Contra viento y marea, el presidente Correa y el ministro Pástor, firmaron con ECSA el 5 de marzo pasado el contrato para la explotación de las minas Mirador 1 y 2, situadas en la Cordillera del Cóndor, en Zamora Chinchipe en el extremo sur del territorio continental del Ecuador, en una zona caracterizada y reconocida […]
Contra viento y marea, el presidente Correa y el ministro Pástor, firmaron con ECSA el 5 de marzo pasado el contrato para la explotación de las minas Mirador 1 y 2, situadas en la Cordillera del Cóndor, en Zamora Chinchipe en el extremo sur del territorio continental del Ecuador, en una zona caracterizada y reconocida por ser una de las más biodiversas de la Tierra.
El presidente anunció entre gozoso y trémulo, que con este contrato se inicia una nueva era en la minería y la economía ecuatoriana, a pesar de una lluvia de cuestionamientos que convergen en denunciar el rostro colonial de la minería correísta desde diversas aristas: sociales, económicas, ambientales, culturales.
La firma del contrato y las expresiones de Correa pasaron por alto entre otros los siguientes hechos:
1) El rechazo de las poblaciones indígenas a la explotación megaminera, que consideran lesionará gravemente sus condiciones de vida en el Alto Amazonas. 2) El incumplimiento de la consulta previa establecida en la legislación internacional y en la Constitución de la República (numeral 7, Art. 57), que corresponde al Estado realizarla bajo escrutinio público y no a la empresa contratista. 3) Las controversias sobre el permiso ambiental, otorgado de espaldas al impacto considerado por especialistas como «devastador», que implica el proyecto. 4) Las severas observaciones del informe preliminar de la Contraloría General del Estado, que advierte entre otros daños, la afectación de 227 fuentes de agua por el proyecto Mirador. 5) Las violaciones de derechos humanos realizadas por ECSA en contra de la población de Zamora Chinchipe, denunciada por sus víctimas. 6) El incumplimiento del Mandato Minero expedido por la Asamblea Constituyente de Montecristi. 7) Los interrogantes sobre el traspaso de las acciones de ECSA a empresas chinas, que incluye sus «derechos» para la explotación de minas en territorio ecuatoriano, sin autorización del Estado, acto violatorio de la soberanía del país. 8) Las acusaciones sobre violaciones a las leyes vigentes que otorgan prelación en la explotación minera a empresas ecuatorianas. 9) Las violaciones a los derechos al agua y a un ambiente sano, establecidos en el Capítulo sobre los derechos al Buen Vivir, declarados en la Constitución vigente. 10) La violación del principio constitucional que establece que el Estado participará en el beneficio del aprovechamiento de los recursos naturales en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota, (art. 408 de la Constitución), de todo el capítulo relativo a la biodiversidad y los recursos naturales y en consecuencia, la violación de los derechos de la naturaleza, establecidos por primera vez en la historia jurídica del mundo en la Constitución de Montecristi. 11) La toma simbólica de la Embajada de China, por un grupo de mujeres ecologistas.
A estos hechos, se suma la Marcha por la Dignidad que a esa fecha ya se había convocado entre otros aspectos sustantivos en defensa del agua, la naturaleza y la vida y, en oposición a la megaminería colonial, la cual recorrió el país desde el 8 y hasta el 22 de marzo con un amplio apoyo social estimado en más de 100.000 personas movilizadas.
Un contrato ilegal
Cuestionado por la inexistencia de la Consulta Previa, establecida en el Convenio 169 de la OIT y en la Constitución de la República, el ministro Pástor sostuvo que sí se habría realizado en la fase de exploración y exploración avanzada y se realizará en la fase de explotación. Pero no indicó que la consulta no la hizo el Estado, sino la empresa beneficiaria, y además le restó total importancia afirmando que no es vinculante.
La ligereza de la declaración de Pástor revela como ignora que, hace más de 20 años la Organización Internacional del Trabajo, reconoció a los pueblos indígenas y tribales como sujetos de derechos y estableció normas mínimas de cumplimiento obligatorio para los Estados, como el derecho al territorio, y en consecuencia a su control territorial de la vida económica, social y cultural, sin el cual ningún pueblo puede existir.
¿El presidente Rafael Correa, tendrá conciencia de que el desconocimiento de este derecho consustancial a la vida de los pueblos y nacionalidades milenarios de lo que hoy es la República del Ecuador, hiede al más grosero colonialismo?
¿Cree acaso el ministro Pástor que el Artículo 398 de la Constitución que establece la obligación de que toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se le informará amplia y oportunamente, puede ser omitida por su sola declaración, su firma o por la simple aprobación de una decisión en contrario del presidente?
¿La declaración de la Constitución vigente de que Ecuador es un Estado Plurinacional no tiene ningún sentido? ¿Cree el gobierno de Correa que los derechos de los pueblos y nacionalidades del país pueden ser negociados con las megamineras extranjeras de espaldas, en ausencia de ellos, e incluso en contra de ellos? ¿Cree que la consulta previa es tarea de las empresas mineras extranjeras y no del Estado y en consecuencia está dispuesto a resignar a la soberanía de la nación a favor de ellas y a negar la vigencia de la Constitución expedida en Consulta Popular?
No es extraño entonces que las organizaciones indígenas se hayan manifestado sucesivamente demandando la consulta previa, informada y vinculante, antes de la suscripción de los contratos mineros, que se hayan movilizado y se movilicen en todo el país exigiendo la plena vigencia del Mandato minero de la Constituyente y de la Constitución, la reversión de las concesiones y la nulidad del contrato suscrito con ECSA.
La caricatura de consulta previa realizada por las empresas mineras, la describió el mismo presidente de la Cámara de Minería, José Gómez, quien relató que «este proceso se da mediante audiencias públicas, donde incluso se dispone de una mesa de recepción de opiniones y donde se recogen las observaciones durante 15 días antes y 15 días después del evento. Aquí se presenta el estudio de impacto y el plan de manejo ambiental del proyecto. En ninguno de los sitios donde hubo las discusiones hubo una intervención negativa». El desconoce que esas consultas realizadas por las empresas no tienen valor jurídico, que corresponde al Estado realizar la consulta previa, pues es su función proteger la vida de sus pueblos y nacionalidades indígenas y tribales por mandato constitucional y por el derecho internacional.
ECSA una empresa mutante
El registro de las operaciones de ECSA, incluso antes de la intervención de capitales chinos en la misma, es en la población de Zamora Chinchipe, lamentable. Le acusan de haber reprimido violentamente a la población, a bala, y de violaciones a mujeres jóvenes, como parte de su campaña de terror con fines intimidatorios. Le imputan además, haber ocasionado afectaciones severas a las aguas de los ríos, al punto que la vida de los peces ha desaparecido y con ella la pesca, una fuente de alimentación tradicional de la población.
En tanto las violaciones de derechos humanos ocurridas en la primera década del siglo, continúan en la impunidad, ECSA fue escogida como la primera empresa transnacional, para firmar con el gobierno de Correa, entre numerosas otras que vienen negociando para beneficiarse de la explotación minera en Ecuador.
Sin aclarar como la empresa canadiense se transformó en china, ni definir la legalidad de la acción de los propietarios canadienses que transfirió concesiones en territorio ecuatoriano a empresas chinas sin autorización del Estado ecuatoriano, ejerciendo en los hechos soberanía en su territorio, el contrato para la explotación de las minas por 25 años fue suscrito.
Correa y Pástor olvidaron que una operación similar significó hace pocos años la reversión al Estado ecuatoriano, de una concesión petrolera a Oxy, transferida por esta a otra empresa, sin conocimiento ni consentimiento del Estado ecuatoriano.
Tampoco respondieron a las insistentes preguntas del prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, respecto al pago de impuestos al SRI (Sistema de Rentas Internas), por la supuesta venta de las acciones a los chinos. En cambio, Correa celebró la suscripción del contrato como un hito en la historia económica del país y denostó a sus críticos por no comprender que ECSA es una empresa china con socios canadienses y por lo tanto, en su criterio, no es ni transnacional ni neoliberal ni capitalista. Omitió sin embargo, pronunciarse sobre el ejercicio de soberanía en territorio ecuatoriano de los anteriores y actuales propietarios de ECSA, por encima de su gobierno y su presidencia.
Días después las revelaciones del asambleísta Cleber Jiménez de Pachakutik, quien denunció que ECSA era una empresa domiciliada en un paraíso fiscal, las Islas Caimán, con un capital de 2.000 dólares estadounidenses y que sólo días antes de la suscripción del contrato habría registrado su domicilio en Canadá, país considerado como un paraíso legal de las cuestionadas empresas mineras transnacionales, puso en evidencia por tanto que no se trata de una empresa sujeta a la legislación China y no puede ser considerada China.
Ecuacorriente, continúa el camino de Río Tinto, la mundialmente criticada empresa transnacional que muta de rostros según sus necesidades como el mortal virus de la gripe porcina. En Ecuador tiene décadas de historia pretendiendo poner sus manos en la Cordillera del Cóndor, una de las zonas biodiversas más importantes del mundo, inmensamente rica en metales preciosos, oro, plata, cobre, y entre otros el estratégico uranio, etc. Hace más de dos décadas fue enfrentada por la población de Loja, que prefirió proteger el agua y el parque Podocarpus antes que el espejismo de la supuesta riqueza que genera el que corporaciones transnacionales se lleven el oro. No se puede descontar de antemano que los reiterados conflictos bélicos con Perú (Paquisha 1.981, Cenepa 1995), alrededor de esa Cordillera, hayan estado influidos por intereses mineros.
El hecho que Rio Tinto, y en general las megamineras del mundo gozan de un desprecio bien ganado, acusadas de corrupción sin límites, de daños irrecuperables a la naturaleza, de que ninguna tendencia progresista les defiende en el mundo, es para Correa irrelevante. Él ha asumido claramente partido a favor de ellas y luce garboso la calidad de ser calificado por ellas como: «el mejor defensor de la minería en Ecuador».
¿Colonialismo revolucionario?
El contrato que se extiende por un cuarto de siglo, contiene desde la fase de explotación, hasta el plan de cierre, post cierre y monitoreo de la mina. Para Correa, lo «revolucionario» del contrato es que establece un pago anticipado de regalías, lo que le convierte, en ese aspecto, en pionero en el mundo. Así se jacta de dar clases de negociación minera al planeta:
«Revisen los contratos mineros del 1%, 2%, 3% (en regalías); nosotros empezamos en 5% y terminamos en 8%. Revisen cuánto queda de renta minera en otros contratos del planeta y cuánto con estos contratos inéditos que estamos dejando para el país», dijo el presidente Correa.
Así demostró como ignora que el 100 por 100 de esas riquezas mineras pertenecen a la nación y al pueblo ecuatoriano, causa por la que en su gobierno son tratadas como si fuesen propiedad de las empresas extranjeras que las van a extraer, las que en su visión, generosamente conceden al país hasta un 8% de regalías, siguiendo la lógica colonial, que la revolución independentista bolivariana suprimió al consagrar la soberanía de nuestros pueblos y naciones, hace ya 2 siglos, nada menos.
El anticipo de regalías, que alborozado anunció Correa, en esta ocasión está fijado en 100 millones de dólares. Serán entregados en tres etapas. 40 millones en el momento que se apruebe el contrato en China, en un plazo máximo de 120 días, según el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor, lo que de paso evidencia que la autoridad final en la aprobación del contrato no es el soberano gobierno de Correa, que ha renunciado a la soberanía en este caso. ¿Serán las empresas chinas aludidas o el gobierno de Beijing, quien apruebe el cuestionado contrato, sobre el cual ya se ha registrado una movilización social de decenas de miles en todo el país, demandando su nulidad?
Otros 30 millones se desembolsarán en cuanto se emitan los permisos definitivos del Ministerio de Ambiente, de Patrimonio Cultural y de la Secretaría Nacional del Agua, claro instrumento de presión para la emisión de los mismos. Los cuales si se cumple la palabra de la Constitución no podrán ser emitidos nunca. Los últimos 30 millones, cuando esté construida una planta de generación eléctrica que se conectará con la mina, lo que provoca la pregunta: ¿El gobierno ecuatoriano construirá esa planta como contribución generosa a favor de la inversión de capital de ECSA?
Este es el contenido presentado como «revolucionario» del contrato minero. Tanto que José Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Minería del Ecuador, ha declarado que: «Tener 100 millones de dólares a la disponibilidad de las comunidades en los próximos dos años, en los cuales no va a producir absolutamente ni un gramo de cobre ECSA, anticipar esas regalías, para cualquier empresa es bastante duro».
El ministro Pastor subrayó este hecho como una demostración de las intenciones de ECSA. «Es simplemente porque la compañía quiere beneficiar en forma inmediata a las comunidades aledañas, para que vean el beneficio directo de la minería», indicó en Ecuavisa. Declaración que entrelíneas permite ver la preocupación de la empresa por la resistencia social a su proyecto y la pretensión de superarla, no por la vía de resolver sus críticas con fundamentos verdaderos y conscientes, sino con dinero, lo que advierte no solo la pretensión de comparar conciencias sino que las críticas que desencadenan la resistencia social no tienen respuestas.
Pastor negó que el adelanto de regalías, «signifique que están obligados a conceder los respectivos permisos, que para la exploración ya se contaba con aprobaciones previas, y para esta fase de explotación deberán volver a regularlas para empezar a trabajar.
Pástor tuvo la gentileza de informar que «estas regalías se deducirán de lo que produzca el cobre en cinco años», lo que significa que, de las regalías que recibe el Estado, éste finalmente es quien financiara el programa clientelar de asistencia social dirigido a la contención de la crítica y resistencia social, indispensable para pavimentar el camino para que ECSA pueda operar a sus anchas. De ésta forma, el mismo Pástor, denunció la falsedad de las afirmaciones presentadas por Correa, como la gran innovación revolucionaria en las negociaciones mineras en escala mundial.
Pastor informó además que las comunidades cercanas al proyecto recibirán también, el 12% del 15% de las utilidades destinadas a los trabajadores. Aunque el Presidente, el lunes 5 de marzo propuso que sea el 15% total el que reciba la colectividad. Como si los trabajadores no existiesen, no tuvieren derechos y no fuesen ellos los titulares de los mismos, sino el Presidente de la República. En la mesa de negociaciones o en el discurso presidencial se dispone de los dineros que corresponden a los trabajadores, en acto ilegal e inconstitucional insólito en el derecho laboral ecuatoriano e internacional.
600 millones de las utilidades de los trabajadores, el gobierno como si fuese su dinero, los dirigirá a la comunidad para amortiguar el impacto social en el Pangui y Tundayme. Si no se cumple la orden de Correa, de que a los trabajadores quienes entregarán su salud y su vida en las minas, no se les pague utilidades, les corresponderá solo 150 millones de los 750 (en realidad más de 1.500 millones) que la legislación ecuatoriana ordena pagar a ellos. Cálculo que revela que la participación de los trabajadores en las utilidades solo se estima sobre las ganancias del Estado ecuatoriano, proyectadas en 5.400 millones de dólares y no sobre las ganancias totales del emprendimiento, que formalmente deben declararse sobre los 10.000 millones de dólares.
La población del Pangui advierte ya una creciente presencia de chinos, quienes habrían venido para laborar en la mina en condiciones que aprecian como de sobre explotación laboral. Algunos les han hecho saber que vienen a trabajar por la comida. ¿Esta es la verdad? ¿Bajo qué legislación trabajarán ellos, bajo la china o la ecuatoriana? ¿En este aspecto el gobierno del presidente Correa, permitirá la violación de la soberanía ecuatoriana?
¿La magia colonialista o cómo desaparece el oro?
Según el contrato, presentado por el ministro Pástor y el presidente Correa como una obra maestra, ECSA procesará 80 millones de metros cúbicos al año, en la zona del Pangui, en la provincia de Zamora Chinchipe, donde explotará yacimientos declarados como de cobre.
Los especialistas sostienen que en zonas como la Cordillera del Cóndor, los yacimientos de cobre siempre están asociados a otros metales que existen en menores cantidades, como oro, plata e incluso uranio, pero que su valor puede ser varias veces más alto que el cobre. Sin embargo no son de conocimiento ni auditoría pública los estudios geológicos que revelen el verdadero patrimonio de la mina que el gobierno correísta insiste en explotar en beneficio de ECSA.
Según los cálculos del Ministro Pástor, con el precio actual del cobre situado en 3,7 dólares la libra, se alcanzarían ventas por $19.000 millones de dólares en 25 años de explotación, lo que equivaldría a la explotación y comercialización de más de 5.135 millones de libras de cobre. De ellos 5.400 millones de dólares, irían como renta neta al Estado. 5.000 millones a la compañía, más los 8.600 millones que administraría como ¿costos de producción?. ¿Serán realmente de esa dimensión? ¿De ese valor cuánto será la ganancia neta de ECSA?
En las matemáticas del ministro correísta, no aparece que Ecuador perciba más del 50% que ordena la Constitución, pues ECSA manejará 13.600 millones de dólares, más del doble de los 5.400 millones que dice el país percibirá, en los cuales bajo una extraña nueva figura de la ganancia, se incluyen, entre otros, los impuestos, el pago de las utilidades a los trabajadores y el adelanto de regalías para su uso en las medidas de contención social.
En las estimaciones de Pástor no se cita ponderación alguna respecto a las cantidades de oro, plata, molibdeno y otros metales asociados existentes en la mina, cuyo valor multiplica el que se obtendrá solo por el cobre, dado que si bien existen en menores cantidades, sus precios son significativamente más altos.
En tanto 14 onzas de cobre valen 3,7 dólares, 1 onza de oro vale cuanto menos, hoy por hoy, más de 1.600 dólares y una libra 22.400 dólares, 6.054 veces más, con una marcada tendencia al alza en los próximos 25 años.
La pregunta que la ciudadanía ecuatoriana se hace es: ¿Cuántos millones de libras de oro existirán entre los 5.135 millones de libras de cobre? Si se considerara solo un 2%, que es la referencia universal mínima, sin evaluar que en la Cordillera del Cóndor el porcentaje de oro suele ser significativamente más alto, el valor del oro contenido en la mina se situaría sobre los 60.540 millones de dólares, tres veces más el valor declarado en cobre. ¿Cómo desapareció ese oro? ¿Y cómo desapareció la plata, el molibdeno, el uranio y otros metales existentes en esas minas, en el contrato suscrito por Correa y Pástor? La magia del colonialismo esta rediviva en el Ecuador minero del correísmo, ratificando la analogía que hizo Alberto Acosta, de este contrato minero con la imagen clásica del colonialismo español del siglo XVI, que canjeaba sus espejos por el oro de las naciones de Abya Yala.
Ecuador percibirá, si no se anula el ilegal e inconstitucional contrato de Correa con ECSA, algo más de 200 millones de dólares al año, promedio durante 25 años. Una cifra insignificante en relación al valor real de la mina, si se contabiliza la cantidad de oro, plata, uranio y otros elementos que se extraerán. Insignificante por ejemplo frente a los más de 1.600 millones de dólares anuales, que el 2012 percibirá Ecuador solo por el aumento de los precios del petróleo crudo que exporta. Insignificante también en relación al pasivo ambiental, cuyo valor actual superará en varias veces la totalidad de ingresos que registre el país. Cifra aún más insignificante en relación al holocausto que provocará en una de las 17 zonas más importantes de la Tierra por su biosfera.
Con cuentas como éstas, es evidente que la minería correísta sigue la misma senda colonialista, que describió Eduardo Galeano en «Las Venas Abiertas de América Latina», condenándole a Ecuador nuevamente a la especialización en perder y perder, en esta ocasión no solo abriendo las venas de la Cordillera del Cóndor, sino destrozando su rostro y exterminando su vida.
¿Devastación revolucionaria?
La explotación que realizará ECSA es de un yacimiento diseminado, denominado pórfido de cobre, los técnicos han señalado que la única forma de explotarlo es a cielo abierto. Esto significa que deben hacerse una serie de huecos de gran dimensión en la cara de la montaña.
La ambientalista, Natali Green, estima que el principal orificio tendrá una dimensión de 800 metros de profundidad por 1 kilómetro y medio de diámetro, afectando 150 hectáreas, de las que se extraerán las toneladas de cobre, 30.000 toneladas de roca, y 326 millones de toneladas de material contaminante equivalente a 4 o 5 panecillos, la montaña al pie de la cual se asienta el denominado centro histórico de Quito. La extracción implicará la destrucción de cientos de fuentes de agua, que riegan no solo las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, sino constituyen afluentes importantes de la cuenca hidrográfica del Amazonas, la más importante del mundo.
A la mutilación paisajística de la Cordillera del Cóndor, presentada como un hoyo insignificante en las ilustraciones expuestas por Correa en sus sabatinas, se suma la devastación ambiental inherente: el uso de miles de toneladas de explosivos para romperle la roca a la montaña, con la consecuente contaminación del aire y del agua y de todas las formas de vida en la zona de afectación.
El exterminio de ese patrimonio ecuatoriano y mundial de biosfera, indisolublemente ligado al hábitat de infinito número de especies diversas de vegetales, insectos, anfibios, peces, animales y de las milenarias naciones Shuar, Achuar y Saraguro que viven en ese paradisíaco territorio, tendrán consecuencias catastróficas para la naturaleza y para sociedades que jamás han necesitado de dólares en el bolsillo para vivir. Sin duda el valor natural, social y cultural, a ser destruido, incluso cuantificado en términos monetarios, es infinitamente superior a los 5.400 millones de dólares que generaría esta operación extractivista en 25 años.
La demanda propuesta por Salvador Quishpe, el prefecto de Zamora Chinchipe, líder de la Marcha por la Dignidad, de que se declare la inconstitucionalidad e ilegalidad del contrato con ECSA, compromete el apoyo resuelto y solidario no solo de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, sino de todo ser humano que se precie de respetar los sentimientos humanos, de amar a la vida y a la naturaleza.