La propuesta de reforma de nuestro sistema de pensiones que ha realizado un grupo de 100 economistas (la verdad es que todos ellos con un curriculum profesional muy brillante en sus respectivas áreas de especialización, aunque la mayoría claramente escorados en sus principios y perspectivas de análisis hacia los postulados neoliberales que están de moda […]
La propuesta de reforma de nuestro sistema de pensiones que ha realizado un grupo de 100 economistas (la verdad es que todos ellos con un curriculum profesional muy brillante en sus respectivas áreas de especialización, aunque la mayoría claramente escorados en sus principios y perspectivas de análisis hacia los postulados neoliberales que están de moda desde hace tiempo) está empezando a mostrar no solo lo que puede haber de válido en su razonamiento sino también, como es lógico que ocurra, sus errores y limitaciones.
Voy a dejar de lado aquí la crítica que creo que se le puede hacer a sus contenidos principales y propuestas concretas porque me ocupo de ello en un texto más largo que publicaré en los próximos días junto a Vicenç Navarro.
Ahora solo quiero comentar brevemente algunos rasgos que aparecen claramente en la incipiente polémica que ha habido y que en mi opinión definen con bastante nitidez el «estilo» de este tipo de economistas que hoy día constituye la ortodoxia o corriente principal de nuestra profesión.
Los economistas de este perfil neoliberal suelen manifestar un cierto desprecio, a veces explícito, hacia la voluntad social y, por tanto, incluso a la propia democracia, al menos, en lo que ésta tiene que ver con las cuestiones económicas.
Hayek fue muy claro en este sentido cuando visitó el Chile de Pinochet, en donde bajo la dictadura comenzaron a aplicarse muchas de las políticas que defienden los economistas neoliberales: «Mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente» (El Mercurio, 12-4-1981). En la misma línea se han pronunciado numerosos economistas en los últimos años, como es bien sabido, y eso han vuelto a hacer los que hacen la propuesta de reforma de las pensiones.
Uno de ellos, el profesor del IESE de la Universidad de Navarra Javier Díaz Jiménez afirmó en el acto de presentación de la propuesta que el Pacto de Toledo es «la mayor estafa para el contribuyente español por dejar en manos de los políticos la reforma de las pensiones» (Europa Press, en Los ‘100’ economistas proponen calcular la pensión en función de toda la vida laboral ). Un auténtico dislate que hace pensar que estos economistas olvidan que un principio esencial de la democracia es que las decisiones sobre los recursos públicos deben ser adoptadas por los representantes de la ciudadanía y no por los tecnócratas, como parece que proponen.
Esta posición tan poco respetuosa hacia las preferencias sociales deriva posiblemente de su convencimiento de que la ciudadanía no sabe en realidad qué le conviene o qué es lo mejor que debe hacerse para asignar los recursos. Y eso les lleva a confundir las decisiones sobre la distribución de la renta y la riqueza, que son evidentemente políticas y fruto de las preferencias sociales o de las concepciones éticas dominantes, con asuntos técnicos que solo los entendidos pueden resolver correctamente. Otro economista de ese grupo, el profesor Fernández-Villaverde, manifiesta claramente este prejuicio en su blog al defender la reforma: «Los economistas tienen que recordar a la sociedad constantemente cual es el óptimo. Si el público ni sabe cual es la manera optima de redistribuir, es muy poco probable que surjan instituciones, incluso condicionales en su sostenibilidad, que sean relativamente eficientes» ( Críticas a las Reforma de Las Pensiones: Algunas Falacias Comunes I ). Otro disparate porque no hay una forma óptima de redistribuir que dependa de criterios objetivos que solo los economistas puedan establecer o interpretar sino que se establece una u otra en función del poder que tengan los individuos y grupos sociales.
Otro rasgo que suele caracterizar al estilo de este tipo de economistas neoliberales es que desprecian de un modo bastante evidente y explícito la opinión de quienes no piensan o analizan los fenómenos económicos como ellos. Sus publicaciones suelen ser formalmente muy consistentes y documentadas pero se puede comprobar fácilmente que en ellas nunca o casi nunca está la opinión que disiente de sus postulados. Pueden avanzar mucho en el conocimiento pero siempre en el que transcurre en una misma vía, la construida sobre sus propios principios y postulados. Les ocurre igual que dice Stiglitz en su último libro que le pasó a los gobernadores de los bancos centrales frente a la crisis: como solo leen lo que les confirma sus ideas no podían descubrir los problemas que otros estaban planteando en sus escritos. Y quienes vivimos junto a ellos en el mundo académico hemos comprobado hasta la saciedad que este tipo de economistas desprecian y rechazan incluso a cualquier otra rama y forma del saber que no sea la suya, la historia, la filosofía, la sociología, la politología, el derecho… habiendo hecho todo lo posible para sus contenidos lleguen a desaparecer de las enseñanzas de economía en aras de convertir a ésta última en una simple variante de la matemática.
Todo ello les lleva a recurrir constantemente a un criterio «de autoridad» bastante discutible: si otra idea no está publicada en las revistas en las que las suyas han tomado plaza son despreciables y no tienen por qué ser tenidas en cuenta. Un criterio circular afectado por una enfermedad muy extendida en la comunidad académica de nuestro tiempo: la impactolatría (aunque referido básicamente a ciencias de la salud es muy interesante leer el trabajo de J. Cami Impactolatría: diagnóstico y tratamiento. En: Medicina Clínica. v. 109. n. 13. (1997).
Este tipo de economistas suele también actuar como si considerase que está completamente inmunizado frente al error propio. Esto se observa claramente a la hora de proponer y defender esta reforma de las pensiones cuando hablan como si estuvieran en posesión de la verdad sin mencionar los continuados errores de cálculo que han tenido en los análisis previos que han venido realizando para ofrecer escenarios que justificaran las medidas que proponen. En ninguno de ellos acertaron en sus predicciones, a pesar de lo cual quieren convencer a la ciudadanía de que están en lo cierto cuando hacen sus previsiones alarmistas para el futuro.
Por otro lado, suele ser habitual que estos economistas cuenten, como ocurre en el caso de la Fundación FEDEA que financian los bancos y grandes empresas españolas, con el patrocinio y la ayuda habitual y generosa de los grandes poderes económicos y financieros. Quienes somos críticos con sus postulados recordamos esta vinculación porque nos parece que es siempre indicativa. Sería normal que esos bancos y grandes empresas no financiaran a un economista como yo porque mi curriculum es demasiado modesto, o incluso quizá mediocre desde su punto de vista. Pero tampoco lo harían porque es lógico que esas entidades no están interesadas en promover ideas y propuestas que van claramente en contra de sus intereses. Y, justo en sentido contrario, es normal que financien a economistas como estos del grupo de los 100, no solo porque tienen curricula brillantísimos (que los tienen), sino también porque lo que proponen, como reducir el gasto en pensiones públicas para fomentar el ahorro privado que es lo que beneficia a la banca, o reformas laborales que aumentan el poder del gran empresariado, es lo que conviene a sus intereses.
Por eso resulta sorprendente que se tomen como un insulto el reconocimiento de esta vinculación. Es el resultado de una opción ideológica y personal legítima y no censurable. Pero también es legítimo que los demás lo sepan y que pongan en duda la independencia y la objetividad de su obra porque resulta muy difícil creer que pudieran contar con ese patronazgo si sus tesis no fueran siempre las que convienen a quienes los financian.
Se podría añadir también que este tipo de economistas suele razonar sosteniendo que los grandes parámetros de los que depende la vida económica son inmutables. Es igualmente fácil comprobar en sus escritos, y concretamente en los que usan para defender la reforma de las pensiones, que dan por sentado que hay cosas (justamente las que constituyen el orden socioeconómico que beneficia a la banca o a las grandes empresas) que no se pueden cambiar: la pauta distributiva, los impuestos sobre el capital, las políticas generales de las que depende en realidad el volumen de empleo o su naturaleza… Por eso este tipo de economistas son una de las principales fuentes que alimenta esa idea tan extendida de que vivimos el fin de la historia o de que no hay ninguna otra alternativa al modo de producir y distribuir en el que estamos o frente a las políticas económicas neoliberales que se llevan a cabo.
Finalmente, estos economistas, pero no solo los españoles, suelen ser bastante altivos y muy dados a la descalificación personal de quien disiente disiente de ellos. Por ceñirme al caso del debate sobre esta propuesta de reforma de las pensiones, basta comprobar que ni siquiera llaman por su nombre a quien los ha criticado, o las expresiones que solo muestran mala educación y falta de respeto.
Pudiera parecer qu es injusto generalizar de esta manera, pero creo que basta una rápida ojeada a los escritos de estos economistas, a sus pronunciamientos públicos y a la forma en que actúan en comisiones de evaluación o juzgan a sus colegas para comprobar que ya se ha generado un prototipo que va mucho más allá del caso aislado.
Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla (España) y miembro del Consejo Científico de ATTAC España. Su web personal: www.juantorreslopez.com
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