Por lo menos 81 muertos, 39 de ellos policías, rebeliones en 83 presidios, 56 autobuses incendiados y ocho bancos damnificados aterrorizaron a la sureña São Paulo y a otras ciudades en los tres últimos días de la más violenta demostración de poder del crimen organizado en Brasil.
Fueron más de 180 ataques del denominado Primer Comando de la Capital (PCC), grupo que se organizó desde las cárceles del meridional estado de São Paulo y que ya había protagonizado una demostración de fuerza cinco años atrás, promoviendo motines en 24 unidades carcelarias.
El pánico paralizó parcialmente a la mayor ciudad de Brasil este lunes. Dejaron de circular casi un tercio de los 15.000 autobuses que constituyen el principal medio de transporte colectivo en São Paulo, por los ataques a esos vehículos sobre todo en la zona sur de la ciudad. Las escuelas y una parte del comercio también interrumpieron sus actividades. Un aeropuerto estuvo inactivo por dos horas, ante amenazas de bombas.
La ola de rebeliones de presos se extendió el domingo a 10 presidios de los vecinos estados de Paraná y Mato Grosso do Sul, pero las autoridades locales lograron controlarlas este lunes, dejando como resultado cuatro reclusos muertos por sus pares e instalaciones destruidas.
El último balance de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sao Paulo, a media tarde, apuntaba 36 muertos entre sus agentes, 22 de ellos policías militares, ocho carceleros y seis policías civiles. La lista de muertos incluye también tres guardias municipales, cuatro civiles y 38 presuntos delincuentes caídos en confrontaciones con uniformados, además de 49 heridos.
Pero las informaciones no confirmadas oficialmente dan cuenta de por lo menos 15 presos muertos, siete asesinados por otros reclusos y ocho asfixiados por el humo de colchones incendiados en una cárcel.
De los 73 presidios amotinados, la mitad de los existentes en el estado paulista, un tercio permanecía en manos de los presos hasta mitad de la tarde de este lunes, con más de cien rehenes, entre carceleros y familiares que hacían visitas el domingo, Día de las Madres.
Este brote de violencia criminal, con motines carcelarios y ataques externos, tiene un carácter distinto de las sublevaciones anteriores organizadas por reclusos que reclamaban mejores condiciones de las prisiones, protestaban contra la superpoblación carcelaria, torturas y falta de asistencia jurídica y sanitaria, dijo a IPS Heidi Cerneka, coordinadora de la Pastoral Carcelaria de la Iglesia Católica en São Paulo.
Esta vez, con tantos asesinatos y la violencia que traumatizó a millones de personas, no se puede decir que se trate de una lucha por derechos, pues se trató de una «demostración de poder», una respuesta al gobierno estadual por haber trasladado a 756 presos considerados dirigentes del PCC a un presidio de seguridad máxima en Presidente Venceslau, pequeña ciudad a 600 kilómetros de São Paulo, estimó Cerneka.
Las autoridades, al parecer, tenían conocimiento de que una gran rebelión carcelaria estaba programada para el domingo y trataron de desarmar la operación, trasladando a sus líderes. La reacción fue la ola ampliada de ataques y motines, para mostrar el poder del grupo ante el Estado y su capacidad de tomar represalias a las medidas gubernamentales.
«Nada justifica tanta violencia, tantas muertes y la diseminación del terror en la sociedad», según Cerneka, cuya función le permite conocer bien la situación de los encarcelados, la violencia que sufren y las condiciones sociales, de pobreza, de desempleo y de falta de asistencia a la salud, que aumentan la criminalidad y la cantidad de detenidos.
La Pastoral Carcelaria tiene cerca de 1.400 agentes que prestan asistencia a la enorme población de reclusos del estado de São Paulo.
Ese estado concentra casi 40 por ciento de los detenidos del país, cuya cantidad crece peligrosamente desde los años 80. Son cerca de 140.000 presos en más de 140 prisiones en el estado de 37 millones de habitantes, un quinto de la población nacional y la economía más rica del país.
El gobernador paulista Claudio Lembo rechazó la ayuda del gobierno nacional, asegurando que tenía la situación «bajo control» de la policía militar y civil estadual. Pero la ofensiva del crimen organizado atemorizó a los policías con los asesinatos de varios agentes en ataques personales, en general cuando estaban en días libres. Las acciones contra autobuses y bancos buscaron paralizar la capital por el terror.
Curiosamente, todo el poder demostrado por los delincuentes no se aplica para liberar a los detenidos, sino para protestar contra el traslado de sus líderes a prisiones más seguras y alejadas de la capital.
Al reunir gran cantidad de condenados, las prisiones han cumplido un papel importante en la organización de la delincuencia en Brasil. Las nuevas tecnologías de comunicación, especialmente los teléfonos celulares, permiten a los grupos organizados coordinar sus acciones bajo órdenes de sus jefes encarcelados.
El celular es «más peligroso que una arma», según un jefe policial de São Paulo que reclamó de las autoridades el bloqueo de toda la comunicación por teléfonos móviles en las áreas cercanas a los presidios, como forma de impedir la acción del crimen organizado.
El PCC, la mayor «facción criminal» de São Paulo, estaría comandado por Marcos Camacho, alias Marcola, detenido varias veces desde los años 80, y quien cumple desde 1999 una condena de 22 años de prisión por asaltos.