Felipe Portales

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Se ha convertido en un error muy frecuente en Chile creer que una nueva Constitución puede generar cambios políticos profundos, cuando la experiencia histórica –nacional y mundial- nos demuestra inequívocamente lo contrario. Esto es, que los cambios políticos profundos son los que se reflejan posteriormente –y se consolidan- en nuevas Constituciones.

La Convención Constitucional aprobó un conjunto de disposiciones mucho más democráticas y de justicia social que la Constitución del 80, refrendada esta última –recordemos- como una “Constitución democrática” por Lagos y todos sus ministros en 2005.

Es cierto que en estos años la Iglesia perdió mucho poder político, social y cultural. Pero, en definitiva, incrementó extraordinariamente su autoritarismo y verticalismo interno, con su corrupción consiguiente.

En caso de ganar el “Apruebo” en el plebiscito del 4 de septiembre, nos enfrentaremos a una situación inédita en un proceso constituyente a nivel mundial: Que el órgano encargado de concretizar en leyes gran parte del nuevo texto constitucional será ¡el Congreso actual, que para entonces representará a una Constitución fenecida!

Pareciera que nuestro país siempre ha sufrido más que otros –porque ciertamente no es “monopolio” chileno- de fuertes dosis de amnesia, engaño y autoengaño histórico.

El jueves 27 de enero, la comisión de sistema político de la Convención Constitucional aprobó –entre otras materias- una propuesta para establecer un Congreso con una sola cámara y la eliminación del Senado.

Luego del triunfo presidencial logrado por Jorge Alessandri en 1958 (¡con solo un 31% de los votos!; debido a la total dispersión de la centroizquierda…), la derecha continuó su lucha contra el sufragio universal efectivo.

Las espeluznantes declaraciones recientemente divulgadas del diputado “estrella” de Kast (Johannes Kaiser; del distrito más emblemático de la Región Metropolitana) no debiesen extrañarnos tanto. Desgraciadamente, la derecha chilena ha mostrado siempre un profundo desprecio a nuestros sectores populares; el cual culminó durante la feroz dictadura de Pinochet.

Las declaraciones críticas al grotesco fraude electoral efectuado por Daniel Ortega en Nicaragua hechas por las diputadas Camila Vallejo y Karol Cariola; por la alcaldesa de Santiago, Iraci Hassler; por el precandidato presidencial, Daniel Jadue; por la destacada convencional, Bárbara Sepúlveda; y por las propias Juventudes Comunistas; manifiestan un cambio tremendamente positivo en el PC chileno, tan habituado a soslayar violaciones de derechos humanos cometidos por regímenes proclamadamente de izquierda.

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