Traducido por Griselda Pinero y Raul Quiroz
El comportamiento del gobierno de Rafael Correa con respecto a la deuda
Ecuador es el país de Latinoamérica que debe dedicar el mayor porcentaje de su presupuesto al reembolso de la deuda. En principio, se supone que tenía que hacer un esfuerzo insuperable en 2007: el servicio de la deuda previsto es de cerca de 2.800 millones de dólares (o sea, el 38 % de su presupuesto).[1] El nuevo gobierno de Rafael Correa, que asumió sus funciones en enero de este año, ya tuvo que pagar una suma considerable a los acreedores (cerca de 1.000 millones de dólares) y ahora trata de poner fin a esta hemorragia en el interés de su pueblo. Quiere dedicar las sumas así economizadas a mejorar la situación social del pueblo ecuatoriano, especialmente en los servicios de sanidad. Y es en este sector en el que acaba de reclutar personal, cerca de 600 personas, para mejorar de forma inmediata la calidad de los servicios ofrecidos a los grupos de población con mayores necesidades. También es su intención garantizar los progresos en otros ámbitos.
La radicalidad del presidente Correa y de su ministro de Economía y Finanzas, Ricardo Patiño, ha suscitado diversas tentativas de desestabilización por los medios financieros, tanto locales como internacionales, y por los partidos de la derecha. Cualquier cosa es buena con tal de obstaculizar al gobierno.
Comienza un proceso cuyo objetivo es la anulación de la deuda externa
El nuevo gobierno trata de identificar la parte de la deuda que, sin discusión posible, puede dar lugar a una denuncia y a un repudio. A tal efecto, quiere apoyarse en los resultados de los trabajos de la comisión de auditoría establecida por el régimen anterior, pero creando una nueva comisión, que deberá profundizar las investigaciones y que incluya expertos internacionales que se sumen a los expertos nacionales. El objetivo de Ricardo Patiño es formar una comisión de al menos seis personas, de las cuales tres serían extranjeras[2]. La comisión se verá apuntalada por un grupo de investigación de varias decenas de personas que trabajarán en la identificación de las deudas ilegítimas, ya sean éstas con los acreedores multilaterales (como el Banco Mundial, el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc.) o con acreedores bilaterales (siendo los principales España, Japón, Brasil e Italia). Hay más de 15 acreedores bilaterales, con un monto de cerca de 2.000 millones de dólares que representan el 20 % de la deuda exterior pública de Ecuador. El gobierno quiere auditar las deudas contraídas con acreedores privados bajo la forma de títulos de deuda -los bonos-, con el fin de determinar qué parte es ilegítima y de esta forma justificar su anulación. Pasa lo mismo con la deuda interior pública: se están por ejecutar medidas de anulación.
El actual gobierno ecuatoriano quiere ir rápido, y es por ello por lo que los expertos internacionales activos en el problema de la deuda están listos para volver a Ecuador. De todas maneras, varios ministros tienen un profundo conocimiento del tema de la deuda y, de parte de los movimientos ciudadanos, muchas personas están inmersas en el trabajo de las auditorías desde hace años. Todo esto permitirá a las autoridades ecuatorianas tomar rápidamente decisiones fundamentadas en un expediente que dominan a la perfección.
¿Qué orientación se debe adoptar?
Es necesaria una acción unilateral, porque si Ecuador espera que la comunidad internacional convoque un tribunal internacional de arbitraje, el trámite puede durar años y su resultado será seguramente mediocre. Y hay urgencia. La acción unilateral en cuestiones de la deuda es un acto legítimo y mucho más eficaz. Es mucho mejor denunciar algunas deudas y suspender el pago de las mismas de manera soberana, y posteriormente, si fuera necesario, entrar en una negociación con los acreedores. En ese caso, el gobierno estará en una posición de fuerza, puesto que serán los acreedores los demandantes de la reanudación del pago de la deuda. Estarán dispuestos a sentarse a la mesa de negociación y reducir sus exigencias. Ecuador tiene, por lo tanto, todas las razones para emprender una acción unilateral para decretar, sobre la base de una auditoría, la ilegitimidad de una gran parte de su deuda. Una decisión soberana de las autoridades de Quito de cesación del pago estaría fundamentada sobre diversos argumentos de derecho interno e internacional.
¿Cuáles son estos argumentos que avalan la anulación de la deuda?
Existen numerosos contratos ligados con tipos de interés usurarios. Se reclama a Ecuador reembolsos por proyectos que nunca se realizaron o que lo hicieron de manera parcial, sin corresponder a las exigencias del pliego de condiciones de las obras respectivas. Se contrataron préstamos para pagar o reembolsar antiguas deudas contraídas por los regímenes dictatoriales de los años setenta. Por consiguiente, hay múltiples argumentos, basados en un análisis detallado de los proyectos que estaban en el origen de estas deudas, para justificar su no pago. Esto representa la mayor parte de la deuda que se reclama a Ecuador.
¿Cómo se organizarán los trabajos de la nueva comisión de auditoría?
El gobierno quiere seguir una política transparente: ha tomado la decisión de crear una nueva comisión de auditoría que realizará sus trabajos de manera pública. Las oficinas de dicha comisión estarán abiertas, accesibles al público que quiera aportar su ayuda o su testimonio para identificar las malversaciones, para identificar los proyectos que no fueron realizados u otros tipos de dolo del cual hayan sido víctimas los ecuatorianos, a los que se reclama el reembolso de la deuda.
Según esta gestión de transparencia, la comisión tendría que disponer de un sitio internet, donde se colgarían la mayoría de los contratos. Si esta etapa se realizara, el CADTM, con los otros movimientos que luchan por la anulación de la deuda, podría lanzar un llamamiento internacional para testimoniar. Es plausible que ex consultores, o ex funcionarios, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del FMI, acreedores, agentes de los acreedores privados, etc. estén de acuerdo en denunciar las prácticas dudosas, ilegales, incluso criminales, de los acreedores y de esta forma apoyar al gobierno ecuatoriano en el repudio de la deuda ilegítima.
Un testigo importante: John Perkins
Es notable el caso de John Perkins, cuyo libro Confesiones de un ganster económico: la cara oculta del imperialismo americano , [3] levantó una gran polvareda. Explica en su libro con toda claridad su misión, que era «la de incitar a los dirigentes de diversos países a integrarse en una vasta red que promueve los intereses comerciales de Estados Unidos. En fin de cuentas, estos dirigentes se encuentran cargados de deudas, lo que asegura su lealtad. Podemos por lo tanto recurrir a ellos en cualquier momento para nuestras necesidades políticas, económicas o militares. Por su parte, consolidan su posición política creando para sus pueblos áreas industriales, centrales eléctricas y aeropuertos. Los propietarios de las compañías estadounidenses de ingeniería y de construcción se enriquecen así fabulosamente.» Justamente Perkins actuaba en Ecuador y trabajó con el presidente Roldós: «Jaime Roldós se había comprometido. Fiel a sus promesas electorales, había lanzado un ataque en toda regla contra las compañías petroleras. […] La reacción de las compañías petroleras era previsible: hicieron todo lo posible para impedir la aprobación de esta ley. […] Se pintaba al primer presidente del Ecuador moderno elegido democráticamente como un nuevo Castro. Pero Roldós no cedió a la intimidación. […] Pronunció un gran discurso en el estadio Atahualpa de Quito, y después se dirigió hacia una pequeña comunidad al sur del país. Murió en un accidente de helicóptero, el 24 de mayo de 1981.» ¿Accidente como el del presidente de Panamá, Omar Torrijos, en la misma época? Para Perkins, evidentemente no, no había nada de accidental: «Fueron asesinados porque se opusieron a esa fraternidad de corporaciones, gobiernos y elites bancarias cuyo objetivo el imperio mundial. Nosotros, los «economic hit men», fallamos en obtener la colaboración de Roldós y Torrijos, y otro tipo de «hit men», los chacales castigadores de la CIA, que siempre estaban detrás de nosotros, llevaron a cabo su tarea.» El balance es claro: «Ecuador ahora está hundido en un mar de deudas y debe dedicar una parte anormal de su presupuesto nacional a reembolsarlas«; por consiguiente, «este país sólo puede saldar sus obligaciones vendiendo sus bosques tropicales a las compañías petroleras«. En resumen, pisoteando la soberanía ecuatoriana que, sin embargo, es inalienable, «el imperio mundial reclama lo adeudado en forma de concesiones petroleras«. John Perkins volvió a Ecuador el 22 de mayo de 2007 para presentar sus excusas al pueblo ecuatoriano. Otros responsables del endeudamiento ilegítimo podrían seguir su ejemplo.
Actuar también en el Norte
Para completar el dispositivo, es necesario crear también comisiones de auditoría sobre
las acreencias reclamadas por los gobiernos del Norte a los países del Sur. Por ejemplo, Bélgica reclama a Ecuador una deuda de 16 millones de dólares, correspondiente, sobre todo, a los proyectos enmarcados en la ayuda ligada. Al primer análisis de esos proyectos nos damos cuenta que los préstamos realizados por Bélgica a Ecuador tenían como contrapartida la obligación de gastar el dinero en empresas belgas, especialmente en provisión de material eléctrico. Bélgica afirma que abandonó desde hace varios años cualquier política relacionada con la ayuda ligada, porque reconoce que es una política claramente ilegítima. Nosotros, en tanto que CADTM, con el CNCD y otros movimientos, analizaremos en detalle los contratos que ligan Ecuador a Bélgica con el fin de determinar si todavía es legítimo que Bélgica reclame el pago o si es necesario anular dicha deuda, pura y simplemente. Como hizo Noruega con este mismo país en 2006, con una deuda contraída para la compra de cinco barcos de pesca entregados hacía más de 20 años, en un momento en el que la industria naval noruega pasaba más necesidad que la economía ecuatoriana.