Felipe Portales

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A más de alguien puede llamarle todavía la atención el título de este artículo. Pero desgraciadamente la realidad política, económica y social de los últimos 30 años nos demuestra, más allá de toda duda, que nos enfrentamos a dos derechas que han cogobernado en la práctica –más allá de sus discursos- consensualmente a Chile.

¿Qué diría usted, si una coalición gobernante teóricamente de centro-izquierda, legitimara, consolidara y perfeccionara en la práctica un modelo neoliberal heredado de una feroz dictadura, con todas sus estructuras económico-sociales fundamentales?

El próximo 15 de noviembre se cumplirá un año del funesto acuerdo que impedirá –pese al plebiscito- que tengamos una Asamblea Constituyente que, de modo libre y soberano, se dote de su propio reglamento y que apruebe mayoritariamente un nuevo texto constitucional para Chile. En efecto, al imponerle de modo antidemocrático e inmodificable un quórum de dos tercios, aquel acuerdo –refrendado en diciembre pasado por una Reforma Constitucional- está haciendo imposible lo anterior.

Es claro que en los sucesos políticos –sobre todo en los más trascendentales- es difícil llegar a consideraciones objetivas. Son muchos los intereses y pasiones involucrados en ellos. Pero hay que hacer el máximo esfuerzo posible para esto, si queremos comprenderlos cabalmente.

Notablemente, el destacado líder histórico de la Concertación, Ignacio Walker (ex presidente del PDC, senador y ministro), ha reconocido, en definitiva, en el artículo “Sobre los 2/3 y la Nueva Constitución” (“El Mostrador”; 9-10-2020) que la mayoría popular de centro-izquierda tradicional en Chile, que naturalmente se expresará en la mayoría de los convencionales a elegir -luego del evidente triunfo del “Apruebo” que tendrá lugar el próximo 25 de octubre- no tendrá la posibilidad de aprobar una Constitución que represente su voluntad.

Se han repetido muchos errores de consideración respecto del carácter del “proceso constituyente” iniciado con el acuerdo parlamentario entre la derecha y la ex Concertación suscrito el 15 de noviembre pasado.

Mark Twain decía con mucha razón: “Es más fácil engañar a la gente, que convencerlos que han sido engañados”. Desgraciadamente, esta frase podría sintetizar la historia de Chile de estos últimos treinta años.

Las denuncias hechas por CIPER-Chile y Alejandra Matus en torno a las graves distorsiones de las informaciones oficiales sobre los fallecidos por covid en nuestro país se han ido comprobando en la realidad.

Los recientes anuncios gubernativos de iniciar un desconfinamiento en el gran Santiago, cuando todavía los índices nacionales de la pandemia son muy malos, no pueden ser más preocupantes. Sobre todo teniendo en cuenta la pésima experiencia de los pasados anuncios de la “nueva normalidad”.

El gobierno neozelandés erradicó la epidemia de covid-19 actuando como corresponde a un gobierno democrático cuya máxima preocupación es velar por la vigencia plena de los derechos humanos fundamentales; y particularmente de los derechos a la vida y a la integridad física y síquica del conjunto de la población.

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