El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, anunció hoy su intención de reestructurar el sistema de justicia de su país, si así se aprueba en una consulta popular a la que convocará para acometer cambios en la Constitución del país. El mandatario, que hace algunas semanas anunció su interés de convocar a la consulta sobre varios asuntos, […]
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, anunció hoy su intención de reestructurar el sistema de justicia de su país, si así se aprueba en una consulta popular a la que convocará para acometer cambios en la Constitución del país.
El mandatario, que hace algunas semanas anunció su interés de convocar a la consulta sobre varios asuntos, precisó ahora que una de las preguntas a la población se referirá a la reorganización del sistema judicial.
En esa consulta, mencionó Correa, se preguntará al pueblo si quiere «que el Gobierno, con la veeduría de un organismo internacional, reestructure las cortes del país, reestructure el sistema de justicia» nacional.
Y es que, si no hay esa reestructuración, «no vamos a salir adelante», añadió el mandatario durante su habitual informe sabatino, el número 202 desde que inició su mandato en enero de 2007.
Aunque no adelantó la fecha para la consulta, Correa indicó que con el actual sistema de justicia en su país «no vamos a poder vencer a la inseguridad ciudadana».
Agregó que, pese a la modernización a la que está sometida la Policía de su país, el sistema de administración de justicia es el que más requiere de transformaciones profundas.
«Más se demora en capturar a un delincuente que lo libere un juez corrupto», dijo el gobernante, tras declararse dispuesto a «tomar el toro por los cuernos».
Anticipó que este anuncio podría generar «suspicacias» entre sus opositores, pero dijo que lo que se busca es que haya «jueces honestos y eficientes» que apoyen a la lucha contra «este tremendo mal que es la inseguridad ciudadana».
Esas reformas legales y la reestructuración del sistema de justicia forman parte de un plan del Gobierno contra la inseguridad, que incluye la modernización de las fuerzas del orden, la acción ciudadana y cambios en el sector de la rehabilitación social (cárceles).