¿Cómo surge la idea del libro?
La idea del libro surge a raíz de las narrativas hegemónicas que en torno a los hechos de las protestas sociales se produjeron tanto en Cuba como en el exterior. Por un lado se encontraba la narrativa gubernamental, respaldada por la difusión masiva criminalizante de los medios estatales y sus aliados de la izquierda internacional. En el inicio negaron el propio carácter popular de las manifestaciones, bajo rótulos como: «apátridas», «agentes del imperialismo», «contrarrevolucionarios», «vándalos», «revolucionarios confundidos», «sujetos pagados desde el exterior», «mercenarios al servicio de las agendas federales norteamericanas», entre otros calificativos que insistían en la articulación de una agenda comunicacional previamente planificada, con el objetivo de derrocar el sistema político cubano (entendido por tales sectores como revolución). Además, rechazaban la tesis del estallido social bajo calificativos como «disturbios», cuyo objetivo consistía en negar el propio carácter movilizativo-popular de las protestas.
Dicha narrativa fue respaldada por sectores de izquierda (mayoritariamente estalinistas) que conservan una visión utópica del proceso de transformación social que cambió el juego político cubano en 1959. El problema de este enfoque radica en desconocer la legitimidad de las manifestaciones (que es además un derecho universal reconocido constitucionalmente). Dicha posición se complejiza en su propio discurso cuando le da la espalda a los actores socialistas y anticapitalistas que desde hace años alertan sobre la paulatina muerte del propio proceso revolucionario desde las altas esferas de poder, debido no solo a las políticas neoliberales impulsadas de forma aún más acelerada luego del 11J, sino que dicha realidad se combina con un escenario autoritario altamente represivo contra los intelectuales, artistas, escritores y ciudadanos que abogan por la apertura de mayores libertades dentro de Cuba.
Está documentado que la oligarquía burocrático-militar nucleada en torno a la nomenklatura partidista encabeza un proceso sistemático de concentración de las riquezas con altos niveles de opacidad, a pesar de los escándalos de corrupción suscitados desde 1989 que han sido imposibles de negar y comprometen según los medios de comunicación estatales la propia seguridad nacional. Este hecho revela que la clase gobernante prefiere negociar con los poderes globales del sistema-mundo capitalista, en lugar de fortalecer las potencialidades endógenas, impulsar con mayores niveles de incidencia social la propiedad cooperativa en detrimento de la privada o estatal —de forma que sea posible la generación de riquezas de manera colectiva/horizontalizada y armónica—, así como materializar la autonomía de los municipios, descentralizar el poder hacia los ámbitos locales involucrando a los trabajadores en la planificación económica, proporcionar una mayor democratización de los medios de comunicación públicos e incentivar una presencia permanente de la Asamblea Nacional para que se convierta en realidad su carácter de órgano representativo de la voluntad popular.
Todos esos elementos que contradicen el funcionamiento democrático del Estado en Cuba, también son decisivos en la forma como se entiende y maneja desde las esferas de poder la economía cubana de espaldas al pueblo: incapacitado de decidir sobre su futuro, en un sistema que supuestamente potencia el carácter socializado de la producción, distribución y consumo de lo que en materia de bienes se genera. Sin embargo, la realidad es totalmente antagónica a esos dictados y requiere una propuesta alternativa desde la izquierda, con las propias armas que ofrece el marxismo para su comprensión y transformación, a pesar de los posicionamientos estalinistas o dogmáticos que aún respaldan al régimen gobernante.
En materia económica, el resultado del despotismo excluyente salta a la vista ante la debacle productiva en la que se encuentra sumida la nación, pues predomina una permanente inseguridad alimentaria que se acrecienta con la dolarización del país, el aumento de la inflación, los desincentivos financieros, burocráticos y estatales hacia los productores locales, el sistemático declive de la industria nacional ante la descapitalización que padecen los distintos ámbitos salvo las irracionales inversiones destinadas al turismo que superan el 50 % del presupuesto del Estado, en momentos históricos de baja ocupación hotelera, según las propias estadísticas de la ONEI. Todo ello, sin obviar el deterioro de sectores tradicionalmente ejemplares en su funcionamiento, como son los ámbitos de salud, educación y deportes, cuya crisis se expresa en la escasez de medicamentos, utensilios para la atención en los centros hospitalarios, carencia de materiales escolares, así como emigración masiva de profesionales al exterior.
Por otra parte, resultan archiconocidas las crisis cíclicas de combustibles para la transportación pública y la generación eléctrica, los problemas recurrentes en el abastecimiento de agua, así como las falencias estructurales en la construcción y mantenimiento de viviendas con un déficit cercano al millón de habitantes. En resumen, el país padece las consecuencias de una crisis multidimensional sobre problemáticas sociales no resultas desde hace décadas, que acentuadas por el efecto de las sanciones norteamericanas y los estragos de la pandemia, se convirtieron en el catalizador de las manifestaciones populares del 11 y 12 de julio de 2021.
Ante ello, el otro bando de la disputa hegemónica representado por la oposición tradicional y los sectores derechistas radicados en el exterior, acariciaron la idea de ponerle fin al Gobierno; a pesar de que su presencia fáctica y capacidad de convocatoria influyente en el desarrollo de los acontecimientos resultó escasamente significativa, lo que fue reconocido incluso por gran parte de su membresía, empero las criminales convocatorias de intervención militar «humanitaria», para salvar a la población cubana de los efectos del «comunismo».
Los sectores agrupados en torno a dicho espectro ideopolítico, por lo general no reconocen las conquistas sociales del proceso revolucionario de 1959, la importancia que en materia de dignificación social para las clases populares significó la victoria de los rebeldes contra la dictadura de Fulgencio Batista. A su vez, niegan la praxis emancipatoria de las luchas descolonizadoras libradas en África al tildarlas de injerencia política contra el poderío extractivista e imperial de las potencias occidentales instaladas en dicho continente. Tales argumentos se inscriben en la narrativa de enfatizar el carácter autoritario que le impuso a Cuba el liderazgo revolucionario ascendente, desconectado de las batallas internacionalistas por la lucha contra los efectos contaminantes, explotadores y enajenantes del capitalismo, en defensa de una democracia liberal utópica e idealizada, vendida como paradigma de la libertad, la prosperidad y el progreso, solo sostenible sobre la base del abstraccionismo de las propias violencias que generan las lógicas de acumulación del capital a nivel globalizado.
En tal sentido, contrario a esas narrativas, se inscriben las visiones de las/os autoras/es que forman parte del libro: Cuba 11J. Perspectivas contrahegemónicas de las protestas sociales, que parte del reconocimiento a esas complejidades, desde enfoques no homogéneos y problematizadores, pero alineados en el anhelo de materializar los ideales de socialización del poder, las riquezas y la participación popular de forma democratizada en la sociedad cubana. A su vez, resulta novedosa la presencia de polémicas entre exponentes de diversas corrientes marxistas que, mediante sus propias categorías terminológicas acuden a conclusiones similares sobre las realidades de la Isla, sin estar alejadas de percepciones analíticas en torno a las problemáticas del ámbito internacional, debido a los efectos globales del capitalismo contemporáneo, del que Cuba no está en absoluto desconectada.
¿Qué incluye el libro y por qué es importante?
El libro incluye varias secciones entre las que destaca el primer capítulo dedicado a pensar las causas sistémicas que provocaron el estallido social, en el que aparecen las miradas del académico socialista Samuel Farber, la periodista Jessica Dominguez Delgado, la historiadora Alina Bárbara López Hernández y el economista político Miguel Alejandro Hayes.
En el capítulo segundo: Análisis de las protestas sociales. Enfoques diversos y narrativas transdisciplinares, los análisis de distintos estudiosos provenientes de las ciencias sociales arrojan luz sobre diversas perspectivas en torno a los hechos del 11J en su relación con la economía, la historia, la cultura, la emigración, la democracia, la participación social, entre otras variables de interés, para académicos e intelectuales que deseen una explicación profunda y holística de los hechos. Esta parte de la obra cuenta con la presencia de Julio César Guanche, Aylinn Torres Santana, Alexander Hall Lujardo, Alexei Padilla Herrera, Mauricio de Miranda Parrondo, Carlos Alzugaray Treto, Mario Juan Valdés Navia, Ivette García González y René Fidel González García.
En el capítulo III es posible disfrutar de las polémicas entre marxistas de distintas corrientes de orientación anticapitalista, que problematizan sobre las falencias del modelo político-económico regente en Cuba, sus visiones de la realidad de la Isla en relación con su perspectiva sobre luchas similares en otras partes del mundo, al tiempo que dialogan sobre la necesidad de articular estrategias entre los diversos colectivos para enfrentar la explotación obrera, el racismo, la LGBTIQ+fobia, la contaminación ambiental y la dominación sistémica. En esta sección es posible disfrutar la lectura de los análisis propuestos por el militante socialista brasilero Eduardo Almeida, el activista y escritor radicado en el Estado español David Karvala, las perspectivas del progresismo ante la Revolución Cubana ofrecidas por el coordinador de la obra, así como los posicionamientos necesarios desde la izquierda estadounidense y cubana ante los hechos del 11J escritos por el profesor James Buckwalter-Arias y el dirigente estudiantil tunero José Alejandro Esteve Santos.
El capítulo IV incluye las visiones de importantes académicos y activistas que durante años se dedican a sistematizar, estudiar y combatir el fenómeno del racismo y la discriminación hacia las disidencias sexo/género en la sociedad cubana. Sus voces resultan importantes no solamente por la instrumentalización a la resultan sometidos dichos sectores ante los proyectos de disputa, cuyas causas de liberación por lo general permanecen excluidas o subordinadas a intereses de mayor relevancia por los grupos de poder. De ahí la trascendencia de su visibilización en el libro, —de manera analítica y protagónica—, no solamente por cuestiones de veracidad histórica, ya que responde también a razones de proyecto político que, en cualquiera de las alternativas sobre las que se piense el futuro de Cuba, tales grupos no deben quedar jamás excluidos o subordinados a otros agendas.
De igual forma, resulta de vital importancia la visibilización de esos actores, pues su demandas han quedado históricamente relegadas por los proyectos de emancipación revolucionarios desde el siglo XIX hasta la actualidad, sin que logren materializarse plenamente. Por ello, dichas visiones resultan medulares dedicado al énfasis en que todo proyecto republicano, socialista o democrático, debe integrar a sus propósitos tales intereses sociales en igualdad de condiciones, para que la equidad no se convierta en una quimera populista de los liderazgos políticos o estrategia retórica con fines instrumentales. En tal sentido, resultan esclarecedores los trabajos de Zuleica Margarita Romay Guerra, Alberto Abreu Arcia, Roberto Zurbano Torres, Alexander Hall Lujardo y Ulises Padrón Suárez respectivamente.
El capítulo V está dedicado al análisis desde el Derecho de las manifestaciones populares. En este apartado es posible encontrar contribuciones valiosas que problematizan sobre las limitantes del marco jurídico cubano para el ejercicio de la protesta social, cuyo derecho cívico-político suele ser penado bajo el acápite de «sedición», «alteración del orden público», «instigación a delinquir», entre otros vericuetos legales. En el punto contrario a ese posicionamiento punitivo, clasista y reduccionista en la interpretación del Derecho, se pueden disfrutar de las perspectivas analíticas que hacen énfasis en la necesidad de instaurar una Defensoría del Pueblo, en relación con otros debates importantes suscitados a raíz de las manifestaciones, del que toman parte los juristas: Julio Antonio Fernández Estrada, Alina Herrera Fuentes, Frank Ajete Pidorich, Julio César Guanche y Harold Bertot Triana.
En la sección de entrevistas los análisis del antropólogo anarquista Dmitri Prieto Samsónov, el economista Iran Morejón Quintana y el intelectual militante Yassel Padrón Kunakbaeva, indagan sobre las falencias del modelo político cubano en relación con los ejes: poder-sociedad civil, diferendo Cuba-Estados Unidos, contradicciones autoritarismo-democracia, en tanto dialogan sobre la importancia de las cooperativas y la labor comunitaria autónoma para fortalecer las bases sociales de empoderamiento ciudadano, entre otras variables de interés cívico.
El capítulo VII está compuesto de conmovedores relatos, como el de Leonardo Romero Negrín y la crónica redactada por Adriana Fonte Preciado que, a la fuerza de su narrativa le respaldan la belleza literaria. Por último, el cierre definitivo del libro lo compone una potente declaración titulada: «Por la democracia popular y el socialismo emancipatorio», que constituye un manifiesto que logró aglutinar a diversas corrientes de la izquierda internacional sobre la base de consensos políticos en torno a la situación social cubana, tanto a nivel denunciativo como de proposición ante el escenario autoritario neocapitalista ascendente.
¿Tiene la sociedad civil mayor organización social tras el estallido?
No es posible afirmar que se produjo un empoderamiento de la sociedad civil tras los hechos del 11J, dado que la actitud del Gobierno hizo énfasis en la criminalización del disenso, el linchamiento mediático a numerosos actores políticos por el ejercicio de la crítica o la oposición activa, el descrédito hacia representantes de la cultura no alineados al discurso oficial, la deslegitimación de intelectuales apegados a la postura anti-sistémica, entre otras prácticas de Estado que poco contribuyen a la resolución de las complejidades que caracterizan el actual escenario.
Desde las protestas de julio se aceleró el éxodo de activistas, artistas y actores políticos disidentes; que si bien se trata de un proceso que se inicia antes de esas fechas, luego de las masivas manifestaciones adquieren un carácter más relevante y apresurado. Además, en medio de la represión autoritaria no se ha logrado articular estrategias efectivas de resistencias; a cuyos efectos resulta importante mencionar la escasa tradición organizativa autónoma luego de décadas de desmovilización sindical, estudiantil, obrera y cívica, dado el predominio de los patrones de mando verticalista/centralizados típico de los Estados totalitarios de inspiración soviética, en cuya tradición se inserta —con sus peculiaridades, es importante decirlo— la nación caribeña en cuyo suelo triunfó el único proceso revolucionario del hemisferio occidental.
¿Fueron las protestas del 11J un éxito para la oposición o para los manifestantes?
Recientemente en una entrevista publicada en La Joven Cuba, el activista LGBTIQ+ y director de la revista Tremenda Nota Maykel González Vivero, hizo un excelente análisis sobre los acontecimiento que conciernen a las protestas sociales de esas jornadas, de las que es posible afirmar que nadie salió como ganador, por la brillantez de sus ideas y la hermosura de su prosa, me permito citar in extenso parte de sus argumentaciones que resultan tan reveladoras y sintéticas como transparentes, cuando exclama:
El pueblo, idealizado por todos, y por ende falsificado, parecía haber llegado a un punto en el que le daba igual lo que pasara con una revolución anacrónica y dura de cargar. Ninguna explicación sobre el contexto, las agresiones, la crisis, le servía a este pueblo. El 11J era el día de las respuestas imposibles. Y el gobierno cubano decidió cargar también contra la Revolución Cubana. (…) El 11J fue un día terrible. Es la derrota de todos los que soñaron con el bienestar y la justicia que prometieron las revoluciones. No fue una exhibición de fuerza del gobierno, sino de debilidad. (…) Los activistas que venden el 11J como el nuevo «Día de la Rebeldía Nacional» solo están poetizando la liquidación de un proyecto social. Los que lo reducen a «una turba de delincuentes» siguen sin respuestas para las demandas expresadas ese día. Cada mes que pasan cientos de presos políticos en la cárcel, el gobierno se pudre un poco más.
Dicha aseveración demuestra la encrucijada de complejidades en las que se encuentra sometida Cuba, que por un lado contempla la auto-liquidación de las demandas sociales que inspiraron el proyecto revolucionario de 1959 cuando se implementan medidas de recorte que atentan contra la seguridad social, el bienestar y calidad de vida de la población, a costa de ceder ante los intereses del capital extranjero; en tanto recrea el ideal desarrollista de la industria hotelera que rememora los anhelos republicanos del dictador Fulgencio Batista.
Un proceso político que experimenta además en las últimas décadas el acelerado auge neocapitalista que simboliza la muerte de la revolución, en tanto las imágenes de los jóvenes reprimidos/violentados a lo largo del país por las fuerzas policiales permanecen enquistadas en la memoria de los familiares de presos políticos, condenados en gran parte a más de 20 años de prisión por ejercer el derecho constitucional a la libre expresión. Todo ello, mientras en la otra cara de la moneda, una desarticulada y mayoritaria oposición de militancia liberal, incentiva con gasolina las llamas de la desesperanza popular, en afán indiscutible por materializar los preceptos de privatización extendida.
¿Cómo leer el 11J en clave histórica a largo plazo?
A mi juicio, el 11J constituye el símbolo más palpable de la pérdida de legitimidad popular del proceso revolucionario desde 1959, su lectura en la larga duración —para hablar en términos históricos braudelianos—, constituye la demostración más palpable de la crisis sistémica multidimensional que padece el modelo de capitalismo burocrático de Estado (totalitario, pos-soviético). En ese contexto, solo resta apreciar si dicha disyuntiva deriva en la instauración de un nuevo pacto social que empodere a la ciudadanía/sociedad civil mediante el camino de la democratización o si sencillamente continúa, bajo cualquier bandera ideológica, el permanente proceso de oligarquización del régimen político que tributa a la centralización de poder, riquezas y autoridad en las escasos representantes políticos y económicos que sostienen actualmente el statu quo nacional.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.