Sin duda la humanidad dio un gran salto cuando se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde entonces, de ellos se habla en la calle, se escribe en la prensa, se discute en las aulas, se legisla en los Parlamentos y se decide en los Tribunales. Pero nada de eso parece que haya […]
Sin duda la humanidad dio un gran salto cuando se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde entonces, de ellos se habla en la calle, se escribe en la prensa, se discute en las aulas, se legisla en los Parlamentos y se decide en los Tribunales. Pero nada de eso parece que haya podido evitar que se sigan violando. Dudo mucho de que quienes redactaran aquella primera declaración pudieran imaginar que tantos años después se haya avanzado tan poco. Pena de muerte, campos de concentración/prisioneros, torturas, genocidios étnicos, siguen siendo actualidad diaria. Se diría incluso que lo que evoluciona son los mecanismos de violación y justificación en lugar de las garantías.
El reciente informe anual de Amnistía Internacional insiste en que la lucha contra el terrorismo ha generado un grave retroceso en los derechos humanos. El país que encabeza el informe anual sobre violaciones es el más poderoso del mundo que se permite aplicar la tortura con total impunidad.
Las instituciones internacionales están más desacreditadas que nunca. La Cruz Roja Internacional, al parecer por imperativo de sus estatutos, mantuvo silencio ante las torturas en Iraq a pesar de conocerlas desde muchos meses antes de hacerse públicas. En la base militar de Guantánamo en Cuba se crea un campo de concentración donde se viola impunemente la legislación internacional humanitaria. Frente a ello la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprueba una resolución de condena contra Cuba, es decir, contra toda la isla a excepción de… Guantánamo.
Por otro lado, la Corte Penal Internacional nace bajo la sombra del chantaje del imperio que amenaza con suspender la ayuda militar a 35 países que se nieguen a garantizar a los ciudadanos estadounidenses la inmunidad procesal ante esa Corte. Ya va firmando acuerdos bilaterales de impunidad con cada uno de ellos.
Pero no debemos tampoco olvidar que ya en su interpretación en occidente los derechos humanos nacen con el sesgo de los sistemas políticos de economía de mercado. Sesgo que se percibe en nuestras legislaciones e incluso en muchos organismos que luchan por su defensa. Así encontramos la paradoja de la existencia de múltiples países considerados violadores de derechos humanos por prohibir un periódico mientras ninguno lo es de la muerte de dos millones y medio de niños muertos el pasado año por malnutrición según la OMS.
Mientras nuestros «derechos humanos» velaban por el respeto de los gobiernos a los derecho de reunión, asociación o a la información, ninguna responsabilidad se les pedía a esos mismos gobernantes por el derecho a la educación, la sanidad o la vivienda. Derechos todos ellos sin garantizar incluso en el mundo desarrollado. Las propias legislaciones incorporaban ese doble rasero, tal y como sucede en la Constitución española donde los derechos sociales se incluyen en la parte programática, es decir, la que no conlleva garantía de cumplimiento por parte de la Administración frente a otros derechos considerados fundamentales. Ya las organizaciones de derechos humanos están comenzando a reconocer ese sesgo y plantean la necesidad de integrar los derechos sociales. Vivimos en sistemas preocupados por el derecho a la elección política o a la información de ciudadanos a los que no se les garantiza el derecho a la alimentación, a la educación o la vivienda.
No es de extrañar por tanto situaciones tan preocupantes como un reciente informe del PNUD, «La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos», presentado el 21 de abril en Lima que revela que, de acuerdo a las encuestas, el 54’7 por ciento de los latinoamericanos declaraba que prefería un «régimen autoritario» a uno democrático, si el primero le «resolvía» sus problemas económicos.
El debate es urgente. Y ha de pasar por la garantía de estos derechos en foros y acuerdos internacionales que estén por encima de intereses particulares de países poderosos, los creación sistemas de vigilancia y control, la discusión sobre las vías de intervención internacional y la propia concepción de lo que consideramos derechos fundamentales de los humanos.