El Gobierno, el PP y la CEOE llevan semanas intentando convencer a los trabajadores de que la huelga general del día 29 contra la reforma laboral no solo no está justificada, sino que generará enormes pérdidas, perjudicará la creación de empleo y retrasará la salida de la crisis. Todo en un solo día. Los argumentos que […]
El Gobierno, el PP y la CEOE llevan semanas intentando convencer a los trabajadores de que la huelga general del día 29 contra la reforma laboral no solo no está justificada, sino que generará enormes pérdidas, perjudicará la creación de empleo y retrasará la salida de la crisis. Todo en un solo día.
Los argumentos que utilizan son refutables, pero han conseguido que calen en una parte importante de la población, que ha interiorizado la idea de que la esta reforma era inevitable para salir de la crisis. La crisis no la niega nadie, pero no es verdad que las medidas adoptadas sean las únicas que se podían tomar. Ese es el motivo de la huelga.
Quienes se oponen al paro, entre ellos muchos trabajadores, recurren a «ideas fuerza» para explicar su decisión. Sentencias que suenan muy solemnes, pero que son muy discutibles o directamente mentira. Este es un decálogo de ellas.
1) La huelga es política y no se hace para defender a los trabajadores sino para atacar al Gobierno del PP. El adjetivo «política» se emplea en este caso de modo peyorativo, como un engaño que deslegitimara su convocatoria. Todas las huelgas generales son políticas, porque se hace contra decisiones también políticas que afectan a todos los ciudadanos, que tiene derecho a intervenir en los asuntos públicos no solo con su voto, sino también con su opinión, y la huelga es una expresión ella.
2) El país no está para huelgas. Las huelgas generales son el último recurso, una medida excepcional que se adopta cuando el Gobierno de turno aprueba medidas que recortan derechos y afectan a la calidad de servicios públicos esenciales, como la educación y la sanidad. Los paros generales no tienen sentido cuando hay un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y los intereses de los empresarios, cuya consecuencia es la paz social.
3) La huelga perjudica la imagen de España en el exterior. De nuevo se acusa a los sindicatos y a los trabajadores de ser en última instancia los responsables de que suba la prima de riesgo o de que Unión Europea (UE) no crea en las medidas económicas aprobadas por el Gobierno. Si alguien ha perjudicado la imagen de nuestro país han sido las agencias de calificación y los especuladores financieros.
4) Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades es otra frase hecha que pretende atribuir a los trabajadores la responsabilidad última de la crisis y de los recortes que el Gobierno no ha tenido más remedio que hacer. La crisis es consecuencia de la codicia de la banca, que en la etapa del boom inmobiliario se empeñó hasta las cejas con dinero barato para conceder crédito a las constructoras y a los compradores, a éstos incluso con hipotecas superiores al valor de tasación de las viviendas, cuyo precio creció un 28% entre 1996 y 2000. Ganaron mucho dinero, pero mataron a la gallina de los huevos de oro.
La burbuja estalló, pero a quien menos ha afectado es a la banca, que nunca pierde. Para eso están las ayudas públicas y del Banco Central Europeo (BCE), que ponen dinero con el que las entidades financieras están saneando sus balances en lugar de dedicarlos al crédito para facilitar la actividad económica, auténtico motor del crecimiento y del empleo. Un dato: entre 1996 y 2000 los beneficios empresariales crecieron por encima del 30% y los salarios por debajo del 3%, y como los precios también subieron el poder adquisitivo se redujo un 4%. Los trabajadores tienen que sacrificarse cuando las empresas van mal, y también cuando van bien.
5) El mercado laboral es muy rígido (en beneficio de los trabajadores) y desincentiva la creación de empleo. También mentira. El Estatuto de los Trabajadores, que los empresarios califican de obsoleto, ha sufrido 52 reformas desde su aprobación en 1980. La reforma de 1984, por ejemplo, incentivo los contratos temporales (lo que los empresarios llaman flexibilidad del mercado de trabajo, que siempre les parece insuficiente), cuyos efectos aún sufrimos. En el periodo ya citado de 1996 a 2000, los años de la bonanza económica y los grandes beneficios, los contratos temporales eran ya 1 de cada 3 registrados, un 250% superior a la media europea. Con la actual reforma, más temporalidad.
6) No hago huelga porque la convocan CC.OO y UGT, dos sindicatos que no defienden ni a los trabajadores ni a los parados, sino sus propios intereses. Lo sustancial no es quien convoca, sino si la reforma laboral merece o no esta huelga general. Me pregunto si quienes culpan a las dos organizaciones sindicales mayoritarias de su decisión de no hacer huelga la harían si los convocantes hubiesen sido USO o la CGT, por ejemplo. Tampoco les he escuchado decir con qué organización sindical si habrían secundado la convocatoria. Estoy convencido de que con ninguna.
7) La huelga había que haberla hecho antes de que el Gobierno aprobara el decreto ley; ahora ya no vale para nada. Falso, porque en su tramitación parlamentaria los partidos presentarán enmiendas para intentar su modificación. El PP no va a ceder en lo sustancial porque su mayoría absoluta se lo permite, pero hay precedentes de que aún así las movilizaciones ciudadanas pueden forzar cambios. Le ocurrió a José María Aznar en 2002 con otro decreto-ley, el «decretazo», que suponía una drástica reforma del despido y la prestación por desempleo. Entonces, como ahora, el PP tenía mayoría absoluta y prescindió del diálogo social y del trámite parlamentario previo. Los sindicatos convocaron una huelga general el 20 de junio que fue un éxito y obligó al Ejecutivo a retirarlo. Cinco años después, el Tribunal Constitucional (TC) declaró el decreto contrario a la Constitución.
8) No voy a la huelga porque me cuesta dinero. Obvio; si fueran gratis serían vacaciones. Se sacrifica un día de sueldo para intentar no perder derechos, como es, hablando de dinero, el abaratamiento del despido o el incremento del IRPF, que desde enero nos ha bajado el sueldo a todos.
9) Quiero ir a trabajar y no puedo. Muchos ciudadanos anteponen su derecho a acudir al trabajo al de quienes secundan los paros porque tienen, por ejemplo, dificultades para llegar a sus puestos. Las huelgas generales tienen como objetivo paralizar la actividad de un país, y su ejercicio incide por fuerza en el normal funcionamiento de los servicios públicos. Las huelgas generan siempre inconvenientes para quienes no las secundan, pero si esas personas tienen derecho a ir a trabajar, también el resto lo tiene a no hacerlo. Los servicios mínimos están pensados para equilibrar ambos derechos.
y 10) Los piquetes (pésimo sustantivo que se identifica siempre con violencia) no son otra cosa que un instrumento de presión para obligar a hacer huelga a quienes no quieren. Hay piquetes meramente informativos y otros que, efectivamente, recurren a la coacción. Tan cierto como que hay otros piquetes de los que nadie habla, los empresariales, mucho más discretos pero que atentan contra el derecho a la huelga. Lo hacen con amenazas encubiertas que estigmatizan a quienes deciden no ir al trabajo. Aquí radica el miedo de muchos trabajadores, sobre todo de pequeñas empresas, que estando de acuerdo con el paro deciden no secundarlo salvo, por ejemplo, que lo haga toda la plantilla. Diluyen una decisión personal en una colectiva para evitar represalias.
Posdata: Están ustedes en su derecho a hacer huelga o acudir a trabajar el próximo jueves. Están en su derecho. Quienes secunden el paro lo harán contra la reforma laboral, y quienes no la hagan porque están de acuerdo con ella, no creen que esté justificada o tienen miedo. No tienen que dar explicaciones en público, pero si lo hacen, que sea con argumentos más sólidos para no tener que recurrir a la mentira. Por cierto, #yohagohuelga
Hasta el próximo fin de semana.