La corrupción se ha convertido en uno de los problemas centrales en América Latina, hasta ocupar lugares centrales en las disputas políticas y poner en jaque a algunos gobiernos. Buena parte de esas polémicas se han centrado en aspectos partidarios y económicos, pero muy poco se ha dicho sobre sus impactos ecológicos. Sin embargo, no […]
La corrupción se ha convertido en uno de los problemas centrales en América Latina, hasta ocupar lugares centrales en las disputas políticas y poner en jaque a algunos gobiernos. Buena parte de esas polémicas se han centrado en aspectos partidarios y económicos, pero muy poco se ha dicho sobre sus impactos ecológicos. Sin embargo, no debe pensarse que la corrupción sea inocua desde el punto de vista ambiental, sino que, por el contrario, desencadena muchas consecuencias. Esto es particularmente evidente en los extractivismos, donde para imponerlos u ocultar sus impactos, una y otra vez aparece la corrupción, revelando una íntima y mutua asociación.
No puede negarse que denuncias e investigaciones sobre corrupción cruzan a casi toda América Latina. Si bien se atienden sobre todo en sus implicaciones políticas y económicas, cuando se observan con cuidado los principales casos, se encontrarán que en muchos de ellos están envueltos emprendimientos sobre los recursos naturales. Son casi siempre extractivismos mineros, petroleros o agrícolas, o las obras necesarias para llevarlos adelante, desde represas a carreteras. Por esa misma razón están repletos de impactos ecológicos, todos los cuales vienen siendo denunciados desde hace años.
Algunos ejemplos ilustran que esa asociación entre corrupción y extractivismos de alto impacto ambiental se repite en todos los sectores y atraviesa gobiernos de todo tipo. Si de un lado se observa a Colombia, se encuentra que una reciente revisión del desempeño minero alerta sobre corrupciones que van desde tráfico de influencias a delitos tributarios, desde acciones para obtener permisos sociales y ambientales a la tolerancia de la violencia. Si en otro extremo se considera a Bolivia, se repiten denuncias similares, y hasta el Ministerio Anticorrupción encontró contratos mineros irregulares.
La apelación a empresas estatales también se ha mostrado incapaz de detener la corrupción en los extractivismos. En efecto, en todas las petroleras estatales sudamericanas se han encontrado casos de corrupción o se están investigando denuncias. Estas van desde los sobornos para conseguir contratos en Ecopetrol de Colombia a las acciones contra gerentes y directores de PDVSA en Venezuela, pasando por las alarmas ante contratos de explotación o remodelaciones en PetroEcuador.
La corrupción en los extractivismos puede estar años sin investigarse. Muy ilustrativo de esas resistencias es el caso de los «petroaudios» en Perú, que estalló en 2008, durante el gobierno de Alan García pero cuyo proceso judicial realmente se inició en 2014 (se grabó a un directivo de la estatal petrolera negociando sobornos en favor de una empresa noruega).
Estos y otros ejemplos muestran una íntima asociación entre los extractivismos y la corrupción. Es que los extractivismos en casi todos los casos implican emprendimientos que tienen efectos ambientales (y sociales) tan negativos, que la corrupción es necesaria al menos en dos frentes: para ocultar sus impactos y consecuencias, y para lograr la asistencia del Estado en imponerlos.
Sin sobornos nunca se habrían concretado esos emprendimientos.
Por esa razón no puede sorprender que un reciente análisis de la organización que nuclea a la mayor parte de los países industrializados (OCDE), sobre los sobornos en los negocios internacionales, ubicó al sector extractivista en el tope de la lista. En su revisión de 427 casos, ese primer lugar fue del 19% en los extractivismos, seguido por la construcción en segundo lugar (15%).
Hurgando entre los extractivismos se encuentran todos los tipos posibles de corrupción. Los más conocidos son los sobornos (coimas, mordidas), pero además están el cohecho, por ejemplo para que un funcionario público autorice un mal informe de impacto ambiental, el tráfico de influencias para favorecer concesiones mineras o petroleras que anulan territorialidades indígenas o campesinas, encubrimientos para ocultar impactos, pongamos por caso, de un derrame, la obstrucción de la justicia por funcionarios públicos, o la prevaricación en los juzgados que no atienden la violencia ejercida por empresas extractivistas.
Se repiten abordajes entre medios y analistas convencionales que reaccionan ante la corrupción sobre todo por sus impactos económicos. Ellos se alarman por las pérdidas que todo eso acarrea para el crecimiento económico o cómo entorpecen el clima de negocios para las empresas. Esto ocurre cuando la corrupción escala a tales niveles que incluso impide la dinámica que ellos consideran debería ser «normal» en los mercados.
Pero es necesario dar unos pasos más allá de esa mirada. Sin duda, la corrupción tiene efectos económicos que no pueden ser negados, y son más amplios, afectando por ejemplo a pequeñas empresas o cooperativas locales que pueden ser desplazadas, y que incluso llega hasta la economía familiar. Pero también hay un costo económico cuando una comunidad debe lidiar con el agua o los suelos contaminados por un emprendimiento extractivista autorizado gracias a la corrupción.
Ahora sabemos que la corrupción jugó papeles decisivos en proyectos que no tenían sentido económico y mucho menos ecológico. Ese es el caso de la enorme represa de Belo Monte, en el río Xingú (Brasil). Esa obra implica un fenomenal impacto ambiental en ecosistemas amazónicos, es innecesaria desde un punto de vista energético, y tendrá consecuencias negativas para los pueblos indígenas del área. Era un proyecto rechazado una y otra vez por las comunidades locales, por académicos, e incluso por buena parte de las autoridades ambientales del gobierno brasileño.
Sin embargo, a pesar de todo, se la impuso y fue finalmente construida. Ahora sabemos que, según las denuncias, para llevarla adelante se pagaron sobornos por un poco más de 40 millones de dólares. Este caso muestra un fenómeno perverso, donde una obra es impuesta para así poder recibir los sobornos, y éstos, a su vez, eran requeridos para otros fines, tanto empresariales como partidarios.
Ningún país está a salvo de estos problemas. Los titulares actuales están centrados en los casos en Argentina, Brasil o Venezuela, pero aún en los países que se presentan como los más inmunes a la corrupción, Chile y Uruguay, están afectados, y allí también encontramos a los extractivismos.
En Uruguay, la estatal petrolera ANCAP fue objeto de una investigación parlamentaria que hará denuncias en la justicia. Se descubrió, por ejemplo, que uno de sus gerentes participaba en una empresa privada que la propia petrolera contrataba. En Chile, en el llamado «caso Penta» se encontró que el subsecretario de minería del gobierno Piñera recibía un sobresueldo que posiblemente servía para aprobar un proyecto minero. A ese caso le siguió la revelación de la trama de pagos de la minera SQM hacia políticos y partidos.
La corrupción en los extractivismos es mucho más grave de lo que parece a simple vista por estos casos. Poco a poco está penetrando en ámbitos más profundos de la vida social, cayendo en extremos de mercantilizar de la vida social y la Naturaleza. Nadie está a salvo, y es alarmante que ya esté erosionando a comunidades campesinas e indígenas.
Por ejemplo, en Bolivia, el llamado Fondo Indígena se nutría de un impuesto sobre los extractivismos de hidrocarburos, y su manejo recaía en delegados de confederaciones indígenas y campesinas. Las investigaciones hoy en marcha muestran que varios dirigentes desviaron fondos para beneficios personales y hacia actividades electorales para apoyar al gobierno. Algunos dirán que este es un caso más de corrupción ligada al extractivismo petrolero. Pero allí hay un problema mucho más intrincado al develarse que una lógica utilitarista y mercantil obsesionada con el dinero, y ubicada por encima de cualquier otro saber o sensibilidad, o sea, la actitud del que adhiere a la corrupción, también ha alcanzado esos «mundos» indígenas. En el mundo de la corrupción no hay lugar para muchos de los grandes aportes que nos muestran los modos de pensar y sentir indígenas, como la Pachamama o el Buen Vivir.
Para que quede claro: los extractivismos están inmersos en redes de corrupción, presentes en todos los sectores, y en todos los países. Nadie está a salvo. Allí donde encuentren los grandes emprendimientos extractivos, con los mayores impactos ambientales, territoriales y sociales, es más probable que en algún sitio se esconda la corrupción. Esta es útil para lograr aprobaciones o mantenerlos funcionando. Es también necesaria para ocultar o minimizar impactos, o para controlar a las comunidades locales y la resistencia ciudadana. Los enormes volúmenes de dinero que mueven algunos de esos emprendimientos generan muy fuertes presiones para encontrar canales que usan la corrupción.
Si se mantienen los extractivismos depredadores se repetirán una y otra vez los casos de corrupción. Por ello, queda establecida una asociación que muestra que la lucha contra la corrupción obliga a abandonar esos extractivismos.
Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Una primera versión de este artículo se publicó en ALAI (Quito); la versión definitiva en Ambiental.net Contacto: @EGudynas
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