De la «Guerra de baja intensidad» a la «Súper Mano Dura»

Oscar Guides, cubrió como camarógrafo entre 2001 y 2002, la colaboración médica cubana en Honduras. «Una vez entrevistamos a un muchacho jovencito, cuanto más tendría 13 años y ya era miembro de una mara».

Sigue contando Oscar que el chico para «iniciarse», o sea ingresar en la pandilla, estuvo tres días sin comer. «Eso fue para demostrar su hombría -dice- pero después vino la gran prueba, debía matar a alguien, ¿a quién?: simplemente eso: alguien, una persona sin nombre»…

Iniciación

Mi amigo Oscar es uno de los pocos que se ha asomado a una realidad desconocida para la mayoría de los cubanos pero que hoy estremece a varios países de América Central

En la actualidad se cree que entre 50 mil y 70 mil jóvenes de Centroamérica engrosan las pandillas juveniles, conocidas comúnmente como «Maras». Según José Manuel Valenzuela Arce[1], el nombre fue dado por la policía a las pandillas, asociándolas con una película de los años cincuenta que aludía a la «Marabunta», una especie de hormiga que habita las selvas americanas. [2]

A partir de los 80´ el contexto de guerra civil en varios de estos países, especialmente El Salvador, creó un ambiente propicio para el crecimiento a niveles exorbitantes de la violencia. Simultáneamente en el sur de Estados Unidos, en particular en el área de los Ángeles, comenzaron a surgir grupos de jóvenes pandilleros, la mayoría centroamericanos refugiados de las guerras en sus países, quienes se identificaron como la MS13 y la MS18 o «Mara Salvatrucha 13» y «Mara Salvatrucha 18″, aludiendo posiblemente a los números de dos calles de la ciudad californiana.

A lo anterior podemos sumarle que tras la firma de los acuerdos de paz en Guatemala y El Salvador, así como la derrota electoral de los sandinistas en Nicaragua, el gobierno de Estados Unidos deportó masivamente a decenas de miles de esos mismos centroamericanos.[3] De esta manera se creó una mezcla explosiva donde se unieron, los ex-guerrilleros, los ex-paramilitares y los huérfanos de los conflictos armados -solo en El Salvador fueron 100 mil -, todos, en un contexto social altamente violento sin ninguna esperanza para la juventud.

«La Mara es mi familia»

Varios estudiosos del tema sostienen que el fenómeno de las maras va más allá de la pandilla callejera:

«Mediante una recurrente sinécdoque mediática, las maras devinieron en violencia, asesinato, robo, violación, delincuencia, secuestro y pandillerismo. Estos elementos existen y definen la conducta de un número significativo de mareros, pero resulta abusivo etiquetar a todo marero de delincuente. En la estigmatización de las maras también participaron figuras institucionales estadounidenses, en el marco de su estrategia de generar/ utilizar el miedo como recurso de legitimación, limitación de derechos ciudadanos y la continuación de derechos jugosos a costa de muchas vidas inocentes». [4]

El origen de las maras es complejo y escapa a la receta mediática. Primeramente se encuentran los factores de tipo estructural, económico y social que marcan las condiciones de vida de una población signada por la violencia y el autoritarismo. A partir de los años 60 los países del istmo vieron desarticualrse sus relaciones agrícolas tradicionales, indígenas y populares. La represión estatal supuso el desalojo violento de grandes grupos indígenas, al tiempo que esas políticas descompusieron los centros urbanos a partir de la violencia militar y paramilitar. La ausencia de empleos propició la migración internacional de padres, madres y hermanos, provocando transformaciones familiares.

Desde el punto de vista sociocultural, en las maras señala Valenzuela Arce:

«Se destaca la recreación de elementos culturales y simbólicos recuperados del repertorio de pachuchos y cholos, a través de la experiencia directa en los barrios y mediante la recepción activa de películas que recrean el tramado de las pandillas, con lo cual las maras presentan una fuerte influencia cultural mexicana y chicana, (re)apropiada y (re)significada por los mareros.» [5]

Otros analistas como Mauricio Rubio, quien realizara un profundo estudio sobre las maras en Honduras, aseguran que los jóvenes llegan a ellas a través de dos caminos o senderos. Rubio considera que:

«Se pueden considerar dos eventuales senderos hacia las pandillas organizadas. El primero de ellos, que se puede denominar el sendero de facto, sería a través de la dinámica de la banda o grupo de amigos que conforman buena parte de los menores (…) El segundo sendero, que se podría denominar ideológico, sería a través del conocimiento personal de mareros y, posteriormente de la simpatía que generan sobre los jóvenes las mismas maras». [6]

El escenario citadino de los Estados Unidos no puede pasarse por alto a la hora de buscar el origen de las maras. La masiva llegada de inmigrantes latinos a Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Washington y Miami, por solo citar algunas, contribuyó de una manera decisiva a la génesis y crecimiento de las maras como fenómeno social. La enorme ola de mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses etc. que arribó a los barrios norteamericanos no fue bien recibida por el stablishment. Al inicial instinto de conservación de la identidad y la seguridad que compele a los jóvenes a agruparse en pandillas, le sucedió la respuesta violenta hacia una sociedad que los necesita como trabajadores baratos pero que los discrimina al mismo tiempo.[7]

La «MS» controla

Hacia el interior de Centroamérica la situación es más dramática. El Salvador es el país donde las «Maras» han acaparado toda la atención y amplio espacio en los medios de comunicación. Según el reportero Christian Guevara Guadrón: «Las probabilidades de que una persona sea asesinada en El Salvador son más altas que si viviera en un país africano con una guerra civil o donde actúan grupos terroristas suicidas como en el Oriente Medio». [8]

Un estudio de la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales (FLACSO) -dice Guevara Guardón- reveló que casi la mitad de los salvadoreños del Área Metropolitana de San Salvador cambiaron sus hábitos de vida para evitar ser víctimas de la violencia. Según el documento, «un 49% de los habitantes de las comunidades marginales afirma que el último año han limitado sus actividades durante la noche y no salen de su casa para evitar ser víctimas de un acto de delincuencia». [9]

Cifras de la Policía Nacional Civil (PNC) salvadoreña ubican en 11 mil los miembros activos de la M13 Y la M18 en ese país. La misma fuente considera que los integrantes de los diferentes grupos de maras en la región es la siguiente: Honduras (36 mil distribuidos en 112 grupos); Guatemala (14 mil en 434 grupos); Nicaragua (4 mil 500 en 268); Costa Rica (2 mi 700 en 6 grupos); Panamá (1 mil 400 en 94); y Belice (100 en 2 pandillas). El propio informe consigna la existencia de otras pandillas como «Los Chapulines», «Los Cholos», «Los Nicas», «Los Batos Locos», «La Mao Mao», los «Gerber Boys» y «Los Charly»; todos esparcidos por la región.

Las maras o pandillas preocupan también en Guatemala. El Instituto Centroamericano en Ciencias Políticas (INCEP) en su Informe Anual sobre la delincuencia asegura que «según estimaciones del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-entre el 4% y 7% de la juventud en Guatemala pertenece a pandillas juveniles.» [10]

Sin embargo la presencia de las maras, asegura el diario mexicano La Jornada, parece haber rebasado las fronteras centroamericanas, la publicación sostiene que:

«las pandillas integradas por cipotes (jóvenes) de la Mara Salvatrucha han impuesto su dominio en todo el recorrido del ferrocarril – desde la frontera de Chiapas con Guatemala hasta el estado de Veracruz- con el establecimiento de por lo menos 50 clicas (células), las cuales controlan el paso de unos 400 ilegales cada día, una parte del comercio por el río Suchiate y ocho colonias populares de las fronterizas Ciudad Hidalgo y Tapachula, esta última considerada el segundo centro urbano en importancia de Chiapas.» [11]

El mismo diario afirma que en la frontera entre Centroamérica y México dominan los cárteles de la droga mexicanos y guatemaltecos, quienes controlan las principales ciudades; regulan el paso de estupefacientes por menudeo y de grandes cantidades hasta de 2 toneladas de cocaína por envío, así como el tráfico humano y la prostitución.

La región fronteriza -dice La Jornada– es un territorio dividido entre las pandillas Mara Salvatrucha, dedicadas a asaltar indocumentados, robos, asesinatos, distribución de drogas y ritos satánicos. La M13 y M18 en coordinación con los cárteles mexicanos del Golfo, Juárez y el guatemalteco de San Marcos, se han asentado en la zona para establecer cuatro narcorrutas hacia el norte del país.

No obstante en ocasiones las maras pagan las culpas de otros, pues el mismo rotativo se encarga de aclarar que:

«La Policía Municipal, los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y elementos del Ejército y la Armada son figuras principales en la cadena de impunidad que tienen por regla el asalto, el robo y la violación de los derechos de los indocumentados, en su mayoría centroamericanos, que intentan tomar cada día el ferrocarril Chiapas – Mayab en su camino hacia Estados Unidos.» [12]

Otros medios mexicanos como la cadena Televisa se hicieron eco de las declaraciones del Sub-procurador contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), José Luis Santiago Vasconcelos, quien informó que los cárteles de droga de Ciudad Juárez y Tijuana están reclutando a miembros de la ‘Mara Salvatrucha’ como sicarios para la ejecución de narcotraficantes rivales.

Para Vasconselos la alianza entre las maras y los narcotraficantes mexicanos: «Está ligada a la forma de actuación de estos ‘maras’, de estos delincuentes, con organizaciones mayores de delincuencia organizada, sobre todo el narcotráfico, que aprovechan esta estructura delincuencial para contratarlos como sicarios». [13]

Un problema de «Nacional Security»

El verdadero ascenso al «estrellato mediático» de las maras se ha producido en los últimos dos años cuando las agencias de seguridad interna, los «think tanks» y las cadenas de televisión empezaron a hablar de las maras. The New York Times[14], The Economist, la revista Foreign Affairs, vocera del ultra conservador Council on Foreign Relations, en varias conferencias auspiciadas por el Departamento de Estado, el Comando Sur del Ejército y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), se refirieron a las maras como un problema que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos.

«En el pasado reciente, como Washington tenía su atención enfocada hacia el Medio Oriente, virtualmente ha ignorado un peligroso fenómeno bien cerca de casa. Ultraviolentas pandillas juveniles, esparcidas en los ghettos de Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos, han emigrado a América Central y se han transformado en una poderosa red transfronteriza del crimen. Con los Estados Unidos preocupados por otro lugar, las pandillas han crecido en poder y en número; hoy oficiales locales que estiman entre 70 mil y 100 mil sus miembros. Las «marabuntas» o «maras» (…) ahora son el más serio reto para la paz en la región desde el fin de la guerra civil en Centroamérica»: Con este tono alarmista se refería a las maras la investigadora Ana Arana en el principal ensayo publicado por Foreign Affairs en junio de este año.

El FBI considera a las Maras como una de las peores amenazas a la seguridad interior de EE.UU. «Hay aproximadamente 30.000 pandillas con 800.000 miembros operando en 2 mil 500 localidades a través de Estados Unidos», dijo en una audiencia en el Congreso, el agente del FBI, Chris Swecker.[15]

El Departamento de Justicia estima en unos 8 mil a 10 mil los miembros de la MS-13 que actúan en 31 estados de la nación, razón suficiente para que El Nuevo Herald diga que «La presencia en Estados Unidos de las pandillas centroamericanas, más conocidas como las »maras», está a punto de convertirse en un problema de seguridad nacional» [16]

El diario floridano no hacía más que hacerse eco de una opinión ya bastante extendida entre las instituciones gubernamentales, muy preocupadas por los índices de criminalidad en América Central, pero ajenas a los espeluznantes problemas económicos y sociales de esos países.

Así lo demuestra lo dicho por Anne Aguilera, al frente de la oficina para América Central del Oficina Internacional de Narcóticos y de Asuntos de Aplicación de la Ley ( INCSR), adscripta al Departamento de Estado cuando asevera que «Consideramos que las maras son el problema de seguridad más grande que hay en estos momentos para la región centroamericana y parte de México».[17]

A tono con los tiempos que corren, tras una gira por Honduras, el senador demócrata por la Florida Bill Nelson, anunció desde las oficinas del Alguacil del Condado Broward la presentación de un proyecto de ley dedicado exclusivamente a la persecución de los mareros. »Muchos de estos pandilleros vienen en busca de refugio, y no los queremos aquí», [18] dijo Nelson para justificar una ley que impone penas de 10 años de cárcel exclusivamente para los que introduzcan clandestinamente a los pandilleros en Estados Unidos.

La ley «anti Mara», aprobada ya en la Cámara Baja, prevé incluso pena de muerte para los pandilleros menores de edad; sin embargo aún antes de la legislación varios jueces juzgaron a los pandilleros como terroristas para aplicarles sanciones más duras. «Estos no son delincuentes menores», dijo Randy Forbes, otro de los congresistas promotores la ley. «Decapitan gente, mantienen vigilados a los policías… Están entrenados en un tipo de violencia que no habíamos visto hasta ahora», agregó. [19]

La presencia en el Istmo del Secretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld, y del Jefe del Comando Sur del Ejército norteamericano, John Craddock, quienes se reunieron en Guatemala con los Ministros de Defensa de El Salvador, Guatemala y Honduras, hacen pensar que la Administración Bush está tomando muy en serio el asunto de las maras.

El periplo de los funcionarios viene a confirmar las palabras del General Craddock ante el 109 Comité de Servicios Armados del Senado, el 15 de mazo pasado. A juicio del uniformado yanqui las prioridades de Estados Unidos en la región son: «promover el comprometimiento con los valores democráticos, respetar los derechos humanos, y la seguridad regional colectiva«. [20]

Conociendo los antecedentes en la «promoción de la democracia» del imperialismo norteamericano en la zona, todo parece indicar que regresan los tiempos de las llamadas «Guerras de Baja Intensidad». En esta ocasión el enemigo nos son las guerrillas de izquierda, sino las pandillas juveniles; por tanto no es ninguna coincidencia que sea precisamente en El Salvador donde el FBI haya iniciado los trabajos para crear una versión policíaca de la tenebrosa Escuela de las Américas.

¿Casualidad? En lo absoluto. No se olvide que fue precisamente en San Salvador donde el Gobierno de Ronald Reagan levantó la más grande sede diplomática de la región para coordinar sus «esfuerzos democráticos» de cientos de miles de millones de dólares, un desconocido número de asesores militares y hasta la ilegal operación Irán- Contras; todo para evitar el triunfo de las fuerzas revolucionarias, no solo de ese país sino también en Nicaragua y Guatemala. De momento ya el FBI anunció la apertura de su sede en El Salvador.

Asimismo, en Guatemala, la Embajada de los EEUU por medio de su Agencia Internacional para el Desarrollo -USAID-, informó que estará dando asistencia financiera y técnica a los organismos del Estado para luchar contra las pandillas.

La propuesta del Norte para los ingenuos pudiera parecer altruista. Con equipamiento y entrenamiento norteamericano se crearía una fuerza supranacional, el Escudo Comunitario, respaldada por 150 millones de dólares [21] para combatir el tráfico de drogas, de personas, trasiego de armas, a las maras y ¡muy importante! garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. La principal razón para dichas medidas, en opinión de los «expertos» norteamericanos, es la ineficiencia manifiesta de los gobiernos centroamericanos en acabar con las maras.

Soluciones a medias

En honor a la verdad tienen razón los entendidos norteamericanos en lucha contra la delincuencia: los gobiernos de Centroamérica han sido incapaces de poner coto al auge de las maras, pero no ha sido por falta de redadas policiales y leyes más fuertes.

El Salvador acaparó el protagonismo cuando el 23 de de julio de 2003 el gobierno de Francisco Flores implementó el Plan Mano Dura, como resultado del cual fueron encarcelados unos 19 mil pandilleros. Pero casi instantáneamente varias organizaciones de derechos humanos objetaron la ley y la misma fue declarada inconstitucional. La falta de rigor en el trabajo policial quedó al descubierto cuando el 91 por ciento de los detenidos fue puesto en libertad por falta de pruebas.[22]

Su sucesor Antonio Elías Saca subió la parada con el Plan Súper Mano Dura, a instancias del cual la población penal del país se elevó a más de 12 mil reclusos y el presupuesto para la Seguridad Pública se creció a más de 137 millones de dólares para el 2005.

Sin embargo la intención oficialista de lograr un «País Seguro», es solo un sueño, así como su aspiración de que «en el corto plazo, habrá especial concentración en la situación particular de las pandillas, tanto en cuanto la prevención y la sanción, como a la reincorporación de sus miembros a la sociedad» los gastos no consiguieron poner coto a la delincuencia». [23]

Las aspiraciones del gobierno de lograr un país más «seguro» y atractivo para los inversores extranjeros hacen aguas. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y Centro de Estudios Penales de El Salvador (CEPES), son categóricos:

«todavía no se vislumbra el verdadero énfasis que tendrán la prevención social de este fenómeno y la reinserción de miembros de pandillas. Es más, con el lanzamiento del llamado «Plan Súper Mano Dura», se observa que el énfasis sigue – como en gobiernos anteriores – nada más que en la represión policial, ni siquiera en la efectiva investigación criminal que establezca individualización de responsabilidades, para luego lograr procesos penales exitosos». [24]

Mientras tanto en Guatemala sucesivos gobiernos de turno duplicaron los salarios de los agentes policiales, sometieron a un reentrenamiento a ex agentes de Policía Nacional y Guardia de Hacienda, reclutaron y capacitaron a nuevos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y adquirieron nuevos vehículos, armas y equipos de comunicaciones.

Las críticas no se hicieron esperar, entre las más destacadas, el informe de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA), quien desde enero del 2000 advertía sobre la ineficacia de las medidas, pues en los cuerpos policiales se mantuvieron los mismos que por décadas cometieron toda clase de crímenes contra la población civil bajo el manto de la contrainsurgencia. La propia Misión destacaba que «la reforma policial en Guatemala sigue siendo un proceso profundamente imperfecto que requerirá mayor atención y voluntad política del próximo gobierno guatemalteco, así como una estrecha observación por parte de la comunidad internacional.» [25]

El Gobierno de Honduras, por su parte, en medio de la conmoción causada por el asesinato masivo de 28 pasajeros de un autobús, a manos de un grupo de pandilleros el 23 de diciembre de 2004, modificó el Código Procesal Penal, endureciendo el combate a la delincuencia juvenil. De 6 y 12 años, ahora se llega hasta 20 y 30 años de cárcel para quienes formen parte de las maras. Dentro de las nuevas modificaciones a la normativa se subrayó que en ningún caso procederá la sustitución de la prisión por una medida cautelar, ante delitos cometidos por miembros del crimen organizado o integrantes de «asociaciones ilícitas».

Inmediatamente el comisionado de Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio, manifestó que la política de represión «es una estrategia porque los gobernantes saben que con ese discurso venden bien su imagen a la embajada americana (Estados Unidos)».[26] Custodio fue más allá advirtiendo que «Un Estado de derecho no puede basar su respuesta a la criminalidad en la venganza; en contestar la violencia con más violencia. Eso equivaldría a rebajarse al nivel del delito que se pretende combatir».[27]

«Centroamérica… ¿Segura?»

A escala regional los gobiernos intentaron, con mucha publicidad y pocos resultados concretos, poner freno a las «maras». El 14 de enero de 2004 los presidentes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, se reunieron en Ciudad Guatemala en el primer encuentro para tratar juntos el tema de las maras. Así mismo el jefe de estado salvadoreño Antonio Elías Saca, propuso a sus colegas, en junio de 2004 el Plan «Centroamérica Segura».

El 2005 comenzó toda una ofensiva mediática y policial contra las maras, junto a las afirmaciones de que los mareros estaban relacionados con Al Qaeda. Desde El Salvador Tony Saca lanzó la idea de una «Cumbre Antimaras». El término gustó a sus homólogos de Honduras, Ricardo Maduro, y más tarde al guatemalteco Oscar Berger, quienes efectuaron del 1 al 3 de abril en Tegucigalpa la primera «Cumbre anti-maras», con la presencia también de sus homólogos Abel Pacheco (Costa Rica) y Enrique Bolaños (Nicaragua), junto a representantes de México y Estados Unidos.

«Las pandillas están relacionadas al crimen organizado… y no me extrañaría, y no puedo descartar, que estén relacionadas al terrorismo internacional«,[28] dijo el presidente Saca para justificar la cumbre de Tegucigalpa. En este clima de temor e inseguridad, con mucho bombo y platillo, los mandatarios dieron a conocer sus intenciones de coordinar esfuerzos conjuntos para dar al traste con las maras.

A dicha cumbre le precedió otra el 3 de marzo 2005, donde se encontraron los ministros de Defensa, Seguridad e Interior de Centroamérica en la propia capital hondureña, y acordaron crear una fuerza especial para combatir en forma conjunta el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas y a las pandillas. La llamada «Fuerza Rápida«, la integrarían miembros de los ejércitos, policías, fiscales y jueces, entre otros funcionarios involucrados en tareas de seguridad y justicia. «En la reunión acordamos crear esta fuerza rápida para enfrentar el narcoterrorismo y otras amenazas emergentes, como las mismas pandillas juveniles que operan en casi todos los países de la región e incluso México», dijo el ministro de Defensa de Honduras, Federico Brevé.[29]

Toda esta fanfarria mediática «anti-maras» solo ha conducido a más violencia y a la proliferación del «negocio de la inseguridad»[30]. Al unísono varios sectores sociales de los países involucrados en las guerras a las maras han denunciado que la cruzada contra la delincuencia juvenil ha sido la justificación para el resurgir de los temidos «escuadrones de la muerte».

Sobre estos últimos la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala (PDH) pone al descubierto que, durante el 2004, unos 639 elementos de la PNC se vieron envueltos en diversos hechos como abuso de autoridad, abuso sexual, agresiones, allanamientos ilegales, amenazas, asesinatos, robo, secuestro y tortura, entre otros.

De acuerdo con Casa Alianza, una organización de Derechos Humanos de la niñez en América Central y México, 65 jóvenes fueron asesinados en Honduras durante los dos primeros meses del 2004 en condiciones no esclarecidas.

W. E. Gutman desde Tegucigalpa alerta además que: «acusaciones frescas revelaron que remanentes del siniestro escuadrón de la muerte 3-16 están ahora involucrados en nuevas formas de vigilantísimo — ya no contra profesores izquierdistas, campesinos indisciplinados o sacerdotes activistas, sino contra «indeseables», entre ellos niños de la calle y jóvenes sospechosos de pertenecer a pandillas». [31]

El Salvador no es la excepción y la agencia Prensa Latina revela que «Integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha, que opera en San Miguel, 139 kilómetros al este de San Salvador, denunciaron que en varios municipios de ese departamento existen organizaciones para el aniquilamiento de personas. El presunto grupo de exterminio lo conforman alrededor de 150 hombres armados con fusiles de asalto, pistolas y escopetas, revelaron pandilleros.» [32]

El hambre tras la violencia.

«Lo más impactante de aquellas conversaciones -cuenta mi amigo Oscar Güides- era la pobreza de esos muchachos. Era gente sin esperanza tratando de sobrevivir en un ambiente totalmente hostil». Y es que el fondo del asunto de las maras es precisamente ese: la pobreza. Realidad reconocida no solo por analistas de izquierda sino también, a su manera lógicamente, por los «Tanques Pensantes» (think tanks») del imperio.

Thomas C. Bruneau publicó en la revista «Strategic Insights» de mayo de este año, un ensayo que refleja en buena medida el punto de vista estadounidense acerca de las maras. [33]

El analista del Center for Contemporary Conflitc admite que la situación económica – social de los países de la región centroamericana es un elemento insoslayable para entender a las maras. Dice Bruneau:

«Desde los puntos de vista económico y social, todos estos países, con algunas variaciones, son muy pobres y se caracterizan por agudas diferencias étnicas (Guatemala) y de clase. En ninguno de los países en cuestión hay suficientes puestos de trabajo para la población, las economías son extremadamente vulnerables a la competencia externa (como en el caso de la producción cafetalera y la industria minorista) y la educación y los servicios sociales son rudimentarios. Las consecuencias de los Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos y los retos que impone actualmente la competencia con China son abrumadoras. Se trata de países con enormes problemas sociales».

Desde el Norte también se advierte el oscuro futuro de las economías de la región tras la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, un acuerdo que pondría a las naciones del área a merced de las transnacionales norteñas.

En la actualidad los países centroamericanos exhiben espeluznantes niveles de pobreza y abandono social de sus ciudadanos. Muchos jóvenes de El Salvador carecen de oportunidades de estudio y de empleo, mientras que 43 de cada cien personas ganan menos de un dólar al día. Nicaragua figura como el segundo país más pobre del hemisferio solo superado por Haití, y en Guatemala, afirma un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) más de un tercio de los asalariados percibía salarios por debajo del mínimo legal establecido, de 20 centavos de dólar por hora. De esta manera, calcula la OIT que «un trabajador plenamente ocupado en Guatemala, durante 6 días de la semana, a ocho horas de trabajo diarias, para mantener una familia de 4.5 personas, precisaría trabajar 24 horas diarias a la tasa de salario mínimo para mantener decorosamente a su familia».[34]

Las razones para la existencia de las maras, considera Bruneau, se debe a que «Estas nuevas democracias no han tenido tiempo para fundar una cultura de la democracia en la que esta forma de gobierno sea la única alternativa. Particularmente en Guatemala y Nicaragua, algunas de las elites políticas, hasta el nivel presidencial, han resultado corruptas y los sistemas políticos son ineficientes». [35]

En su análisis, Bruneau olvida que es precisamente gracias al apoyo militar y financiero de todo tipo desde Estados Unidos que esas élites de poder conservan su dominio. Sin olvidar la invasión mercenaria organizada por la CIA en 1954 para derrocar a Jacobo Árbenz, el soporte logístico a las administraciones derechistas en Honduras y El Salvador, junto a la ya mencionada Guerra Sucia en Nicaragua.

Hasta para los estudiosos del tema en Estados Unidos parece descabellada la teoría de una alianza maras – fundamentalistas islámicos. En el ensayo citado, Thomas C. Bruneau, estima que: «No hay evidencias sustanciales para establecer un vínculo entre las maras y el terrorismo. (…) Considerando que ellos son oportunistas, que no tienen ideología, y que saben calcular los costos y las ganancias, es improbable que se arriesguen a enfrentar la ira que traería como consecuencia su posible asociación con un fenómeno tan serio como es el terrorismo transnacional». [36]

No sería el miedo a las represalias lo que detendría a las maras para establecer una hipotética asociación con los terroristas anti-estadounidenses. Se trata de una cuestión de origen, pues el fundamentalismo musulmán parte de raíces sociales diametralmente opuestas a la génesis de las maras.

El basamento sociológico de las maras hay que buscarlo en las entrañas de la delincuencia juvenil como expresión de los profundos desequilibrios sociales de los países centroamericanos. Aquí sí concuerdo con Bruneau en que «En este contexto, las maras, caracterizadas por la violencia, las redes, y nuevas estrategias pueden representar retos más serios en el futuro si aumentan su capacidad actual para castigar e intimidar a favor de determinados partidos políticos o grupos radicales. El temor es que América Central tome el mismo rumbo que Colombia, donde la falta de acción gubernamental durante mucho tiempo propició la perdida del control estatal sobre al menos el cuarenta por ciento del país y la proliferación del crimen organizado, fundamentalmente del narcotráfico y el terrorismo». [37]

La real posibilidad de unas maras convertidas en algo muy parecido a los paramilitares colombianos, no puede descartarse si en determinado momento las oligarquías nacionales y los centros de poder imperialista ven amenazados sus intereses por las fuerzas revolucionarias.

Si por ejemplo ahora el gobierno de Enrique Bolaños en Nicaragua declara la guerra a las maras, mañana tal vez esos mismos políticos estarían dispuestos a fomentar su auge como medio desestabilizador de un eventual gobierno sandinista. Una actitud fácilmente imitable por el Partido ARENA en el Salvador si el actualmente opositor Frente Farabundo Martí para la liberación Nacional (FMLN) llegara al poder.

Durante la guerra fría de los 80´ los generales hondureños Gustavo Álvarez Martines y Daniel Bali Castillo (apoyados por simpatizantes nazis en Argentina y Chile, y con fondos de la CIA) crearon el Batallón 3-16, protagonista de una orgía de secuestros, torturas y «desapariciones» contra estudiantes, organizadores sindicales, miembros del clero y otros sospechosos de pertenecer a la izquierda. Mañana los actuales mareros podrían recibir entrenamiento en el Instituto del Hemisferio Oeste -nueva versión de la siniestra Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos- y ser los encargados de hacer el trabajo sucio para eliminar a los dirigentes revolucionarios.

Destruir a las maras no es cuestión de más policías, jueces y cárceles. La verdadera y definitiva solución llegará cuando los jóvenes tengan reales opciones de realización personal, cuando sus oportunidades sean diferentes a encontrar la autoestima y el orgullo en una de las tantas pandillas que viera mi amigo Oscar durante sus días como camarógrafo en Centroamérica. *