Muchas de estas licencias se concedieron de manera dudosa y sin respetar los debidos procedimientos, amparados en que era más importante la generación de divisas que la protección ambiental. Para ello proponemos constituir inmediatamente una mesa ciudadana de auditoría a la concesión de licencias ambientales que ha otorgado el MAE, especialmente las referentes a proyectos mineros, petroleros y relacionados con el agua.
Se acaba de fusionar el Ministerio del Ambiente con la Secretaría del Agua. Tenemos un nuevo ministro que proviene de las organizaciones sociales y que conoce la realidad que se vive en el mundo rural, esta debería ser una razón de fuerza para establecer cambios sustanciales en las políticas ambientales, que con tan poco respeto a los derechos de la naturaleza, a derechos colectivos y los derechos ambientales se han llevado a cabo en las últimas décadas.
Queremos recordar que el Ministerio del Ambiente es el ente responsable de la rectoría ambiental en el país, pero además que la Constitución de Montecristi establece un nuevo marco de entendimiento a los temas ambientales: propone el sumak kawsai como modelo económico, reivindica la plurinacionalidad, y reconoce derechos propios a la naturaleza. Sin embargo, lo que hemos evidenciado en los últimos años, y particularmente la última década, es que el Ministerio del Ambiente ha avalado la expansión de actividades económicas destructivas al ambiente y la naturaleza, teniendo como única lógica la expansión y consolidación de las empresas extractivas y del agronegocio.
A continuación, exponemos algunas de nuestras principales preocupaciones sobre el actuar del Ministerio en los últimos años, y destacamos los temas pendientes.
Sobre la participación ciudadana.-
El sitio oficial del Ministerio entre sus valores incluye:
Impulsa la participación de todos los actores sociales en la gestión ambiental a través del trabajo coordinado, para de esta manera, contribuir a consolidar la capacidad tanto del Estado como de los gobiernos seccionales para el manejo democrático y descentrado del tema ambiental y comprometer la participación de diversos actores: las universidades, los centros de investigación, y las ONG.
No solamente la participación ha sido débil y en la mayoría de casos inexistente, sino que lo que resulta más grave es que se establecieron procedimientos que hacen imposible tener acceso a información relevante del Ministerio, por ejemplo de Licencias Ambientales o Estudios de Impacto Ambiental, lo que limita la capacidad de participar de manera informada y responsable en los distintos aspectos de la gestión ambiental, que incluye el monitoreo de las políticas públicas y su aplicación en los territorios, reconociendo el derecho que tenemos los ecuatorianos a gozar de un medio ambiente sano, y respetando los derechos de la naturaleza.
Si bien es cierto que ha habido momentos de encuentro con organizaciones de la sociedad civil, lo importante es saber que la participación es importante en la medida en que tenga capacidad de incidir sobre políticas públicas, de otra manera se queda en el acto simbólico.
Sobre las industrias extractivas.-
Entre sus obligaciones se incluye dar licencias ambientales, las mismas que deben basarse en el respeto a la Constitución y el ordenamiento normativo nacional. En el caso de las actividades extractivas (petróleo, minerales, madera, recursos pesqueros entre otros), la Constitución en su artículo 407 es muy clara sobre toda actividad extractiva en áreas protegidas.
1. Actividades petroleras
La actividad petrolera es profundamente destructiva y contaminadora, allí donde se desarrolla, ha habido una historia de impunidad en relación a la violación de derechos en estos territorios. Es urgente implementar políticas de control ambiental y sanciones ejemplares hacia la actividad petrolera, pero sobre todo es imprescindible detener la ampliación de la frontera extractiva.
Ecuador es un país biodiverso, con presencia campesina e indígena en todos los territorios que se consideran las nuevas fronteras de extracción petrolera. En las zonas en donde ya se extrae petróleo se presentan los peores indicadores de desarrollo humano, sin embargo, continúa ampliándose esta actividad, argumentando la «necesidad de explotación petrolera para alcanzar el desarrollo».
El Ecuador cuenta, con el área que alberga la mayor biodiversidad del planeta, el Yasuní que a la vez y quizá porque está íntimamente ligado a esta condición, es además el hogar de los últimos pueblos indígenas en aislamiento voluntario de este país, la misión inexpugnable de una institución como el Ministerio de Ambiente, debería ser la de proteger a toda costa este lugar único en la tierra.
En estos momentos está en manos del nuevo ministro de Ambiente la oportunidad de conservar la riqueza natural y cultural del Parque Nacional Yasuní. El Ministro no puede, por responsabilidad para con el país y el mundo, conceder la licencia para la explotación del campo Ishpingo. Hacerlo sería, sin ligar a dudas ni exageración, firmar la sentencia para desaparecer a los pueblos Tagaeri y Taromenane, nuestros hermanos.
No es la única área protegida afectada por actividades extractivos. En los últimos meses hemos constatado que se están realizando campañas de exploración sísmica en áreas protegidas como la Reserva Cuyabeno, inclusive en el área intangible (declarada como tal el 2 de febrero 1999), y que el Ministerio del Ambiente ha otorgado licencias ambientales para esta actividad. Las razones dadas es que sólo se está haciendo exploración, para conocer la presencia de hidrocarburos, no para extraerlo; ante lo cual nos preguntamos cómo en un país con recursos tan limitados, es posible que se desperdicie montos tan elevados para una actividad que jamás se concretará en la extracción del crudo, por estar prohibido constitucionalmente.
2. Actividades mineras
El Ministerio de Ambiente y Agua, debe mantener una posición política firme y creíble frente a la minería, como corresponde a la autoridad ambiental en el país de los Derechos de la Naturaleza y del Derecho Humano al Agua.
Hasta el momento, el MAE no ha tenido una política ambiental y del agua frente a la minería; al contrario, ha cumplido con el rol de ser amplificador del extractivismo minero en el país y de las supuestas buenas prácticas de control.
A la máxima autoridad ambiental le corresponde impedir que las condiciones ambientales en el país sean impuestas unilateralmente por las empresas mineras, fortalecer los mecanismos de control, y sancionar, en el marco de sus competencias, las faltas cometidas por las empresas mineras.
La Consulta Popular del 2018, en la que la gran mayoría de la población de nuestro país votó porque no haya minería en áreas protegidas, y en cumplimiento de los art. 405 y 406 de nuestra Constitución, el MAE debe embanderar la defensa de estas áreas, incluyendo las nacientes de agua, las zonas de amortiguamiento, las áreas protegidas comunitarias, las declaradas por los GAD, las reservas de la Biosfera y las Reservas Ramsar.
Hay varios temas pendientes, entre ellos:
- coadyuvar activamente los esfuerzos en las auditorias que realiza la Contraloría de la Nación sobre las concesiones mineras
- cumplir con el Mandato Minero otorgado en el proceso Constituyente
- vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares dadas por el Juzgado multicompentete de San Lorenzo en junio del 2018, quien ordenó la suspensión de toda actividad minera en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro – Esmeraldas,
- en relación a los procesos judiciales en marcha, pedimos al Ministro que apoye la defensa del ambiente, del agua y de las comunidades en relación a los proyectos mineros Río Blanco, Sinagoe y Mirador opte por la defensa de los pueblos, el ambiente y el agua.
- mejorar las herramientas para la entrega de concesiones de agua a empresas mineras, que incluyan la información sobre afectación de fuentes hídricas, el análisis de los sistemas hidrográficos subterráneos, los usos tradicionales del agua, a fin de evitar que las perforaciones mineras afecten este sistema hidrográfico.
Sobre la actividad maderera y los monocultivo de árboles.-
Una de las competencias del Ministerio del Ambiente es el control permanente y eficiente de la deforestación, toda vez que las tasas de deforestación del país son vergonzosas. Mucha de esta deforestación está relacionada con la implementación de megaproyectos que son impulsados sobre remanentes de bosques. Al Ministerio del Ambiente le corresponde no solo evitar la deforestación, sino impulsar la restauración de ecosistemas degradados, la que debe hacerse con especies nativas, y propias de la zona, tal como manda la Constitución del Ecuador.
En los últimos años se facilitaron centenares de licencias y permisos ambientales para la expansión de monocultivos de árboles con especies exóticas, afectando al conjunto del país, y llegando en algunos casos, como en el páramo de Tangabana a sembrarse pinos por sobre los 3.000 msnm y además de ocupar tierras de comunidades campesinas y locales.
Tanto los bosques del Chocó como los del Yasuní, están sufriendo de un proceso agresivo de deforestación, a pesar de su importancia ecológica. En el caso de la provincia de Esmeraldas, la extracción maderera se hace con maquinaria pesada, es una actividad ilegitima y violenta. Así mismo en el Yasuní, el madereo y cacería ilegal afectan incluso la Zona Intangible Tagaeri y Taromenane, especialmente en la parte Suroriental del Parque Nacional Yasuní, a lo largo de la cuenca del río Curaray.
El Ministerio del Ambiente le debe al país un control ambiental eficiente a la industria palmicultora, tanto a las plantaciones, que provocan deforestación de bosques nativos, contaminación de agua, tierra y aire como a las empresas extractoras. Tal es el caso de la sanción que recibió el MAE del Juzgado multicompetente en el 2017, por la evidente negligencia en el cumplimiento de sus funciones, por la contaminación generada por la palmicultoras en las comunidades de la Chiquita y Guadualito en San Lorenzo- Esmeraldas.
Sobre los transgénicos y los agrotóxicos.-
En otro ámbito, exigimos un pronunciamiento claro por parte del Ministerio del Ambiente, como ente encargado de precautelar la salud ambiental y los derechos de la naturaleza del país, sobre la condición del Ecuador como un país libre de cultivo y semillas transgénicas, y la inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento a la Agricultura Sustentable.
En relación a uso de agrotóxicos el Ministerio del Ambiente debe ampliar la franja de protección de las fumigaciones aéreas en plantaciones industriales, de 200 a 1000 metros, dados los impactos ambientales y sociales detectados por el Ministerio del Ambiente en el 2012. Esto, en contraposición de los intereses de las grandes bananeras que insisten en reducir el área a 30 metros.
Últimos estudios científicos muestran que los plaguicidas neonicotinoides, son responsables de la disminución de las colonias de abejas y otros polinizadores. Debido a la importancia de estos organismos en asegurar la continuación de la agricultura y la biodiversidad, es imperativo que el Ministerio del Ambiente asuma una posición firme frente a estos agrotóxicos, ya que éstos son parte del subsidio que da el Ministerio de Agricultura a los agricultores, a través de sus kits agropecuarios.
Como ya está sucediendo en otros países, pedimos al Ministerio del Ambiente que se prohíba en el país el herbicida glifosato. En 2015, la Agencia de Investigaciones del Cáncer -IARC- de la OMS que declaró al glifosato como posible cancerígeno en humanos. Este herbicida se usa no sólo en el sector agrícola, especialmente para el control de malezas asociadas a monocultivos, sino también en parque y jardines urbanos, exponiendo a la población a los peligros del cáncer.
Camaroneras en tierras altas.-
En algunas regiones de la Costa Ecuatoriana proliferan las camaroneras de agua dulce, o camaroneras en tierras altas, poniendo en peligro el acceso al agua por parte de las comunidades locales la misma que es acaparada, contaminada y desviada por los camaroneros, la destrucción de la biodiversidad dulceacuícola y agrícola y la soberanía alimentaria. La Resolución 042-2002-TC declaró la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 1952-A, a través de la cual se legalizaban las camaroneras en tierras altas. El Ministerio del Ambiente y Agua tiene la obligación de detener esta expansión y sancionar a los responsables.
Sobre el agua.-
Dado que la Constitución del Ecuador establece una prelación en relación al uso del agua, pedimos al Ministro del Ambiente que se realice un balance de las aguas que el país requiere para sostener la soberanía alimentaria y uso humano del agua, frente a la pérdida o contaminación relacionada con la minería, la explotación petrolera, la agroindustria y la generación hidroeléctrica, y que este estudio sirva para redireccionar las concesiones de agua que se dan en este país.
De acuerdo al artículo 412 de la Constitución, la autoridad del agua, ahora fusionada con el Ministerio del Ambiente está cargo de la gestión del agua, y será responsable de su planificación, regulación y control… Por su parte el Ministerio del Ambiente es la autoridad competente para determinar los índices de contaminación y calidad del agua.
El monitoreo de la calidad del agua realizado por SENAGUA y INAMHI, mostró que la calidad general del agua para el consumo humano es mala en la región Costa, Sierra, el Norte y el Sur de la Amazonía. Asegurar que una calidad del agua que asegure la salud y el bienestar de los ecuatorianos es una tarea pendiente de la nueva autoridad.
Uno de los problemas más graves en relación el agua, es su acaparamiento para proyectos agroindustriales o industriales. En el caso de los proyectos multipropósito, esto viene acompañado con el desplazando de campesinos, y además concentran, desvían, y redirección el agua que antes irrigaba dedicadas a la soberanía alimentaria y la vida de las comunidades locales. El Ministerio del Ambiente y Agua debe analizar y corregir este fenómeno a profundidad, puesto que atenta con los derechos colectivos, ambientales y de la naturaleza.
Sobre las licencias ambientales.-
Debe revisarse la política y los procedimientos para revisar Estudios de Impacto Ambiental y otorgar Licencias Ambientales. Esta revisión es deficiente y el Código Ambiental hace que estos instrumentos de gestión ambiental sean aún más inoperantes, pues en este se establece que un proyecto puede separarse por fases para obtener las autorizaciones ambientales, con lo que no es necesario realizar un estudio de Impacto Ambiental del proyecto integralmente.
Es preocupante en muchos casos ya no sea necesario un estudio ambiental, sino solamente una ficha ambiental por cada fase de un proyecto, perdiéndose la integralidad del mismo. Eso sucedió en Quito con el proyecto «Solución Vial Guayasamín», que fue divido en fases y se presentaron fichas ambientales al MAE. Aun cuando estas fueron copias de la ficha hecha para el Aeropuerto de Tababela, fueron aceptadas.
Por lo expuesto arriba, demandamos del ministerio del Ambiente y de las autoridades correspondientes, que se lleve a cabo auditorías a las licencias ambientales más problemáticas, concedidas en los últimos 11 años. Muchas de estas licencias se concedieron de manera dudosa y sin respetar los debidos procedimientos, amparados en que era más importante la generación de divisas que la protección ambiental. Para ello proponemos constituir inmediatamente una mesa ciudadana de auditoría a la concesión de licencias ambientales que ha otorgado el MAE, especialmente las referentes a proyectos mineros, petroleros y relacionados con el agua.