Un documento preliminar del Parlamento Europeo desvela cómo los principales benefactores de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) son grandes compañías del sector primario. Los pequeños campesinos y los ecologistas denuncian que el modelo de subvenciones europeas está favoreciendo a la industrialización de la tierra.
El reparto de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) vuelve estar en cuestión. Así lo demuestra un documento preliminar del Parlamento Europeo en el que se recoge el listado de los principales beneficiarios de estas subvenciones a la producción agrícola y ganadera en 2018 y 2019. El documento, que no ha gustado demasiado a colectivos ecologistas ni a los pequeños campesinos, corrobora esa clásica idea de que el grueso de la financiación europea se concentra en muy pocas manos.
Así, en la lista española se encuentran nombres destacados como Vega Mayor SL, del Grupo Florette, que recibió 7,5 millones de euros entre 2018 y 2019, o el Grupo Entrepinares, una de las mayores empresas de quesos de España, que recibió en esos dos años 5,6 millones de euros. También aparecen en las listas publicadas por el Parlamento Europeo marcas conocidas como Freixenet, el líder mundial del cava, que en 2018 accedió a una ayuda de la PAC de 2,2 millones de euros.
Entre los cincuenta principales beneficiarios de estas ayudas europeas, aparecen también nombres como las Bodegas Protos, que recibió 2,6 millones de euros en 2018 y 3,2 millones de euros en 2019. Además, aparecen nombres vinculados al modelo de ganadería intensiva como Campofrío (5,9 millones de euros en 2019) o Faccsa (3,3 millones de euros en 2019) y cooperativas agrarias industriales como Primaflor (5,6 millones en 2018) y Agroiris (4,6 millones en 2018 y 4,4 millones en 2019). Se pueden leer también nombres de empresas que se dedican a la distribución de alimentos como Mercadona, que recibió 1,8 millones de euros de la PAC en 2018 y Telefónica, que recibió 2,6 millones de euros en 2019.
«Lo que demuestran estos datos es que las ayudas de la Política Agraria Común están yendo a beneficiar un modelo de agricultura y ganadería intensivo e industrial», señala Andrés Muñoz, responsable de Soberanía Alimentaria en Amigos de la Tierra, organización bajo el paraguas de la plataforma Por otra PAC.
Muchos de los beneficiarios de las ayudas se dedican también a actividades que indirectamente contribuyen a la proliferación de macrogranjas. Se trata de compañías cuya actividad principal va dirigida a la fabricación de piensos para animales de granja. En el listado publicado por Bruselas, se cuentan algunas como Compañía Canaria de Piensos (7,2 millones de euros en 2018), Piensos del Atlántico (3,8 millones de euros en 2018), Graneros de Tenerife SL (7,1 millones de euros en 2018) o Cereales Archipiélago SL (6,8 millones de euros entre 2018 y 2019).
«Al final la mayor parte de estos piensos tienen una gran huella ecológica porque muchos de ellos no llevan sólo cereales, sino que se complementan con soja que se trae de América. Fundamentalmente son piensos que se destinan a la ganadería intensiva porque al final los animales del modelo extensivo se crían en el campo pastando», explica Inmaculada Lozano, agricultora y portavoz de la plataforma Stop Ganadería Industrial. Este modelo pecuario tiene unas consecuencias directas en el entorno, sobre todo en el sector porcino, ya que la concentración de animales requiere de una ingente cantidad de litros de agua para la crianza. A ello, se añade la contaminación de los acuíferos por la filtración de los purines, la mezcla de heces y orín.
La concentración de las ayudas en grandes empresas del sector alimentario no solo contribuye al mal uso de la tierra, sino que genera desigualdades en el mercado. Así lo denuncian desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que consideran que estás ayudas permiten que los productos intensivos puedan bajar sus precios en el mercado y competir con ventaja frente a los alimentos que los pequeños campesinos puedan cultivar. «No podemos seguir viendo cómo las grandes empresas son las grandes beneficiarias de la PAC mientras los pequeños agricultores y ganaderos se quedan sin nada», expone Lorenzo Ramos, secretario general de UPA.
La nueva PAC
En estos momentos los criterios de la nueva Política Agraria Común, que abarcará los años 2023-2027, se están negociando en Europa, tanto ecologistas como pequeños agricultores consideran que es el momento de corregir los errores que durante décadas se han arrastrado. En un momento marcado por la emergencia climática, potenciar los criterios ecológicos es una de las prioridades que defienden desde la coalición Por otra PAC, pero también la inclusión de elementos que garanticen que las empresas o cooperativas que accedan a las subvenciones respetan los derechos de los trabajadores.
«En la actualidad no hay ningún apartado que obligue de manera estricta a cumplir con la normativa nacional laboral. Hay que destacar que muchas de las grandes empresas agrícolas, además de los impactos ambientales, se sustentan en el uso de mano de obra barata y, en muchos casos, de explotación de población vulnerable», explica Muñoz, en referencia a las vulneraciones de derechos humanos de las temporeras de la fresa en Huelva o a las condiciones infrahumanas en las que muchos campesinos migrantes tuvieron que afrontar la fase más crítica de la pandemia en España.
«En los últimos 10 años, Europa ha perdido un cuarto de sus agricultores por el modelo de financiación de la Política Agrícola Común. Al basarse en la superficie, privilegia principalmente a los grandes terratenientes y grandes corporaciones, muchas con prácticas dañinas para la salud, el campo y el clima. Si de verdad queremos una PAC verde y justa, esto pasa por cambiar sus reglas de juego para que el dinero vaya hacia pequeñas explotaciones con prácticas agroecológicas», comenta a Público Florent Marcellesi, coportavoz de EQUO y exeurodiputado de Los Verdes.
Desde UPA defienden que sólo la pequeña agricultura familiar puede garantizar que la producción se realiza respetando derechos laborales y salvaguardando los ecosistemas rurales. «No hay mejor modelo. Nadie cuida más del medio ambiente que el pequeño agricultor, que está a diario en el campo que ayuda a tener el entorno rural sano y se implica. La industrialización sólo se dedica a poner grandes producciones sin usar siquiera mano de obra de la zona y sin contribuir a la economía rural», denuncia Ramos. «Seguridad ambiental y laboral, salud alimentaria y lucha contra la despoblación. Esos deben de ser los pilares de la próxima PAC», zanja.