La revuelta popular en el Ecuador, no es más que el desenlace natural para un modelo político ya viejo en América Latina: el neoliberalismo. Solo hace falta dar un pequeño vistazo a la historia reciente de aquel país, he incluso a casi cualquiera de Sudamérica, para darse cuenta que el neoliberalismo, siempre que se ha […]
La revuelta popular en el Ecuador, no es más que el desenlace natural para un modelo político ya viejo en América Latina: el neoliberalismo. Solo hace falta dar un pequeño vistazo a la historia reciente de aquel país, he incluso a casi cualquiera de Sudamérica, para darse cuenta que el neoliberalismo, siempre que se ha impuesto en nuestros países, termina en una revuelta popular.
El Caracazo de 1989 en Venezuela, y el Corralito de 2001-02 en Argentina son fieles reflejos de ello. En el caso del Ecuador, después de dos gobiernos consecutivos del ex presidente Rafael Correa, de 2007 a 2017 -el periodo más largo de la historia ecuatoriana-, todo parecía indicar que entraba en un periodo de aparente calma y normalidad democrática. Pero con la traición de Lenin Moreno y su viraje neoliberal, adoptando medidas clásicas de recorte y ajuste, inhabilitando al expresidente, persiguiendo jurídicamente y acosando a los que Moreno identifica como correistas puros (Jorge Glas, Patricia Rivadeneira, Paola Pabón o Ricardo Patiño, entre otros), era lógico que este escenario fuera probable.
De la traición al ajuste neoliberal
En los primeros meses de su mandato, Lenin Moreno decidió borrar la gestión de su predecesor Rafael Correa, y progresivamente distanciarse de este. Para tal fin inició una persecución política contra Correa, (al punto de no permitirle regresar al Ecuador e inhabilitarlo políticamente [1]), y sus más allegados; el ex embajador Ricardo Patiño permanece exiliado en México, y el Vicepresidente de Correa, Jorge Gal, está recluido injustamente por el caso Odebrecht. En el contexto internacional, Moreno dio un giro de 180 grados en la postura ecuatoriana, sacando a la nación de Unasur y la ALBA-TCP, acercándose a la Alianza del Pacífico y elevando el tono crítico hacia el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.
El primero de octubre, el presidente Moreno anunció la adopción de un paquete de medidas económicas de austeridad en consonancia con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como requisito para obtener un préstamo de esta institución supranacional y rapaz. El paquete de medidas promovió la eliminación de los subsidios al consumo de combustible. El resultado; el precio del diésel aumentó en un 120% y el de la gasolina regular en un 30%. Otras medidas fueron: la contribución especial a las empresas con ingresos de más de US$10 millones al año. Según el gobierno se recaudaría un total de US$ 300 millones que se destinarán a seguridad, educación y salud; la baja de salarios de hasta un 20% en contratos temporales del sector público; y, la reducción de vacaciones de 30 a 15 días para empleados públicos y un aporte de 1 día de salario mensual.
En respuesta a estas medidas que afectaron dramáticamente el poder adquisitivo de la población, se convocaron numerosos paros que fueron in crescendo el ánimo popular. El 3 de octubre Moreno decretó el estado de excepción en el país, y el toque de queda en la ciudad de Quito. En el mejor estilo «democrático», el gobierno de Moreno reaccionó reprimiendo a la población, y deteniendo a más de 300 personas en los primeros días de las manifestaciones.
El 8 de octubre, en un acto histórico de cobardía y torpeza política, Moreno anunció la transferencia de la sede del gobierno de Quito, centro de los disturbios populares, a Guayaquil, anunciando esta decisión acompañado del vicepresidente Otto Sonnenholzner y el comando militar del país. Para el dia 9 de octubre, se convocó una huelga nacional que movilizó a camioneros, conductores de autobuses, taxistas y furgonetas escolares.
Inmediatamente, el pueblo movilizado, sobre todo contingentes indígenas a la cabeza, «tomaron» la Asamblea Nacional exigiendo la derogación inmediata del Decreto Ejecutivo 883, que era responsable de eliminar los subsidios para la compra de combustible.
El 14 de octubre, después de un fin de semana donde las movilizaciones populares desafiaron el toque de queda y el estado de excepción, el gobierno de Moreno a decretado el fin de estado de excepción y el toque de queda. De la misma manera, queda cancelado el Decreto 883. Esta decisión se tomó luego de que Moreno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) llegaron a un acuerdo de establecer un nuevo Decreto, que reemplazará el Decreto 883, sobre la eliminación del subsidio a los combustibles.
De la revuelta popular a la insurgencia
Históricamente, el Ecuador ha sido uno de los países más inestables políticamente. Las revueltas populares de 1997, 2000 y 2005, que culminaron con el cese de los gobiernos de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez respectivamente, dan muestra de ello. Los diez años de correísmo, su crecimiento sostenido arriba del 3% del PIB por año, y la reducción de la pobreza en el orden del 33.7% al 23% de 2007 a 2015 [2], auguraban un periodo sostenido de estabilidad en el país.
Este 2019, los sectores indígenas tienen un papel fundamental en las revueltas del Ecuador, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Público de Pasajeros del Ecuador (FENACOTIP) y la CONAIE, entre otras, agregan un componente plebeyo no visto antes en el país. Si bien el correísmo y la Revolución Ciudadana tuvieron diferencias fundamentales en el pasado con ellos, sobre todo en el caso del Parque Nacional Yasuní [3] y la reprobación de los sectores indígenas a lo que consideraban como medidas neo-extractivistas [4] al gobierno de Correa, no cabe duda que se abrió la puerta para la defenestración del traidor Lenin Moreno, y el inicio de un periodo de empoderamiento popular ante las elites rapaces y cipayas, adictas a la política del Departamento de Estado norteamericano, y organismos supranacionales como los es FMI.
Desde fuera no se perciben liderazgos fuertes en las revueltas populares, será tarea de los movimientos sociales, indígenas, estudiantiles y de trabajadores, junto con los restos de Alianza País correista, construir un liderazgo colectivo fuerte, que sea caja de resonancia de las demandas populares, capaz de aglutinar el descontento popular, y traducirlo en fuerza política efectiva, para de una vez por todas, una vez más, conquistar el Estado en un sentido nacional-popular.
Ante la parcial victoria popular que significa la derogación del Decreto 883, se abre un periodo peligroso de incertidumbre. Aquí es donde el pueblo puede desechar a las viejas elites, o éstas pueden aún recomponerse en un sentido conservador y regresivo. Ahí está el peligro, es donde Gramsci diría que surgen los monstruos -del fascismo-, cuando lo nuevo no acaba de nacer, y lo viejo se niega a morir.
América Latina sigue en disputa abierta. Los cantos de sirenas que auguraban el fin de los gobiernos progresistas fue solo eso, un canto espanta bobos. La profunda crisis económica que ocasionó Macri en la Argentina, el desastre medioambiental en Brasil gracias a las políticas de Bolsonaro, o la crisis profunda de la Colombia de Duque o el Chile de Piñera, siguen reafirmando que, ante la propuesta de los gobiernos nacional populares de inicios del siglo XXI, las elites económicas, nacionales e internacionales y el imperialismo norteamericano solo tienen una respuesta: la reedición del modelo neoliberal en Nuestra América.
NOTAS:
[1] BBC Mundo ¿El fin político de Rafael Correa?: qué significa para el expresidente de Ecuador el resultado del referendo promovido por su sucesor, Lenín Moreno. En https://www.bbc.com/mundo/
[2] TELESUR ¿Cuánto ha cambiado Ecuador con la Revolución Ciudadana? En: https://www.telesurtv.net/
[3] TELESUR Rafael Correa defiende proyecto de Yasuní para superar la pobreza. En: https://www.telesurtv.net/