Desaparición de jóvenes argentinas evidencian debilidades estatales en los procesos investigativos

Quito, 7 de marzo de 2016

La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) nos solidarizamos con las y los familiares y amigas/os de Marina Menegazzo y María José Coni, mujeres argentinas desaparecidas el pasado 22 de febrero y presuntamente encontradas sin vida seis días después, en Montañita, provincia Santa Elena, en el sur de Ecuador.

Comprendemos la difícil situación por la que están atravesando los/as familiares y amigos/as de Marina y María José ya que en nuestra calidad de familiares de personas desaparecidas sufrimos en carne propia y a diario por no saber qué pasó con los/as nuestros/as, dónde están, quien se los/as llevo Desde hace años ya que como madres, padres, hermanas, hermanos, amigas y amigos de personas desparecidas exigimos al Estado ecuatoriano efectividad, celeridad e idoneidad en las investigaciones que hagan posible que los familiares de personas desaparecidas y la sociedad ecuatoriana conozcamos la verdad de lo ocurrido y se nos haga justicia. Verdad y justicia para saber qué sucedió con Marina, María José y con las más de 2.8041 personas que se encuentran desaparecidas en el país. Esta vez el dolor de las familias de Marina y María José conmociona al mundo y vuelve a poner en la opinión pública las debilidades y ausencias estatales en materia de investigación y sanción a los responsables. Ha dejado entrever los prejuicios y etiquetas que se ponen sobre las víctimas y ha mostrado la ausencia de un trato reparador y digno que tienen la obligación de darnos a víctimas y familiares y ha evidenciado la falta de verdad y justicia en el país.

Ante los hechos sucedidos señalamos que:

1. Todas las personas, sin distinción alguna, tenemos derecho a circular libremente sin el miedo de que alguien atente contra nuestra integridad física o psicológica, siendo el Estado garante de nuestra seguridad. Por la tanto, rechazamos los juicios de valor que se han vertido tras la desaparición de las dos jóvenes argentinas buscando culpar de la situación a las propias víctimas. Esta realidad la vivimos a diario en el país cuando nos dicen: «Se fue con el novio, ya volverá» «En nueves meses regresará, luego de dar a luz» «Era un drogadicto, qué esperaban» «Era mayorcita porque no le cuidaron, ya ha de estar muerta» o «sino querían que desaparezcan eran que les cuiden». Marina, María José, Carolina, Juliana, Telmo, Luis y los más del 2.000 desaparecidos/as no son culpables, son víctimas y tienen derecho a que en su nombre se busque la verdad y se haga justicia.
2. El Estado ecuatoriano es responsable por acción u omisión de las violaciones a derechos que ocurren en el país ya que es el garante principal en materia de derechos y para el caso de desapariciones en particular su obligación es garantizar que los familiares y amigos podamos conocer la verdad. Además, de sancionar a los responsables de los hechos. Una vez más señalamos que la investigación de los hechos por parte del Estado debe ser realizada sin dilación y con la debida diligencia; siendo una obligación que debe cumplirse «con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa; debiendo ser asumida por el estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad2. En ese sentido, nos solidarizamos y hacemos nuestro el dolor y la indignación de las/os familiares y amigas/os de Marina y María José, pues como en muchos de nuestros propios casos, a la fecha no existe certeza de si realmente los cuerpos encontrados sin vida pertenecen a Marina y María José ni mucho menos tienen pista alguna sobre el paradero de Jualiana Campoverde, Telmo Pacheco, Camilo Tobar, Leonor Ramírez, Luis Daniel Sigcho, Alexander Romo, Giovanna Pérez, Luis Alfredo Velásquez, Vicente Valenzuela, Gustavo Garzón, Carolina Garzón, Christian Acevedo, Agoust Right, Angie Carillo y otros centenares de desaparecidos.
3. Reconocemos que algunas entidades públicas han realizado algunos esfuerzos en el caso de desapariciones; sin que los mismos resulten idóneos, eficientes y eficaces; por lo que no nos extrañamos de las discrepancias que los familiares de Marina y María tienen frente a la investigación, pues son las mismas que hemos denunciado desde la creación de la Asfadec.

Relatamos a continuación algunas de estas falencias que todas y todos nosotros hemos encontrado en las investigaciones llevadas por la Unidad Especializada en Investigación en Desapariciones y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), así como Unidad de Personas Desaparecidas de la Fiscalía, y que lamentablemente se registran también en el caso de Marina Menegazzo y María José Coni:
Primero. La falta de capacitación tanto humana como técnica de los agentes fiscales y policiales a cargo pues todavía no cuentan con los elementos necesarios para enfrentar esta problemática.
No existen profesionales en ciencias forenses y criminalística para el desarrollo de pericias y procesos investigativos. Hasta el día de hoy no se cuenta siquiera con antropólogos forenses y pese al ofrecimiento del Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, la Unidad de Desaparecidos no cuenta con el equipo de profesionales (psicólogos trabajadores sociales, antropólogos, médicos, etcétera).
Para el caso particular de Marina Menegazzo y María José Coni esto se ha evidenciado, entre otros hechos, la vulneración del principio de debido proceso, la violación de la cadena de custodia y el inadecuado tratamiento de las evidencias.
Primero, durante las supuestas confesiones de los sospechosos estos no contaron con un abogado para dar su versión.
Segundo, de los videos que circulan por las redes se puede claramente ver que no existe un correcto manejo de la supuesta escena del crimen que impida el fácil acceso de terceros al lugar y por ende la manipulación y/o destrucción de evidencias.
Tercero, las evidencias recogidas durante la investigación fueron presentadas públicamente a través de la cuenta de Twitter del Ministro del Interior violando en el acto el carácter reservado que tiene la investigación y que supone una violación a la privacidad a las víctimas, sus familiares y de los sospechosos.
Cuarto, según el experto Ramiro García, ni siquiera habría certeza de que se contó con una orden judicial para allanar la vivienda donde supuestamente encontraron las muertes.
Quinto, hasta el momento, no hay la seguridad que los cuerpos encontrados en Montañita pertenezcan3 a Marina y María José pues hasta la fecha no están listas las pruebas de ADN, inclusive los familiares de Marina y María han indicado que llevan algunos días en el país y que sin embargo, no se les ha requerido una prueba de sangre para realizar el correspondiente cotejamiento.
Debemos indicar que, en nuestros casos, estás pruebas se han demorado desde 6 meses hasta 4 años en ser tomadas.

En Ecuador tenemos que esperar largos tiempos para que se haga una pericia porque no hay técnicos suficientes o porque piden prorrogas de forma reiterada y que son aceptadas por la Fiscalía ocasionando la dilación de tiempos y la pérdida de pruebas. Además, otras pericias son mal elaboradas y hacen que las investigaciones se centren en hechos o acciones que carecen de veracidad o valor y peor aun cuando las pericias se solicitan a un tercer país, ahí tenemos que esperar meses hasta que lleguen los resultados que muchas veces vienen incompletos teniendo que volver a solicitar ampliaciones o aclaraciones, mientras tanto pistas, testigos e indicios se pierden y con ellos se pone en juego la esperanza de encontrar a nuestros familiares.
Segundo. La obstinación con mantener una teoría del caso y no aceptar o no escuchar las recomendaciones de los familiares.
Los familiares María y Marina han sido muy firmes y valientes en resaltar su descontento y han cuestionado la teoría de Fiscalía señalando que no se ha investigado el bar donde supuestamente habrían estado las jóvenes ni tampoco se ha analizado si existen rastros de alcohol en la sangre de los cuerpos (diligencia que a la fecha podría ser ya muy tardía). Cuestionan que se exista una demora de un día entre encontrar un cuerpo y el otro, pese a que presuntamente estarían apenas a 30 metros de distancia. Además que, si los cuerpos hubieran estado en el mismo sitio desde la fecha que las confesiones indican, habrían signos de descomposición en la maleza y vegetación aledaña lo que no ocurre en el presente caso.

Todas estas incongruencias con la teoría de Fiscalía levantan dudas razonables sobre la misma y apuntan a otras posibles consecuciones de los hechos, incluso que María y Marina podrían estar con vida y sin embargo, no vemos mayores esfuerzos por revisarlas y expandir la teoría del caso a otras posibilidades, algo que los familiares de Asfadec padecemos continuamente.

En el caso de Carolina Garzón, Telmo Pacheco, Luis Cevallos, Leonor Ramírez y Camilo Tobar, por ejemplo, hemos insistido fervientemente en analizar otras posibilidades de la teoría planteada por la Fiscalía e igualmente se nos ha ignorado.

Tercero. Hasta el día de hoy no se ha concretado la realización de una Base de Datos interinstitucional y de carácter nacional que dé cuenta de la información de personas, no identificadas (NN) que sean atendidas por instituciones públicas y/o privadas de salud, albergues, hogares de paso, centros de desintoxicación, etcétera. Tampoco existe una base de datos única de personas NN que hayan sido enterradas en diversos cementerios del país de áreas urbanas y/o rurales. Además, de respuestas si existe aún cementerios que conserven estas prácticas de sepultura sin la debida identificación y registro. Recién con fecha el 1 de marzo de 2016, el presidente de la República Rafael Correa inauguró una base de datos «con información recabada de los análisis de unos 800 cadáveres N.N. (sin identificación) en nuevo laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil».4
Cuarto. Consideramos que es necesario que traigan peritos extranjeros para llevar a cabo las investigaciones y que no tengamos que esperar meses o hasta años para tener asistencia internacional penal como sucede en nuestros casos lamentablemente.

Quinto. La falta de un enfoque de género en materia de desapariciones.
De acuerdo a las estadísticas levantadas por Fiscalía, hasta junio de 2015 en el país se reportaron 11.516 casos de personas desaparecidas; de las cuales el 60% se corresponde a mujeres; de este porcentaje Dinased habla de más del 90% de éxito. Lamentablemente no es gracias al accionar de Dinased que estas mujeres son encontradas con o sin vida, en la mayoría de los casos ellas vuelven voluntariamente a sus hogares o son encontradas por familiares, amigos y/o transeúntes. Hasta ahora no existe ninguna política pública, campaña y/o acción estatal que haciendo uso analítico de la estadística genere acciones de prevención y/o sanción a una creciente violencia dirigida contra la mujer; eso lastimosamente se ha plasmado en la desaparición de Marina Menegazzo y María José Coni.
Es por todo esto que desde Asfadec nos solidarizamos con las/os familiares y amigas/os de Marina Menegazzo y María José Coni y extendemos nuestro incondicional apoyo porque «Solos los perderemos, unidos los encontraremos».
Fuerza familias Coni y Mengazzo ¡No están solas/os! ¡Estamos todas/os!

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