Durante el año se suceden miles, millones de violaciones de derechos humanos en todo el mundo. En las últimas semanas, sólo repasando los medios de comunicación, recuerdo algunas como la condena a 150 latigazos de una mujer en los Emiratos Arabes por quedarse embarazada siendo soltera, la violenta represión de una manifestación de mujeres en […]
Durante el año se suceden miles, millones de violaciones de derechos humanos en todo el mundo. En las últimas semanas, sólo repasando los medios de comunicación, recuerdo algunas como la condena a 150 latigazos de una mujer en los Emiratos Arabes por quedarse embarazada siendo soltera, la violenta represión de una manifestación de mujeres en Turquía el día de la mujer trabajadora, el descubrimiento de un camión en Sudán con medio centenar de niños esclavos, algunos de tan solo cinco años, la absolución en Paquistán de cinco hombres que violaron a una mujer por una venganza o la muerte de más de cien presos hacinados en una cárcel de República Dominicana.
Luego están las violaciones endémicas, como los dos millones de niños que han muerto en los últimos diez años en guerras, según un reciente informe de emergencia de UNICEF, o los cuarenta mil que mueren cada día de hambre y enfermedades incurables. En Darfur, según la ONU, mueren diez mil refugiados cada mes de hambre, enfermedades o acciones de grupos armados.
Escribo todo esto con motivo de la celebración estos días de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Si uno repasa los medios de comunicación observa asombrado cómo el tema más reiterado referente a esta Comisión es la resolución de condena a Cuba. Y, también es casualidad, mientras esa Comisión está reunida se han difundido ampliamente tres informes de organizaciones de derechos humanos que critican duramente a la isla. Se trata de uno de Reporteros sin Fronteras hecho público el 16 de marzo, el del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), también el mismo día, y el de Amnistía Internacional el 18 de marzo. De modo que, en los trágicos momentos que hoy está atravesando la humanidad, y mientras una necesaria Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aborda el problema, estas organizaciones de derechos humanos expresan su indignación contra Cuba.
Reporteros sin Fronteras critica a Cuba en las tres primeras de las cuatro noticias con entradilla que aparecen en su web el día que escribo este texto y anuncia una campaña de sensibilización por el encarcelamiento de 21 periodistas en la isla que incluye anuncios en cine, radios, carteles, tarjetas postales y prensa. Todo ello mediante la agencia de publicidad Saatchi & Saatchi, una multinacional de publicidad dependiente del Publicis Group SA de Francia, el cuarto grupo mundial en el negocio de las comunicaciones y cuyo principal cliente es el Ejército de Estados Unidos, otra coincidencia.
La denuncia afirma que Cuba es la segunda «cárcel del mundo para los periodistas» y cita los nombres de los 21 periodistas en prisión. Pero de todos ellos, sólo uno tiene la titulación y ejerció alguna vez el periodismo, concretamente sobre deportes, dentro de la isla. Por lo que la segunda cárcel del mundo para periodistas contabiliza un periodista deportivo en prisión.
Entre las denuncias de Reporteros sin Fronteras sobre «las condiciones inhumanas y falta de asistencia sanitaria en prisión» observo que se encuentra el caso de Ricardo González Alfonso que, según su mujer Alida Viso, «en noviembre de 2004 consiguió que le trataran la hepatitis que padecía, También le operaron de cálculos en la vesícula biliar el 13 de enero de 2005». Y yo por más que leo el párrafo no sé cual es la denuncia. Probablemente sean las dificultades para que Cuba pueda comprar medicinas, vacunas y material sanitario, algo que afecta a los once millones de cubanos y que, como es sabido, se debe al bloqueo norteamericano. Como ejemplo, la reciente denuncia de Cuba de que no pudo comprar las fuentes de isótopos radioactivos Ir-192 con los cuales se aplican las radiaciones en los tratamientos de los tumores cancerígenos, debido a que la compañía norteamericana Varian Medical Systems adquirió la compañía canadiense MDS Nordion’s, que hasta entonces suministraba a la isla.
Pero sigamos con los otros informes de las restantes organizaciones de derechos humanos. El Comité de Protección de los Periodista (CPJ), con sede en Washington y financiada por grandes grupos empresariales y de comunicación, hace público también este mes su informe anual de cincuenta páginas donde repasa la situación en todo el mundo. El caso cubano ocupa menos de dos páginas y media. Sin embargo, la única acción que promueve esta ONG es una carta dirigida a Fidel Castro con adhesiones de escritores y periodistas latinoamericanos firmada por la directora ejecutiva de la organización, Ann Cooper. Tanto el informe como la carta citan la existencia de 23 periodistas donde Reporteros sin Fronteras afirmaba que eran 21 y que, recordemos, en realidad solo es uno. Otra curiosidad de esta denuncia es que uno de los adherentes, el periodista colombiano Hernando Corral, ha afirmado por escrito que «en reunión de la Fundación para la Libertad de Prensa de hace varios meses, dije en reunión de Junta que no autorizaba que mi nombre fuera utilizado para tales fines, en primer lugar porque no tengo elementos de juicio sobre estos hechos (…) Y en segundo lugar tengo gran respeto por la revolución cubana y por el comandante Fidel Castro, a pesar de algunas diferencias propias de quienes por nuestro oficio practicamos la crítica sana pero que no nos prestamos a la manipulación hipócrita que se hace en contra del gobierno cubano, silenciando las permanentes violaciones de derechos humanos y de libertad de prensa que se realizan en América Latina y en países que se autodenominan civilizados».
Y por último llegamos a Amnistía Internacional (AI). En estas fechas de celebración de la Comisión de Derechos Humanos su página web recoge ocho denuncias de violaciones, repartidas en los epígrafes «Ultimas noticias» (cuatro denuncias) y «Ultimos informes» (tres denuncias). Cuba es el único caso que se repite en los dos epígrafes con un mismo titular y el enlace repetido al mismo informe. Si bien la nota de prensa se difundió el 18 de marzo con amplia repercusión en todos los medios internacionales, el informe con los testimonios, entrevistas y datos sólo se publicó en inglés a pesar de que la información original debería proceder en español, lengua de los afectados, familiares y testigos. El informe se tradujo del inglés al español por la editorial de Amnistía Internacional de España cuatro días más tarde.
AI ya no habla de periodistas sino de «presos de conciencia». Entre las denuncias sobre los juicios AI destaca que «los abogados son empleados del gobierno cubano» y que «los tribunales y los fiscales se encuentran bajo el control del gobierno. La Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) elige al presidente, al vicepresidente y a los demás jueces del Tribunal Supremo Popular, así como al fiscal general de la República y vicefiscales generales». En países, como por ejemplo España, a los procesados que no disponen de recursos económicos se les asigna un abogado de oficio también pagado por el gobierno, concretamente el ministerio de Justicia y la comunidad autónoma. Sólo quienes disponen de dinero se pagan un abogado, el cual tendrá mayor cualificación y capacidad en función de los recursos económicos que disponga para recoger pruebas, citar peritos, etc… En España, los miembros del Tribunal Supremo los elige el Consejo General del Poder Judicial, el cual está integrado por veinte miembros nombrados por el Rey y elegidos doce de ellos por el Parlamento y el Senado de entre candidatos presentados por las asociaciones y otro ocho por las mismas Cámaras sin necesidad de ser presentados por las asociaciones. O dicho de otro modo, el máximo tribunal español lo elige un órgano el cual es íntegramente elegido por los diputados y senadores. Ninguna diferencia con Cuba. Y en cuanto a los fiscales, en la práctica totalidad de los países son elegidos por el ministerio de Justicia, al frente del cual está el ministro del ramo, es decir, el gobierno. No es el caso de Estados Unidos, donde los fiscales son elegidos por votación popular, eso sí tras la correspondiente campaña electoral millonaria de quienes dispongan de los recursos.
Respecto a la situación de los presos, la primera denuncia de Amnistía Internacional hace referencia a «4 casos de malos tratos». Si comprobamos el caso de España, en el último informe anual de Amnistía Internacional encontramos las denuncias de torturas tanto físicas y psicológicas a 15 independentistas catalanes hechas públicas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a los que hay que añadir las denuncias de torturas e incomunicación, también recogidas en el informe de AI, de los directivos y periodistas del periódico Egunkaria. En lugar de esclarecer esas acusaciones, la respuesta del gobierno español, según relata el informe de la organización, fue presentar «una denuncia contra ellos ante la Audiencia Nacional en la que los acusaba de colaboración con banda armada (ETA) por realizar denuncias de tortura, táctica utilizada por indicación de ETA para socavar las instituciones democráticas», lo que fue duramente criticado por AI. Otro caso de torturas en España recogido en el informe, fue el de 42 niños recluidos en un centro de internamiento de Canarias que, según cuatro fiscales de menores del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad, estaban recibiendo un trato «denigrante». Uno de ellos fue golpeado y dejado desnudo y encadenado durante toda la noche. No está mal el balance comparado con los cuatro malos tratos en Cuba. También España podría dar materia para una resolución en Ginebra.
Sin duda, la defensa de los derechos humanos es una las más loables causas a reivindicar por parte de ciudadanos, organizaciones y gobiernos, pero por la vía que está caminando parece que está siendo utilizada no tanto para defender a las personas de los abusos y violaciones, sino como arma arrojadiza contra los gobiernos rebeldes a las grandes potencias. Por ello, además de las investigaciones y difusión de los informes, es imprescindible una valoración equilibrada entre las violaciones de un país y otro, así como un énfasis en la difusión y en la denuncia proporcional a la violación. Todas las violaciones de derechos humanos son deplorables y denunciables, pero la justicia de la denuncia puede desaparecer si va acompañada del megáfono cuando se trata del débil y díscolo y del silenciador si la protagoniza el poderoso. Y parece que la celebración de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra ha activado todos los megáfonos y todos los silenciadores.