Tras una década de presidencia de Raúl Castro (2008-2018) que no dejó a nadie indiferente, Cuba entra en la tercera década del siglo XXI en un contexto sumamente complejo, ya que tiene que compaginar la aplicación concreta de su nueva ruta económica con políticas de resistencia frente a la intensificación de la agresión de EE.UU.
Una vez debatidos y aprobados los ‘Lineamientos de la Política Económica y Social de la Revolución’, reformada y refrendada la Constitución y materializado el relevo generacional, Cuba afronta una nueva etapa en la que se prevé una producción legislativa intensa que aterrice las grandes decisiones que se tomaron en los años previos. Esto en un contexto de ataque por parte de la administración Trump que recuerda a épocas de la guerra fría.
Agresión imperialista. Los avances históricos logrados durante el gobierno de Obama han sido desmontados en poco tiempo por el actual inquilino de la Casa Blanca, que está aplicando un plan bien definido para estrangular económicamente a la isla, golpeando a los principales sectores de la economía (turismo, remesas y servicios médicos).
Por un lado, se han aprobado una batería de sanciones para afectar a la industria turística cubana, un sector estratégico para el país. Destaca la prohibición de viajar a compañías navieras, (especialmente cruceros) y a aerolíneas (permitiendo sólo trayectos a La Habana). A esto hay que agregar la inclusión en una lista negra de las principales empresas cubanas de turismo (Gaviota, Habaguanex…). A su vez, la aerolínea estatal Cubana de Aviación ha tenido que suspender un buen número de vuelos internacionales porque algunas compañías aéreas extranjeras han cancelado sus contratos de arrendamiento de aviones, producto de las amenazas de sanción por parte de Washington.
Todo esto se ha traducido en una caída de más de un 8% del flujo turístico internacional hacia la isla, pasando de 4,7 millones de turistas aproximadamente en 2018 a 4,3 en 2019. La caída del turismo procedente de EE.UU. es mucho más marcada, ya que se ubica en un 20% y quiebra además una tendencia al alza que venía dándose desde el inicio –en 2014- del proceso de normalización de relaciones entre los 2 países.
Por otro lado, se han puesto importantes obstáculos migratorios y fuertes restricciones a las remesas. La Visa que EE.UU. otorgaba a cubanos que querían viajar a su territorio tenía una vigencia de 5 años y ahora se reduce a solo 3 meses y un único viaje. Además, el cierre de los servicios consulares en Cuba obliga a todo aquel que quiera solicitar una Visa a desplazarse a un tercer país, lo cual es económicamente inviable para una mayoría de la población. El endurecimiento para la obtención de una Visa no solo se da para visitas familiares sino también para viajes de tipo científico, médico, cultural y deportivo.
Paralelamente, Trump también ha decidido golpear las remesas, una de las principales fuentes de ingresos de la isla. Las remesas de dólares de los emigrados residentes en EE.UU. hacia Cuba han sido restringidas, fijando un límite máximo de 1.000 $ por trimestre. Una medida que las y los ciudadanos inmigrantes de otros países no sufren.
Otro flanco donde el bloqueo se ha intensificado es el energético. El Departamento del Tesoro de EE.UU., desde mediados de 2019, empezó a aplicar sanciones a empresas proveedoras de combustible de diferentes países e incluso a los barcos que lo transportan. A fines de febrero se vivió una situación tan extrema como surrealista, ya que el gobierno cubano tuvo que comprar directamente un barco que transportaba combustible para la isla, debido a que el armador de la nave había decidido finalmente no desembarcar la carga tras la amenaza yanki de ser sancionado.
El efecto más visible de este endurecimiento del bloqueo energético se percibe en las gasolineras, donde proliferan las colas de vehículos y, en el transporte público, incapaz ahora de garantizar un servicio continuo y regular. Pero el efecto más preocupante se está sintiendo en el ámbito productivo, ya que muchas empresas han tenido que reducir sus horarios de trabajo debido a la escasez energética. De hecho, parece que el Estado cubano ha decidido priorizar el suministro eléctrico doméstico y sacrificar relativamente la productividad, para evitar cualquier imagen que recuerde los apagones del Periodo Especial.
Washington también ha operado para golpear los servicios médicos cubanos en el exterior, actualmente la principal fuente de ingresos del país. En septiembre pasado lanzó un comunicado exigiendo a todos los países que disfrutan de asistencia médica cubana para que suspendan dicha relación. A su vez, ha logrado que tres antiguos aliados de la isla hayan cancelado sus programas de cooperación sanitaria: el Brasil de Bolsonaro a fines de 2018, el Ecuador de Moreno en octubre de 2019 y el gobierno golpista boliviano más recientemente. A todo esto, se suma la reactivación del programa para incitar a médicos a desertar del país, ofreciéndoles un contrato en EE.UU.
El círculo del bloqueo se cierra con la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, que permite denunciar en tribunales norteamericanos a cualquier empresa del mundo que haga negocios en Cuba en propiedades de ciudadanos estadounidenses de antes de la Revolución del 59. A pesar de que dicha ley lleva un cuarto de siglo vigente, el Título III nunca se activó, en gran medida por la presión europea e internacional. Ahora, Trump quiere pasar a la historia activándola. Sin embargo, esta es la medida que menos impacto ha tenido, ya que las demandas que se han puesto hasta el momento en tribunales no han tenido recorrido jurídico.
Hoja de ruta cubana. La intensificación del asedio imperial no ha facilitado que el gobierno cubano pudiera desplegar con la amplitud y la velocidad necesarias una serie de medidas económicas que son parte sustancial de su hoja de ruta. De hecho, el propio presidente Miguel Díaz-Canel señalaba recientemente que el 2019 fue un año muy duro porque sentimientos del ‘Periodo Especial’ volvieron a planear sobre la conciencia colectiva: “tanto el recuerdo de los momentos duros como un sentir colectivo en defensa de la soberanía nacional”.
El presidente se mostró orgulloso por haber evitado los apagones, a pesar del ataque energético, pero a continuación fijo los retos a corto y medio plazo que tiene el país: ser más efectivos en la “batalla diaria contra la corrupción y el robo de combustible” y reducir la dependencia del diésel incrementando la generación de energías renovables.
Una de las medidas más populares que se tomó en julio de 2019 fue el incremento salarial en el denominado ‘sector presupuestado’, es decir, el de las y los empleados públicos de los sectores ‘no productivos’ (sanidad, educación, cultura, burocracia, etc.). El incremento fue de un 68% y benefició a millón y medio de personas, el 50% del total del empleo estatal y aproximadamente 1/3 del total de trabajadores, ya que el otro tercio restante trabaja a día de hoy en el sector no estatal (privado y cooperativo). El aumento fue considerable ya que el gobierno era consciente del aumento sostenido de los precios de alimentos y transporte, en gran medida debido a procesos de especulación.
Otra medida relevante como consecuencia de la falta de divisas -producto de la intensificación del bloqueo- ha sido la apertura, a fines de año, de tiendas que permiten el pago en dólares. El Estado necesita moneda fuerte y esta es una vía directa de adquisición.
La anunciada unificación monetaria y cambiaria, que se ha ido retrasando de manera recurrente, ya tenía fechas para inicios de 2020 pero con el inicio de la crisis del Coronavirus se volverá a posponer un tiempo. De cualquier manera, la inminencia de la medida se empezó a sentir en la calle en diversos comportamientos cotidianos. Por un lado, la población que tiene en efectivo mucha moneda convertible (CUC) está comprando dólares o mercancías para su reventa. Por otro lado, en algunos establecimientos de gastronomía del Estado no se acepta el CUC y solo se recibe el peso convencional, el CUP, que será finalmente la moneda única que operará en el país.
Junto a la unificación de moneda se espera que se unifique también la tasa de cambio, ya que en la actualidad coexisten varias, la de la población (1 dólar = 25 pesos) y la que disfrutan algunas empresas a tasa preferencial (1 = 10 y en algunos casos 1 = 1). Esto último sigue impidiendo comparar la eficiencia de las empresas y dificulta identificar a las deficitarias. Por ello, el gobierno se lo ha fijado como reto ineludible, en coherencia con la directriz del ‘socialismo sostenible’ que guía la actual etapa histórica.
Mientras tanto, el Coronavirus llegó también a Cuba y las autoridades activaron los primeros protocolos de cierre parcial de fronteras y exámenes médicos preventivos a miles de personas. Pero lo más impactante ha sido la reacción del país en clave internacionalista, ya que la frágil coyuntura económica agravada por la agresión estadounidense no ha impedido que el gobierno haya decidido apoyar a otros países en la lucha contra esta pandemia.
Cuba ha vuelto a ser reconocida en todo el mundo por su avanzado sistema de investigación farmacéutico público, gracias al uso del ‘Interferon Alfa 2B’ para combatir la enfermedad. A su vez, el país aceptó la solicitud del gobierno británico para que un crucero de esta nacionalidad con afectados por coronavirus pudiera desembarcar en la isla, después de que varios países del entorno se habían negado a recibirlos. Cuba, además de abrirles las puertas decidió tratar a los enfermos en sus hospitales. Por último, Cuba ha enviado personal médico a varios países latinoamericanos y a la zona de mayor infección, por el momento, de todo el planeta: Lombardía (Italia).
El ex presidente brasileño Lula en una carta reciente dirigida al presidente cubano Díaz-Canel sintetizaba magistralmente el aporte cubano en esta crisis mundial: “es en los momentos de crisis que conocemos a los verdaderamente grandes”.
Luismi Uharte. Grupo Investigación Parte Hartuz. Universidad del País Vasco