La designación de un sacerdote ultraconservador como administrador apostólico de la diócesis de Sucumbíos, en el noreste de Ecuador, puso a buena parte de los católicos de la zona en franca rebeldía, apoyados por organizaciones sociales y hasta por el propio presidente Rafael Correa.
La crisis en el seno de la colectividad católica, de gran presencia e incidencia social en esta provincia amazónica, motiva desde enero movilizaciones callejeras de detractores y partidarios de Rafael Ibarguren Schindler, uno de los líderes de los Heraldos del Evangelio, una asociación de derecho pontificio heredera de la ultraderechista Tradición Familia y Propiedad. Este sacerdote, nacido en 1952 en Argentina y ordenado sólo en 2005, asumió el 30 de octubre como encargado provisional del Vicariato Apostólico de San Miguel de Sucumbíos, en reemplazo del obispo Gonzalo López Marañón, quien tras realizar una reconocida obra social por más de 40 años en la zona debió renunciar al cumplir 75 años de edad como dictan las normas de la Iglesia.
La decisión del Vaticano agregó así un nuevo conflicto a la bullente Nueva Loja, la capital provincial que, además de ser el centro de la actividad petrolera ecuatoriana, es un punto estratégico para el tránsito de refugiados, desplazados y hasta de guerrilleros encubiertos de Colombia en razón de los escasos 18 kilómetros que la separan de la frontera con ese país.
Esta ciudad ya era foco de atención internacional por el histórico fallo del juez Nicolás Zambrano, de la Corte Provincial de Sucumbíos, que el 14 de febrero condenó a la multinacional Chevron a pagar 9.510 millones de dólares, la más alta condena a una petrolera por contaminación ambiental. Este dictamen ha sido apelado por las partes ante el pleno del tribunal.
El rechazo popular a Ibarguren Schindler llevó al presidente Correa, quien se declara católico de izquierda, a expresar que podría incluso vetar su nombramiento haciendo uso de una cláusula del Modus Vivendi, como se denomina el tratado firmado en 1934 entre Ecuador y el Vaticano y que enmarca las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado.
«Los meses trascurridos desde el cambio de mando demostraron que los Heraldos del Evangelio y el nuevo administrador están empeñados en acabar con todo el proceso pastoral que por 40 años se construyó en Sucumbíos», dijo a IPS Maritza López, secretaria de la asamblea del Isamis, un organismo creado por López Marañón y ahora desconocido por la nueva autoridad.
La asamblea del Isamis (Iglesia San Miguel de Sucumbíos) está conformada por 120 delegados de las Comunidades Eclesiales de Base, de agentes de las pastorales, de misioneras y misioneros, del clero diocesano, de los servicios pastorales y de organizaciones sociales de la provincia. Funciona a modo de un parlamento democrático de la comunidad católica de la región.
«El fundador de los Heraldos fue militante y secretario de la ultraderechista Tradición, Familia y Propiedad, nacida (en Brasil) para oponerse a la izquierda y defender la propiedad frente a la reforma agraria que se llevaba adelante en la década del 60 en toda América Latina», precisó Maritza López. La asamblea del Isamis resolvió en enero por 80 por ciento de los votos pedir la renuncia de Ibarguren Schindler.
Desde entonces, la polémica ha crecido en proporciones. Los miembros del Isamis, que ya estaban en vigilia desde enero, iniciaron el domingo 20 un ayuno para exigir la salida del administrador apostólico, mientras éste y otros ocho sacerdotes de su orden buscan apoyo entre quienes cuestionan los proyectos sociales impulsados por el obispo López Marañón.
«Una de las cosas que hacen es ir a dar misas campales para las empresas petroleras, y no aceptan llevar adelante el plan pastoral aprobado ni dialogar con la asamblea del Isamis», señaló a IPS Felisa de Moncayo, quien recuerda que el obispo López Marañón «era uno más, con nosotros, y sometía a la discusión los nuevas iniciativas y nombramientos».
Correa, en un acto en Quito el 9 de este mes, recordó que Ecuador es un Estado Laico, lo cual significa que es respetuoso de la libertad religiosa. Pero rechazó que «se quiera borrar de un plumazo la presencia de los Carmelitas Descalzos en Sucumbíos y entregar el vicariato a los Heraldos del Evangelio», en contra de la opinión de las Comunidades de Base.
Sus palabras fueron dichas en el acto en que condecoró a López Marañón por la destacada labor social y defensa de los derechos humanos que impulsó durante las cuatro décadas como obispo de Sucumbíos, así como su trabajo en educación, salud y otras áreas.
Los Carmelitas Descalzos, la orden de profunda vocación misionera a la que se refirió Correa y a la cual pertenece el ex obispo de Sucumbíos, está presente en la Amazonia desde hace varias décadas y ha dado a Ecuador los más destacados prelados progresistas, como Alberto Luna Tobar y Leonidas Proaño, que formaron el grupo más comprometido con los pobres del país.
El mandatario calificó de imborrable la labor misionera de López Marañón, de quien dijo es uno de esos cristianos que se dejan matar por el Evangelio. «Luchó contra las petroleras por la defensa de la vida en todas sus formas», afirmó.
«Nosotros no queremos tener confrontaciones inútiles, no queremos polemizar, peor aún con la Conferencia Episcopal, pero quiero decirles que el tratado que regula las relaciones entre el Estado Laico-Ecuatoriano y el Vaticano nos permite vetar cualquier nombramiento de obispo», afirmó.
«Nunca se ha utilizado esta capacidad, que no nos obliguen a utilizarla ahora. Si se insiste en estos fundamentalismos absurdos de llevar a nuestra Amazonia órdenes que ponen el énfasis en el rito, en los fundamentalismos morales, con trajes medievales en plena selva, tendremos que utilizar esta potestad que nos da el tratado del Modus Vivendi», amenazó.
La referencia a los «trajes medievales» se debe a que los Heraldos del Evangelio utilizan botas de montar y una sotana blanca con traje talar pardo oscuro, que lleva por el frente una cruz de Calatrava (con brazos en forma de flores de lis) mitad blanca y mitad roja, que va desde el cuello hasta los pies. Esta orden, reconocida en 2001 por el Papa, lleva adelante una disciplina militar.
El presidente de la Conferencia de Obispos de Ecuador, Antonio Arregui, respondió a estas expresiones indicando que «sería un precedente totalmente inaudito el que a estas alturas de la historia el Estado pretenda regular el nombramiento de los obispos».
Arregui, arzobispo de Guayaquil, afirmó que en el Modus Vivendi «hay un reconocimiento expreso de que el nombramiento de los obispos corresponde al Santo Padre (el Papa)».
En lo que en principio se interpretó como una medida conciliadora, el Vaticano anunció el viernes 19 que había nombrado como delegado apostólico para Sucumbíos al ecuatoriano Ángel Polibio Sánchez, obispo de Guaranda, en la zona andina, con funciones legales y para las relaciones con el gobierno.
«Nos alegra el giro que ha dado el asunto, pero queremos ver qué alcance exacto tiene este nombramiento», dijo el canciller interino, Kintto Lucas.
Su cautela tenía base pues luego se aclaró que Ibarguren Schindler no será retirado del cargo de administrador apostólico y que el nombramiento de Sánchez busca poner a un ecuatoriano como interlocutor del Ministerio de Justicia, que atiende también el tema de Cultos y que se ha negado a inscribir el nombramiento del heraldo del Evangelio.