En torno a los tres conceptos que integran el título de este trabajo llevo años escribiendo, proponiendo y actuando (en iniciativas ciudadanas y de gestión local). Recientemente he publicado un ensayo en el que abordo el denominado Estado de partidos, su configuración constitucional en nuestro actual texto constitucional y su relación con un concepto avanzado de democracia, en el que la ciudadanía tenga más compromiso real.
Y en relación con el objetivo social de proteger el medio ambiente, dediqué mi Tesis Doctoral, partiendo del estudio global de la protección del medio ambiente y aterrizando en el objetivo constitucional de nuestro Estado, plasmado en uno de los principios rectores de la política social y económica, con la implicación de la ciudadanía como elemento de aplicación elemental.
Pretendo exponer a las personas lectoras de esta columna de opinión que existen claros puntos de conexión entre el objetivo constitucional de una sociedad democrática avanzada y la definición constitucional de España como Estado social y democrático de Derecho (art.1 CE) por un lado; la actividad de los partidos políticos como instrumentos fundamentales para la participación política (art.6 CE y su conexión con el art.23 CE que proclama el derecho fundamental a la participación política), como dirección política del Estado (así los considero en mi reciente ensayo con diez propuestas para rebajar su actual protagonismo e incrementar en paralelo el de la ciudadanía); y, en tercer lugar, como elemento axiológico, teleológico y transversal, la obligación constitucional de los poderes públicos de proteger el medio ambiente, de velar por la utilización racional de los recursos naturales y de la ciudadanía de preservar el entorno desde la óptica de la solidaridad colectiva, en expresión literal del texto constitucional (art.45CE).
En este trabajo común, en pro de los valores democráticos y de la participación por los bienes comunes de la humanidad, uno de ellos la protección del medio ambiente, me pregunto, ¿goza de buena salud nuestro sistema democrático?, ¿son realmente efectivos los derechos de participación política que tenemos?, ¿vivimos en una sociedad democrática avanzada en este inicio de tercera década del siglo XXI?. Aparentemente, y en puridad constitucional formal, la respuesta a esas interrogantes sería afirmativa. Pero, no debemos perder la perspectiva de que la democracia no solo es votar periódicamente. También es respeto permanente al conjunto de derechos y libertades en la esfera democrática, a las facultades de participación política de la ciudadanía.
En la vida real y cotidiana del común, la justicia social y el respeto a nuestro entorno vital, nuestro medio ambiente, considero que están en cuestión. La ciudadanía busca nuevas formas de participación (iniciativas ciudadanas, asociaciones, movimientos sociales, acciones individuales de compromiso), al margen de los partidos políticos, con esos objetivos colectivos, para garantizar que se trabaja por el bien común desde las instituciones de representación democrática. Ejemplo claro de iniciativa ciudadana en los últimos años, el movimiento estudiantil Viernes por el Futuro (Greta Thunberg), secundado también en nuestro país, al que luego me referiré.
Este debe ser el papel de la ciudadanía en ese triple objetivo constitucional, de conseguir que España sea realmente una sociedad democrática avanzada, que el derecho fundamental a la participación política avance, y que la implicación ciudadana, derivada del ejercicio de dichas facultades constitucionales, nos lleve a un respeto mayor por los valores ambientales.
Sin proteger el medio ambiente, el Estado social y democrático de Derecho que proclama nuestra Constitución quedaría obsoleto, desconectado de los problemas reales actuales. España debe marcarse, una vez consolidada la actual democracia tras más de cuatro décadas, el objetivo de conseguir una sociedad respetuosa con los valores de nuestro entorno, como un desarrollo de esa sociedad democrática avanzada de la que habla el preámbulo de nuestro texto constitucional.
Es el derecho fundamental a la vida lo que está en juego, la protección del medio ambiente no puede esperar, no tenemos planeta B como nos recuerdan nuestros jóvenes con una voz global clara y firme. La pandemia no ha hecho sino evidenciarlo, necesitamos otro modelo de vida, personal y en sociedad, y otro modelo de constitucionalismo, que mire de manera intensa al interés general, a los bienes comunes de la humanidad, al cuidado de la vida, en todas sus formas, a todos los seres vivos. En definitiva, evolucionar desde un constitucionalismo antropocéntrico a otro modelo de texto fundamental centrado en la naturaleza, un constitucionalismo de la naturaleza, de la tierra.
Los recientes procesos electorales federales de Alemania y municipales de Francia, dos Estados de referencia desde el punto de vista democrático, han evidenciado el avance de partidos políticos que tienen entre sus promesas electorales de forma clara el cambio de modelo, la apuesta por la inclusión de la protección del medio ambiente entre los nuevos y estratégicos objetivos del Estado.
Además de esa reciente sensibilidad ciudadana en lo político-electoral, el nuevo compromiso histórico de la Unión Europea a través del Pacto Verde Europeo, aportando por un cambio de modelo de crecimiento económico, o la fuerza de la juventud, que ha vuelto a aparecer en las últimas semanas en las calles de Europa (tras su enorme campaña los «viernes por el futuro» en los años 2018 y 2019), recordando la necesidad de más compromiso político e institucional, son elementos para la esperanza en un futuro que mire a lo vivo, que apueste por la vida, tanto desde el compromiso y responsabilidad individual, como de la óptica político-institucional, como nuevos objetivo de Estado.
Ángel B. Gómez Puerto. Doctor en Derecho y Profesor de Derecho Constitucional (Universidad de Córdoba).
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