La delincuencia ocupa un lugar preponderante tanto en los medios de comunicación como en las demandas de los habitantes de la región latinoamericana en la actualidad. El incremento de las tasas de delito ha sido exponencial en los últimos años, a la par del aumento de en la violencia de los hechos. La tasa de […]
La delincuencia ocupa un lugar preponderante tanto en los medios de comunicación como en las demandas de los habitantes de la región latinoamericana en la actualidad. El incremento de las tasas de delito ha sido exponencial en los últimos años, a la par del aumento de en la violencia de los hechos. La tasa de homicidios en América Latina y el Caribe ha aumentado de 12,5 a 25,1 cada cien mil habitantes desde el año 1980. Frente a la creciente demanda, los gobiernos parecen no dar con ninguna solución certera a este problema, centrándose en el principio de ver al delito como algo desagregado de la sociedad, o creyendo que simplemente el crecimiento económico es suficiente.
En nuestra región, según estudios del Banco Mundial, el decil más rico se queda con el 48% de los ingresos a la par que el decil más pobre percibe sólo el 1,6%. La relación entre desigualdad y delincuencia se comprueba cuando observamos que los países con menos tasa de criminalidad son justamente aquellos que cuentan con políticas sociales universales, como en el caso del norte de Europa. Bernardo Kliksberg en la revista Nueva Sociedad destaca que «la combinación de jóvenes excluidos, con dificultades para incorporarse a la vida laboral, baja educación y familias desarticuladas crea un inmenso universo vulnerable que constituye un mercado cautivo para las bandas criminales». Resulta evidente que cuando la crisis es menos una excepción que una forma de vida, cuando el contexto margina y maltrata a los excluidos, cuando los medios de comunicación presentan estereotipos de desarrollo social basados en la frivolidad y el exitismo, que parecen estar condicionados a la pertenencia a una determinada clase o raza que representa a las minorías, el futuro se vuelve ciertamente borroso en términos de igualación.
Las políticas de mano dura, que suelen ser las que el público en general y los familiares de las victimas en particular reclaman, han demostrado una ineficacia rotunda en todos los países en los que se han aplicado debido a que se centran en la represión indiscriminada a los excluidos, ya que se los supone más propensos a convertirse en delincuentes, y de este modo, generan una segregación social que profundiza su sensación de falta de posibilidades de progreso. Esto va aparejado en Latinoamérica a una notoria discriminación racial que se refleja en que negros e indígenas sean los principales blancos de la persecución policial. En este punto, el Banco Mundial afirma que la configuración de las instituciones latinoamericanas está aún atravesada por principios que subsisten desde la colonia, tendientes a favorecer a las élites. Sin embargo, no enfatiza el hecho de que las políticas sociales y educativas focalizadas que ellos recomiendan, no han resuelto el problema hasta ahora, sino que más bien lo han agudizado ya que en muchos casos refuerzan la brecha social que pretenden zanjar.
En numerosos países de la región la ausencia del estado y el consecuente desamparo social de bastos sectores, ha sido resuelto a través de la emergencia de bandas de narcos o de grandes pandillas que dan a muchos jóvenes contención y una viable salida laborar o al menos una idea de pertenencia y de proyecto de vida. En este contexto, han aparecido en los últimos años una variedad de estéticas y de modos de representación de los excluidos que también son objeto de discriminación de parte de las fuerzas policiales y de los medios de comunicación, reforzando una vez más la desigualdad y la falta de perspectivas.
Entender al delito en términos de seguridad/inseguridad, resulta grotesco en un continente que produce alimentos y no garantiza la menor seguridad alimentaria a sus ciudadanos. Es indispensable comenzar a gestar políticas sociales y educativas que incluyan y valoricen la riqueza de la diversidad cultural y racial con la que contamos, ya que el único modo de resolver verdaderamente la desigualdad es fomentar la integración, y esto no puede hacerse sino dialogando en un plano de igualdad en términos de la ponderación social de los actores en juego. La disminución del delito se dará en la medida en que esta desigualdad se resuelva, pero a diferencia de los países nórdicos, aquí estamos obligados a desarticular previamente ciertos principios coloniales, a repensar de qué está compuesto nuestro universo.