Después de las elecciones locales de 2014, que vieron la irrupción de un personaje pospolítico, como lo es Mauricio Rodas, el año 2015 reposiciona a la política en el centro de la sociedad ecuatoriana. La pospolítica rechaza la confrontación sociopolítica y las ideologías así como todo tipo de conflictividad social. Esta postura se asienta sobre […]
Después de las elecciones locales de 2014, que vieron la irrupción de un personaje pospolítico, como lo es Mauricio Rodas, el año 2015 reposiciona a la política en el centro de la sociedad ecuatoriana.
La pospolítica rechaza la confrontación sociopolítica y las ideologías así como todo tipo de conflictividad social. Esta postura se asienta sobre el «fin de la historia» de Fukuyama y el fin de las ideologías de la posguerra fría con un predominio de lo económico que relega la política en un segundo plano.
La pospolítica está vinculada con el neoliberalismo, con la gestión de los asuntos sociales por parte de expertos. En definitiva, la pospolítica es una forma de negación de lo político.
Sin embargo, desde principio del año 2015, en medio de un contexto económico difícil, la política ha vuelto en el centro de la sociedad y eso pone en dificultad a los diferentes actores políticos que apuestan en la pospolítica: ¿cómo se posicionan en una coyuntura de aumento de la conflictividad socio-política? En este contexto, el retorno de la política se efectúa a través de dos repertorios de acción: la movilización social y el diálogo nacional.
La movilización social aparecida desde septiembre de 2014 con las reformas laborales permite observar la evolución de los sectores presentes. Además de los sectores tradicionales (movimiento indígena, sindicatos, sectores de derecha), un nuevo sector apareció a partir de marzo del 2015 y se reforzó en las movilizaciones de junio: sectores de clase media no organizados, sin pertenencia partidaria y que salieron a manifestar su descontento principalmente contra lo que visibilizan como un ataque a su poder de adquisición, contra la enmienda de la reelección y lo que perciben como falta de libertad de expresión.
Frente a este escenario, el Gobierno respondió con el diálogo nacional sobre equidad y justicia social. Si los espacios de diálogo pueden ser analizados como una forma diferente de comunicación política, no se pueden quedar en eso. Esta respuesta es eminentemente política a través de un mecanismo legítimo de gestión política que permite acercar el Estado a la ciudadanía. Cuando se instala un proceso de diálogo para revivir la participación ciudadana, el Estado reconoce a los diversos actores socio-políticos, su derecho fundamental a ser escuchados y reconocidos como iguales en la discusión así como la legitimidad de sus demandas. Se trata de una herramienta para construir ciudadanía crítica y reflexiva así como corregir la política pública.
Este proceso de diálogo pone en evidencia la lectura errónea de la pospolítica que circunscribe al ser humano a su estado de homo economicus y muestra más bien la voluntad de la sociedad de participar, de ser escuchado y de revitalizar en ese sentido los espacios políticos.
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