Los movimientos sociales, activados por la batalla en torno a la inhabilitación de la presidenta Dilma Rousseff, alimentan las esperanzas de la reconstitución del sistema político de Brasil, convertido en tierra arrasada por los escándalos de corrupción. «El momento es de la sociedad civil», resumió a IPS el cientista político Breno Bringel, quien investiga el […]
Los movimientos sociales, activados por la batalla en torno a la inhabilitación de la presidenta Dilma Rousseff, alimentan las esperanzas de la reconstitución del sistema político de Brasil, convertido en tierra arrasada por los escándalos de corrupción.
«El momento es de la sociedad civil», resumió a IPS el cientista político Breno Bringel, quien investiga el tema como profesor del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y confía en la juventud de las periferias como fuerza renovadora.
Rousseff, acusada de fraudes fiscales en un proceso parlamentario en que ya votaron en su contra 71,5 por ciento de los diputados, difícilmente escapará del juicio político y de la destitución.
También los principales líderes y partidos son acusados por la fiscalía de haber recibido fondos desviados de la empresa petrolera estatal Petrobras y otras grandes compañías.
Las masivas manifestaciones callejeras que se suceden en Brasil desde 2013 destaparon un fuerte rechazo a los políticos. Los activistas a favor de la destitución de la presidenta abuchearon y expulsaron a líderes opositores que buscaban incorporarse a las protestas.
Los actos en defensa de Rousseff no adoptaron la actitud antipolítica, pero buena parte de los presentes untualizó, con sus pancartas «por la democracia», que no estaban allí en apoyo al gobierno, sino para rechazar el proceso de inhabilitación, por considerarlo antidemocrático y producto de una ofensiva de la derecha.
«Es el fin de un ciclo», otro tipo de movilizaciones callejeras deberá predominar luego que Rousseff sea suspendida de la Presidencia, probablemente el 12 de mayo, y asuma un gobierno encabezado por el vicepresidente Michel Temer, vaticinó Bringel.
La presidenta será separada del poder para responder a un juicio ante el Senado, en un proceso que puede prolongarse por hasta 180 días, con investigaciones, testimonios y debates que culminarán en un fallo final sobre su destitución definitiva o absolución.
«Serán manifestaciones más críticas, con participación más diversificada, con más pobres de las periferias urbanas y trabajadores que no estuvieron representados en la polarización (contra y a favor de la inhabilitación presidencial), que no es falsa pero sí simplificadora de la realidad política», evaluó el investigador.
El centro del nuevo ciclo serán las cuestiones urbanas, como derecho a la ciudad y mejores condiciones salud, educación y vivienda, aunque no se pueda prever que demandas movilizarán más activistas, matizó.
Su referencia de esa nueva tendencia son las protestas desatadas en junio de 2013 por un grupo de jóvenes que tumultuaron las calles de la sureña metrópoli de São Paulo y de otras ciudades, para combatir el alza de los transportes colectivos locales.
La agitación, que cuestionó la representatividad de los poderes constituidos, se diseminó por el país, incorporó numerosos participantes y demandas, incluyendo el boicoteo contra la Copa Mundial de Fútbol de 2014, degeneró en cruentas confrontaciones callejeras con la policía y se extinguió naturalmente.
La oleada actual de manifestaciones, iniciada en marzo de 2014, volvió al formato tradicional de lucha por el poder, entre los que promueven la destitución de Rousseff, buenas parte sin querer ser confundidos con los partidos opositores, y aquellos que la defienden.
«Ahora la lucha de clases se intensificó nuevamente y tendremos desenlaces incontrolables, con más conciencia social y energías positivas en la sociedad», evaluó João Pedro Stédile, líder del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), movilizado para defender a Rousseff y combatir al probable gobierno del vicepresidente.
Los «golpistas», como califica a Temer y a los opositores, «tendrán vida corta porque no tienen un programa para solucionar las crisis económica, política, social y ambiental, ni representan la mayoría de la sociedad brasileña», sostuvo.
Stédile cree que Brasil vive un momento de «ascenso del movimiento social», con centenares de actos políticos y manifiestos con millones de firmas en este año.
Antes de 2013 se vivió un largo «descenso», debido al avance del neoliberalismo, «la derrota ideológica del socialismo a nivel internacional, el envejecimiento de las organizaciones históricas de clase, como los movimientos sindicales y estudiantil».
La llegada a la Presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva en 2003, paradójicamente no incrementó la movilización popular, que estuvo en el origen de su Partido de los Trabajadores (PT) y contribuyó a su triunfo electoral.
«Fue la experiencia de un gobierno de conciliación de clases, sin formación política de los movimientos y con los medios de comunicación bajo hegemonía burguesa, todo enfriando la lucha», analizó Stédile en diálogo con IPS.
Un brote de movimientos variados y fortalecimiento sindical se registró en el proceso de redemocratización brasileña, desde fines de los años 70, cuando aún se vivía la fase final de la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985.
El MST y la Central Única de Trabajadores, principal organización sindical del país, nacieron en la década de los 80, por ejemplo. Mujeres, indígenas, ambientalistas y defensores de derechos humanos lograron incluir disposiciones progresistas en la Constitución de 1988.
Lula conquistó el poder gracias a una alianza de sindicatos y el empresariado industrial, los grandes agricultores y parte intelectualizada de la clase media, «en un claro compromiso de conciliación de intereses para generar más empleos y ampliar el mercado interno», recordó Cándido Grzybowski, director del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (IBASE).
Su reelección en 2006 se respaldó en bases distintas, «su hegemonía electoral se debió al apoyo de los pobres, gracias a los programas sociales», compensando con creces la pérdida en las capas medias, acotó a IPS.
El más amplio y estelar de esos programas, Bolsa Familia, alcanzó a beneficiar 14 millones de familias en 2015, cerca de una cuarta parte de los 204 millones de habitantes del país.
En esas condiciones, los gobiernos del PT, conducidos por Lula y desde 2011 por Rousseff, «desmovilizaron los movimientos sociales, en parte por la cooptación de sus dirigentes», como pasó con el sindicalismo, según el director de IBASE, militante del PT en la década de los 80.
Pero ahora, con la crisis y el desempleo, el PT perdió casi todo el apoyo en la región del Nordeste, la más beneficiada por Bolsa Familia, y entre los trabajadores.
Grupos de jóvenes y nuevos movimientos están surgiendo «con mucha imaginación», pero «falta una agenda unificadora, consignas de pocas palabras que todos entiendan» para movilizarlos, observó Grzybowski.
Con los partidos nacionales, incluso el PT, amenazados de «implosión», las iniciativas de la sociedad civil «pueden inspirar nuevas fuerzas políticas», pero «la tendencia es que no florezcan, por falta de líderes», lamentó.
Su esperanza es que «tenga un fruto interesante el gran aumento de la población universitaria del país en las últimas décadas», con cuotas para pobres y negros, es decir «con más gente del pueblo», que a largo plazo debe resultar en creatividad social y política. «La historia es una sorpresa permanente», concluyó.
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2016/05/crisis-politica-reimpulsa-movimientos-sociales-en-brasil/