Julio César Trujillo es un referente en la izquierda. Su formación jurídica lo convierte en un constitucionalista esencial en un debate como la consulta popular. En su primer análisis sobre la reforma de la caducidad de la prisión preventiva dijo que Correa coincidía con tesis de la derecha. Ahora que conoce la pregunta exacta, […]
Julio César Trujillo es un referente en la izquierda. Su formación jurídica lo convierte en un constitucionalista esencial en un debate como la consulta popular.
En su primer análisis sobre la reforma de la caducidad de la prisión preventiva dijo que Correa coincidía con tesis de la derecha. Ahora que conoce la pregunta exacta, ¿varía su visión?
Esa pregunta ha sido reformulada con relación a los anuncios que hizo el Presidente. Ahora, está más cerca de la doctrina internacional que obliga a los estados a procesar a los acusados en plazos razonables.
Entonces ¿cambió su juicio?
Sí, pero sigo sosteniendo que la modificación de ese texto requiere de una Asamblea Constituyente. La Constitución exige que este tipo de reformas, que involucra garantías y derechos, vaya por esa vía. Y esta es una garantía del procesado.
¿El presidente Correa está violando la Constitución?
Todavía no, porque la Corte Constitucional es la que tiene que pronunciarse.
¿Qué pasa si la Corte Constitucional da paso a la propuesta?
La Corte no debiera facilitar esas reformas con ese procedimiento porque se abre la puerta para que, mañana, cualquier otra cosa se reforme por esa vía dependiendo de la popularidad de quien hace la consulta.
En las preguntas que se refieren a reestructurar el Consejo de la Judicatura estamos hablando de la estructura del Estado. ¿Esto también requiere de Asamblea Constituyente?
No, eso tiene que ser por referéndum. Por esta vía se pueden modificar esos elementos pero sin tocar ni los derechos ni las garantías, ni las normas relacionadas con la reforma a la Constitución. La Corte es la que debe decidir el camino a seguir.
El Ejecutivo pretende reestructurar e integrar el Consejo de la Judicatura. Si esto se da ¿se puede seguir hablando de un régimen republicano?
El problema en el país es que casi siempre nos reducimos a tratar cuestiones de acceso al poder y no de cómo se ejerce ese poder. Aquí, se da primordial importancia al problema de la designación de los jueces de la Corte Nacional pero no remedia la crisis de la Función Judicial.
Es decir ¿con una pregunta no va a cambiar la justicia?
Así es, los problemas son más complejos. Nuestro ordenamiento jurídico es heterogéneo. Primero: hay reglas del siglo XIX y problemas del siglo XXI. Eso no depende de la calidad del juez. Segundo: la capacitación de los jueces para litigar, asesorar o para administrar justicia. Tercero: una carrera judicial.
Al margen de eso, en la Constitución hay un procedimiento para llegar integrar la Función Judicial. ¿Eso queda truncado?
La propuesta del Presidente es un cambio al espíritu de la Constitución que busca establecer un poder judicial autónomo de las otras funciones del Estado. Es como decir: esto no ha funcionado porque esa autonomía es imposible en el Ecuador.
Pero si había una decisión en Montecristi de darle autonomía al Poder Judicial y si el Presidente cambia eso, ¿no es volver atrás sin que ni siquiera el país haya podido articular un proceso de autonomía?
El argumento del Presidente es que las normas constitucionales que se adoptaron en Montecristi no funcionan porque han pasado dos años de vigencia de la Constitución y no tenemos designados a ninguno de los órganos de la Función Judicial.
¿Es un retroceso?
El peligro está que el Presidente nombre jueces en todas las instancias que estén acorde con su punto de vista y que, por consiguiente, en la Administración de Justicia respondan a su parecer. Ese es un peligro que no hay que descartar pero veo otro: que no va a encontrar tanta gente idónea que merezca el reconocimiento de la opinión pública para hacer esas designaciones.
¿Lo que hace el presidente Correa es otro salto al vacío?
De los tantos que hemos tenido. La Función Judicial viene siendo reorganizada inveteradamente. No hay dictador, presidente de la República, legislativo que no haya querido reorganizar la Función Judicial a su gusto ofreciéndonos entregar los mejores jueces y muy rara vez hemos tenido jueces que merezcan la confianza ciudadana.
¿Cómo explica que el presidente Correa pretenda hacer creer al país que cambiando un artículo de la Constitución se va a resolver el tema de la inseguridad, de la justicia…?
Caemos en el vicio de siempre. Esta no es una práctica de Correa, sino desde 1830.
¿Es más de lo mismo?
Vamos haciendo lo mismo porque nunca nos hemos sentado a estudiar nuestros problemas, recursos y soluciones para resolver esos problemas.
¿Cómo explica que un Gobierno que dice ser de su tendencia, repita lo que criticó a la derecha?
Está mal. No hay que hacer eso sino cambios. La izquierda respetable es aquella que resuelve los problemas por sus causas, no por sus manifestaciones. Sentémonos a averiguar las causas y encontraremos que las soluciones son complejas pero posibles. La ventaja de este Gobierno es que ha incorporado al ejercicio del poder a un sector de la ciudadanía que ayer salía a gritar: ahí están, esos son los que joden a la nación. Esos están ahora jodiendo a la nación. Ya no podrán salir mañana.
Como hombre de izquierda, ¿cómo ve las preguntas sobre prohibiciones -a los toros y los juegos de azar- que también son libertades?
En algunas materias ni siquiera una Asamblea Constituyente podría tocar los derechos porque no dependen de la voluntad de las mayorías. Son inherentes al ser humano y hay que respetarlos cualquiera que sea la opinión de la mayoría.
Las prohibiciones que están en la consulta, ¿se enmarcan en derechos constitucionales?
El problema de los espectáculos públicos nos lleva a otro problema. Supongamos que en el Ecuador dice no a esos espectáculos, pero en algunos cantones dicen sí. ¿Podía el Presidente formular una pregunta de asuntos que le toca decidir al cantón? ¿No entraña eso una violación de la autonomía que está reconocida en la Constitución?
¿Como está formulada es un atentado a esa autonomía?
Puede terminar por serlo.