Toda América Latina está pendiente de Ecuador. Este país será el primero en el continente al celebrar las elecciones presidenciales en 2017 el próximo 19 de febrero.
Vivimos tiempos oscuros, pero tal vez se nos olvida que muchas otras épocas han sido oscuras, lo cual no ha extinguido todas las luces. (John Berger, 1926-2017)
Durante la contienda electoral estará en juego no solamente la continuidad del correísmo en forma de Revolución Ciudadana que ha cumplido 10 años, sino el futuro del progresismo nacional popular en Latinoamérica, que hace poco cedió su espacio político económico al neoliberalismo despiadado en Argentina y Brasil.
El camino que elegirá el pueblo de Ecuador se reflejará sin duda alguna en el futuro de Venezuela y Bolivia, donde la oposición derechista ha estado satanizando al Estado progresista como lo hicieron primero, en Argentina, y, posteriormente, en Brasil, tratando de repetir actualmente la misma estrategia con toda su fuerza en Ecuador. En su reciente discurso ante más de 90.000 personas en Guayaquil en el décimo aniversario del Gobierno de Alianza País, Rafael Correa lucía nostálgico y cansado pero al mismo tiempo optimista.
Habló de la ‘década ganada’, cuando el país pasó «de los imposibles a ser el país con grandes logros en todos los sectores». «Saltamos de los últimos lugares a ser los primeros (en): desarrollo social, infraestructura, seguridad, calidad del Estado, cuidado ambiental, sistema de justicia, seguridad social, equidad de género…», dijo. Correa resaltó como el mayor logro de la revolución «haber recuperado el orgullo y la esperanza».
Precisamente, estos logros de la Revolución Ciudadana se está negando a reconocer la oposición ecuatoriana, que considera que los 10 años del Gobierno de Correa se han convertido en una «década decadente» o una «década perdida». Para los ricos y poderosos de Ecuador no existe el crecimiento del país considerado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como uno de los más altos de América Latina. Tampoco la élite nacional reconoce el hecho de que más de dos millones de ecuatorianos fueron sacados de la pobreza.
La única meta de la oposición, patrocinada desde el exterior por la derecha internacional y en especial por el departamento de Estado norteamericano, es poner fin al correísmo y destruir la mayoría de los logros, iniciativas y proyectos de la Revolución Ciudadana que están en marcha. Los medios de comunicación globalizados, tanto extranjeros como nacionales, han desatado una guerra contra Rafael Correa y su Gobierno, lo que constituye una parte de la contraofensiva reaccionaria global dirigida desde Washington con el propósito de hacer regresar a Ecuador con sus recursos naturales al ‘patio trasero’ de EEUU. Así lo lograron con Argentina y Brasil bajo el pretexto de «restablecer la paz, la seguridad y la libertad» en el Hemisferio Americano, y ahora están tratando de doblegar a Ecuador.
La oligarquía nacional está soñando con los años 90 cuando había logrado manejar, despilfarrar y atracar más de 90.000 millones de dólares durante el proceso de dolarización. En aquel entonces se enriquecieron con la liquidación de los ahorros de más de un millón de cuenta-ahorristas, de los fondos de reserva, los sueldos y pensiones. Sin embargo, están evitando hablar de aquel período nefasto en la historia de Ecuador. En su reciente discurso en Guayaquil, Rafael Correa denunció a los hermanos William y Roberto Isaías como los mayores «saqueadores del país en los tiempos modernos, defendidos por importantes sectores políticos y también por sectores económicos, mediáticos e incluso sectores religiosos».
La guerra mediática contra Rafael Correa se intensificó especialmente en los tiempos difíciles que comenzaron con la baja del precio de petróleo; la caída de las importaciones en casi un 40%; la ‘inyección’ que tuvieron que aplicar a Petroamazonas y Petroecuador de 1.600 millones de dólares, para evitar que quiebren; la depreciación de la moneda en los países vecinos; el terremoto de 7,8 grados del 16 de abril de 2016, con cientos de pérdidas humanas y daños materiales equivalentes a más de tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
Pero de lo que más se aprovechó la oposición fue de los casos de corrupción relacionados con Petroecuador y la constructora brasileña Odebrecht.
El caso de la corporación brasileña, que está poniendo en aprieto prácticamente a la mayoría de los países latinoamericanos, fue denunciado por el Gobierno ecuatoriano y la transnacional brasileña fue expulsada del país en 2008. Sin embargo, la constructora volvió a Ecuador en 2015 con nuevos contratos para formar parte de las empresas beneficiarias de las ‘megaconstrucciones’. Según la publicación ecuatoriana Sociedad Historias, la empresa Odebrecht habría pagado 33,5 millones de dólares en sobornos en Ecuador, entre unos 800 millones de dólares en sobornos pagados en América Latina y Angola.
Respecto al caso de Petroecuador, el presidente Correa confesó que los episodios de corrupción han «escandalizado» al Gobierno, pero, al mismo tiempo, el mandatario aseguró que «el país puede tener la seguridad de que jamás tolerarán estas corruptelas. Aquí no habrá impunidad, ni perdón, ni olvido: no se puede jugar con los recursos del pueblo».
Por supuesto, la oposición aprovechó estos casos de corrupción para desatar una campaña bien orquestada para satanizar al Gobierno de la Alianza País en vísperas de las elecciones, tratando de convencer a la población de que es necesario sustituir el modelo político y económico del actual Gobierno por estar agotado. La situación empezó a hacerse más complicada después de las rupturas entre el Gobierno y sus antiguos aliados marxistas, algunos movimientos sociales e indígenas asesorados por numerosas Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Los medios de comunicación globalizados lograron también convencer a algunos sectores de la clase media y hasta un segmento de los pobres de que el Gobierno los había defraudado en sus expectativas económicas y políticas.
Ya en junio del 2016, se registró, según la encuesta Cedatos-Gallup, el índice de apoyo más bajo a la gestión de Rafael Correa (46,6%), mientras la desaprobación alcanzó el 45%.
En su último discurso en Guayaquil, el presidente Correa comentó que «la oligarquía tiene más conciencia de clase que los pobres y la clase media. Y con sus medios de comunicación pueden hacer opinar a las grandes mayorías, incluso contra sus propios intereses». Rafael Correa denomina este fenómeno ‘el síndrome de Doña Florinda’, cuando «ciertos grupos que dejaron la pobreza ya no se identifican con los pobres, sino con la gente de bien».
Precisamente estos sectores de la clase media y de los pobres están utilizando los siete candidatos presidenciales de la oposición para hacer retroceder al país al pasado neoliberal.
Mientras el candidato de la Alianza País, Lenín Moreno, usa la consigna ‘El futuro no se detiene’, enfocando en los éxitos de la ‘década ganada’, otros siete candidatos utilizan las consignas ‘Cambiemos’, ‘Vamos por el Cambio’ o ‘Cambio Positivo’. El ‘cambio’, en su interpretación, está siempre relacionado con el retorno al mercado libre, reducción del gasto público y del Estado, eliminación de impuestos, privatización de las empresas públicas y, sobre todo, la derogación de la Ley de Comunicación que fue aprobada con la intención de terminar con los monopolios mediáticos. Algunos, como el candidato Iván Espinel, del FCS, proponen eliminar los exámenes de ingreso en las universidades o aprobar la pena de muerte.
Según el último sondeo de Cedatos/Win/Gallup sobre la intención del voto, Lenín Moreno está liderando con el 36,2%. Lo sigue el postulante de CREO, Guillermo Lasso, con el 22%, y Cynthia Viteri, del Partido Social Cristiano, se quedó en el tercer lugar, con el 14.2% de intención de voto. Cedatos sostiene en su informe del 16 de diciembre pasado que, de «mantenerse las tendencias electorales, Moreno y Lasso irían a la segunda vuelta». Guillermo Lasso, que es un supernumerario del Opus Dei, admirador de José María Aznar, enemigo de la ALBA y amigo de Álvaro Uribe, es en realidad un Mauricio Macri ecuatoriano.
Entonces, más de 12 millones de ecuatorianos facultados para votar tendrán que decidir el próximo 19 de febrero si el ‘cambio de época’ sigue su curso en el país y de paso dando un nuevo impulso al progresismo en Latinoamérica o Ecuador o si, por el contrario, el país retorna a su histórico lugar en el ‘patio trasero’ norteamericano.
Fuente: https://mundo.sputniknews.com/firmas/201701181066310247-america-latina-eeuu-politica-ecuador/