Ante las movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el gobierno busca legalizar la criminalización de las organizaciones movilizadas contra las políticas neoliberales y extractivas.
El 8 de junio de 2022, las bancadas legislativas lideradas por el presidente Guillermo Lasso, Jaime Nebot y Rafael Correa aprobaron la Ley de uso progresivo de la fuerza, normativa que flexibiliza los límites a las acciones de la policía nacional y de las fuerzas armadas.
Bajo pretexto de combatir al crimen organizado y al narcotráfico, esta normativa puede prestarse para criminalizar la protesta social, pues, entre otros objetivos, busca controlar las movilizaciones de los sectores empobrecidos, que en las últimas tres décadas han sido hechos fundamentales para democratizar la sociedad ecuatoriana, ampliar los derechos colectivos, interpelar al sistema político y combatir la sistemática exclusión y despojo extractivista a la que están sometidos los pueblos y nacionalidades indígenas.
Hoy, ante las movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el gobierno, al igual que los anteriores, busca legalizar la criminalización de las organizaciones movilizadas contra las políticas neoliberales y extractivas. Insensible ante los impactos heredados de la pandemia del coronavirus, que golpean gravemente la economía de las familias pobres, el gobierno prioriza un paquete de medidas económicas que favorecen a sus partidarios, los principales grupos de poder del país. En estos dos años, la pobreza y las desigualdades sociales han alcanzado niveles inéditos en nuestra historia.
El movimiento indígena se ha mostrado favorable a un diálogo transparente y responsable con el gobierno para tratar diez puntos planteados en el documento entregado al Ejecutivo, y que este acuerde públicamente soluciones concretas, dejando de lado su discurso ambiguo y confuso, y reconsidere sus orientaciones, como la privatización de servicios públicos y la entrega del 48% del territorio a la minería, ya que solo profundizan la crisis que lleva a movilizarse a los sectores empobrecidos.
Desde ALAMES Ecuador demandamos al gobierno dialogar de manera abierta y constructiva con el movimiento indígena, con respuestas aplicables a sus demandas, lo cual dará una salida pacífica el conflicto. Además, condenamos la política represiva aprobada e impulsada por las bancadas legislativas del gobierno y de sus aliados correístas y socialcristianos, que solo incrementan la violencia.
Denunciamos que, al contrario de las respuestas esperadas, se acaba de firmar un decreto de excepción que, además de otras acciones de represión prohibidas en los acuerdos internacionales sobre DDHH, restringe la comunicación en internet y permite que la fuerza pública entre a los domicilios para apresar sin debido proceso a cualquier persona.
Pedimos a las organizaciones de los pueblos hermanos del mundo estar vigilantes hasta que la violencia estatal promovida por intereses partidarios deje de atentar contra la vida de quienes solo buscan se respete su derecho a la salud, educación, alimentación y paz.
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