Editado por Patricia Avila
Ecuador arrancó el martes la reestructuración de su sistema judicial con la conformación de un cuestionado ente temporal que cambiará a todos los magistrados, en un intento del presidente para combatir la corrupción y reducir la inseguridad que azota al país.
El proyecto para cambiar la administración y funcionarios judiciales fue aprobado mayoritariamente por los ecuatorianos en un referendo popular realizado en mayo, en medio de fuertes críticas respecto a que el mandatario extendería su control al poder judicial.
El organismo temporal está integrado por tres miembros, dos de los cuales son oficialistas, y tiene un plazo de 18 meses para aplicar las reformas, que van desde el cambio de jueces, crear nuevos juzgados y modernizar los sistemas operativos.
«Hoy empezamos oficialmente nuestro trabajo… Hay una hoja de ruta que deberá ser acordada en el tiempo de 18 meses», dijo Tania Arias, representante de la Asamblea Nacional al ente temporal.
La primera acción será cambiar a los miembros de la Corte Nacional de Justicia, el ente máximo de administración del sector, a través de un concurso público que será observado por veedores internacionales.
Los índices de delincuencia en el país han aumentado dramáticamente en los últimos meses, convirtiéndose en la principal preocupación de los ecuatorianos, que se muestran aún escépticos de que estos cambios ayudarán a recuperar la seguridad en la nación.
El Gobierno ordenó salir a las calles a uniformados de la fuerza pública, militares y grupos especiales para frenar la ola delictiva en todo el país, mientras que el mandatario Rafael Correa responsabiliza a los jueces por liberar rápidamente a los delincuentes.
La oposición ha señalado que la acción permitirá a Correa, quien goza de altos niveles de popularidad, controlar la justicia para utilizarla a favor de sus intereses y combatir a sus adversarios políticos.
Los ecuatorianos respaldaron las diez preguntas del referendo, que además planteaba la creación de una ley para regular a los medios de comunicación, reformar las condenas a los reos y penalizar el enriquecimiento no justificado, entre otros.