La Revolución Bolivariana transita su peor momento, y aun así no está derrotada. Pero la vía para salir de la crisis no parece ser una sola. Y del camino que se tome depende su futuro. El gobierno de Nicolás Maduro se inclina por las soluciones de mediano y largo plazo, pero en la calle hay […]
La Revolución Bolivariana transita su peor momento, y aun así no está derrotada. Pero la vía para salir de la crisis no parece ser una sola. Y del camino que se tome depende su futuro. El gobierno de Nicolás Maduro se inclina por las soluciones de mediano y largo plazo, pero en la calle hay urgencias inmediatas.
Los severos problemas en el abastecimiento de productos de primera necesidad a precios regulados ya son endémicos. Y desde hace al menos un año impacta especialmente en un área muy delicada: los medicamentos. A la ya conocida ausencia de medicamentos específicos para dolencias crónicas, se suma ahora la ausencia de casi cualquier antibiótico y antialérgicos, entre otros.
El gobierno de Nicolás Maduro se inclina por las soluciones de mediano y largo plazo, pero en la calle hay urgencias inmediatas.
Así, los afectados realizan largos peregrinajes por decenas de farmacias y los que tienen la suerte de no atravesar enfermedad alguna, se encomiendan a santos y a paganos, se cuidan y cuidan especialmente a los más pequeños.
La respuesta del gobierno central a este tema que genera profunda preocupación social no está a la altura de la gravedad de la situación. El presidente Nicolás Maduro se ocupó de anunciar personalmente la apertura de una línea telefónica 0-800 para ayudar a la población a ubicar qué farmacias poseen los medicamentos buscados. Pero comunicarse es imposible, al menos durante el día.
¿Qué queda entonces? Recurrir al mercado negro. Al igual que con los alimentos, allí se consigue casi todo, pero a precios viles. Multiplicados cien, mil veces el que figura en la cajita. Un reciente trabajo presentado en el canal estatal Venezolana de Televisión muestra con cabalidad el mecanismo: se llama a teléfonos que aparecen en cadenas de mensajes de texto y en redes sociales, se pauta un encuentro callejero y los medicamentos llegan al consumidor final en contactos furtivos.
Nada furtivos se ve mientras tanto a los buhoneros, tal como se conoce en Venezuela a los vendedores ambulantes. Los que antes vendían ropa, pequeños juguetes, lapiceros o CDs y DVDs «quemados», ahora se dedican al lucrativo negocio de vender todo aquello que no llega a los supermercados y almacenes. Otra vez el canal estatal mostró al detalle en estos días cómo en zonas del este de Caracas la venta ambulante, antes accesoria, se volvió vital en la vida diaria.
¿En Venezuela hay millones de corruptos y desalmados aprovechadores? No. Claro que no.
Es saludable la aparición de estos trabajos especiales en el canal del Estado, que llegan de la mano de una nueva dirección, compuesta en su mayoría por jóvenes que se formaron en el mismo canal, al igual que el nuevo ministro de Comunicación e Información. Mostrar lo que pasa, lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo, nunca puede ser perjudicial. Pero el iceberg está, casi todo, debajo del agua.
Y es que las largas y extendidas y perennes colas para comprar productos regulados, los buhoneros que tienen todo lo que falta en los anaqueles, los bachaqueros de medicinas y de todo lo que se pueda trasegar del mercado regulado al negro (desde un antialérgico hasta un auto 0km, pasando por harina, pollo, papel higiénico o pasajes de avión) forman parte de un complejo entramado.
Entramado del que participan no miles sino millones de personas. ¿Entonces en Venezuela hay millones de corruptos y desalmados aprovechadores? No. Claro que no.
Revisemos un caso repetido por millones, el de una ciudadana cualquiera de cualquier barriada de trabajadores que el día que le corresponde según su número de cédula de identidad hace cola para comprar productos esenciales a precios regulados. Probablemente llegará a hacer cola a las puertas de un establecimiento con el dato más o menos preciso de qué venderán ese día. Aun así, comprará todos los productos regulados que pueda (los más buscados, harina de maíz, mantequilla, aceite, pañales, papel higiénico). Comprará no según lo que necesite sino según lo que haya. Podrá guardar una parte para su consumo y otra la venderá a una red de «intermediarios» que están pululando en el mismo local. Así, obtendrá ingresos adicionales necesarios para comprar los productos que no están regulados (otros alimentos, vestimenta, etc.), a precios castigados por la inflación y la usura.
Sumemos a esta historia infinitas variantes (anotemos también al «profesional» que se dedica a comprar y vender ya no como ocupación anexa sino como eje de su economía), y también a los que trasiegan productos merced a una posición privilegiada (desde los empleados hasta los encargados de los puntos de expendios, los dueños de supermercado, etc.). Y aquí no entramos todavía en la «guerra económica»: las grandes maniobras de desabastecimiento con fines especulativos y políticos, que también las hay, y muchas.
Hay grandes maniobras de desabastecimiento con fines especulativos
Insistimos: se ha montado una red muy difícil de desarmar, y que creció ante la mirada distraída de las autoridades. La «Operación Gorgojo» lanzada por el ministerio del Interior que ya puso tras las rejas a decenas de encargados en distintos niveles de la red de distribución estatal de alimentos demuestra que el Estado sí tiene herramientas para reaccionar si hay decisión política y, a la vez, marca lo complejo de la situación: no es solo la guerra económica, el problema también está adentro y metido hasta los tuétanos.
¿Y la oposición? Entre el revocatorio y la enmienda
Mientras la preocupación crece y la paciencia del venezolano y la venezolana de a pie se estira hasta límites insospechados, la oposición sigue jugando al juego que más le gusta (o tal vez sea el único que saben jugar): reclamar la salida del gobierno de Nicolás Maduro. Es que hasta aquí la estrategia de montarse sobre la crisis no le ha dado malos resultados a la oposición. Por el contrario, aupados en el sistema de representación parlamentaria venezolano que otorga una importante sobrerrepresentación a la mayoría, se hicieron del control absoluto de la Asamblea Nacional y desde allí dirigen una acción en tres frentes: avanzan con leyes restauradoras; avivan el fuego de la pelea entre poderes del Estado y azuzan la salida del Presidente.
En ninguno de los tres frentes tienen el éxito asegurado. Es más, hasta ahora, no han obtenido victorias. Al cierre de esta nota se esperaba que la oposición definiera una estrategia para un cese «constitucional» del mandato de Nicolás Maduro, habida cuenta del fracaso de la violencia callejera promovida para «La Salida» en 2014. Las estrategias se reducen a dos: el revocatorio de mandato (promovida por el gobernador de Miranda y referente opositor Henrique Capriles) y la enmienda constitucional para acortar el período presidencial (promovida por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup).
Ninguna de las dos opciones es simple. La primera -revocatorio- demanda una campaña de avales (20 por ciento del registro electoral de más de 19 millones de votantes), luego una elección por el sí que debe ganar no por un porcentaje sino por más de 7.587.579 votos, que es la suma de los votos que obtuvo Nicolás Maduro en abril de 2013 y aún superado este duro escollo (todos en la oposición saben que no tienen ese piso asegurado) deberían ganar una elección presidencial sobrevenida frente a un chavismo que hasta aquí ha demostrado que sabe unirse en los retos electorales a todo o nada. Además, si el revocatorio no se realiza antes del 10 de enero de 2017 y aún con Maduro revocado, le correspondería asumir el gobierno al vicepresidente ejecutivo (hoy el veterano dirigente chavista Aristóbulo Istúriz), para completar el mandato hasta el 10 de enero de 2019. Es decir, el revocatorio es la vía constitucional para que la oposición cumpla su sueño de salir de Maduro, pero no tienen garantizada la victoria.
Por eso, otros en la oposición se decantan por la enmienda constitucional, promovida por la Asamblea Nacional. En ese escenario sólo se necesita una aprobación de una ley de enmienda, que debe llevarse a referéndum popular, que se decide por mayoría simple de los votantes. Así, podría llevarse a referéndum una enmienda para acortar el mandato presidencial (de seis a cuatro años) con una cláusula especial y transitoria, para aplicar el acortamiento también al período vigente.
Pero en este escenario una eventual victoria del Sí a la enmienda es apenas el comienzo de la disputa. Es que los constitucionalistas advierten que una enmienda es perfectamente viable para un mandato futuro, pero no para el vigente, ya que el presidente en funciones fue elegido por voto popular para un período determinado (en el caso de Maduro, para completar el mandato de Hugo Chávez, que comenzó el 10 de enero de 2013 y termina el mismo día de 2019).
Allí la última palabra la tendría la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ya ha mostrado no estar dispuesta a darle respiro a la Asamblea Nacional opositora.
Así, los más pragmáticos en la Mesa de la Unidad Democrática saben que la única «salida» posible a corto plazo pasa porque la crisis económica siga socavando la aceptación del gobierno de Nicolás Maduro en sus propias bases. Que los casi tres millones que en 2012 votaron a Chávez pero que faltaron a las urnas en diciembre pasado comiencen a asumir un rol más activo (electoralmente hablando) contra el chavismo, azuzados no por un discurso opositor que no les permea, sino por el avance de la crisis y la incertidumbre por su resolución.
Todas las cartas están sobre la mesa y la solución es de política económica. Y allí, como en todo, los caminos son varios, y profundamente divergentes. En esos senderos divergentes hay en juego más que la continuidad del presidente Maduro. Es la continuidad o no de la Revolución Bolivariana.
* Periodista argentino, editor de Questiondigital.com, corresponsal de Hispantv en Caracas