Ecuador en disputa

Millones salieron de la pobreza, aumentó el control democrático sobre recursos económicos clave y se aprobó una Constitución enormemente avanzada en cuestiones como derechos de la naturaleza, plurinacionalidad o democracia participativa.

En 2017 el proceso se corta abruptamente, después de varios años de cierto estancamiento. Aún hoy, mientras en todo el continente regresan proyectos progresistas de entonces y florecen otros nuevos, Ecuador parece atrapado en un pozo de neoliberalismo autoritario. Comprender qué ocurre en este país, qué está permitiendo a las élites articuladas en torno al banquero Lasso gobernar y promover sus intereses desde el Estado, resulta relevante. Primero por solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Segundo como parte (como caso de estudio, podríamos decir) de una reflexión más amplia sobre la fragilidad y derrota de los procesos democráticos de cambio.

Contexto

El neoliberalismo ecuatoriano lleva 5 años venciendo, pero parece incapaz de convencer. En 2017 el correísmo no pierde las elecciones: Lenin Moreno gana en calidad de continuador de Correa, pero rápidamente se saca de la manga un programa económico liberal, expulsa a los correístas de su gabinete y se alía con los gobiernos pro-occidentales de la región. Buscándose un espacio político propio convierte la Alianza PAÍS al neoliberalismo progre, supuesta alternativa al correísmo y la derecha. En las siguientes elecciones, de 2021, esa tercera vía queda novena y desaparece como actor relevante.

El correísta Andrés Arauz gana la primera vuelta con un tercio del voto y doblando al segundo, el derechista Lasso. El cual le saca pocas décimas al tercero, Yaku Pérez del Pachakutik, brazo político del movimiento indígena que promueve un programa de anti-extractivismo, profundización intercultural y ambiciosa protección social. Por apenas 30.000 votos (de más de 9 millones emitidos) no ocurrió que la segunda vuelta fuera entre el modelo socialdemócrata del último Correa y el retomar el proceso radicalizándolo que hubiera supuesto Yaku. La realidad fue muy diferente. Lasso recibe el apoyo de todos los partidos de centro y derecha, en una muestra de sólida conciencia de clase burguesa. En cambio el Pachakutik, con las heridas de fuertes discrepancias con los últimos gobiernos de Correa aún muy abiertas, rechaza por igual a Lasso y Arauz. Lasso además aprovecha eso para intentar alguna incursión en territorio enemigo, con promesas al voto popular como construir 200.000 viviendas sociales, y específicamente al de Pachakutik como prohibir la minería a cielo abierto. Finalmente consigue sacarle 400.000 votos a Arauz, y forma gobierno. La restauración neoliberal se profundiza: privatización total del petróleo y próximamente la banca pública; rebajas fiscales a los ricos; desinversión en sanidad… Comandada, eso sí, por un gobierno con poca base social (16% de apoyo, según los últimos datos), y que ya ha enfrentado una resistencia contundente, incluyendo 18 días de paro nacional indígena y popular.

Hay muchos factores de descontento: la lamentable situación económica, el que otra vez, como a principios del siglo, la juventud tenga que migrar masivamente a occidente, la corrupción e impunidad de las élites… Aunque la mayor fuente de desgaste es la inseguridad percibida en las calles. Los últimos años han visto un aumento de la delincuencia, tanto a nivel de robos y otras violencias cotidianas de baja intensidad, como de asesinatos, bandas… Ese problema real se vuelve pánico moral a partir del tratamiento histérico que le dan los medios. Medios esquizos, que defienden al gobierno sin descanso, pero a los que la competición por audiencias lleva a desproporcionar el alcance y espectacularidad de la ola de crímenes, resquebrajando el apoyo a ese mismo gobierno. Aunque esa sensación de desprotección frente al delito suele articularse en clave punitivista, mirando más al mayor control policial que en teoría podría contenerlo que a la pobreza y descalabro social que lo causan.

La posición del gobierno es precaria. Las primeras fuerzas parlamentarias, que entre las dos superan la mitad de escaños, son de izquierda antineoliberal: RC (Revolución Ciudadana), marca actual del correísmo, con 47 representantes, y Pachakutik con 24. Si las instituciones representativas sirven como termómetro de la correlación de fuerzas, el panorama debería ser poco alentador para el bloque de la restauración neoliberal.

El problema aquí no parece que haya sido un gran desplazamiento de apoyos desde las organizaciones de izquierda a la derecha antipopular. No se detecta una reconstruida hegemonía neoliberal, en el sentido de haber dado una integración subordinada pero aceptable a amplias capas del adversario (del pueblo, en este caso) y lograr así un consentimiento sólido, generalizado. Las preguntas a responder serían más bien:

– ¿Cómo se explica que el giro neoliberal del gobierno Moreno acabara tan fácilmente con la Revolución Ciudadana? En Bolivia un golpe de Estado enormemente represivo no logró derrotar la resistencia del pueblo en la calle y el proceso persistió, ¿por qué en Ecuador un gobierno cambia de política y todo se disuelve?

– ¿Qué impide a día de hoy alguna forma de cooperación entre los grupos de oposición al neoliberalismo?

– ¿Está alguno de los sujetos políticos principales, correísmo y movimiento indígena, en condiciones de construir por sí solo una coalición social suficientemente fuerte como para abrir un nuevo proceso de cambio?

El correísmo: oposición intitucional

Una de las prioridades de Lenin Moreno tras su cambio de rumbo fue purgar su gobierno y el Estado de correístas. En un año no queda ni un representante de la izquierda en su gabinete, y Richard Martínez, presidente de la patronal, es ministro de Economía. Bien por expulsiones, bien por desafiliaciones, la Alianza PAÍS se vacía de correístas igual de rápido. Tocaba reconstruir un partido que rescatara el proyecto de la Revolución Ciudadana, y en 2021 se consolida la nueva organización cohesionada bajo esa misma marca, RC (Revolución Ciudadana). El proceso hasta llegar ahí de todos modos es complicado porque ocurre bajo una fuerte persecución. En 2019 el gobierno de Moreno sustituye ilegalmente a 26 jueces (incluyendo los de la Corte Nacional de Justicia, máximo tribunal ecuatoriano) por magistrados afines a la restauración neoliberal. Con este aparato represivo el Estado golpea a RC cada vez que sube la temperatura del conflicto social. Con cada paro del movimiento indígena, dirigentes correístas que poco tienen que ver con esas movilizaciones se ven en los tribunales acusados de rebelión, desembocando a veces en meses de prisión. Además, los principales líderes (como el propio Correa) están en el exilio para evitar largas condenas por corrupción que aseguran son casos farsa, lawfare.

RC, como antes Alianza PAÍS, recibe apoyos muy diversos, pero es sobre todo la organización de referencia de las clases populares de la Costa y zonas urbanas de mayoría mestiza de la Sierra.1 No es mayoritariamente una clase obrera, asalariada. En Ecuador asalariados y trabajadores por cuenta propia abarcan cada uno casi la mitad de la población activa, con la particularidad de que las posiciones de clase media y alta están enormemente sobrerrepresentadas entre los asalariados, mientras casi todos los cuentapropistas integran las clases populares (de hecho la mayoría son muy pobres). Así, el pueblo está compuesto de una amplia masa de pequeños productores y comerciantes rurales y urbanos, a menudo informales, junto a un sector (más reducido aunque también numeroso) de obreros. Además, parte considerable de esos asalariados se organiza en sindicatos más o menos en la órbita de organizaciones comunistas aliadas del movimiento indígena. Restando esa parte de asalariados politizada más a la izquierda, el núcleo principal de apoyo al correísmo es la parte del pueblo así definido que habita la Costa y zonas urbanas de la Sierra. RC ofrece a esas bases un horizonte combativo pero netamente socialdemócrata: revertir las privatizaciones; fortalecer la sanidad, educación y asistencia social; garantizar un crecimiento económico estable desde el Estado; justicia fiscal… Movilidad social, no revolución social. Tampoco cuando Correa había un programa de transformación de las relaciones sociales en ese sentido, pero de algún modo el primer correísmo sí ofrecía un horizonte de profunda refundación social, de abrirse las grandes alamedas: nacionalización de recursos clave; el Buen Vivir y derechos de la naturaleza en la Constitución; el proyecto de integración latinoamericana antiimperialista junto a Evo y Chávez… La propuesta actual descansa casi únicamente en la defensa y/o nostalgia

1 Ecuador se divide en tres grandes zonas geográficas y culturales: la Costa y la Sierra, las más pobladas (en ese orden), y la Amazonía, físicamente enorme pero con muchos menos habitantes. Además las dos primeras albergan las dos grandes ciudades del país: Guayaquil y Quito, respectivamente. Costa y Sierra son de mayoría mestiza, teniendo la primera importantes minorías negras y la segunda indígenas. La Amazonía es abrumadoramente indígena y rural.de los avances materiales palpables para los de abajo durante la época Correa.

En feminismos, en cambio, sí se constata un avance ideológico significativo. Ejemplo revelador: en 2013 varias diputadas feministas de Alianza PAÍS, entre ellas Paola Pabón, introdujeron una propuesta parlamentaria de legalización del aborto en caso de violación. Correa las acusó de traición, amenazó con dimitir si no retiraban la propuesta y el partido las suspendió de sus cargos un mes. Hoy Pabón preside la provincia de Pichincha en nombre de RC con una plataforma feminista, y sus medidas emblema afectan al combate a la violencia machista.

RC lidera la actividad antineoliberal en las instituciones. Su principal frente es la Asamblea Nacional, donde es primera fuerza. Desde ahí ejerce una oposición férrea, impidiéndole a Lasso aplicar su programa siempre que puede. A través de alianzas y acuerdos puntuales con otros grupos (o sectores rebeldes de los mismos) RC suele ser capaz de levantar mayorías parlamentarias anti-gubernamentales, para retrasar al máximo las privatizaciones o fiscalizar los aparatos estatales implicados en la represión. Desde su exilio belga Rafael Correa es jefe de la oposición.

Todo ese protagonismo que tienen en el frente institucional les falta en la lucha en las calles. Apenas tienen movilizaciones propias, y ante las convocadas por movimiento indígena, sindicatos u otros actores suelen ponerse de perfil, apoyando con comunicados de prensa o Twitter. El correísmo es un movimiento con masas pero no de masas. Con una base militante considerable y un apoyo social inmenso, pero sin protagonismo ni autonomía de ese componente popular. Poco permeable a inputs de la sociedad civil, y sin presencia visible en las calles, más allá de periódicos baños de masas de dirigentes. Esa verticalidad viene de antiguo: Correa se da a conocer en 2005 como joven ministro de economía, fichaje de un gobierno de centro-izquierda. Su carisma, su confrontación con el FMI y algunas medidas pro-populares construyen su reputación durante los pocos meses que dura en el cargo. Para disputar las elecciones de 2006 se construye su máquina de guerra electoral, Alianza PAÍS, absorbiendo pequeños grupos de izquierda e individuos aglutinados en torno a su figura. La RC actual replica la misma estructura centralizada y vertical.

 El movimiento indígena: resistencia popular

El movimiento indígena es de naturaleza opuesta. Rocosa solidaridad organizada, fraguada a fuego lento en un siglo XX de lucha por la tierra, de autodefensa frente a una mayoría mestiza racista, de construcción de comunidades autoorganizadas donde antes había asentamientos campesinos en condiciones semifeudales… Su historia va de abajo a arriba: pequeñas comunidades se coaligan en organizaciones indígenas de alcance local, que a su vez van juntándose en organizaciones regionales cada vez mayores, hasta fundirse en 1986 en la todopoderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Desde hace décadas el más fuerte movimiento social del país, nadie se le acerca en eficacia en la acción colectiva, capacidad de convocatoria o influencia política. Un gobierno ecuatoriano cuyas políticas no aprueba el movimiento indígena es un gobierno en problemas.

Promueve algunas demandas referidas a problemas específicamente indígenas: reconocimiento estatal de lenguas; educación pública bilingüe e intercultural; respeto de territorios ancestrales y expulsión de industrias extractivistas con gran potencial destructivo. Pero también otras de avance material de todas las clases populares: control de precios; derechos laborales; fortalecimiento de servicios públicos y protección social; cancelación de deudas populares; democratización del Estado y la sociedad. Así, además de ejercer un fuerte liderazgo sobre el 5-10% de población con identidad indígena, cumple cierta función de sindicalismo social a nivel de todo el pueblo ecuatoriano. Logra por eso el reconocimiento de los sectores militantes más radicales o avanzados sin adscripción etnoracial explícita (esto es, de mayoría mestiza en la práctica): movimientos ecologistas como Yasunidos, comunistas como UP, sindicatos como el UNE, movimiento estudiantil… La CONAIE es capaz de tejer amplias coaliciones populares interétnicas en que ellos dirigen, pero gran número de organizaciones apoyan y participan de sus luchas.

En 1995 crea su instrumento de incursión electoral, el Pachakutik. Desde entonces tiene importante presencia institucional regional en la Amazonía y otras zonas de mayoría indígena o gran florecimiento de movimientos sociales. Durante los noventa logra apoyos del 15-20% en elecciones generales, y en 2002 es determinante dentro de la coalición que entrega el gobierno al populista nacionalista Lucio Gutiérrez.

Después irrumpe el correísmo, y en esa etapa el Pachakutik o se integra en las candidaturas de Correa o saca resultados bajísimos. En 2021 en cambio, en plena restauración neoliberal, el Pachakutik potente y con voz propia vuelve con aquel 19’4% de Yaku Pérez.

Una lectura es que la horquilla del 15-20% representaría el peso en la sociedad ecuatoriana de esa coalición social revolucionaria que la CONAIE es capaz de convocar, formada por pueblos indígenas y otros pobres rurales en situación similar, más los sectores más radicales de la izquierda de otras etnias. Que el correísmo ofreció durante una década un horizonte creíble de avance popular y transformación social que logró tomar prestada gran parte de esa base social en las generales, leídas como plebiscitos sobre la vuelta del neoliberalismo. Acabado el proceso, el empuje transformador de esos sectores vuelve a canalizarse electoralmente a través del partido de referencia (Pachakutik) de su organización social de referencia (CONAIE y aliados).2

Sea como sea, el movimiento indígena hoy lidera la acción colectiva contra el neoliberalismo autoritario. La lucha tiene rostro de Leónidas Iza, combativo líder de la CONAIE de poncho rojo, sombrero negro y mirada brava. Esa lucha tiene dos momentos clave. Otoño de 2019: la gota colmó el vaso cuando Moreno retiró el subsidio a la gasolina desestabilizando las finanzas populares. La CONAIE y aliados convocaron paro. Comienzan 11 días de huelgas, manifestaciones masivas, irrupción en edificios públicos y, sobre todo, corte de carreteras impidiendo que circulen mercancías. Finalmente el gobierno cede y reinstaura el subsidio. Junio de 2022: ante la agresiva profundización neoliberal de Lasso el movimiento convoca otro paro, hasta que se atendieran 10 demandas urgentes. La pelea esta vez dura 18 días, hasta que logran abrir 3 meses de negociaciones con el gobierno para

2 En apoyo de esta tesis: durante la década en que el Pachakutik es incapaz de sacar buenos resultados por sí solo en las generales, mantiene sin embargo intacto su poder institucional regional y local. Si el tándem CONAIE-Pachakutik careciera de una base social propia, si no fuera la expresión orgánica de un sector concreto de la sociedad ecuatoriana, lo lógico sería que sus resultados electorales se hubieran visto igual de socavados en todos los niveles territoriales en momentos de gran popularidad del correísmo. El hecho de que los votantes habituales de las candidaturas indigenistas siguieran apoyándolas en sus territorios durante ese período refuerza la idea de que ese 15% que venía del Pachakutik y estuvo votando Alianza PAÍS fue siempre voto prestado, condicionado a que el correísmo fuera capaz de proyectarse como herramienta anti-neoliberal útil también a esos sectores más avanzados. Sería algo similar a lo ocurrido en Euskal Herria y Galicia durante el anterior ciclo político español: las bases sociales de EH Bildu y BNG no dejaron de serlo por apostar estratégicamente por Podemos en varias elecciones generales, y en cuanto éste dejó de parecer un instrumento útil o creíble esos sectores vuelven a votar a sus organizaciones de referencia. encontrar acuerdos que satisfagan las demandas del movimiento. Esas victorias no salen gratis, la represión es dura y cada paro se salda con un puñado de muertos y desaparecidos, cientos de heridos y otros cientos de detenidos. El propio Iza fue acusado de terrorismo en 2019 y de sabotaje en 2022, estando ahora en espera de juicio.

Las negociaciones con el gobierno se cerraron el 14 de octubre, dejando un panorama ambivalente de algunas conquistas pero también demandas insatisfechas. Vuelve a salvarse el subsidio a los combustibles y se excluye del mismo a los ricos, pero no se consigue un precio reducido para la economía social y comunitaria. Moratoria a ciertas explotaciones petroleras amazónicas, pero no se tocan las concesiones mineras en territorios ancestrales, áreas naturales protegidas o zonas de importancia hídrica. Etcétera. La reacción de la CONAIE a este output agridulce parece estar ya cociéndose; la posición oficial se establecerá en Asamblea a mediados de noviembre; un nuevo paro no se descarta. Lo dirá la militancia.

El tablero de juego actual

¿En qué marco tienen que moverse esas organizaciones?¿A qué problemas se van a ver obligadas a dar respuesta? Un tema crucial es el de sus relaciones mutuas. Las perspectivas de encuentro siguen lastradas por el final de la etapa Correa. Los primeros años de Revolución Ciudadana se caracterizaron por la pluralidad. Aunque Alianza PAÍS fuera una organización vertical, el proceso abarcaba mucho más: todos los sectores de la izquierda tradicional (desde la socioliberal burguesa hasta el marxismo-leninismo), infinidad de colectivos de la sociedad civil, el espacio CONAIE-Pachakutik… Todos ellos aportaron al proceso constituyente de 2008 y los primeros gobiernos. Pero el correísmo se va acostumbrando a las mayorías absolutas, a percibir que no necesita a sus aliados, que ellos lo necesitan a él.

Un punto de inflexión clave viene cuando el gobierno abandona la iniciativa Yasuní-ITT. Se trataba de una idea por la cual Ecuador no extraería más petróleo del Yasuní, zona de selva amazónica ultra biodiversa, recibiendo a cambio de esa renuncia una compensación económica de la comunidad internacional. Aunque el proyecto provenía de la sociedad civil, el primer correísmo (fuertemente vinculado a esos movimientos sociales) lo hace propuesta insignia de su gobierno. Pero en 2013 no sólo abandona la iniciativa sino que aprueba la extracción en áreas del Yasuní hasta entonces protegidas. Los aliados sociales se oponían frontalmente, pero a esas alturas pesaban poco en los cálculos gubernamentales. Sectores opuestos a la perforación del Yasuní formaron el colectivo Yasunidos, para exigir un referéndum sobre la actividad petrolera en la zona. El gobierno percibió esa consulta como una amenaza a su autoridad e hizo todo lo que pudo para evitarla. Desde acosar a sus impulsores en los medios de comunicación correístas hasta presionar a la justicia para que no reconociera los cientos de miles de firmas recogidas por Yasunidos, que legalmente deberían haber bastado para convocar el referéndum. Esto favoreció además que los antiguos socios indigenistas o comunistas (favorables todos a la consulta) fueran percibiendo al gobierno Correa como autoritario y aislado, llevando a más protestas, a su vez a más hostilidad del gobierno, etcétera. Hasta quedar los puentes totalmente rotos, y la relación irreparable. Quizá esto no parecía tan importante a esos correístas que seguían ganando elecciones. Pero debieron verlo con otra luz cuando el Pachakutik no les apoyó frente a la derecha en 2021, convirtiendo su victoria en primera vuelta en derrota en la segunda.

Hoy persiste esa desconfianza mutua. Eso no siempre es obvio por la parte correísta, en boca de cuyos dirigentes pueden oírse llamados a superar las diferencias y buscar agendas de trabajo antineoliberal conjuntas. Pero claro, es más fácil llamar a la unidad siendo el fuerte, cuando esa unidad significaría, con más o menos matices, ‘tú me apoyas a mí’. Lo que está claro es que el acercamiento de posturas, de darse, requerirá de muchos esfuerzos y generosidad.

Otra cuestión clave es qué hacer con la percepción de inseguridad ciudadana. Ese discurso tiene tanta presencia que las izquierdas no pueden no posicionarse. Además lo hacen con gusto, pues a priori las culpas recaen sobre el neoliberalismo gobernante. Pero parecen incapaces de generar un discurso propio. No intentan definir la delincuencia como consecuencia del caos socioeconómico neoliberal, con lo que la solución pasaría por retejer lazos sociales y garantizar una existencia digna a todas. Simplemente se hacen eco de la ansiedad colectiva, cuando no directamente exigen más policía…, siendo todo eso culpa de Lasso. A cortísimo plazo debilitan al gobierno, pero fortalecen un clima en que la solución podría no ser ninguna alternativa progresista sino algún cierre autoritario. Como el de Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil por el Partido Socialcristiano (derecha anti-Lasso) cuya estrategia pasa por desgastar al gobierno exigiéndole más y más militares para la guerra que se libraría en las calles de Guayaquil en defensa de la libertad. Si el juego consiste en acusar a Lasso de blando frente al crimen, alguien como Viteri siempre va a ganarle la partida a cualquier izquierda. Urge cambiar los términos de la discusión.

Desde la sociedad civil entran al centro del debate público demandas más prometedoras. Destaca la cuestión del extractivismo y la preservación de ecosistemas. Tras años de conquistas locales y creciente conciencia socioecológica, Yasunidos logra ahora que los tribunales aprueben esa consulta que exigen desde 2013: los ecuatorianos y ecuatorianas decidirán si las petroleras siguen en el Yasuní. La incompatibilidad entre ciertas industrias clave para el capitalismo y los equilibrios ecológicos que hacen posible la vida va a estar en el ojo del huracán, nadie podrá no posicionarse. Para la CONAIE y aliados esto es viento a favor. Sus bases rurales indígenas experimentan directamente las peores consecuencias del extractivismo y a menudo están en el corazón de la feroz resistencia popular al mismo, el antiextractivismo es la postura natural del movimiento. Con RC no está tan claro. Para parte de su gente, sin un contacto tan directo con el problema, puede pesar mucho el discurso de que petróleo y minería significan fondos para programas sociales. Además del historial aún reciente de oposición correísta al referéndum. Aunque es cierto que con los feminismos sí está revisando posiciones; no es absurdo pensar que una operación similar de rearme ideológico también podría tener éxito en temas de ecología.

En síntesis

Retomando las preguntas iniciales:

¿Cómo se explica que el giro neoliberal del gobierno Moreno acabara tan fácilmente con la Revolución Ciudadana? Lo que mejor lo explica (y lo que lo diferencia de otros casos como el boliviano) es la ausencia de una sociedad civil popular potente vinculada al proceso. No existe receta infalible para imposibilitar que un líder incumpla el mandato con que fue electo. De hecho las élites pueden buscarse formas más traumáticas de tumbar gobiernos populares: golpes de Estado a la boliviana, lawfare a la brasileña…, y contra eso tampoco hay receta. Llegado ese momento crítico la pregunta es si existe un tejido comunitario con la capacidad y voluntad de poner el cuerpo y jugárselo todo para ejercer una resistencia férrea que mantenga vivo el proceso aún bajo gobierno enemigo. De nuevo: como en Bolivia. En Ecuador el correísmo, con su partido máquina de guerra electoral, carecía de ese músculo militante propio movilizado y movilizable. Y los potentes movimientos sociales que sí existen en el país se habían visto demasiado hostigados como para defender a esas alturas la Revolución Ciudadana.

¿Qué impide a día de hoy alguna forma de cooperación entre los grupos de oposición al neoliberalismo? Como ya se ha comentado, la relación entre CONAIE-Pachakutik y el resto de movimientos sociales e izquierdas radicales sí es de colaboración y mutuo reconocimiento. El abismo está entre todo ese bloque y el correísmo. A día de hoy un acercamiento sigue siendo imposible, por lo frescas que están las heridas de los últimos años de Correa, marcados por la hostilidad gubernamental a sus antiguos aliados. La cuestión clave entonces es: ¿Está alguno de los sujetos colectivos principales en condiciones de construir por sí solo una coalición social suficientemente fuerte como para abrir un nuevo proceso de cambio? En relación a la CONAIE, resulta difícil imaginarlo. El profundo racismo de la mayoría mestiza imposibilitaría que un espacio político construido como expresión orgánica de los pueblos y nacionalidades encarne una posición de universalidad desde la que convocar un proceso de cambio en nombre de todo el país. Entre sus bases indígenas y aliados de otras militancias el movimiento puede convocar una masa social capaz de ejercer cierto contrapoder por todo el territorio en momentos de antagonismo caliente. Pero eso es muy distinto de convocar mayorías. Y sin una mayoría detrás no puede abrirse el tipo de proceso de cambio realmente existente hoy: sin ningún rol de lo militar, con un rol más o menos central de lo electoral.

Pero RC tampoco. El ámbito en que tiene fuerza y capacidad para abrir brechas es exclusivamente el electoral. Y aquí su base socioestructural propia se ha demostrado insuficiente para ganar elecciones, si toda la derecha se une y el resto de sectores progresistas no le apoyan. Si el correísmo no logra bien el apoyo del Pachakutik, bien resultar atractivo (o al menos un mal menor) para sus bases, es improbable que logre victorias electorales próximamente. Esto ya lo logró bajo Correa, cuando ofrecía a esos sectores un horizonte creíble de protección aun parcial de sus intereses y avance aun parcial de sus aspiraciones. Una vía para reeditar eso puede ser tomarse en serio el anti-extractivismo de una manera que este movimiento nunca ha hecho hasta ahora. Es probable que un futuro escenario de transformación social en Ecuador tenga que implicar algo de eso, de renovada ambición ideológica por parte de RC, y algo de reconstruir una relación fluida con el indigenismo y movimientos sociales. Restituirles el papel protagonista y autónomo que nunca debieron dejar de tener.

Sin eso, en el mejor de los casos podríamos encontrarnos con el escenario que casi ocurrió en 2021: sorpasso del Pachakutik a la derecha, y elección sí o sí de alguna de las dos izquierdas (probablemente la correísta) en segunda vuelta. Pero si esa es la forma en que el bloque neoliberal pierde el gobierno, volveremos al proceso con pies de barro de los últimos años de Correa, con poco empuje ideológico y condenado al derrumbe a la primera que la derecha sume la mitad más uno de votos. Como aprendizaje tanto para el caso ecuatoriano como para cualquier otra irrupción política popular presente o futura: cuidar la vitalidad, protagonismo y autonomía de la sociedad civil popular no sólo es lo justo. También es la mejor forma de mantener fuerte y resistente el proceso mismo, lo más parecido a una garantía de supervivencia a los momentos críticos. Qué buena noticia para Ecuador, América Latina y los pueblos del mundo cuando las clases populares del pequeño país andino vuelvan a tomar la palabra, y esta vez ya nunca pierdan la voz cantante.

Fuente: https://vientosur.info/ecuador-en-disputa/