Suele suceder: cuando la política se pone por delante de intereses empresariales, aparecen tensiones crecientes. Se trata, ni más ni menos, que de un debate sobre el papel de aquellos que más ganan en las sociedades en las que vivimos. La decisión de Rafael Correa de enviar, el 5 de junio pasado, el proyecto de […]
Suele suceder: cuando la política se pone por delante de intereses empresariales, aparecen tensiones crecientes. Se trata, ni más ni menos, que de un debate sobre el papel de aquellos que más ganan en las sociedades en las que vivimos. La decisión de Rafael Correa de enviar, el 5 de junio pasado, el proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza a la Asamblea Nacional provocó el inmediato descontento del sector más acaudalado de la sociedad ecuatoriana.
¿Cuáles son los fundamentos principales de esta propuesta? El trasfondo es una contundente cifra que el presidente ecuatoriano desplegó con intensidad durante los últimos días: el 2% de las familias ecuatorianas concentran el 90% de las grandes empresas del país. «Se evidenció la concentración de la propiedad. Eso es malo, es una de las fuentes de inequidad en Ecuador y en el mundo», declaró Correa a los medios, para luego aclarar que el impuesto es solamente «para los grandes conglomerados que generan dinastías».
Para los herederos directos -hijos, nietos, padres o abuelos- la nueva legislación prevé una tasa marginal de hasta el 47,5% que se aplicará sólo al 1% más pudiente. Este porcentaje es inferior al de las tasas marginales de Japón -55%- y de Corea del Sur -50%-, y apenas un poco más alto del que se implementa en Francia -45%- y en Estados Unidos y Gran Bretaña -ambos con un 40%-.
Uno de los primeros representantes de la oposición en manifestar su desacuerdo a esta medida fue nada menos que el banquero y ex candidato presidencial Guillermo Lasso, quien fuera asesor económico y Embajador Itinerante del gobierno neoliberal de Lucio Gutiérrez. Lasso condenó la nueva medida afirmando que «el Estado correista pretende acabar con la familia ecuatoriana». Como se ve, una exageración que no se condice con lo acontecido en otros países: ¿o acaso se destruyó la familia japonesa, coreana, francesa, inglesa o estadounidense por la implementación de una política tributaria similar a la que pretende impulsar Correa en relación a las herencias?
Para el analista económico ecuatoriano Juan Carlos Jaramillo «con una tasa marginal del 47,50% los herederos jamás pierden el control accionario sobre las empresas de sus padres, por lo cual con esta tasa es falso también argumentar que se quiere acabar con las empresas familiares». Fue en base a este argumento que presidente ecuatoriano no se quedó atrás: criticó al «linaje, la dinastía» de Lasso y representantes empresariales y habló de un «capitalismo anacrónico» comandado por esos grupos familiares.
Más allá del impuesto a la herencia en sí, lo que parece estar en discusión en Ecuador es hasta que punto el Estado puede intervenir autónomamente en la arena económica. Es una discusión que, a esta misma hora, también se da en el resto de los países que albergan gobiernos posneoliberales, sobre todo en un momento de menor crecimiento económico en toda la región, producto de una caída de los precios de las commodities, pero, sobre todo, de una rebaja en las previsiones de crecimiento a escala global.
De lo que se trata, en definitiva, es de sustentar -y ampliar- los programas sociales puestos en marcha por estos gobiernos posneoliberales, para lo cual se necesitan recursos. El argumento de Lasso -no aumentar impuestos a los que más tienen, sino reducirlos- tiene sintonía con propuestas de otros líderes opositores de la región, como Macri en Argentina y Neves en Brasil, quienes anuncian que, de llegar a la presidencia, continuarían con las políticas sociales, pero sin tocar bajo ningún concepto los intereses empresariales. ¿Y de donde sacarían el dinero, se preguntará usted? Vaya uno a saber. Ecuador, por lo pronto, propone una solución realista -similar a la efectuada en algunos estados europeos y asiáticos- para continuar su política social enmarcada en el Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017: que los que más tienen, más aporten, apostando asimismo a una redistribución garantizada por la propia Constitución del país. El debate continental en relación a este tema se incrementará en los próximos meses.
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