En los últimos tiempos, tras el ascenso al poder del nuevo gobierno en Ecuador, uno de los temas más discutidos es la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y es tan intenso el debate que mantiene a la nación dividida entre quienes quieren reformar a esta ley y aquellos que exigen su extinción. Sin embargo todo […]
En los últimos tiempos, tras el ascenso al poder del nuevo gobierno en Ecuador, uno de los temas más discutidos es la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y es tan intenso el debate que mantiene a la nación dividida entre quienes quieren reformar a esta ley y aquellos que exigen su extinción. Sin embargo todo lo dicho da para pensar que no se ha considerado a la opinión pública ecuatoriana, ni los porqué que nos llevaron hasta la emisión de esta ley. Entre ecuatorianos solo se habla pero no se actúa en este debate que debe importarle, y mucho, por lo que le afecta.
Toda sociedad que enfrenta un conflicto siempre halla en las leyes una especie de refugio o solución a una parte del mismo. Y esas leyes siempre tratan de generar procesos de aplicación y cumplimiento, los cuales pasan por interminables debates y perfeccionamientos constantes. Sin embargo, nunca debe soslayarse los motivos por los cuales se dictan esas normas, es decir, jamás deben olvidarse las causas que provocaron ese conflicto y por ende esa ley.
La comunicación social en Ecuador, como en todo el mundo, ha sido un proceso de enfrentamiento constante entre quienes la controlan, frente a la masa que hace la opinión pública. Siendo como es un instrumento de poder en nuestra nación la disputa por el control del gobierno y sus espacios pasa por ese esfuerzo y lucha del control de la prensa y su mensaje.
¿Qué pasaba en el Ecuador antes de dictar la LOC (2013)?. Pues, que imperaba el reino de la impunidad ante los abusos que se cometieron desde quienes tenían como suya y, todavía controlan, a la prensa ecuatoriana.
Así, el manejo de la «gran prensa» estaba en manos de cinco poderosos grupos económicos y financieros, mas unos cuantos bancos y sistemas empresariales. En buena medida habían constituido un monopolio con esos y otros negocios añadidos, con extensos tentáculos de concesiones entre frecuencias de radio y televisión, más las exoneraciones de impuestos y prebendas para la producción de periódicos y revistas, que se sumaron a los subsidios que promovían la cuasi gratuidad del papel. Era un gran negocio con alta valoración en lo publicitario, que generó prosperas ganancias y cuantiosas fortunas.
El monopolio de la prensa implicó el control cuasi absoluto del concepto y la palabra que se emitieron en esos medios. Esto era parte de la disputa dentro del poder político promoviendo a los dueños de esos medios, así como a algunos de sus personajes de pantalla, líderes de opinión o, periodistas hasta convertirlos en actores políticos que rigieron con su estilo al comportamiento de la opinión pública a la que influyeron seriamente en su comportamiento. Esto al punto de construir imágenes de personas a su antojo, o crear «listas negras con las cuales se niega a sus contrarios el derecho de opinión. La disputa incluyó la capacidad de negociar espacios de poder con la clase política y ser sus voluntades las que designaron funcionarios o políticas públicas. Y, si es del caso, como se dio entre los años 1997 al 2005 fueron partícipes activos de las conspiraciones o sediciones para destruir la democracia ecuatoriana, con la inestabilidad consiguiente que nos llevó a tener hasta 10 gobernantes en menos de una década.
El afán monopólico para que la comunicación social solo esté en manos privadas llegó a anular a otros sectores que pueden y deben participar en la misma, sean estos el público o el comunitario que habían sido borrados con abuso. Apropiarse de las frecuencias de radio y televisión en Ecuador llevó a una lista interminable de irregularidades hasta llegar al extremo delictivo del tráfico de concesiones del estado a costos altísimos más, falsificación de informes, testaferrismo, alteración de documentos públicos, tráfico de influencias para dar esas frecuencias a la clase política como pago por sus trafasías y, de paso, no cancelar las cuotas obligatorias al estado, perjudicando a la nación. Sí, así como lo leen, ese panorama mafioso y delictivo impera hasta ahora en el mundillo de las frecuencias de radio y tv nacionales, por eso se la disputan tanto, porque su dinero les costó a algunos de los propietarios que andan llorando porque se les mantenga con ese esquema corrupto.
El estado intelectual de la prensa ecuatoriana no puede ser más desastroso. Para estos grupos de control monopólico y sus arrimados, la comunicación social no es una ciencia sinó un oficio. El estudio no debe existir entre los periodistas, y muy por el contrario se negaron a aceptar que los periodistas seamos graduados en las universidades, a las cuales se las estigmatizó siempre por incapaces de producir gente que sea manipulable a su antojo. Yo mismo sufro hasta ahora las consecuencias de haber disputado ese reclamo para que se acepte que los periodistas somos profesionales y que la comunicación es una ciencia. Sin embargo, todavía impera en esa gran prensa privada la presencia de los arrimados cuya legalidad les regaló la dictadura militar del 75´, que les graduó de periodistas y les otorgó credencia a modo de un carné profiláctico por los años de experiencia para que se mantengan abusivos en sus redacciones. Ese absurdo impera en la prensa ecuatoriana, siendo esta la única profesión a la que se la ha maltratado de ese modo, sin olvidarse las infames condiciones laborales que violaron muchos derechos.
Al amparo del grito grotesco de muchos de los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que «Para la prensa la mejor ley es la que no existe» desde este sector se apropiaron de las libertades y derechos de opinión. Así: la libre expresión, la libertad de pensamiento, el derecho a la información y la respetabilidad de la honra, fueron tratados como si fuesen exclusivos de ellos, sin considerar que son DERECHOS CIUDADANOS. Por este manejo cruel sin ley es que la ética no existió ni siquiera como concepto en muchas publicaciones o programas de la prensa nacional, tanto que la honra de las personas ha sido atropellada en forma miserable, la desinformación fue parte del pan diario de esta prensa, mientras que la carencia del rigor, la falta de contrastación, la ausencia de la confirmación o desmentido de versiones han hecho un campo impune de los ataques y asesinatos de imagen. Y, para colmo de males, la negativa a aceptar corregir sus errores generó una tendencia infame a negar los derechos de rectificación o réplica a quienes han sido víctimas de versiones injuriosas o calumnias publicadas.
Y si se quiere profundizar en los motivos para reclamar por todo esto, hay que fijarse en el perverso criterio manejado desde esas salas de redacción que siempre consideraron que el funcionario público no tiene derechos ante esa prensa. Bajo el prejuicio público sembrado ante la opinión nacional se logró imponer el linchamiento mediático, que con un afán conspirativo contra la democracia y estado de derecho, lograron llegar con su opinión hasta judicializar la noticia y destruir la vida de inocentes, sin que importe aquello. Si quieren una muestra acusatoria de este tipo de linchamiento solo fíjense en el caso de la ex ministra Sandra Correa León, acusada por un hábil de la comunicación que fuera candidato presidencial y secretario de estado, abusando de la pantalla de un canal, sumado a dos periódicos una revista y dos periodistas que le inculparon injustamente. Resultado: destruyeron su vida, perseguida por 10 años le llevaron a la cárcel, y hasta ahora es atacada injustamente por ese linchamiento mediático, siendo totalmente inocente. ¿Quién responde por esto? pues ellos no, ni los medios que publicaron esa noticia falsa más los jueces que se dejaron atemorizar por esa prensa y, dictaron una sentencia infame reconociendo que se basaron el publicado falsamente.
Creo que la lista de servidores públicos víctimas de este linchamiento mediático es elevada, mientras que si sumamos muchos casos personales o privados le vuelven interminable.
El panorama tan nefasto al arribo de Rafael Correa al poder en enero del 2007 estuvo signado por este enfrentamiento. Un grupo de grandes propietarios, viendo en peligro sus negocios que los habían disfrazado de comunicación social se lanzó a la pelea política y, tomándose el nombre de todos los periodistas, medios y sociedad, se subieron al ring a disputarle el poder político al nuevo presidente al publicar un comunicado el 7 de marzo de ese año bajo el título de «Intolerable» con el abrieron fuego y metieron a todo el Ecuador en el conflicto.
Esta parte de la prensa como actor político convirtió a toda la prensa ecuatoriana en su caballo de batalla contra Rafael Correa, que a su vez les puso a nivel de su principal rival. La lucha encarnizada de estos diez años ha enfrentado desde simples publicaciones falsarias hasta campañas levantadas para promover la conspiración o el golpe de estado, como en el 30S por ejemplo. Y si no es verdad lo que digo, que se revise en fiscalía la investigación que en ese entonces se llevó a cabo por versiones de un prestigioso comunicador social de la tv ecuatoriana que lo denunció con suficiencia, denotando la existencia de reuniones de comités de redacción, de imagen pública, de crisis, para generar toda una guerra mediática contra el mandatario gobernante, a quien hasta por instrucciones de agencias extranjeras de inteligencia había que provocar sus reacciones abusando de su mal carácter, para explotar ante la opinión pública tal como consta en las revelaciones de WikiLeaks y la actuación de la embajada norteamericana en Ecuador, asociada con los promotores criollos de tal inestabilidad para aprovecharse de ella.
La reacción del ex presidente Correa Delgado siempre fue de confrontación con este sector de la prensa, pero cometió el severo error de nunca particularizar su enfrentamiento. Al extender el concepto generalizado de «prensa corrupta» provocó un daño grave a la comunidad entera de la prensa ecuatoriana, perdiendo así la objetividad necesaria en esta lucha que terminó afectándonos a todos, y que, sin embargo, esa gran prensa contra la que se atacaron sigue viva y ahora actúa con sed de venganza por el poder disputado, sintiéndose nuevamente poderosos ante un nuevo presidente que les ha dado señas de mirarlos complacientes sin saber el destino de esa relación.
Me ratifico en el concepto inicial del que partió este análisis. Las sociedades claman por leyes para zanjar sus conflictos, y en este ambiente la comunicación lo era, lo es y lo seguirá siendo. Por ello, la LOC es ahora el nuevo reclamo en la pelea, porque desde los distintos sectores de la clase política y dirigente de la nación nunca se escuchó ni se quiso entender que había mucho de impunidad en el comportamiento de quienes habían manejado la comunicación social destruyendo a la opinión pública, a su autoestima y hasta su democracia.
Dictada la ley el conflicto principal ha sido convertirla en aplicable. Y en ello hay que anotar que se han hecho esfuerzos por ponerla en vigencia, sin embargo las fallas severas son más bien resultado de luchar contra este sistema.
Por ejemplo, la falta de normatividad conexa así como la ausencia de reglamentación completa son las fallas menores. La falta de claridad en los conceptos como definición de la publicación de lo importante, la conceptualización de los derechos de protección o la normatividad del linchamiento mediático son reclamadas. El reparto de frecuencias entre lo público, privado y comunitario todavía es un punto de conflicto, mientras que el reclamo de la asignación de publicidad de hasta un 10% obligatorio a los medios menores es enfrentada por la mala experiencia del manejo del anterior régimen con la «burbuja publicitaria» que ha provocado graves perjuicios a los medios, esa una norma urgente a reformarse y dictarse.
La cuestionada creación de la Superintendencia de Comunicación SUPERCOM, fue una respuesta al griterío de la oposición que dijo que la ley era inaplicable, y es precisamente ese el concepto por el cual se dio paso a este organismo que debe mantener la norma, sancionar con ella. No es cuestión de desaparecer a la misma y regir con el espíritu auto-regulador de la ley, porque eso falla. Debe existir un organismo que norme sino el ciudadano no tiene a dónde acudir para que se cumpla y respete la ley. Lo digo por experiencia, sin esa ley y esa entidad yo no hubiera podido reclamar el atropello de Rodas contra Ecuadorinmediato.com, por eso creo que la SUPERCOM debe estar vigente para impedir el atropello de un funcionario público.
Debe considerarse que una ley tiene que lograr modificar el comportamiento y conducta de una sociedad; por ello, la nación debe preguntarse si con la LOC se ha logrado mejorar la calidad de la comunicación en Ecuador, y la respuesta no puede medirse en las sanciones que se han aplicado a los 477 casos denunciados y castigados. En verdad se requiere que entre todos entendamos que no se puede mantener el estado de impunidad que tenía la prensa ecuatoriana, ni volver a ello como si fuese una ventaja porque nos afronta. El cambio exigido es una urgencia que nos obliga a reflexionar a diario entre quienes somos parte de la comunicación social en el País.
Si, debe entenderse a una reforma como lo perfectible pero jamás como una regresión. Que no se les ocurra a los legisladores hacer caso a los grupos de presión para que se arrebaten los derechos ciudadanos ganados en esta ley, y muy por el contrario debe estimular al cumplimiento de procesos de cumplimiento de una norma que garantiza la estabilidad social como el valor de la democracia y sus propias regulaciones que tanto favor le hacen a todos en bienestar común.
A todo este debe enfrentar la nación, a la posición extremista de eliminar la ley, de llegar a quemar irracionalmente el libro legal como lo hizo la UNP en un gesto fascista y exigir que se debe botar al tarro de basura la legislación. Esta es una propuesta no válida por el principal motivo: porque es el resultado de la voluntad popular que clamó por dictar una ley que regule la comunicación en Ecuador. Que se sienta que todo esto surgió por un hartazgo de los abusos y la mala calidad de la prensa nacional, que no pueden seguir imperando bajo ninguna justificación en el país.
Al final me queda una sola duda. ¿Se ha apropiado y empoderado de esta ley la ciudadanía ecuatoriana? La verdad siempre me sorprenderá mirar como la Indiferencia Nacional opera a veces en la nación, y en este caso, querrá pelear por este su derecho ciudadano a una comunicación social positiva para Ecuador. No tengo respuesta, solo duda, porque esta disputa de poderes por controlar a la comunicación solo ha provocado que a la opinión pública se la ha convertido en el pasto destruido víctima de la pelea entre mastodontes. (FHA).
Dr. Francisco Herrera Aráuz: Director General del Sistema Informativo Ecuadorinmediato.com