En este artículo (el primero de una serie), el autor analiza la correlación de fuerzas en el actual contexto económico brasileño y las alternativas que se le presentan a Lula.
Hace unos meses un amigo y camarada me presentó a Betinho y me recomendó que viese la serie sobre su vida. Impresionado por su trayectoria, me impactó una frase de Betinho: «el alma del hambre es política».
Lula lo sabe bien, del mismo modo que es consciente de la devastación económica y social que asola nuestro pueblo desde el golpe contra Dilma. Conocedor de la necesidad de reconstruir el país a partir del crecimiento de la renta, el combate al hambre y a la desigualdad, el presidente siempre afirma que su tercer mandato tenía que ser mejor que los anteriores. Era el momento de hacer «40 años en 4».
El actual gobierno liderado por Lula, un gobierno de coalición de clases, es una coalición entre diversos partidos y fuerzas sociales comprometidas en restaurar la normalidad democrática y las instituciones construidas durante la Nueva República. O sea, el gobierno fue elegido para derrotar al fascismo brasileño. Hizo eso en las urnas y ahora está ante una verdadera guerra.
Aunque la coyuntura brasileña pasó por diferentes momentos en la relación entre el gobierno y la oposición a lo largo del año pasado, evolucionó en el marco de una situación estratégica defensiva en la relación capital-trabajo. De hecho, el proyecto político-económico del gobierno federal obedece a ese escenario, en el que las posibilidades de enfrentarse a la lógica dependiente de nuestra economía son limitadas.
Cualquier análisis sobre la política económica del gobierno que ignore el contexto del último proceso electoral, la tentativa de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, la fuerza y la capacidad de movilización de la oposición, tanto en el parlamento como fuera de él, así como nuestro marco de nación dependiente en el contexto de un capitalismo financiarizado, acabará siendo inexacto. Es necesario partir de esas premisas para evaluar las posibilidades, los desafíos y las batallas.
Además de combatir las fuerzas sociales que alimentan el fascismo y la extrema derecha, el gobierno Lula se enfrenta con grupos de la propia coalición de gobierno cuando el tema en cuestión es la política económica.
Justamente por los factores antes mencionados, el actual gobierno Lula no puede ser un gobierno semejante a los dos primeros. Su estrategia y su política están equivocadas (pero eso se tiene que discutir en otro texto). El momento pide disposición de enfrentamiento.
La principal lucha política hoy se da en el terreno económico. Se trata del enfrentamiento entre las principales fracciones de la burguesía brasileña, liderada por la burguesía financiera, para imponer al gobierno una política fiscal de austeridad para el pueblo y de maximización de los beneficios para sí misma.
El presidente Lula frente a Campos Neto y la autonomía del Banco Central
Cuando el pueblo brasileño eligió a Lula en las urnas en 2022, se decidió por una opción y mandó un aviso. El programa elegido con el voto es el programa del empleo, del crecimiento económico de Brasil y del reposicionamiento de nuestro país en el mundo, un país que dijo no al hambre y sí a las políticas públicas.
Nuestra clase dominante, que ahora de forma moderna se hace llamar ‘el Mercado’, busca asfixiar al nuevo gobierno e imponer a cualquier precio su proyecto. Quieren desgastar el gobierno ante la población al impedirle que promueva los cambios prometidos en el escenario electoral y necesarios a los ojos de la historia para el desarrollo de Brasil.
Vimos en el último mes, y en especial esas últimas semanas, el incremento de la críticas públicas del presidente Lula al presidente del Banco Central, Campos Neto. Un hecho que la prensa burguesa consideró inaceptable.
En varias ocasiones Lula criticó la subida de los tipos de interés y señaló que las inversiones sociales y las políticas públicas, como la jubilación, no deberían ver reducida su partida en el presupuesto federal, mientras que las grandes empresas tendrían que pagar más impuestos. Lula demostró que la política monetaria, cambiaria y el sistema tributario están al servicio de los grandes capitales o, dicho en lenguaje moderno, en manos del ‘mercado financiero’.
La respuesta a la acción de Lula ha sido una política consciente de boicot y asfixia al gobierno, que además de la gran prensa, cuenta con el presidente del Banco Central (admirador del gobernador de São Paulo y Tarcísio Freitas) y su política de aumento del dólar y de mantener la tasa Selic [N. del trad.: la tasa Selic es la tasa media de los intereses en las operaciones que se realizan en el plazo de un día en las que interviene títulos públicos federales y que está fijada por el Banco Central] por encima de la meta recomendada].
Roberto Campos Neto, presidente del Banco Central, a cuyo frente fue puesto por Bolsonaro, insiste en mantener los intereses altos con el argumento ridículo de que lo hace para combatir la inflación. En las demás economías del planeta Tierra -al menos en las principales economías-, la tasa de intereses está por debajo de la inflación. En Brasil la regla es el absurdo. No solo invertimos la lógica de las demás economías, es que nuestra tasa de interés real se encuentra OCHO puntos por encima de la inflación. Un hecho que impide que el Banco Central alcance las metas establecidas por ley, además de provocar que Brasil se encuentre en una situación de desventaja competitiva, lo que afecta al crecimiento de las empresas brasileñas y al bolsillo del pueblo empobrecido, y ello genera la contracción de la economía del país.
Es el Banco Central el que permite que el dólar siga revalorizándose frente al real, en una acción que parece coordinada para depreciar nuestra moneda y así desestabilizar el gobierno federal. Vale la pena recordar que durante el gobierno Bolsonaro, bajo la gestión de Roberto Campos Neto, el Banco Central de Brasil realizó 20 intervenciones directas significativas para controlar la cotización del dólar, además de diversas medidas indirectas para estabilizar el mercado cambiario.
Al definir a su uso y disfrute la política monetaria, los representantes del capital financiero en el Banco Central le dicen al Estado que tiene que financiarlos por medio de la emisión de deuda, al tiempo que determinan la cantidad que deben percibir en ese lucrativo negocio. Todo eso lo hacen con el objetivo de obtener sus beneficios parasitarios, aunque para eso tengan que perjudicar la economía de todo el país, impidiendo inversiones y aumentando la deuda pública.
Vemos un representante del sistema financiero, que no fue elegido, definiendo el destino de la política económica del país e imponiendo el proyecto económico de los bancos en contra del proyecto económico elegido por el pueblo. Esto es un ejemplo evidente de los límites de la democracia en Brasil.
El presidente del Banco Central debería limitarse a opinar cuando fuese necesario y sobre aquellos asuntos que le competen. Lo que vemos hoy es lo contrario. Campos Neto actúa como una estrella pop, ofrece entrevistas y realiza declaraciones ambiguas y contrarias al gobierno electo, y provoca así que el mercado actúe contra la moneda brasileña.
Campos Neto y el Copom (Comité de Política Monetaria del Banco Central), además de actuar en contra del programa votado en las urnas, de ir a contracorriente de la planificación del gobierno, acusan al propio gobierno de perturbar el escenario económico
Esta cuestión no es una técnica, si no política. Política en el sentido profundo de la palabra. Es la disputa por el poder. Es la guerra por otros medios. Es la guerra entre clases. Disputas de intereses diferentes y antagónicos: por un lado, los bancos en busca del máximo beneficio; por otro lado, el pueblo trabajador, sin crédito, endeudado y con serias dificultades para pagar las cuentas en plazo, tarifando la tarjeta de crédito con más del 400% acumulado el año.
Es el momento de que los movimientos sociales y populares apoyen las denuncias hechas por el presidente Lula y sean parte activa en la lucha contra Campos Neto y los intereses abusivos. Sin eso, las oportunidades del gobierno de doblar la apuesta y enfrentarse a ellos son mínimas. La ley que dio autonomía al Banco Central también dice en su Art. 5º, inciso IV, que existe la posibilidad del presidente del Banco Central sea destituido por el presidente de la República en caso de «recurrente desempeño insuficiente para el alcance de los objetivos del Banco Central de Brasil».
El gran desafío de Lula hoy es gobernar. Gobernar de hecho, como presidente de la República. No como lo hace, ya que hoy, por el contrario, existe un semi-parlamentarismo de coalición fruto de la crisis institucional postgolpe y de la quiebra de la norma jurídica que sostenía la Nueva República.
Lula necesita gobernar e implementar el programa votado en las urnas, algo que es imposible con el actual presupuesto. Ganar la batalla actual contra el Banco Central y la Copom será fundamental para la suma de fuerzas del gobierno y constituirá una respuesta para la oposición y para la burguesía. Hoy, sin embargo, ese es el escenario menos probable, ya que lo que se espera es una derrota del gobierno ante de la presión ejercida por la burguesía, el Congreso, el bolsonarismo y los grandes medios de comunicación.
Si el gobierno cede a la presión del gran capital y pone en marcha una política de ajuste fiscal por encima del presupuesto público, que sirva para alimentar los intereses de los rentistas que se benefician de los intereses reales más altos del planeta, retira los impuestos a las empresas y no impone un sistema arancelario progresivo, el deseo anunciado por el gobierno de reducir la desigualdad social será irrealizable. Cada vez es más evidente que la forma en que fue elaborado el andamiaje fiscal fue un error y que continúa siéndolo.
Solamente políticas públicas, que entren de lleno en la cuestión de la distribución de riqueza y que se basen en la inversión de la lógica del sistema tributario brasileño, pueden erradicar la miseria.
Las alternativas que las fuerzas populares y el presidente Lula tienen son:
- asumir su suicidio y adoptar como suya una política impuesta por el mercado;
- permanecer en el gobierno, pero renunciando al acto de gobernar; y,
- combatir el hambre y la desigualdad social, para lo que no hay más remedio que movilizar y organizar nuestras fuerzas y luchar contra nuestros adversarios.
En el Estado mínimo no caben los pobres
El presidente Lula afirmó en varias ocasiones que lucha para incluir a los pobres en el presupuesto y promover el desarrollo social combatiendo la desigualdad. Sin embargo, eso solo es posible con la recuperación de los servicios públicos y la inversión en infraestructura.
Para eso, el gobierno necesita recursos financieros. En ese momento es cuando los grandes medios de comunicación brasileños empiezan a revolverse y vociferar en contra del ‘populismo financiero’ y el ‘intervencionismo’. Recientemente, el periódico Folha de São Paulo destacó en su portada el valor que se destinaría al incremento de la Bolsa Familia, en un tono de denuncia y crítica al gobierno. El presidente de la Cámara, Arthur Lira (PP/AL), ofreció una entrevista en la que destacó que la incorporación de carne en la cesta básica, como defiende Lula, haría que ‘acabase costando de más’.
En estos momentos el país está inmerso en una verdadera batalla por el presupuesto. Las opciones son: destinarlo a amortiguar los intereses de la deuda pública y a partidas parlamentarias o a inversiones sociales. Dicho de otro modo: destinado al bolsillo de los ricos empresarios o a la mesa del pueblo brasileño.
No obstante, si no fuese suficiente con los medios de comunicación, el centrão y la derecha, las fuerzas populares se enfrentan también a desafíos y disputas dentro de su propio campo. Un ejemplo de eso es la política económica del ministro de la Hacienda Fernando Haddad (PT/SP): fiel al dogma de las políticas neoliberales, Haddad propuso un andamiaje fiscal que limita el gasto público del gobierno, que amarra y limita las posibilidades de utilización del recurso financiero por el Estado brasileño.
Haddad, y una parte significativa del equipo económico del gobierno, además de ese error, cree que rezando con el abecedario neoliberal y siguiendo las directrices del capital financiero, va a atraer inversiones privadas que generen el desarrollo económico y aseguren el crecimiento del PIB.
Ese deseo, que el sector privado sea el responsable del crecimiento económico, no se ha constatado en ningún momento de la historia. Por el contrario, lo que la humanidad ha visto es que el motor del desarrollo socioeconómico es justamente la inversión estatal, ya que le corresponde al Estado crear las necesidades que puedan incluso incentivar al capital privado a crear nuevos negocios.
La lógica de ‘no gastar más del que se recauda’ tiene sentido para una persona que ha de cuidar su economía familiar, pero no es compatible con el pensamiento de un Estado soberano.
El Estado gastador, al que tanto miedo le tienen los neoliberales y los portavoces del capital financiero a sueldo en los periódicos brasileños y que lo denuncian constantemente, es el Estado que tiene capacidad de garantizar derechos para la población negra, periférica, para los yanomamis, para el sertanejo [N. del trad.: habitante del sertão brasileño, situado en el noroeste del país], y que coloca en el presupuesto de la Unión a personas y grupos sociales que durante siglos estuvieron marginados y excluidos. Quieren el Estado mínimo para que solo ellos puedan entrar en él.
Revertir la orientación neoliberal del trébede macroeconómico que aplica el gobierno es el primer camino para que este se fortalezca frente a los ataques de sus adversarios. El gobierno, exprimido y empequeñecido por la agenda del mercado, necesita respuestas visibles y rápidas: por mucho que el PIB siga creciendo y el desempleo disminuyendo, son avances económicos que no están siendo sentidos por el pueblo. Si mantiene el rumbo fijado por el catecismo de Faria Lima [N. del trad.: avenida de São Paulo en la que se concentran los principales inversores brasileños] y la meta de alcanzar el superávit fiscal, el gobierno Lula va a seguir enflaqueciéndose.
La lucha es para demostrar que el Estado brasileño necesita ser protagonista en el actual cuadro histórico en que vivimos y asumir su papel como defensor y fiscal de la justicia social y del crecimiento económico. Sin eso, la propia recomposición del tejido institucional surgido después de 1988 se hace impracticable.
Dicho esto, la realización de cambios estructurales en nuestra economía deben ser parte de la estrategia de nuestro campo político. Además, debemos tener como meta los siguientes objetivos: la generación de empleos cualificados, y superar los límites de la terciarización y uberización; la inversión en ciencia y tecnología; obras de infraestructura y reconstrucción del parque industrial y la transición energética.
A eso se suma la lucha constante para la creación de una nueva mayoría social que se transforme en mayoría política, puesto que las acciones económicas por sí solas no bastan; en este sentido, es necesaria la lucha ideológica y un trabajo político diario con quienes están comprometidos con la construcción de un bloque hegemónico. Sin embargo, sin resultados económicos visibles, palpables y que modifiquen rápidamente la vida cotidiana, esa tarea se hace aún más difícil.
Solo hay dos caminos: movilización popular y el pueblo en el presupuesto
Hasta ahora el gobierno Lula ha intentado servir a dos señores con la convicción de que es posible alimentar a la vez al Dios mercado y garantizar el desarrollo social.
Desde la victoria de Lula defendimos lo contrario: el gobierno necesita gobernar y aplicar el programa votado en las urnas; necesita romper el ciclo vicioso que le lleva a ceder al chantaje de la burguesía y de sus representantes en el Congreso en nombre de la gobernabilidad. Llegar a acuerdos tácticos es una cosa; renunciar a nuestros principios, otra muy diferente.
La discusión sobre la política económica no es fácil. Existe una determinada correlación de fuerzas desfavorable en la sociedad y en el Congreso que obliga al gobierno a adoptar algún tipo de regla de control fiscal, a lo que se suman las visiones neoliberales dentro del propio gobierno. Combatir eso no es fácil. Por otro lado, es necesario cumplir las promesas de campaña, lo que significa invertir, gastar y utilizar recursos públicos y, si no lo hace, no conseguirá el apoyo popular. En caso de que no haga eso, el gobierno permanecerá rehén del Congreso y comprometerá su propia gobernabilidad.
El gobierno no se puede permitir el lujo de perder popularidad. La oposición fascista sigue al acecho, el Congreso es de mayoría conservadora, la sociedad está ideológicamente polarizada y la coalición gubernamental es mucho más frágil y menos fiel que la de los dos primeros mandatos de Lula.
Construir otra forma de gobernar no se hace de un día para el otro; no obstante, es necesario trazar una estrategia basada en la movilización social que defienda al gobierno de los ataques de la extrema derecha.
El primer paso es construir, junto a los movimientos sociales y a las fuerzas populares, una movilización que denuncie el chantaje del Banco Central y una campaña que busque conseguir lo que se prometió: situar a los pobres en el presupuesto. Ese debe ser el objetivo. Esa es la verdadera responsabilidad con la cual se debe comprometer el gobierno. El objetivo tiene que ser satisfacer al pobre, no al mercado. Pensamos que esa es la única acción que servirá para defender al gobierno contra los ataques que ya se anuncian.
Fuente: https://esquerdaonline.com.br/2024/07/04/economia-e-a-luta-de-classes-no-governo-lula-parte-1/
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