Quizá una imagen que condensa el acontecimiento creado en el Ecuador durante las jornadas de protesta en contra de varias medidas de ajuste, tomadas al tenor del acuerdo con el FMI, sea aquella de la noche del domingo 13 de octubre de 2019, en donde negociaban la paz, de una parte y en representación del […]
Quizá una imagen que condensa el acontecimiento creado en el Ecuador durante las jornadas de protesta en contra de varias medidas de ajuste, tomadas al tenor del acuerdo con el FMI, sea aquella de la noche del domingo 13 de octubre de 2019, en donde negociaban la paz, de una parte y en representación del pueblo del Ecuador (y no se trata de ninguna exageración), la dirigencia del movimiento indígena y, justo frente a ellos, todos los poderes del Estado: el Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional, el Presidente de la Función de Participación Ciudadana y Control Social, la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General del Estado, el Contralor General.
Esa imagen resume, concentra y proyecta el momento político del Ecuador porque constituye al movimiento indígena en interlocutor e interpelante no solo de una política económica del gobierno, sino de una forma de construcción del Estado, su sistema político y económico. Es la representación más pura y más icónica de lo que significa el Estado Plurinacional.
Para llegar a ese momento, fue necesaria una movilización social inédita, al menos desde los años cuarenta del siglo pasado, y eso es mucho decir en un país que ha destituido por la vía de la movilización social a varios presidentes de la república.
El detonante de esa movilización fue el Decreto No. 883 que liberó el precio de los combustibles y, de esta manera, eliminó el subsidio a la gasolina extra y al diésel, en conformidad con los compromisos asumidos con el FMI en marzo del mismo año. Siempre será una incertidumbre que desafía al sentido común, tratar de comprender cómo un gobierno que no tenía casi ningún capital político y ninguna base de sustentación social, pudo haber tomado una medida de consecuencias sociales tan importantes como aquella.
Entre la presión de su equipo económico por cumplir las prescripciones establecidas por el FMI y el principio de realidad que le decía que esas políticas económicas no tenían ninguna posibilidad de ejecutarse, y que además no eran necesarias en términos fiscales y macroeconómicos, el régimen optó por la esquizofrenia de negar lo evidente: no tenía ningún espacio de maniobra para imponer las condicionalidades del acuerdo con el FMI y, como los esquizofrénicos, escuchó voces que provenían de su propio sentido de realidad para tratar de legitimar y justificar la irracionalidad de sus propias decisiones.
De esta forma y ante un hecho concreto que ameritaba respuestas concretas, el régimen acudió al expediente de culpar al anterior gobierno y convertirlo en adversario e interlocutor de la crisis que él mismo generó.
Se trató de un regalo de los dioses para los responsables del anterior gobierno que tenían que vérselas con varias denuncias ante la justicia, que no tenían casi ninguna capacidad de movilización social, y cuyo capital político se deterioraba a una velocidad imparable, pero que de pronto se convirtieron en el centro de un debate del cual, hasta ese momento, no habían tenido nada que ver.
El régimen resignó cualquier posibilidad de enmarcar la crisis dentro de la política, porque había desalojado de esa esfera toda posibilidad de resolverla, ya que había colocado en su centro a sus propios enemigos personales, en la ocurrencia, a los cuadros políticos del anterior gobierno, en especial el expresidente y ex-aliado Rafael Correa.
Mientras el país literalmente se incendiaba, el régimen se enfrascó en una guerra contra sus propios fantasmas, y se aferró como el náufrago en mar gruesa, y por increíble que pueda parecer, a la teoría de la conspiración. El régimen pensó que al adscribir la movilización social a la teoría de la conspiración de sus enemigos políticos podía deslegitimar la protesta social al tiempo que destruir a sus enemigos más inmediatos y ganar gobernabilidad. Esta estrategia se validaba desde esa esquizofrenia de inventar una realidad que solo existía en su propio delirio.
Así, en ese vacío político, la conducción y gestión de la crisis salió de la política y se refugió en el cuarto de guerra del Ministerio de Defensa. Lo que pudo y debió haber sido una negociación política y el reconocimiento que las medidas de ajuste del FMI siempre implican conflicto social, se convirtió, para el Ministerio de Defensa, en una guerra contra el pueblo, que no veía manifestantes y organizaciones sociales sino combatientes.
Para los halcones de la guerra, la política se soluciona siempre y en todo momento con dosis heurísticas de violencia, miedo y terror. Ellos están convencidos que si incrementan más que proporcionalmente esa dosis, el enemigo, tarde o temprano, terminará rindiéndose. Y esa metodología fue la que aplicaron en el Ecuador desde el momento en el que empezó la crisis, de ahí la cantidad increíble de heridos, prisioneros y asesinados. Con cada minuto que pasaba, se incrementaba la violencia a niveles que rozaban el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, a medida que esa violencia se incrementaba, empujaban cada vez más a sectores sociales a unirse a las protestas y a tomar partido. Desde el inicio de la crisis, la convergencia de sectores sociales hacia la movilización social en contra del ajuste económico crecía de forma significativa, y la movilización se transformaba, no solo en una exigencia por la derogatoria del Decreto 883, sino también en una apelación unánime por la paz y el cese de la violencia. Todos ellos reconocían en la CONAIE la legitimidad de la conducción estratégica de la movilización y su vocería.
Así, los halcones provocaron el efecto inverso al que buscaban: la exacerbación de la violencia dio más espacio de maniobra, más legitimidad, más apoyo y más fuerza al movimiento indígena y sus aliados, y transformó la demanda por justicia económica en una lucha por la paz. Por eso, las negociaciones con el gobierno, fueron negociaciones por la paz.
Mientras el gobierno renunció al sentido común y se enfrascó en una guerra con sus imaginarios enemigos políticos y no se movió de las coordenadas de su propia teoría de la conspiración, y dejó en manos de los halcones la resolución del conflicto social, la CONAIE hizo exactamente lo contrario: situó las coordenadas del conflicto dentro de la política, del modelo de acumulación y de los acuerdos con el FMI. Esto marcó una asimetría de interpretación, de conducción, de estrategia, de táctica y de discurso entre el gobierno y el movimiento indígena que tuvo consecuencias importantes y que explica y contextualiza la derrota del gobierno.
La CONAIE había aprendido de la historia que era más fácil cambiar de presidente de la República que alterar el modelo económico. En esta coyuntura, el movimiento indígena apuntó al centro del problema: el acuerdo con el FMI que se expresaba en las medidas económicas como aquella de la liberación del precio de los combustibles. Si se lograba la derogatoria de esa medida, la maquinaria neoliberal comenzaría a fallar. Su colapso ulterior dependería de las futuras acciones que emprenderían el movimiento indígena y sus aliados.
Lo prioritario, para la CONAIE en esta coyuntura, no pasaba de ninguna manera por el cambio de presidente de la República, que además es apenas una ficha en el tablero real del poder, sino por alterar las condiciones de la dominación económica que esta vez tenían en el neoliberalismo su marco de referencia y su condición de posibilidad. La CONAIE, de esta forma, se sustrajo de la maniobra que pretendía involucrarla en un conflicto entre el gobierno y sus enemigos personales. Para la CONAIE el objetivo era derogar el Decreto 883 para empezar a desmontar el engranaje neoliberal. Nunca estuvo en sus prioridades ningún cambio de gobierno ni mucho menos.
Pero el gobierno resignó toda posibilidad de dar una lectura política a sus propias decisiones, creyó en sus propios simulacros y empezó a generar gestos de desesperación como trasladar la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil, e insistir en un complot internacional en su contra.
Mientras la CONAIE planteaba y posicionaba un debate político-económico y sumaba cada vez más adhesiones y más aliados, y su espacio político crecía de manera inversamente proporcional al espacio político que perdía el gobierno, los aliados políticos del régimen, en especial la derecha, las cámaras empresariales y los grandes medios de comunicación se perdían en el laberinto de sus propias contradicciones.
No acertaron, ninguno de ellos, a comprender ni a interpretar de forma correcta la coyuntura. Hicieron de corifeos y sicofantes de los argumentos del gobierno y resignaron posiciones que comprometían su legitimidad en el largo plazo y su margen de maniobra en el corto plazo.
Sin duda alguna, el epítome del grado cero de inteligencia y perspicacia política lo representa el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot y, hasta ese momento, el candidato más fuerte de la derecha política para la presidencia de la república. En una jugada rocambolesca que no tenía significación alguna para el momento político que vivía el país, y en plena efervescencia de la movilización social en contra del ajuste neoliberal, Nebot organizó una marcha en la ciudad de Guayaquil, supuestamente para defender la ciudad (¿de quién?), pero que únicamente sirvió para inmolarse políticamente y perder, en pocas horas, todo el capital político que había acumulado en años. De esta manera, deja sin capacidad de representación importante a la derecha en el sistema político.
Lo mismo sucedió con los grandes medios de comunicación que no entendieron que en la sociedad de la información y de las redes sociales, ya no existe ni el privilegio ni el monopolio de la información. Los referentes para construir una interpretación más objetiva del mundo y de la política, ya no pasan por la pantalla del televisor, ni por las páginas de los periódicos, sino por la democracia de las redes sociales.
El desgaste y la desesperación del gobierno producto de sus errores, en un contexto en el que pasaban los días y la movilización social se fortalecía cada vez más, así como la incapacidad de resolver el conflicto por parte de los halcones que llevaron la violencia al clímax, los llevaron a tomar iniciativas que evidenciaron su debilidad: en los primeros momentos de la resistencia social se intentó desmovilizar al pueblo a través de la declaratoria del Estado de excepción, y luego de más de diez días de movilización nacional, se decretó el toque de queda. Fue en ese preciso momento, que la CONAIE comprendió que había ganado la partida, lo demás era cuestión de tiempo.
En efecto, horas después del toque de queda y del repudio de la ciudadanía a esta medida, el gobierno imploraba por el diálogo a la dirigencia indígena. Había aceptado derogar el Decreto 883, pero quería enmascarar su derrota con algo de dignidad perdida: elaborar conjuntamente con la dirigencia indígena un nuevo decreto y tratar de salvar in extremis el acuerdo con el FMI. Se trataba de una maniobra que le permitía comprar un poco de tiempo, pero la partida había sido jugada ya, y el movimiento indígena, conjuntamente con el pueblo, la habían ganado. Bajo ningún concepto y circunstancia, el movimiento indígena y sus aliados iban a transigir con el modelo neoliberal, menos aún luego de su victoria. El gobierno lo sabía mas, a pesar de ello, persistía.
La derrota del gobierno le obligó a la catarsis y no encontró otra salida que arrimarse al filo del abismo: judicializa a los dirigentes sociales, persigue y criminaliza a todos aquellos a quienes considera sospechosos. Busca a las víctimas propiciatorias de sus propios errores. No obstante, su margen de maniobra disminuye a niveles dramáticos y su capacidad de gobernabilidad se reduce al mínimo. En realidad, es un gobierno zombie. Pero un gobierno acorralado y sin margen de maniobra puede ser aún más peligroso, y el movimiento indígena está perfectamente consciente de ello.
La CONAIE emerge en esta circunstancia como el sujeto histórico más importante en la historia contemporánea del Ecuador. Su capacidad de movilización fue puesta a prueba y demostró un alto nivel de coordinación nacional y un elevado grado de disciplina de toda su estructura organizativa. Demostró una renovación de sus cuadros dirigentes que respondieron a las exigencias de la coyuntura con solvencia, integridad moral y compromiso con su proyecto histórico. No existe en el Ecuador, una organización social a ese nivel. Su discurso político es coherente y demuestra un proceso de aprendizaje y elaboración conceptual que se armoniza con su tiempo histórico. Su capacidad de generar convergencias y articular estrategias con otras organizaciones sociales es también importante.
Los errores del gobierno, de la derecha política y de los medios de comunicación, transforman radicalmente el escenario del sistema de representación porque reducen, quizá como pocas veces en la historia política reciente, la capacidad política de la derecha y abren el espacio de posibles históricos para un proyecto progresista, democrático, y plurinacional.
El pueblo ecuatoriano ha escrito una de las páginas más importantes de la historia contemporánea que marca un hito en la resistencia en contra del neoliberalismo. Se trató de una rebelión popular que encendió una chispa y permitió comprender que el neoliberalismo puede ser derrotado y que otro mundo es posible, y que ha empezado ya su camino.
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