Desde una perspectiva de izquierdas, hay muy pocos argumentos para votar «sí» en las principales preguntas de la consulta del siete de mayo. El principal de esos escasos argumentos es que hay que apoyar «el proceso de cambios» impulsado por el gobierno. En una palabra, votar por el «sí» es apoyar al gobierno ciudadano, que […]
Desde una perspectiva de izquierdas, hay muy pocos argumentos para votar «sí» en las principales preguntas de la consulta del siete de mayo. El principal de esos escasos argumentos es que hay que apoyar «el proceso de cambios» impulsado por el gobierno. En una palabra, votar por el «sí» es apoyar al gobierno ciudadano, que encarna las esperanzas de un cambio estructural y profundo en el país. El defecto del razonamiento es que las preguntas concretas están muy lejos de apuntar a los cambios estructurales que el país necesita. La consulta es, al final del día, una oportunidad desperdiciada. No insistiré en lo que otros han dicho sobre las cuatro preguntas más importantes, las que reforman el sistema de justicia: son abiertamente reaccionarias porque asumen que una causa de la delincuencia es el exceso de «derechos» y «garantías», y porque concentran en el ejecutivo todos los resortes de los nombramientos del poder judicial. Confiar toda la autoridad en un caudillo no es construir poder popular ni participación ciudadana. Me concentro en algunas de las preguntas que demuestran que la consulta no expresa la menor voluntad de cambio. La innecesaria pregunta del gobierno
¿Está usted de acuerdo que la Asamblea, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley de la Función Legislativa, expida una ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de comunicadores o los medios emisores? Actualmente ya existe un «Consejo de Regulación» de los medios de comunicación: la Superintendencia de Telecomunicaciones. Actualmente ya están prohibidos los mensajes de violencia, sexuales y discriminatorios. Actualmente ya existen criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores y los medios emisores. Los conflictos alrededor de la ley de comunicación han tenido que ver con la conformación del Consejo de Regulación, no con su existencia. Es claramente una pregunta innecesaria. ¿Qué hubiera preguntado un gobierno revolucionario, que apuntara a un cambio verdadero y profundo? La pregunta revolucionaria que no fue
- ¿Está usted de acuerdo que en plazo de un año a contar desde su aprobación en consulta popular se distribuyan un tercio de todas las frecuencias de radio y televisión para medios comunitarios sin fines de lucro?
La innecesaria pregunta del gobierno
- ¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique en el Código Penal como un delito autónomo, el enriquecimiento privado no justificado?
Tal como está redactada, la pregunta sugiere que el hecho de no justificar el crecimiento de la riqueza personal se considerará delito. Sin embargo, el Presidente de la República ha aclarado recientemente que se les olvidó incluir la palabra «ilícito» y prometió que el proyecto de ley incluirá esa palabra. ¿Enriquecimiento no justificado ilícito? ¿Significa esto que no sería delito el enriquecimiento ilícito justificado? Incluso si descartamos ese problema lógico, lo que cualquiera que tenga dos dedos de frente se pregunta es que si se trata de enriquecimiento «ilícito», presupone que ya está tipificado como tal en la ley. Si no estuviera en la ley no sería «ilícito», que significa, precisamente, contrario a la ley ¿Para qué la pregunta? ¿Qué hubiera preguntado un gobierno auténticamente revolucionario preocupado no solo por la pobreza sino por la riqueza excesiva y obscena? La pregunta revolucionaria que no fue
- ¿Está usted de acuerdo en que toda persona natural cuyos ingresos superen 300.000 dólares al año deba pagar un impuesto a la renta del 100% sobre la fracción excedente?
La innecesaria pregunta del gobierno
- ¿Está usted de acuerdo que en el país se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?
Aunque algunas personas y negocios puedan verse afectados, es difícil sostener que esta pregunta busca afectar algún problema estructural y de fondo del Ecuador. El Presidente puede preguntar lo que le parezca y puede apelar a la soberanía popular, pero no tiene derecho a decir que con esto se esté radicalizando un cambio revolucionario en el país. ¿Qué hubiera preguntado «Otra consulta», una consulta verdaderamente comprometida con el cambio profundo? Dos preguntas revolucionarias que no fueron
- ¿Está usted de acuerdo en que toda propiedad privada rural de más de 300 hectáreas sea declarada susceptible de afectación por reforma agraria?
- ¿Está usted de acuerdo en que toda concesión privada de agua que concentre más del 20% del caudal disponible en cualquier cuenca hidrográfica del país inmediatamente revierta al Estado y sea distribuida entre los usuarios que la necesitan?
La lista podría ampliarse, extenderse y diversificarse. Por ejemplo, podría haberse preguntado si estamos de acuerdo con dejar incondicionalmente el crudo bajo tierra en el campo ITT, si estamos de acuerdo en prohibir la gran minería metálica a cielo abierto y si estamos de acuerdo con reformar la figura de terrorismo y sabotaje del código penal de manera que se ajuste a definiciones internacionalmente aceptadas en lugar de depender del capricho de fiscales irresponsables. La conclusión evidente: el gobierno no optó por otras preguntas que hubieran apuntado a cambios verdaderos. Si alguien quiere apoyar un proceso de cambio profundo, no lo hará apoyando al gobierno en esta consulta. También por causa de esta oportunidad perdida, votaré «no».