(Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil, tomado de Virginia Bolten) La batalla dada contra los cuerpos de las mujeres cis y hombres trans es una de las más importantes en este espacio-tiempo bajo lo que llamamos «democracia». En un sistema de control y opresión el cual mira a los ovarios para su reproducción y mantenimiento. En el […]
El derecho a decidir sobre el propio cuerpo esté reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. La Declaración Universal de los Derechos Sexuales trata de la autonomía, integridad y seguridad del cuerpo sexual «involucra la habilidad de tomar decisiones autónomas sobre la vida sexual de unx dentro de un contexto de la propia ética personal y social. También incluye el control y el placer de nuestros cuerpos libres de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo». Sin embargo, la batalla por ascender a la categoría de humana aún es una realidad para las mujeres, siempre vigilantes acerca de sus derechos y del cuestionamiento de los mismos -aún más en momento de crisis. Las evidencias están en los sistemáticos intentos de criminalizar los cuerpos y las existencias a través de los aparatos estatales, atravesados por la moral religiosa.
La ética social en las civilizaciones occidentales es una mera ilusión. La mezcla entre Estado y religión, la profundización de la desigualdad y de feminización de la pobreza, la imposición de leyes basadas en códigos morales y colonizadores son las bases de sostén del sistema que además de genocida es hipócrita.
El recrudecimiento de las acciones en contra la liberación de las mujeres (todas ellas), es una respuesta al levantamiento feminista por lo cual venimos pasando en este siglo. Frente al miedo del empoderamiento de las mujeres y la imposibilidad de dar los debates sobre las estructuras que someten a las mujeres a través del sistema heteropatriarcal, la respuesta es más violencia. No es sólo para demostrar poder, sino también para desmantelar los logros obtenidos en décadas de lucha.
En Brasil, el último 8 de noviembre, el proyecto de ley 181/2011 que trata de cambiar dos artículos de la constitución del país para definir que la vida empieza desde la concepción -a partir de la fecundación- fue aprobado por 18 votos a favor y 1 en contra. Todos los votos a favor fueron de varones, el único en contra fue de la Diputada Erika Kokay (PT-DF). El proyecto fue presentado por el diputado Jorge Tadeu Mudalen (DEM) y es articulado con la bancada evangelista en la Cámara Baja. Con la modificación en el texto, los casos de interrupción del embarazo proveniente de violación, anencefalia y riesgo de muerte para la mujer -que hoy son permitidos por ley- pasan a ser prohibidos y considerados delitos.
En defensa de la vida -argumento utilizado por los defensores del proyecto- los legisladores ignoran los números de la OMS (Organización Mundial de la Salud) que revelan que cada dos días una mujer muere en consecuencia de abortos clandestinos en el país. Las mujeres pobres y negras son las que más mueren ya que no disponen de recursos para realizar el procedimiento de interrupción del embarazo en condiciones mínimamente seguras. Los mismos diputados que votaron en contra la despenalización del aborto en casos extremos, también impulsan la campaña de la baja de edad de imputabilidad penal. Caracterizando una nítida criminalización de la pobreza y racismo institucional.
Mientras crece la representación de las camadas conservadoras en los espacios de poder institucionales, también crece el número de feministas ocupando las calles, las redes y las universidades. El movimiento llamado «Primavera de las Mujeres Brasileras», que ocurrió en 2015, fue lo más importante de la historia feminista del país y sigue poniendo el debate sobre el derecho de las mujeres como eje fundamental a fin de visibilizar las violencias cotidianas en un país que es el quinto más violento del mundo para las mujeres.
Vanessa Dourado es escritora y feminista latinoamericana