Despidos masivos en sector público comienzan por las oficinas de comunicación

Palacio de Presidencial de Ecuador, ubicado en el centro histórico de Quito. MARTIN BERNETTI

Ecuador comenzó a aplicar un plan de despidos en la administración pública para «reducir el Estado», en cumplimiento de lo pautado por el Programa Económico de Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva, o Plan Económico, presentado a principios de abril por el presidente, Lenín Moreno.

La reducción de personal comienza en las direcciones de comunicación de 90 instituciones públicas, que incluyen a la Vicepresidencia del país y a todos los ministerios, secretarías y empresas públicas, según resoluciones enviadas por la Secretaría de Comunicación (Secom) a cada uno de estos entes.

Con esta medida, está en peligro el empleo de 1.810 personas que laboran en las oficinas de comunicación del Estado, según datos aportados por el propio secretario de Comunicación, Andrés Michelena, en entrevista con Radio Sonorama la semana pasada.

Esa cantidad de empleados se traduce para el Estado -según Michelena- en un gasto de 2.100.000 dólares mensuales. «Básicamente, el objetivo es optimizar esos recursos», justificó el funcionario.

Dijo que la comunicación de las instituciones del Estado debe realizarse «de forma coordinada», porque «para eso se creó la Secom».

Primeros lineamientos

Para aplicar los despidos, la Secretaría de Comunicación envió un primer texto el pasado viernes [el oficio SNC-CGPI-2018-000014-O del 4 de mayo], en el que se establecían cuatro lineamientos para reducir el personal de las oficinas de comunicación: la reducción del personal o talento humano deberá alcanzar al menos un 40 %; cuando el porcentaje de reducción dé como resultado decimales menores a 0,50, se considerará la reducción en el valor entero; para la optimización del personal se recomienda considerar las diferentes modalidades laborales, como son nombramientos definitivos, nombramientos provisionales, contratos de servicios ocasionales y otros; y por último, la optimización deberá ser a nivel nacional, de acuerdo al nivel de desconcentración de cada institución.

Protestas

Este primer comunicado causó malestar entre los servidores públicos del área de comunicación, quienes comenzaron una protesta a través de las redes sociales con las etiquetas #NoDespidoDeComunicadores y #NoMásDespidoDeComunicadores, que fueron tendencia en Twitter.

Ante el malestar, la Secretaría de Comunicación envió este lunes otro comunicado [el oficio SNC-CGPI-2018-000015-O del 7 de mayo] a las instituciones del Estado, en el que eliminó los dos primeros puntos expuestos en el texto anterior, lo que significaría que no es obligatorio reducir el 40 % del personal, y aclaró que los despidos se harán «en función de la realidad de cada institución».

Críticas por contradicciones

Como parte de la campaña de protesta contra los despidos masivos en las unidades de comunicación de las instituciones del Estado, se han criticado las contradicciones implícitas en las medidas adoptadas por el Ejecutivo ecuatoriano para ahorrar recursos.

En especial, salió a la luz pública que, a la par de los despidos, el Estado adjudicó un contrato por 270.000 dólares [más IVA] a la empresa Imasen para el «levantamiento de información estratégica de la percepción y satisfacción ciudadana sobre la gobernabilidad democrática», estudio que supuestamente servirá de «insumo para el diseño de estrategias de comunicación y decisiones de gestión gubernamental y administración pública».

Imasen es una empresa sobre la cual la Contraloría General del Estado ya detectó hace algunos años irregularidades en contratos con la Secretaría de Comunicación, según publicó ese año El Universo.

En específico, en dos procesos se suscribieron actas de entrega sin que se hubiese verificado el cumplimiento de lo solicitado, y por lo tanto no se justificaron los pagos, uno de 60.985 dólares más IVA y otro de 61.500 dólares más IVA.

Fuente: http://actualidad.rt.com/actualidad/270854-ecuador-despidos-sector-publicos-oficinas-comunicacion