Dedicado a las guerreras de Achacachi, espíritu encarnado de Bartolina Sisa; a los guerreros de Achacachi, espíritu encarnado de Tupac Katari. Ejercer la democracia es no ir ni avalar a una elección fraudulenta. Al contrario, el ir y avalar una elección fraudulenta es atentar contra la democracia, que, de acurdo a la Constitución, debe […]
Ejercer la democracia es no ir ni avalar a una elección fraudulenta. Al contrario, el ir y avalar una elección fraudulenta es atentar contra la democracia, que, de acurdo a la Constitución, debe ser participativa, pluralista, directa, comunitaria y representativa. Cuando ninguna de las condiciones exigidas por la Constitución se da para el ejercicio electoral, la convocatoria a elecciones, viciadas de vulneración de derechos y de violación de la Constitución, es ilegítima. Ejercer la democracia implica ejercerla plenamente o, por lo menos, en el marco de la democracia institucionalizada, restringida a la representación y delegación, ejercerla de acuerdo a las condiciones establecidas constitucionalmente. Cuando no se cumplen estas condiciones, ejercer la democracia implica oponerse a fraudulentas prácticas políticas y viciadas convocatorias. Incluso en el caso de coerciones estatales para asistir al montaje seudo-democrático, los y las ciudadanas tienen el derecho al desacato; esto es, ejercer la democracia, realizando substrato de la Constitución y el substrato volitivo mismo del Estado-nación, de la república, aunque se le de otro nombre. Substrato político y democrático, que implica que la soberanía radica en el pueblo; dicho, de acuerdo a la filosofía política, la soberanía radica en la voluntad general.
Nadie puede atribuirse el ejercicio de la democracia, salvo el pueblo mismo. Nadie puede usurparle al pueblo este ejercicio, salvo por la violencia velada o descarnada. Los que lo hacen no solo son usurpadores de la voluntad general, siguiendo con el leguaje de la filosofía política, sino que a nombre del pueblo, a nombre de la democracia, atentan contra es sistema político democrático, establecido en la Constitución; además de atentar contra el pueblo mismo, al expropiarle la decisión y usurparle la voluntad. Los que lo hacen son delincuentes constitucionales, son delincuentes políticos.
En los marcos restringidos de la democracia institucionalizada, de la democracia constitucionalizada – no deja de ser restringida la democracia, aunque se hayan ampliado los derechos democráticos y extendido los espacios del ejercicio democrático, incluso mencionando el nombre de la condición necesaria de la participación, si es que no hay autogobierno de pueblo, lo que significa el concepto de democracia – lo mínimo que debe hacer el pueblo, respondiendo a su responsabilidad política, es hacer respetar las condiciones jurídico-políticas establecidas por la Constitución. Si no lo hace es cómplice con no solamente el atentado a la Constitución y al ejercicio democrático, sino es cómplice de democracidio, del asesinato de la democracia.
Un pueblo que no defiende sus derechos, que no defiende su Constitución, es un pueblo que ha perdido el respeto a sí mismo, ha perdido la dignidad. Ha dejado de ser pueblo en el sentido político, para ser esclavo de la clase política, que lo manipula, mediante coerciones y chantajes. El dilema de todo pueblo es ser o no ser, recurriendo a la frase conocida de la tragedia de Hamlet, del connotado escritor William Shakespeare, de los siglos XVI y XVII. En lo que respecta a la política, ser significa practicar y ejercer la democracia, poniendo en movimiento y realizando efectivamente los derechos.
Independientemente del debate ideológico y político, que ciertamente atraviesa las prácticas políticas y democráticas, es menester considerar la responsabilidad política, comenzando con la exigencia compartida por todos los involucrados; la exigencia de responder al conglomerado de voluntades singulares, voluntades singulares que se integran y son interpretadas por la Constitución. Entrelazamientos que nos ocupamos en escritos anteriores a Comuna, durante la Comuna, después de la Comuna; durante el proceso constituyente y después de promulgada la Constitución; sobre todo, cuando comenzamos con la evaluación crítica no solo del proceso de cambio y del proceso constituyente, sino de la experiencia política; cuando iniciamos desplazamiento y rupturas epistemológicas respecto a nuestra concepción asumida, el marxismo-indianismo, inclusive en la versión del marxismo crítico. Esta responsabilidad compartida, dicho todavía de manera general, todavía en su figura global, tiene que ver con la realización política de la voluntad general, siguiendo con la utilización de este término de la filosofía política. Esto es realización del ejercicio democrático, libre y soberano, por lo menos, ateniéndose a las condiciones de posibilidad jurídico-políticas establecidas en la Constitución.
Cuando no ocurre esto, cuando se bloquea o desvía el ejercicio democrático, cuando se lo sustituye por los designios de la casta política gobernante, el ejercicio político se ha convertido en práctica de dominación; es decir, en realización de la reproducción del poder, en los términos de las dominaciones heredadas y persistentes. Un discurso, diga lo que diga, no sustituye a este hecho, el de la conculcación de la democracia. El discurso puede pintar un panorama distinto a lo que ocurre, puede mostrar que se trata del «ejercicio de la democracia popular» o del ejercicio en la coyuntura de la «revolución» en marcha. Sin embargo, la ideología no sustituye a la realidad efectiva; apenas la emula en el imaginario estatal o, de manera más específica, en el imaginario de la clase política, la gobernante y la de la «oposición».
Si los designios de la casta política gobernante se imponen, a través de la coerción, el chantaje, el clientelaje y la corrosión institucional, lo hace no porque es «legítimo» lo que hace, sino porque cuenta con la correlación de fuerzas a favor. Lo hace porque tiene el monopolio de la violencia legal, incluso de la violencia ilegal. Se trata pues de la imposición y no de la democracia.
Que lo logre hacer quiere decir que se ha cumplido con la voluntad estatal con la voluntad gubernamental, con la voluntad de la casta gobernante, anulando o usurpando la voluntad general del pueblo. Si bien se puede considerar esto una victoria política, lo es en las circunstancias viciadas institucionalmente y constitucionalmente, en condiciones no-democráticas. Esto no deja de significar que se trata de una victoria ilegitima; por lo tanto, de corto alcance.
La clase política suele ponderar sus logros en el corto plazo, poco en el mediano plazo y casi nunca en el largo plazo. En consecuencia, una victoria política lograda en las condiciones descritas, es una pírrica victoria, hasta podría decirse provisional, incluso fugaz. No tiene la propiedad de la durabilidad. Se trata del goce inmediato de los que se regocijan con semejante «victoria»; en esto no hay placer, menos gusto estético; tampoco irradiación institucional para los periodos venideros. Salvo si se trata de la irradiación destructiva de la institucionalidad, de la democracia, de la voluntad popular, de las posibilidades del porvenir.
Hay quienes ven en las movilizaciones sociales el caos y desorden, sin discutir su apreciación, pues no se trata ahora de eso – ya se conoce nuestra posición al respecto -; lo que hay que tener en cuenta es que las movilizaciones sociales, concretamente las movilizaciones sociales que devienen anti-sistémicas, son ejercicio de la democracia, más allá de las formalidades institucionales. Cuando se bloquean los conductos institucionales, cuando se administra las leyes para prácticas y encubrir ilegalismos, cuando se usa el gobierno y los aparatos de Estado para ejercer despotismo, es cuando no hay otra salida que la movilización, incluso la rebelión contra la tiranía impuesta, aunque la tiranía se lo haga a nombre del «proceso de cambio».
Cuando un Pueblo se ve obligado a actuar abiertamente, irrumpiendo con movilizaciones en el escenario político, expresando su furia, después de haber intentado usar los conductos regulares, denunciando la corrupción imperante en la alcaldía del municipio de referencia, sin lograr resultados – pues la burocracia y los funcionarios encargados de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes hacen caso omiso de las denuncias, de las demandas, haciéndose la burla, al callarse, al diferir el tratamiento, al tipificar de una manera condescendiente lo que ocurre, además amparados por los gobernantes, los magistrados, los jueces y los «representantes del pueblo» -, ejerce la democracia como corresponde.
Cuando comunidades indígenas de un territorio indígena, reconocido como propiedad comunitaria, es avasallado en su propio territorio, legitimado y legalizado por la Constitución y las leyes, son empujadas a defenderse, a defender su territorio, a defender los espesores territoriales y el ecosistema donde se encuentran, las acciones que emprende, fuera de denunciar e interpelar, las movilizaciones que realiza, las marchas que despliega, son ejercicio de la democracia. El recurso a la movilización es práctica democrática. Más necesaria cuando el gobierno, los aparatos de Estado, se encargan de justificar sus acciones inconstitucionales aludiendo, sin manejar ni comprender la Constitución. Mucho más cuando se manipula con una consulta trucha, que no cumple con lo que establece la Constitución, Consulta con Consentimiento, Libre, Previa e Informada. Más necesario aún, cuando se ven sorprendidas ante la construcción secreta, clandestina, de lo que pretende perpetrar el gobierno. Cuando las naciones y pueblos indígenas son avasallados, como continuando la conquista interminable, la responsabilidad de todo el pueblo es apoyar la lucha indígena y defender sus derechos, consagrados constitucionalmente. Esto es ejercer la democracia.
Cuando la sociedad se encuentra sometida montajes políticos, que buscan sustituir el ejercicio de la democracia por una caricatura de la misma, por prácticas políticas que solo se le parecen en los nombres que se emplea, en cambio, todo el contenido y la forma de las prácticas corresponde a su anulación efectiva, es decir, a un democracidio, el pueblo tiene la responsabilidad de desmontar este espectáculo político, que de político solo tiene el guion y la narrativa, mejor dicho, el discurso, en tanto que, efectivamente, se efectúa el desenvolvimiento del despotismo.
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