por la «descorreización» del país, desde 2017 surgió la oportunidad para retornar al perdido «espíritu de Montecristi» de la Constitución de 2008, como se anunció recurrentemente. Es lo que no ocurrió. Entre dos modelos económicos, el país vive una situación similar a la que impulsó el gobierno de Febres Cordero: pasar por alto una Constitución «estatista» para reimplantar un nuevo modelo empresarial.
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